La presidenta Dina Boluarte dio hoy su primer mensaje de Fiestas Patrias en medio de una profunda crisis política, agudizada por los 49 asesinatos cometidos por policías y militares durante las protestas en sus primeros meses de gobierno. A pesar de que en su alocución pidió perdón a los deudos, siguió calificando algunas acciones de manifestantes como "verdaderas asonadas" y repitiendo la teoría de que la convulsión social tenía un objetivo conspirador para derrocarla e instaurar una "dictadura". Este tipo de expresiones, de hecho, es lo que la ha llevado a acumular un 80% de desaprobación popular, según las últimas encuestas de julio.

Su discurso inició a las 11:07 de la mañana, luego de las acostumbradas ceremonias protocolares, y duró más de tres horas. En tanto, un grupo de ciudadanos se manifestaba en su contra en la Plaza Dos de Mayo, mientras que otro se congregaba en la avenida Abancay, a pocas cuadras del Palacio Legislativo. La policía intentó dispersar a este último conjunto de ciudadanos con gases lacrimógenos y algunos de ellos terminaron detenidos.

Boluarte dedicó parte de sus primeras palabras a denunciar el golpe de Estado del hoy encarcelado Pedro Castillo y a referirse a la corrupción e incapacidad de la gestión anterior, de la que ella misma formó parte como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, evitó tanto tocar los temas más espinosos de su gobierno como plantear verdaderas salidas a la crisis que atraviesa el Perú.

Lo cierto es que el actual gobierno ya ha tambaleado desde distintos frentes por sus propios problemas de administración. La crisis del sector Salud se mantiene, luego de que la epidemia del dengue hiciera colapsar los centros médicos del norte y demostrara que el Covid-19 no dejó ningún aprendizaje en las autoridades. Los trabajos de reconstrucción avanzan lento, y en ocasiones están paralizados, a pesar de que se proyecta un grave fenómeno El Niño para los próximos meses. Y los deudos de los muertos en protestas reclaman que las autoridades militares y policiales no colaboran con las investigaciones, lo que no permite progresos en su derecho a la justicia.

Esto lo hemos detallado en nuestra serie de reportajes #DebatePatrio, una cobertura especial sobre estos casi ocho meses de gestión de Dina Boluarte.

Dina Boluarte llegó alrededor de las 11 de la mañana al Palacio Legislativo. Foto: Presidencia de la República.

La mandataria aprovechó la ocasión para solicitar al Congreso que se le otorguen facultades para legislar y emitir un paquete de 50 normas, de las cuales 33 serían sobre "seguridad ciudadana".

"Es bien peligroso", advierte Miguel Jugo, secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. "Está claro a nivel mundial que cuando se trata de normas penales lo que hay que hacer es discutirlas. No es que le dan la facultad al Ejecutivo y este, por sí y ante sí, decide normar para modificar el Código Penal", comenta.

Una revisión del pedido de facultades legislativas revela que el gobierno quiere emitir normas como la modificación del delito de "entorpecimiento de los servicios públicos", para sancionar la instigación, colaboración y financiamiento de este, comparando su naturaleza con la del delito de terrorismo. "En el delito de terrorismo, la colaboración y el financiamiento son figuras autonómas, sancionables, sin necesidad de ejecutar un acto terrorista", se lee.

Pero, aún más grave, en su solicitud Boluarte justifica su necesidad expresando que en el pasado estos delitos "muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia [sic]".

Además, la presidenta presentó cuatro proyectos de ley. En el primero de ellos, pretende la creación de la "Policía de Orden y Seguridad", una fuerza que estaría adscrita a la Policía Nacional del Perú. Del proyecto de ley, que fue revisado por Convoca.pe, se desprende que se busca privatizar la función policial, incorporando a nuevos agentes que no forman parte de la carrera policial a través de contratos. El requisito propuesto por Boluarte es pasar por una formación de apenas un año, en la que al aspirante se le capacitará incluso en el manejo de armas. El oficial de la Policía de Orden tendría "capacidad coercitiva y posibilidades del uso de la fuerza".

Dina Boluarate entregó su pedido de delegación de facultades y sus proyectos de ley al nuevo presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes. Foto: Presidencia de la República.

Justicia en riesgo

Las referencias que hizo Boluarte sobre la lucha contra la corrupción durante su gobierno fueron más bien breves. En sus más de tres horas de mensaje no presentó ni propuso ninguna política de Estado para atacarla. Tampoco mencionó acciones específicas para el futuro ni detalló ninguna coordinación multisectorial que se pueda desarrollar. La presidenta se limitó a hacer solo dos anuncios muy puntuales.

Por un lado, dijo que había separado a todos los directores generales del Ministerio de Transportes, que fue escenario de presuntas corruptelas durante el gobierno pasado. Y por otro, destacó como un logro del actual Ejecutivo los resultados que ha llevado a cabo la Procuraduría General del Estado, que a través de sus dependencias ha conseguido recuperar 128 millones de soles por delitos corrupción y contribuido a investigar a 926 personas en los casos Lava Jato y Club de la Construcción. Esto no se ha conseguido solo durante su gestión presidencial.

No hace mucho, en mayo último, esta misma Procuraduría General que hoy alabó le pidió al gobierno observar una norma aprobada por el Congreso que afectaba su autonomía, pues le quitaba la capacidad de nombrar procuradores que defiendan los intereses del Estado en el Parlamento y el Poder Judicial. Boluarte hizo oídos sordos y en junio promulgó la ley. El procurador general Daniel Soria ha tenido que interponer una demanda de amparo para detener su aplicación. Algo parecido ocurrió con otra ley aprobada por los legisladores, que reduce el plazo de la suspensión de la prescripción penal. A pesar de que deja a los fiscales con menos tiempo para investigar, Boluarte también la promulgó sin cuestionarla.

"Creo que el Ejecutivo, y particularmente Boluarte, han sido condescendientes y muy amigables con las iniciativas del Congreso. Y el Congreso, lo sabemos porque es un hecho más o menos evidente en los últimos meses, se ha dedicado a desmontar la lucha contra la corrupción, a petardear una lucha que viene de dos décadas atrás", señala Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. El especialista añade que si bien existen errores y problemas por corregir, el gobierno no ha intentado proteger la integridad del sistema de justicia de los embates legislativos.

"Frente a eso, la acción del Ejecutivo ha sido cero, básicamente de acompañamiento y facilitamiento de las iniciativas, yo diría gravísimas, que el Congreso de la República ha tenido", advierte. "Creo que todos esos pasos que se han estado dando nos ponen en una situación muy complicada y muy diferente, en términos negativos, a cómo se estaba enfrentando la corrupción en los meses o años pasados, reconociendo que ya veníamos de una situación particularmente crítica", agrega.

La presidenta Boluarte no ha evitado la confrontación con el Congreso y ha promulgado normas que afectan la lucha anticorrupción. Foto: Presidencia de la República

Otro punto que Boluarte presentó como un logro fue el desembolso que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas para "financiar la creación de fiscalías especializas en derechos humanos e interculturalidad". Lo cierto es que esta iniciativa fue un pedido del propio Ministerio Público que, a su vez, fue muy criticado por tratarse en la práctica de un desmembramiento de las 12 fiscalías que ya existían para casos de Derechos Humanos y Terrorismo.

"Significó un cuasi desmantelamiento de las fiscalías de derechos humanos para crear un subsistema penal de Terrorismo, como si el delito de terrorismo en el Perú fuera el principal problema en plena crisis de derechos humanos", advierte Rivera. "Es cierto, se creó un equipo especial, pero el balance que tenemos es sumamente crítico y uno de los principales problemas han sido las demoras excesivas", agrega.

Problemas de salud pública

A pesar de la crisis sanitaria por el rebrote del dengue, la mención sobre esta enfermedad en el mensaje presidencial fue breve. La mandataria hizo un recuento sobre la contratación de más de 3 mil profesionales y técnicos, la fumigación de más de 2 millones y medio de viviendas y la asignación de 108 millones de soles en 20 regiones del país, para actividades de prevención y control.

“No se habla mayoritariamente del dengue, que ha tenido un brote histórico en el país. No se habla del síndrome de Guillain Barré, que ya superó las cifras del 2021 y 2022. No se habla de Essalud y de otras preocupaciones en el sector. Se habla sólo de hospitales”, advirtió el exministro de Salud Fernando Carbone.

Boluarte aseguró que había destrabado las obras pendientes de seis hospitales de alta complejidad y aseguró que el Ministerio de Salud destinaría 3.500 millones para hacer lo mismo con otros 57 proyectos hospitalarios paralizados.

"¿Cómo se destraba un hospital? No significa que lo tengas listo de inmediato. Hay que hacer primero el expediente técnico, los planes, la presentación al Poder Ejecutivo, que lo apruebe el MEF, los concursos, el otorgamiento de la obra, el inicio de la obra, podemos estar hablando de varios años por delante. Esos 57, no estoy seguro de cuándo los vayamos a ver todos", explica Carbone.

El especialista en salud pública lamenta, sin embargo, que se siga pensando solo en hospitales y no en las postas médicas y centros de salud, que son los establecimientos que deberían evitar el colapso del sistema hospitalario."Es decir, las lecciones de la pandemia de la Covid-19 y de la epidemia del dengue parece que no se han aprovechado, porque no se habla del primer nivel de atención", expresa.

La prevalencia de la anemia infantil se ha mantenido durante los últimos años alrededor del 40%, sin poder ser rebajada. Gobiernos anteriores ya han planteado estrategias que no funcionaron o que no fueron continuadas por sus sucesores. Esta vez, Boluarte aseguró que implementaría el programa "Niños de Hierro", junto con el Ministerio de Salud, y con el apoyo de las autoridades locales a cambio de "incentivos municipales". La iniciativa incluye visitas a casas donde hay niños menores de un año, para brindar orientación de nutrición y suplementos de hierro a los padres y cuidadores.

Esta, en realidad, es una práctica que se inició durante el gobierno de Martín Vizcarra, en 2019, conocida por la burocracia como la "Meta 4".

La nueva denominación “Niños de hierro” puede resultar también lamentable, pues recuerda a los niños con plomo y otros metales tóxicos en la sangre, a quienes se refirió cuando era vicepresidenta y acudió al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en mayo de 2022. “Mineras que están contaminando nuestro medio ambiente, ríos, pastizales, lagunas. No sigamos contaminando, porque en cada espacio contaminado se encuentran niños que tienen plomo en la sangre y como máximo de vida, 50 años”, dijo la entonces representante del presidente Pedro Castillo.

En el Perú, 10 millones 162 mil 380 personas se encuentran en riesgo de exposición a metales pesados y otras sustancias químicas, lo que equivale al 31,15% de la población nacional estimada al 2020, según un informe del Ministerio de Salud. Además, el 80% de ese total son niños y niñas menores de 11 años. Sobre esta problemática no se pronunció.

Gasto público a la deriva

Sobre la economía y las inversiones, la jefa de Estado dio varios anuncios. Uno de ellos es el de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que calificó como "“el inicio de una estrategia de desarrollo de la economía peruana basada en el impulso a la infraestructura para la competitividad y el cierre de brechas sociales". De esta manera, Dina Boluarte le pondría fin a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que tuvo un "enfoque equivocado" por no concentrar "su accionar en tareas de prevención".

Boluarte propuso la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que reemplazaría a la ARCC que no pudo terminar una sola obra de prevención y acumuló varios retrasos durante este gobierno. Foto: Andina.pe

Estos malos manejos ya habían sido evidenciados por Convoca.pe en un reportaje que revelaba que dicha entidad no había culminado ni una sola obra preventiva en sus seis años de existencia y que incurrió en varios retrasos y paralizaciones incluso durante este gobierno.

Para el economista Epifanio Baca, sin embargo, la creación de la ANIN y el gasto público en infraestructura obvian que entre la intención y la realidad, hay muchas vallas por saltar. "Si miramos el desempeño de la inversión pública en los últimos seis años, en cuatro años la inversión pública ha marcado cifras negativas. El Estado peruano en sus tres niveles de gobierno tiene grandes dificultades para llevar a cabo inversiones", refiere.

Asimismo, consideró que no debería repetirse con la ANIN la experiencia de la ARCC. "Estas medidas de hacer grandes inversiones en infraestructura con estos convenios de gobierno a gobierno o a través de estos proyectos especiales en infraestructura lo único que hacen es saltarse la ley de contrataciones públicas", alerta. "Aún así, no hay evidencia de que a través de esos mecanismos vaya a ir mejor”, puntualiza.

Por otra parte, Boluarte insistió en recalcar otras formas de gasto público, como el plan asistencial "Con Punche Perú", cuyo monto original era de 5,6 mil millones de soles, que se aumentó a 8 mil millones y ahora promete ampliarlo hasta alcanzar los 12 mil millones. También dio a conocer nuevos paquetes de proyectos de infraestructura, apoyo a programas sociales, créditos y otras iniciativas de inversión, con lo que incrementa el valor de estasinversiones a 41 mil millones de soles.

Epifanio Baca advierte que este tipo de gasto público, como el que se despliega con "Con Punche Perú", no apunta a resolver los problemas medulares de la recesión económica.

"Son paliativos temporales, pero no atacan a la principal causa, que es la disminución de las inversiones privadas. Y eso está ocurriendo, desde mi punto de vista, por la inestabilidad política del país", opina Baca. "Como sabemos, el 80% del crecimiento económico depende de la inversión privada, y estas iniciativas que vienen por el gasto público son complementarias. Si el principal factor está detenido, es muy poco probable que la economía se mueva", finaliza

Inversiones extractivas sin detalle

Sin entrar en polémicas y dejando muchas preguntas, Boluarte se refirió también de manera muy breve a las industrias extractivas en el Perú, que representan una parte muy importante del PBI. Dijo que se invertirían US$ 1.040 millones en proyectos de infraestructura y de energía y minería, pero no mencionó de qué iniciativas específicas se trataba. No obstante, se prevé que sean los ya adelantados por sus ministros, como el inicio de "Tía María de Southern Copper, la ampliación de Toromocho de Chinalco, la extensión de la mina de cobre de Antamina y nuevas operaciones auríferas y cupríferas de Yanacocha.

Asimismo, Boluarte informó que, entre enero y junio de este año, el Ministerio de Energía y Minas otorgó certificaciones ambientales para 27 proyectos de exploración minera, que representan un monto de inversión de 316 millones de dólares.

El economista Epifanio Baca, que también es especialista en industrias extractivas, advierte que estos anuncios y silencios responden a una "presión del sector empresarial", que intenta "que se haga minería a como dé lugar" pese a los conflictos sociales que existen en las zonas adyacentes a estas operaciones. La mandataria no se refirió a ninguno de los conflictos sociales relacionados a actividades de extracción, a pesar de que estos son los mayoritarios. Se limitó a indicar que su gobierno implementa "un enfoque de prevención para abordar la conflictividad social".

“La Presidencia del Consejo de Ministros en el tratamiento de los conflictos sociales está en nada. Sin una buena estrategia para llevar adelante esos proyectos, no van a caminar, pese a que el contexto internacional de los precios de los minerales como el cobre es bueno”, dijo el especialista.

Hace tan solo un año Boluarte criticaba la contaminación que dejaba la actividad minera. Hoy promueve la actividad extractiva. Foto: World Economic Forum/Michael Calabrò.

Por otro lado, la mandataria aseguró que haría realidad, dentro de los tres años de su gobierno, la instalación de una industria petroquímica en el sur del país, que produciría fertilizantes y asegurar conexiones de gas a todos los hogares sureños. No dio detalles de cómo ni cuándo, pero dijo que ya había empresas internacionales que habían "alcanzado un cronograma de ejecución de obras".

Este anuncio podría tener relación con el Gasoducto del Sur, que está paralizado desde que las antiguas concesionarias Odebrecht, Graña y Montero y Enagás no pudieron conseguir el financiamiento para continuarlo. El ministro de Energía y Minas Óscar Vera comunicó en marzo de este año que para el segundo semestre de 2023 se convocaría el concurso público para licitarlo de nuevo.

En opinión de Baca, el anuncio de la petroquímica y la masificación del gas está dirigido a intentar cambiar la opinión de ciudadanos de esta parte del Perú, donde se siente el mayor rechazo a Boluarte. El economista recuerda que en el Cusco existe el mayor malestar por la falta de conectividad al servicio gasífero, pues este hidrocarburo se extrae principalmente en los lotes de este departamento.

Entre los silencios de la presidenta, están los intentos del Ministerio de Energía y Minas y de Perupetro de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para facilitar la explotación de petróleo. Tampoco hizo mención de cómo se remediarán los pasivos ambientales acumulados en los lotes que están hoy en proceso de licitación. Es el caso, por ejemplo, del Lote 192, que fue abandonado por Pluspetrol y cuenta con 1.900 puntos de contaminación.

El exviceministro del Ambiente, Mariano Castro, comenta que el mensaje presidencial no mencionó las políticas ambientales y climáticas que adoptará en su gobierno. "Nada sobre minería, tala ilegal ni de los defensores ambientales", resalta. También explica que el mejoramiento de los compromisos ambientales es una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional a la que el Estado peruano busca pertenecer.