“El crimen organizado ya no solo domina las calles; también se sienta en las oficinas del poder”, advierte el analista político Antonio Castillo tras señalar que la crisis que enfrenta la Fiscalía de la Nación es un reflejo de los niveles de violencia que vive la sociedad.  

Lo último que se conoce de la lucha por el poder en el Ministerio Público es que el Noveno Juzgado Constitucional ha otorgado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un plazo máximo de 48 horas para restituir en el cargo de Fiscal de la Nación a Delia Espinoza, con orden de ejecución inmediata, incluso si la JNJ presenta recursos adicionales.

El abogado y analista político Antonio Castillo advierte que el país enfrenta una situación crítica, donde altos funcionarios del Estado terminan protegiendo la ilegalidad. “Es un combo explosivo y venenoso que el Perú ya no puede tolerar”, afirma con contundencia.

De ese modo, cuestionó las resoluciones que separaron a Espinoza y favorecieron a la hermana de Patricia Benavides, clasificándolas como “totalmente ilegales e inconstitucionales”. Para él, el reciente fallo del Poder Judicial representa un acto “valiente” que enfrenta a una “coalición de poder” empeñada en manipular el sistema de justicia.

La medida cautelar presentada busca frenar una presunta vulneración del debido proceso por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Castillo considera que las decisiones previas de este organismo constituyeron “un atropello no solo al derecho, sino también a la razón”.

Antonio Castillo no duda en que esta medida cautelar busca evitar que una presunta vulneración de derechos al debido proceso y la garantía de continuidad en funciones se prolongue mientras continúa la disputa judicial. Esta decisión acelera el conflicto institucional y obliga a un rápido pronunciamiento de la JNJ.

El 10 de noviembre de 2025, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima ordenó que Delia Espinoza Valenzuela —fiscal suprema y en controversia como fiscal de la Nación— sea repuesta en su cargo en un plazo máximo de 48 horas. La resolución declara la suspensión que le impuso la JNJ el 19 de septiembre de 2025 como provisionalmente inválida y reaviva una disputa institucional que aún no se ha resuelto.

Ahora, un juez le da la razón en parte, señalando que debe volver al puesto mientras su caso sigue su curso. Para el abogado y ex asesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Antonio Castillo, la orden de reposición de Espinoza es una corrección legal a una serie de actos que él califica de arbitrarios e ilegales cometidos por la Junta Nacional de Justicia.

"El juez establece que se le reponga en el cargo de Fiscal de la Nación a la señora Delia Espinoza en el término de dos días de notificada la Junta Nacional de Justicia. El viernes o sábado, a más tardar, debería estarse ejecutando esa resolución”, explicó Castillo.

El especialista argumenta que la JNJ actuó fuera de sus funciones, cuya labor es estrictamente administrativa y no jurisdiccional, al oponerse a un fallo que busca la reposición de la fiscal.

"La Junta Nacional de Justicia no tiene labor jurisdiccional, tiene labor administrativa, simplemente para nombrar, evaluar y destituir magistrados… Pero no puede ni tiene la capacidad de oponerse a los fallos jurisdiccionales”, apuntó.

La medida del Poder Judicial busca restablecer el Estado de Derecho, el cual debe primar sobre cualquier interés personal o político de los funcionarios, consideró Castillo.

El origen de una crisis que no cesa

Espinoza, una fiscal de carrera, llegó a liderar el Ministerio Público después de la suspensión de Patricia Benavides a fines de 2023, tras ser investigada por presuntamente liderar una red que, según la Fiscalía y las declaraciones de su exasesor Jaime Villanueva, Benavides, habría presionado y coordinado con congresistas para influir en votaciones y destituir autoridades a cambio de beneficios judiciales.

Delia Espinoza, quien asumió como fiscal de la Nación en 2023 tras la suspensión de Patricia Benavides, fue apartada del cargo menos de dos años después por decisión de la JNJ, que la acusó de presuntas faltas funcionales en el ejercicio de sus funciones. Espinoza rechazó las imputaciones y sostuvo que su debido proceso no fue respetado.

Su crítica más severa apunta al fallo anterior de la JNJ que intentó restablecer a Patricia Benavides, el cual calificó de inconstitucional, revelando la fragilidad institucional del Ministerio Público. "Fue una resolución totalmente ilegal e inconstitucional por donde quiera que se le vea", consideró Castillo.

El especialista señaló que el Poder Judicial está jugando un rol de contrapeso vital al enfrentarse a la supuesta influencia política de la Junta Nacional de Justicia. "Un sector del Poder Judicial, valioso, valiente, está enfrentándose a toda una coalición de poder, donde hemos visto que están pretendiendo hacer y deshacer con las normas procesales, sacando a quien no les gusta y poniendo a quien ellos consideran conveniente".

¿Quiénes son los miembros de la JNJ?

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es la institución encargada de nombrar, evaluar y sancionar a jueces y fiscales en el Perú, y surgió luego de que el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fuera cerrado por los escándalos de corrupción revelados en los llamados “CNM Audios”. Su creación prometió una nueva etapa: más control, meritocracia y transparencia en el sistema judicial.

Desde su creación, la JNJ —formada por siete integrantes elegidos por concurso público— tiene la tarea de evaluar y sancionar a magistrados para garantizar un sistema de justicia limpio y profesional. Pero sus decisiones sobre los líderes del Ministerio Público han desatado controversia. En menos de dos años, suspendió a dos fiscales de la Nación consecutivos. Nunca antes había ocurrido algo similar en el Perú.

Para el analista político, Antonio Castillo, lo que ocurre dentro de las instituciones no es ajeno a la violencia que vive el país en las calles.

“Cuando en un país pasan las cosas que están pasando a diario en las calles, es porque la gestión está equivocada, está mal, es deficiente”, sostuvo. Y añadió que la crisis no responde solo a fallas administrativas. “Si hay secuestros, extorsión, sicariato, es porque las autoridades están fallando. Y lo grave es que no se trata solo de incapacidad: ya hay intereses subalternos, donde altas autoridades del sistema de justicia están comprometidas con actos reñidos contra la legalidad”.
 

Castillo usó como ejemplo el caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. “Cuando regresó al cargo, repuso a su hermana, investigada por narcotráfico, y lo primero que hizo fue sacar a los fiscales que la investigaban. Favorecía, de alguna manera, la impunidad”, dijo.

También mencionó la actuación del exfiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto. “Lo primero que hizo al asumir funciones fue comprometerse con sectores investigados por crimen organizado. Y hace unas horas excluyó a fiscales que lo investigaban”.

El abogado advierte que estos hechos no son aislados. “La hermana de Benavides, Emma, volvió al cargo pese a graves acusaciones de liberar a narcotraficantes a cambio de pagos de 100 mil o 150 mil dólares”, recordó.

En opinión de Castillo “el crimen organizado está en las altas esferas del Estado y de la administración de justicia. Es un combo explosivo y venenoso que la ciudadanía está absorbiendo. El país así no puede caminar. Esto tiene que resolverse, porque si no, lo que viene puede ser peor”, puntualizó.

La JNJ está integrada por siete miembros elegidos por concurso público. Ninguno ha sido sancionado ni condenado por corrupción, pero su actuación no ha estado exenta de polémicas y ataques políticos, especialmente por las decisiones tomadas en el caso Benavides y ahora Espinoza.

La institución es presidida por Gino Ríos Patio, quien asumió la presidencia del pleno de la JNJ en 2025. Ríos ha sido cuestionado públicamente por una sentencia consentida por violencia familiar contra su exesposa, además de acusaciones sobre el uso indebido de recursos estatales durante su defensa personal. 

Entre los integrantes se encuentra también María Teresa Cabrera Vega, vicepresidenta, reconocida por su trayectoria en procesos disciplinarios del Ministerio Público, sin acusaciones penales públicas de relevancia. Francisco Távara Córdova, con experiencia como expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido criticado por supuestas cercanías con sectores políticos tradicionales. Jaime de la Puente Parodi, jurista y docente universitario, ha recibido cuestionamientos por posturas conservadoras en temas académicos y jurídicos. 

Víctor Hugo Chanduví Cornejo, especialista en derecho procesal, es considerado una figura técnica dentro del pleno, aunque ha sido señalado por algunos sectores por su perfil institucionalista. Germán Serkovic González, abogado en derecho administrativo, ha enfrentado críticas por presunta cercanía con grupos académicos conservadores. 
Rafael Ruíz Hidalgo, abogado constitucionalista, ha recibido cuestionamientos menores por su vinculación con la academia y sectores reformistas del sistema judicial.

La Junta Nacional de Justicia continúa bajo la atención del país. Los perfiles de sus integrantes y su experiencia generan expectativas sobre la manera en que se conducirán los procesos disciplinarios y se garantizará la transparencia institucional.