Actualización: Miércoles 4 de setiembre de 2024.
JNJ: Abogados relacionados a partidos y a Hinostroza avanzaron en concurso
Continúa el concurso para la elección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución encargada de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todos los niveles. En la segunda etapa de la evaluación curricular, son 16 postulantes los que han aprobado el puntaje con los criterios de formación, capacitación, investigación y experiencia profesional.
Los cuatro postulantes con relaciones a partidos políticos y a César Hinostroza, identificados por Convoca.pe, superaron esta etapa. En el caso de María Cabrera Vega, excongresista de Podemos Perú, se ubicó en el puesto 8 con 26 puntos en total. La sigue Iris Pacheco Huancas en el puesto 9, quien compartió una sala judicial con el "hermanito" César Hinostroza.
El abogado Tito Esteves Torres quien defendió legalmente al exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales en un caso de corrupción, se ubicó en el puesto 10 con 23.90 puntos en la evaluación curricular.
Mientras, Roque Bravo Basaldúa, quien trabajó en comisiones parlamentarias presididas por congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular, se ubicó en el puesto 12 con 22.70 puntos.
Estos cuatro abogados, podrían ser parte de la próxima conformación de la JNJ pues serán 14 personas las que serán elegidas en el concurso. Son siete integrantes titulares para esta institución y otros siete suplentes.
Nota publicada el 29 de agosto de 2024
En los próximos meses, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deberá renovar a la totalidad de sus integrantes. Por ello, la Comisión Especial que organiza este proceso está desarrollando un concurso para evaluar a los postulantes que buscan ser parte de la institución que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todos los niveles. Sin embargo, algunos postulantes tienen antecedentes que los vinculan a partidos políticos o a casos judiciales controvertidos.
La Comisión Especial realizó el domingo 25 la prueba de conocimientos a más de 50 abogados postulantes de los cuales 23 superaron la evaluación de conocimientos. Estos postulantes podrían ser parte de la Junta como miembros titulares o suplentes.
Convoca.pe hizo un análisis sobre los 23 postulantes que superaron la prueba de conocimientos y encontró que cuatro abogados han estado vinculados durante su trayectoria profesional o política a partidos con presencia en el Congreso. También, se encontró que un abogado que defendió durante años a un exalcalde condenado por corrupción y una abogada que compartió sala en la Corte Suprema con el "hermanito" César Hinostroza, protagonista de los audios de la corrupción.
Entre los cuatro abogados postulantes que lograron superar la prueba de conocimientos, se encuentra Tito Esteves Torres, quien quedó en tercer lugar con 23.86 puntos. Este letrado fue presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Lambayeque y en el 2021 también intentó llegar a ser miembro del Tribunal Constitucional.
En su trayectoria profesional Tito Esteves fue conocido en Lambayeque ya que fue defensor legal del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, entre los años 2017 al 2019, mientras la ex autoridad edil era procesado por el caso "Los Limpios de la Corrupción" por delitos de corrupción, colusión, entre otros, durante su mandato de 2007 a 2014.
Convoca.pe pudo verificar que el abogado Roque Augusto Bravo Basaldúa también superó la evaluación de conocimientos y obtuvo 21.71 puntos ubicándose en el sexto lugar del orden de mérito, obteniendo un puntaje de 10.71 en la prueba de conocimientos y 11.00 en la resolución de casos..
El abogado Roque Bravo se desempeñó como técnico en Comisiones Parlamentarias investigadoras que han sido presididas por congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular. Tuvo su primera experiencia como asesor principal parlamentario en la Comisión Lava Jato, que presidió la fujimorista Rosa Bartra.
Esa Comisión Lava Jato emitió un informe final que excluyó de acusar al expresidente Alan García y a la líder del partido de Bartra, Keiko Fujimori. De acuerdo a los registros del Congreso, Bravo Roque ganaba una remuneración de 14 mil 238 como asesor. El ahora aspirante a la JNJ recibió el agradecimiento de la fujimorista Rosa Bartra por su “compromiso y entrega” por “los resultados que se espera [que] esta investigación le traerá al país".
Bravo Basuldúa, durante el 2020, también intentó ser jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Recientemente, Bravo fue asesor de la comisión parlamentaria que investigó el supuesto fraude electoral durante los comicios presidenciales del 2021. Esta comisión era presidida por el entonces congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya.
Con el cargo de Asesor II, Bravo Basuldúa recibía una remuneración de 7 mil 789 soles. En total, recibió un sueldo de 83 mil 257 por su labor. Sin embargo, en junio de 2022, el informe final fue rechazado por la mayoría del Parlamento con 55 votos en contra, 42 a favor y 15 abstenciones.
Entre las conclusiones de la "Comisión del Fraude", señalaba que Dina Boluarte no debió participar en las elecciones por no haber renunciado a su cargo en el Reniec o que el Jurado Electoral Especial favoreció al entonces candidato Pedro Castillo.
Otra de las abogadas que quedó entre los 23 postulantes al JNJ para que pase a la siguiente etapa es María Teresa Cabrera Vega quien fue parlamentaria en el periodo 2020-2021 por el partido político Podemos Perú luego de las elecciones complementarias del 2020. Cabrera compartió la Mesa Directiva que presidió Manuel Merino como tercera vicepresidenta del Parlamento.
Durante la crisis política a causa de la renuncia del expresidente Manuel Merino de Lama en noviembre de 2020, María Cabrera Vega fue postulada como líder de la lista 2 que se presentó para competir con la lista encabezada por Francisco Sagasti para saber quien sería el presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Sin embargo, la lista fue retirada minutos después por la falta de firma de una de sus integrantes.
Cabrera Vega criticó a los miles de manifestantes que marcharon contra la asunción de Manuel Merino como jefe de Estado. Durante una sesión de la Comisión de Justicia del 16 de noviembre de 2020, afirmó que los manifestantes "quieren seguir viviendo en una mamadera".
La excongresista fue jueza del Poder Judicial donde se hizo reconocida por la sentencia que emitió en el 2008 que condenó a la conductora de televisión Magaly Medina por el delito de difamación en agravio del futbolista Paolo Guerrero.
El 23 de julio de 2021, denunció constitucionalmente a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sosteniendo que incurrió en abuso de autoridad contra Karem Roca exasistente de Martín Vizcarra por presuntamente haberse reunido con el vacado ex presidente, y encubrimiento real para evitar cuestionamientos.
Además, la ex congresista del partido de José Luna Galvez denunció que Zoraida Ávalos habría incurrido en delito de violencia contra autoridades elegidas al disponer la investigación preliminar contra los congresistas que participaron en la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Ese proceso había sido suspendido por el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia el 6 de julio de 2021.
Jueza que liberó a violador
Aunque la JNJ surgió para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) luego de los audios de la corrupción que destapó el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ entre las postulantes figura una jueza que compartió una sala judicial con el principal “hermanito” protagonista de estos comprometedores registros sonoros, César Hinostroza.
Iris Estela Pacheco Huancas integró la Sala Penal Transitoria que presidió el juez de los “CNM Audios” y que actualmente se encuentra prófugo en Europa. Sus decisiones estuvieron alineadas a las de Hinostroza en casos polémicos referidos a apelaciones presentadas por la defensa de condenados por violación sexual. Un ejemplo, es el caso de absolución a Mariano Faustino Huamani Saldívar quien había sido condenado a 30 años de prisión por el delito de violación sexual en agravio de una menor de 13 años.
Este caso es similar al descubierto en el primer audio difundido en el 2018 en el que se escucha a César Hinostroza coordinando una rebaja de pena y hasta una posible liberación de un violador de una menor de edad.
En febrero de 2017, la Sala Penal Transitoria, presidida por Hinostroza e integrada por Iris Pacheco Huancas, liberó al condenado por violación Mariano Huamaní. Los argumentos en la resolución de los jueces, que incluye a Pacheco Huancas, fue que la menor agraviada no aparentaba su edad, que la víctima engañó con su edad, así como que en el juicio oral no hubo medios probatorios y que no hay elementos suficientes para su condena.
Advierte riesgos
La investigadora Cruz Silva del Instituto de Defensa Legal (IDL) comentó a Convoca.pe que considera que la comisión especial deberá tener en cuenta “los criterios para medir la trayectoria democrática, de defensa del estado de derecho y la apariencia de independencia e imparcialidad” para elegir a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
Cruz Silva señaló que los integrantes de la JNJ deben ser profesionales del derecho que promuevan la separación de poderes, el control del poder y la lucha contra la impunidad. “Los profesionales que hayan apoyado de alguna manera empresas funcionales que al final contradigan la búsqueda de la lucha contra la impunidad, el estado democrático o el control del poder no calzan en el perfil de la JNJ”, advirtió la experta.
Además, la especialista del IDL consideró que quienes serán integrantes de la JNJ deben estar alejados de relacionamientos políticos partidarios y mucho más aún si esos grupos políticos están investigados o procesados por el sistema judicial.
Se deben ubicar las personas que puedan ser objetivos en sus funciones y que estén alejados de relacionamientos políticos partidarios y mucho más aún si esos grupos políticos partidarios están investigados o procesados por el sistema de justicia.
“No necesitamos personas que ingresen a la JNJ y se tengan que inhibir constantemente por posibles conflictos de intereses. No solo estamos hablando de resguardar el perfil de experiencia, sino también resguardar la funcionalidad de la Junta”, dijo Cruz Silva.