La campaña de desinformación y ataques no se detiene tras las declaraciones de Jaime Villanueva, acusado de integrar una presunta red criminal liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta tarde, desde su cuenta X (antes Twitter), el conductor del canal Willax, Beto Ortiz, aseguró que fueron “denunciados por corrupción de funcionarios”, el periodista Gustavo Gorriti y los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Convoca.pe corroboró que esto es falso y también analizó 40 afirmaciones hechas por Villanueva, de las cuales la tercera parte son rumores o declaraciones que sólo podrán sustentarse con las pruebas que él mismo entregue al Ministerio Público.

Jaime Javier Villanueva Barreto acusa desde dos lados del mostrador: como aspirante a colaborador eficaz ante el equipo especial que encabeza la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, y en calidad de testigo ante la Fiscalía suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que dirige la fiscal suprema Delia Espinoza.

Es en estos últimos interrogatorios como testigo en los que Villanueva dispara supuestos datos reveladores y menciona a congresistas, funcionarios, periodistas y otros personajes que, según él, participaron en los hechos por los que es investigada Patricia Benavides.

“En ambos casos (Villanueva) está obligado a decir la verdad. Si miente como colaborador eficaz pierde el beneficio; si miente como testigo es apacible de denuncia por falsedad y por entorpecer las investigaciones”, explicó a Convoca.pe la abogada Romy Chang Kcomt, especialista en derecho penal y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Hasta la fecha se han filtrado tres declaraciones de Jaime Villanueva en calidad de testigo: dos brindadas el 24 y 30 de enero, y otra durante los primeros días de febrero último. La primera consta de 11 preguntas, a lo largo de 6 horas y 50 minutos, en las que menciona a por lo menos 28 personas. Convoca.pe revisó dicho testimonio e identificó, al menos, 40 afirmaciones que deberán ser corroboradas por la Fiscalía.

Nuestro equipo periodístico pudo concluir que la tercera parte de las afirmaciones del exasesor de Patricia Benavides son rumores o declaraciones que sólo podrán ser corroboradas con las pruebas que facilite el propio Villanueva, y que, de acuerdo con los especialistas consultados, deberán ser entregadas para no entrampar las investigaciones fiscales.

Mientras tanto, la campaña de desinformación continúa. La tarde de este jueves, el conductor de Willax, Beto Ortiz, aseguró en su cuenta X (ex Twitter) que el Ministerio Público denunció por corrupción de funcionarios a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como al periodista Gustavo Gorriti. Esto es falso. Convoca.pe corroboró que el oficio suscrito por el fiscal supremo Alcides Chinchay ordena una indagación previa con el objetivo de calificar la denuncia y recién determinar si abre o no una investigación preliminar. 

La denuncia fue presentada por Luis Miguel Caya Salazar, quien se inscribió por primera vez en el Partido Aprista Peruano en 2009 y luego volvió a esta agrupación en septiembre de 2022. Caya también fue candidato por el partido de Alianza para el Progreso en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Aquella vez fue investigado por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) “por no presentar la información financiera de los aportes/ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral”.

Aprista

 

Luis Miguel Caya Salazar volvió como afiliado del Partido Aprista Peruano en septiembre de 2022.
ONPE
Caya Salazar fue investigado por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE  “por no presentar la información financiera de los aportes/ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral” de 2020.

Campaña contra la verdad: Caso Gorriti

La ola de desinformación liderada por el canal Willax y sus aliados ha ido en escalada en las últimas semanas alimentada, en este último capítulo, principalmente por las declaraciones que dio Villanueva, en su calidad de testigo, el 24 de enero último. Esta campaña de ataques e insultos contra el periodista y director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, se sustenta en las afirmaciones no corroboradas del exasesor de Patricia Benavides, respecto a una supuesta injerencia de Gorriti para la reestructuración del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, liderado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

La arremetida llegó principalmente del entorno de los políticos investigados por este entramado de corrupción, como ha puesto en evidencia el equipo de IDL-Reporteros en diversos artículos. Gorriti ha desmentido las acusaciones en su contra y ha calificado los dichos de Villanueva como “mentiras completas”.

En su testimonio, Villanueva asegura sin presentar pruebas que la exfiscal Patricia Benavides le dijo a él y a su asesor Miguel Girao, “que Gustavo Gorriti estaba en Costa Rica moviéndose para que la Corte Interamericana le dé una medida cautelar a Rafael Vela para que lo repongan”. Esta conversación, según Villanueva, sucedió entre los días 22 y 24 de noviembre último cuando Vela rindió su audiencia de apelación a su primera suspensión como fiscal superior. Finalmente, el 24 de noviembre la sanción fue ratificada y fue apartado del equipo especial Lava Jato. ¿Cuál era el propósito de Villanueva para asegurar esto ante el Ministerio Público usando su condición de testigo? Las autoridades lo determinarán, sin embargo Convoca.pe pudo corroborar que la información es falsa.

De acuerdo con el certificado de movimiento migratorio de Gustavo Gorriti, éste no viajó a Costa Rica durante el 2023. Tampoco ha registrado algún viaje al extranjero durante octubre y noviembre, periodo en el que el fiscal Rafael Vela afrontó su proceso disciplinario ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y que, finalmente, derivó en su suspensión por ocho meses.

fiscales
Fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en una de las diligencias del caso Lava Jato.

En las últimas semanas, más de 140 periodistas del Perú y al menos diez países de América Latina así como líderes de redes internacionales de periodismo rechazaron la campaña de desinformación y ataques contra Gustavo Gorriti. Además, cuatro exrelatores de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un pronunciamiento condenando el hecho y respaldando la labor que cumple el director de IDL-Reporteros.

En una carta publicada la noche del miércoles 21 de febrero en la web de IDL Reporteros, Gorritti califica de “mega campaña de estridente desinformación” desatada contra el medio que dirige, y especialmente contra él, por parte de “la desgañitada gritería de ‘La Pestilencia’ hasta las sacha entrevistas y comentarios en los programas de la sentina de desinformación que es Willax y sus satélites”. 

Para Gorritti, el objetivo de esta mega campaña es destruir los grandes casos expuestos por el periodismo de investigación y procesados por las fiscalías especializadas. “Esto último es vital para quienes enfrentan juicios inminentes o programados. Si se anulan las pruebas centrales, los procesos se caen y aterriza el regalo inesperado de la impunidad”, añade.

“Concertación para el desprestigio”

Convoca.pe entrevistó a una abogada penalista, un sociólogo y dos defensores de la libertad de prensa e información para analizar el ataque sistemático contra el periodismo de investigación. 

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, calificó como una “arremetida sin precedentes el nivel de concertación que hay para desprestigiar al periodismo de investigación en el Perú”. Recordó que una situación similar se ensayó en el caso del Sodalicio contra periodistas como Paola Ugaz, Pedro Salinas y Daniel Yovera; sin embargo, considera que en el caso de Gorritti e IDL-Reporteros, el nivel de comparsa y el escalamiento de la desinformación es mucho mayor y sistemático.

Gustavo Gorriti
El periodista y director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, recibió el respaldo de más de 160 periodistas del Perú y diversos países, ante la campaña de desinformación y ataques que enfrenta por las investigaciones sobre casos de corrupción que ha desarrollado con su equipo.

Zuliana Lainez cuestionó el silencio cómplice de muchas instituciones. “Ante campañas de esta dimensión no hay forma de ponerse de lado. Ojo, no solo se trata de defender a Gorritti, sino de defender al periodismo independiente [...]. Te puede gustar o no el estilo periodístico de IDL-Reporteros, pero como institución que defiende la democracia no puedes mirar a un costado como si no pasara nada”, expresó. 

Para la presidenta de la ANP se trata de una campaña de amedrentamiento a los grupos de investigación que luchan contra la corrupción. 

El past decano del Colegio de Sociólogos del Perú, Roberto Rodríguez Rabanal,  consideró que la filtración de los testimonios de Villanueva son “una asonada para distraer la opinión pública de las contrarreformas que se siguen promoviendo en el Congreso” como el proyecto de ley del congresista Jorge Montoya para reconformar el Ministerio Público y con ello cambiar a los fiscales supremos; el de la congresista Martha Moyano para modificar la forma de elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la convocatoria a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia para que asistan el lunes a la Comisión permanente.

“Ataque por aire, mar y tierra: Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones y Junta Nacional de Justicia. Esta última para apuntar a un nuevo jefe del Jurado Nacional de Elecciones, Reniec, ONPE a su medida. ¿Acaso será que un conocedor a fondo de lo que pasa en el Ministerio Público, y a partir de ello de las altas esferas, no empezó a negociar por otro lado?”, se preguntó Rodríguez sobre las últimas declaraciones de Villanueva.

La abogada Romy Chang Kcomt, especialista en derecho penal y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), calificó de “muy singular” que a una misma persona se le haya considerado colaborador eficaz y testigo. En ambos casos los hechos que son materia de investigación responden a supuestos delitos, explicó.

Chang
La abogada de la PUCP, Romy Chang, considera que Villanueva es muy hábil al haber negociado con la Fiscalía ser colaborador eficaz y testigo a la vez.

“Lo más inteligente hubiese sido decirle: si tú quieres hablar, bien, pero todo será como colaborador eficaz. De esta manera si él no corrobora alguna información pierde el beneficio. Pero, en cambio como testigo él narra y ya es la Fiscalía la que se encarga de ver qué le sirve y qué corrobora o no con otros elementos [...]”, apuntó Chang.

“Él (Villanueva) es muy hábil porque conoce las normas, lo ha negociado así porque habrá cosas en las que sí tiene pruebas, pero otras en donde no, solo vio, y la estrategia puede que le haya convenido a la Fiscalía, pero normalmente no te aceptan eso, porque te piden que seas colaborador eficaz en todo y te comprometas a probar todo”, agregó.

Romy Chang exhortó a “tomar estos testimonios con cautela, ver cómo se va corroborando toda la información” por parte de la Fiscalía a cargo, que deberán contrastar con otros elementos. 

En la misma línea, el docente Jorge Acevedo Rojas, coordinador del Departamento académico de comunicaciones de la PUCP, señaló que es importante que el Ministerio Público haga un examen minucioso de las declaraciones del exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “Hay datos claros, verificables; pero también hay datos muy imprecisos y que hace falta profundizar”.

Acevedo cuestionó el abordaje mediático que se le está dando a los testimonios filtrados porque no se está examinando la información con el rigor que demanda el ejercicio periodístico. Añadió que no es novedad que el tratamiento informativo responda a determinados sesgos políticos. 

“El periodismo que ejercen los grupos mediáticos adolece de rigor, de una organización apropiada para la corroboración periodística. Por el contrario se convierten en cajas de resonancia de los grupos de poder que ahora se ven amenazados por el periodismo de investigación y el trabajo que realizan ciertos fiscales”, apuntó Acevedo.