Actualización de la nota del 29 de abril de 2025.

Desde antes de que iniciara el juicio oral contra Pedro Castillo el 4 de marzo de 2025, el expresidente ya buscaba excluir a los jueces que estarían a cargo del proceso por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. A esta estrategia legal, se ha sumado recientemente la defensa de la exprimera ministra y coacusada en el juicio, Betssy Chávez.

Hasta la fecha, se han interpuesto tres recusaciones para separar a los magistrados supremos del proceso. La primera fue impulsada antes del inicio de juicio oral por la defensa de Castillo mientras que la segunda por los abogados de la exprimera ministra. Ambas pretendían retirar a la jueza y directora de debates, Norma Carbajal, por su presunta parcialidad. 

No obstante, ninguno de los recursos ha prosperado. La última recusación, presentada por los abogados de Betssy Chávez, buscó apartar no solo a Carbajal, sino también al presidente de la sala, José Neyra, y al juez integrante, Iván Guerrero. 

Si bien el tribunal rechazó la última recusación, la solicitud ha sido elevada a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para una revisión definitiva. De proceder la medida, el juicio oral tendría que volver a iniciar desde cero, dejando abierta la posibilidad de que el exmandatario salga en libertad antes de que el Poder Judicial dicte una sentencia. 

Y es que, sobre Castillo pesan dos órdenes de prisión preventiva. La primera por el frustrado autogolpe, cuyo plazo termina el 6 de diciembre de 2025, y la segunda por la presunta red criminal que Castillo lideró en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda cuando fue presidente de la República. El plazo de esta última vence en marzo de 2026. 

No obstante, los abogados penalistas Andy Carrión y Luciano López explicaron a Convoca que las posibilidades de que se aparten a todos los magistrados supremos del juicio son mínimas, teniendo en cuenta de que la sala no ha admitido las recusaciones anteriores.

“Yo creo que en el fondo lo que pretendía Betssy Chávez es que el juicio se quiebre. Los tres jueces no pueden ser removidos, a lo mucho puede ser removido uno con su inhibición o recusación, pero no los tres. Si se retiran dos, también ya el juicio se quiebra y con tres con más aún razón”, sostuvo Andy Carrión. 

“Si ya la defensa ha recurrido en varias oportunidades a las recusaciones y estas han sido rechazadas, existen pocas probabilidades que funcione una tercera (recusación). La Corte Suprema podría incluso amonestar a los abogados por insistir con estos mecanismos de defensa, si es que son empleados de manera absurda o desproporcionada”, advirtió Luciano López. 

En esa línea, los letrados consideran que el Poder Judicial emitirá una sentencia en los próximos meses debido al ritmo de las audiencias que se llevan a cabo tres veces por semana y a los pocos procesados que involucra el juicio. 

A ello, también se suma, según los abogados, el criterio que asumirá la sala para dictar una condena antes de que venzan los plazos de prisión preventiva contra el profesor cajamarquino. Para el penalista Andy Carrión, la Corte Suprema podría sentenciar a los procesados en septiembre u octubre de este año. 

Por su parte, el abogado de Betssy Chávez, Luis Barranzuela, dijo a Convoca no temer a que el juicio se reinicie si es que se admite la recusación contra los tres magistrados supremos. Señaló, además, que la Corte Suprema debería tomar una decisión en un “plazo razonable” ya que el juicio está en un “proceso de cierres".

“Se han cometido vicios. ¿Cómo voy a permitir que se lleve adelante un juicio cuando una jueza está contaminada? (...) Hemos visto que juicios enteros se han caído y han regresado a foja cero. Eso no le tiene por qué molestar a nadie”, remarcó Barranzuela. 

Acusados rechazan pruebas 

El Ministerio Público ha presentado una serie de pruebas para sustentar su hipótesis de que Pedro Castillo planificó un golpe de Estado en coordinación con sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, su exasesor Aníbal Torres, y tres oficiales de la Policía Nacional. 

Una de las pruebas más resaltantes es la transcripción de una llamada entre Pedro Castillo y el entonces comandante general de la PNP, Raúl Alfaro. En esta llamada, Castillo habría ordenado cerrar el Congreso, detener a la fiscal de la Nación y reforzar la seguridad de su casa, así como las de Betssy Chávez y Aníbal Torres.

La Fiscalía también ha presentado la transcripción de los seis minutos previos al mensaje a la Nación, donde Castillo habría ultimado detalles técnicos con Betssy Chávez para dar lectura de su discurso. 

Sin embargo, las defensas de los abogados han cuestionando la validez de este elemento ya que fue extraída de un reportaje periodístico del dominical Panorama, el cual no fue peritado por un especialista. 

Asimismo, el despacho del fiscal Alcides Chinchay ha analizado un documento de las unidades policiales que estaban operativas el 7 de diciembre de 2022, el cual registra una orden “de alerta absoluta” que se activa en situaciones de emergencia grave. 

 "Es un documento administrativo y rutinario", dijo el abogado de oficio de Pedro Castillo, Jhonny Hernández, quien ha señalado que el documento no contiene una orden explícita de un alzamiento en armas. 

Según el penalista Andy Carrión, el Ministerio Público no ha podido demostrar hasta la fecha que hubo un alzamiento en armas, lo cual es clave para una imputación de delito por rebelión. En ese sentido, Carrión advierte que el Poder Judicial podría condenar a los procesados por tentativa de rebelión, cuya pena va desde los diez has 20 años de prisión. 

Otro aspecto clave de este caso, suscitado en la audiencia del 29 de mayo, es la apertura de otra carpeta fiscal contra el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, quien había participado en el juicio como testigo. 

La Fiscalía sostiene que esta investigación está siendo llevada por otro despacho y que pondrá a disposición cualquier información relacionada a esta carpeta que las partes procesales necesiten, 

Nota original 

A casi dos meses del inicio del juicio oral contra Pedro Castillo, el último viernes 25 de abril la Sala Penal Especial de la Corte Suprema culminó la etapa de declaración de más de 69 testigos que relataron los hechos previos al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente buscó disolver el Congreso y declarar un gobierno de excepción. 

A falta de tiempo en la última sesión, hoy martes 29 de abril, el tribunal continuará con la exposición de pruebas del perito informático del Ministerio Público, Ernesto Lazarte, quien presentó como hallazgos dos documentos en una de las computadoras de Palacio de Gobierno: una carta de renuncia con fecha 7 de diciembre de 2022 con presunta autoría del expremier Aníbal Torres y un archivo digital con una solicitud de asilo político al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a favor de Castillo con fecha 8 de diciembre de 2022. Sumado al testimonio de Lazarte, escucharán a los peritos Lope Condori y Vladimir Oscar Ortiz. 

El proceso, que ahora entra en una nueva fase, ha enfrentado constantes dilaciones e imprevistos, en gran parte debido a la actitud confrontacional del exmandatario. 

Castillo ha protagonizado enfrentamientos con el tribunal, especialmente con la jueza suprema Norma Carbajal, y ha rechazado a sus abogados de oficio y al proceso judicial, al que ha calificado de ‘pantomima’ y ‘mamarracho’ en múltiples ocasiones. Estas actitudes, sumadas a los constantes problemas de salud del exjefe de Estado y a su huelga de hambre, han marcado el tiempo y ritmo del juicio hasta la fecha. 

Testimonios claves

Durante el juicio oral contra Pedro Castillo, los testigos han brindado declaraciones contradictorias sobre lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022, así como sobre el rol y las decisiones tomadas por el expresidente y la exprimera ministra Betssy Chávez. Esta última ha tenido un protagonismo especial en las diversas declaraciones de exministros, congresistas y policías.  

Un testimonio clave es el del comandante general PNP Raúl Alfaro, quien testificó ante el tribunal haber recibido la orden de Pedro Castillo de sacar a todos del Parlamento, detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, e intervenir al Ministerio Público. Según el general Alfaro, tras el intento de golpe de Estado, Castillo le ordenó también reforzar la seguridad de la casa de sus padres, así como las viviendas de Betssy Chávez y Aníbal Torres. 

Este testimonio coincide con la declaración del general PNP Manuel Lozada, uno de los siete acusados por la Fiscalía quien señaló que el exgobernante perulibrista le ordenó abrir las rejas de Palacio para permitir el ingreso de manifestantes así como brindar protección a la casa de sus progenitores. 

Según Raúl Alfaro y Manuel Lozada, el expresidente utilizó el celular del exministro del Interior, Willy Huerta, para comunicarse con ambos. Las declaraciones de los mencionados altos policiales también han sido confirmadas por el exjefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, Vicente Morales. 

Por otro lado, los testimonios sobre si se dio o no una orden para cerrar el Congreso también son contradictorios. El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre Araníbar, señaló que no recibió ninguna orden de Pedro Castillo o de Betssy Chávez para cerrar el Congreso.

Las declaraciones de los policías Miguel Barriga, jefe de la Unidad de Policía Montada en el Rímac, Christian Acosta, jefe de la Segunda Compañía de la Policía Canina, y el suboficial PNP Víctor Linares, han respaldado la versión de Gómez de la Torre, quienes aseguraron que no hubo impedimentos para el acceso de congresistas al Parlamento.  

En el caso de Linares, este manifestó que alrededor de 15 congresistas ingresaron al Parlamento y que todo transcurrió con normalidad. Esta declaración ha sido confirmada por el legislador Hamlet Echevarría (Cambio Democrático), quien explicó a los magistrados que la puerta del Congreso estaba cerrada por una "orden interna" debido a manifestaciones, pero que aún así logró entrar.

Sin embargo, los congresistas Adriana Tudela (Avanza País), Diego Bazán (Renovación Popular) y Martha Moyano (Fuerza Popular) han atestiguado las dificultades que tuvieron para ingresar al Congreso. Mientras que el testigo Edwin Gutiérrez, exjefe de seguridad del Parlamento, indicó que el congresista José Williams le informó que se estaba restringiendo el ingreso de los legisladores al Legislativo. 

¿Betssy estaba al tanto o no? 

La mayoría de testigos colocan a Betssy Chávez como una pieza clave detrás de la fallida operación. Solo el exministro Félix Chero ha defendido la inocencia de la exprimera ministra, al señalar ante el tribunal que la procesada por rebelión se mostró sorprendida tras el discurso del profesor chotano. 

No obstante, esta solitaria versión no se ajusta a los testimonios de otros testigos presentados por la Fiscalía. Entre ellos, la congresista y exministra de Castillo, Heidy Juárez, quien afirmó que Chávez convocó al gabinete ministerial mediante un mensaje en un chat grupal de Whatsapp llamado “Gabinete Bicentenario”. Esta comunicación, según Juárez, ocurrió antes del intento de autogolpe. 

“La disposición fue que todos los ministros nos acerquemos a PCM (Presidencia del Consejo de Ministros)", testificó la parlamentaria, quien además señaló que al ingresar al despacho presidencial el 7 de diciembre de 2022 observó a Betssy Chávez junto a Pedro Castillo y otros ministros. 

Sin embargo, existe una pluralidad de testimonios que incriminan a la exprimera ministra, quien hoy cumple prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. La exsecretaria de la PCM, Milagros Talledo, el gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), Roberto Wong, y la reportera de TVPerú, Cintya Malpartida, han referido que Betssy Chávez les informó que iba a preparar un decreto supremo para oficializar el anuncio de Pedro Castillo. 

Malpartida incluso testificó que cuando le preguntó a la expremier que ocurriría tras el mensaje, esta le respondió que se convocarían elecciones y se reestructuraría el Estado. La periodista aseguró, además, haber observado a Castillo abrazar a Aníbal Torres y a Betssy Chávez tras su anuncio golpista. Por su parte, el camarógrafo de TVPerú, Antonio Pantoja, admitió que la extitular de la PCM los convocó a él y a Malpartida a Palacio de Gobierno para cubrir el mensaje de Castillo. 

Por otro lado, los testimonios de ciertos testigos presentan algunas discrepancias. Por un lado, el exchofer de Chávez Chino, Christian Valencia, afirma que la procesada por rebelión le ordenó dirigirse a la embajada de México tras el fallido complot. La testigo Nataly Vega Tafur, exsecretaria de la PCM, también respalda esta versión e incluso señala que la expremier salió acompañada de su edecán, Rosario Gatty, rumbo a la embajada de México. 

Sin embargo, Gatty ha negado conocer órdenes específicas sobre la embajada y señaló solo haber tomado conocimiento de la renuncia de Chávez a través de la secretaría de la PCM. 

Para el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, no hay ninguna “prueba contundente” sobre la participación de su cliente en los hechos acontecidos a finales de 2022. En entrevista con Convoca, Noblecilla explicó que la reunión convocada por su patrocinada momentos previos al mensaje golpista fue para discutir la tercera moción de vacancia contra el expresidente. “Si hacemos una lectura panorámica de todos los testigos (...) se habla de su participación pero sin ninguna prueba contundente”, aseveró el letrado. 

“Nosotros vamos confiados en que no puede aparecer nada que sea verdad en contra de Betssy Chávez. Lo que debería pasar es que no hay nada que sentenciar”, dijo Noblecilla.. 

“Pero estando con muy poca democracia en nuestro país y con una sala de provisionales que está teniendo una actitud totalmente de respaldar a la Procuraduría y a la Fiscalía (...) tenemos que estar atentos”, agregó. 

En esa línea, cuestionó la participación del exministro Gustavo Bobbio en el juicio oral así como su exclusión del juicio como investigado. “Yo tengo una posición respecto al Sr. Bobbio (...) Hasta ahora no entiendo por qué Bobbio está tan libre. Yo creo que Bobbio es una pieza extraña en este ajedrez armado por la Fiscalía”, dijo.

Bobbio, quien fue el primer testigo presentado por la Fiscalía, afirmó ante el juzgado que Aníbal Torres lo convocó el 5 de diciembre de 2022 al Palacio de Gobierno, y que a su llegada, Pedro Castillo y Betssy Chávez le propusieron asumir el cargo de ministro de Defensa.

Si bien Bobbio afirmó desconocer el mensaje que Castillo daría ese día, su testimonio refuerza la narrativa fiscal de que el expresidente, Betssy Chávez y Torres planeaban –al menos– cambios importantes en el Mindef, institución encargada de las Fuerzas Armadas.

¿Cuáles fueron las motivaciones de Castillo y sus exministros para poner a Emilio Bobbio al frente del Mindef dos días antes del frustrado golpe de Estado?¿Qué tan importante era este cambio y cómo ayudaba al expresidente enfrentar la tercera moción de vacancia en su contra que el Pleno del Congreso debatiría el 7 de diciembre de 2022? 

¿Cómo llegamos a la sesión de hoy?

Este martes 29 de abril, el Poder Judicial tiene previsto culminar con el testimonio del perito Arturo Lazarte, quien declaró haber encontrado dos archivos con autoría de Aníbal Torres en una computadora incautada de Palacio: una carta de renuncia, y un archivo digital con una solicitud de asilo al entonces presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Lazarte también informó sobre el rastro de un archivo llamado “Mensaje.doc” que fue abierto en una computadora ubicada en la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República. Aunque se presume de que se trata del discurso que Castillo dio el 7 de diciembre de 2022, el perito indicó que no se pudo acceder al contenido del documento.

La Fiscalía ha presentado esta evidencia para sustentar su tesis de que Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres se reunieron en Palacio el 6 de diciembre para pactar el fallido golpe de Estado. Contra Castillo, la Fiscalía pide una condena de 34 años, mientras que han solicitado 25 años de prisión contra Chávez y Torres. 

Para el abogado penalista, Andy Carrión, las contradicciones de los testigos alrededor del cierre del Congreso sugieren que la hipótesis fiscal aún no está “completamente acabada”, aunque reconoció que las declaraciones de la mayoría de los congresistas refuerzan la narrativa del Ministerio Público. 

“Creo que con lo que se tiene sí podría emitirse una sentencia condenatoria (..) Si es que cumple con condenar este tribunal, el primer condenado tendría que ser Pedro Castillo y le seguirán Betssy Chávez y Aníbal Torres y quizás absuelvan al resto (de acusados)”, dijo Carrión a Convoca. 

El penalista refirió que el Poder Judicial podría tardar entre tres a cinco meses en emitir una sentencia contra Castillo y los coacusados. En esa línea, indicó que la parte más larga del juicio será la presentación oralizada de los documentos presentados por la Fiscalía.