COVID-19: A pesar del subregistro de las cifras oficiales, el número de fallecidos y contagiados sigue en aumento

El Día Mundial de la Salud encuentra al Perú en la peor crisis sanitaria de su historia, con más 100 mil muertos por el COVID-19 y más de un millón y medio de contagiados, según las cifras oficiales, como resultado de la desigualdad en el acceso de la población a los servicios de salud y del manejo de la pandemia por las autoridades.

Desde que el gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria, el 16 de marzo de 2020, ha sido constante el subregistro de personas contagiadas y fallecidas por el coronavirus, lo que no ha permitido a las autoridades tener un panorama real del comportamiento de esta enfermedad en el país y, por consiguiente, que puedan tomar decisiones efectivas en la lucha contra la pandemia.

Las largas colas de personas con balones de oxígeno en la puerta de establecimientos que venden este producto medicinal, los numerosos casos de familiares de contagiados que claman por una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de algún hospital o clínica en las redes sociales y medios de comunicación y las muertes en los domicilios y el aumento de las muertes en las casas muestran una realidad que se contradice con las cifras y los anuncios oficiales.

La mayoría de las muertes ocurren en los hospitales del Ministerio de Salud, que han colapsado ante a gran cantidad de pacientes. Foto. Andina

Los muertos no oficiales

El subregistro de mortalidad se refleja en la diferencia de cifras que reportan las instituciones del Estado: Hasta el 6 de abril, el Ministerio de Salud reportó 57,441 defunciones, las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) informaron sobre 76,656 decesos y el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 106,706 fallecidos. La explicación que dan los expertos tiene que ver con fallecimientos no registrados por COVID-19 y otras causas de muerte relacionadas con fallas en nuestro sistema de salud pública.

Aunque en abril de 2020, el gobierno le encargó a un grupo independiente de expertos que subsane el desfase entre el conteo oficial y el número real de fallecidos por coronavirus, la lenta actualización de las cifras del Ministerio de Salud no ha ido acorde con la realidad, como lo revela un informe de la Contraloría General de la República, publicado en febrero de 2021. Lo único preciso es que la curva de fallecidos está aumentando nuevamente, con la segunda ola.

Contagiados y falsos negativos

Hasta el 5 de abril último, el total de pruebas procesadas para detectar el COVID-19 fue de 9,641,031, de las cuales 1,598,593 resultaron casos sintomáticos positivos, según el reporte diario del Ministerio de Salud. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los falsos resultados negativos de las pruebas rápidas o serológicas, la diferencia de cifras de contagiados del Gobierno central y de los gobiernos regionales, así como el retraso en el registro de los resultados de los laboratorios privados que realizan pruebas moleculares, lo cual fue evidenciado con el retiro de la autorización al laboratorio del Hospital Naval, en el Callao, por no registrar más de 100 mil pruebas moleculares en el sistema del Instituto Nacional de Salud (INS).

Largas colas por oxígeno medicinal se forman en establecimientos de venta de todo el país. Foto: Andina

En busca de camas UCI y oxígeno

Al 5 de abril, 14,066 pacientes estaban hospitalizados por COVID-19. De ellos 4,777 se encontraban en establecimientos del Ministerio de Salud o de los gobiernos regionales; 7,879 en EsSalud, 1,063 en clínicas privadas y 347 en hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales. Del total de pacientes, 2,452 pacientes estaban en UCI con ventilación mecánica.

Ante la escasez de camas UCI y la aparición de listas de espera para ocuparlas, la Superintendencia de Salud (Susalud) inició un registro diario de este tipo de camas en los establecimientos de salud públicos y privados. Al 6 de abril, había 2,469 camas UCI ocupadas de un total de 2,593.

Susalud también ha intervenido ante el desabastecimiento de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud de todo el país, con el reporte diario de la disponibilidad y el consumo de este producto. Este registro ha servido para alertar a las autoridades cuando se estaban agotando las reservas y presionar para que tomen acciones, como la importación de oxígeno y la instalación de plantas generadoras de este elemento esencial para los pacientes con problemas respiratorios.

Vacuna para unos pocos

En el Perú, oficialmente, la vacunación contra el COVID-19 se inició con el personal de salud que estaba en primera línea en la lucha contra el virus. Hasta el 7 de abril, se ha aplicado la vacuna de Sinopharm a 56,176 médicos de un total de 74,936, según el reporte del Ministerio de Salud. Además, 41,509 de los galenos inmunizados ya recibieron la segunda dosis.

En la semana ocho de vacunación, del millón de dosis de Sinopharm se han aplicado 681,637, mayormente al personal de salud, y de las 367 mil dosis de Pfizer, han sido aplicadas 225,034, principalmente a los adultos mayores de 80 años, así como a los agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Con la llegada de más dosis de Pfizer, a un promedio de 200 mil por semana, hasta llegar a los 20 millones, el Gobierno espera terminar de inmunizar a los adultos mayores de 80 años, a fines de mayo, y comenzar con los adultos de menor edad, según informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

Ante las denuncias de vacunados que no corresponden al rango de edad ni al personal de salud que se debe priorizar en la fase 1 de la inmunización, el Ministerio de Salud anunció que, a partir del viernes 16 de abril, aplicará una nueva estrategia de vacunación, priorizando a los mayores de 80 años en los distritos de Lima con mayor riesgo epidemiológico y extendiendo la aplicación de vacunas a las regiones de La Libertad, San Martín, Arequipa, Loreto, Cusco y Cajamarca.

El entonces presidente Martín Vizcarra en la sede del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en el Perú. Foto: Difusión

"Vacunagate" sin sanción

Extraoficialmente, la vacunación contra el COVID-19 en el Perú se inició en septiembre de 2020, con la aplicación de dosis de Sinopharm a 470 personas ajenas al ensayo clínico que realiza la Universidad Peruana Ricardo Palma para esta farmacéutica china, con 12 mil voluntarios. 

Personal del estudio experimental, funcionarios públicos, empresarios y su entorno familiar recibieron la vacuna de Sinopharm antes de que su uso fuera aprobado por las autoridades sanitarias peruanas. Entre los vacunados figuran el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra; la ministra de salud, Pilar Mazzetti, la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Aste, y otras autoridades encargadas de las negociaciones para la compra de las vacunas contra el COVID-19.

El caso conocido como “Vacunagate” es investigado por el Ministerio Público y aunque aún no se han establecido sanciones penales para los responsables, el primer paso del Gobierno fue retirar de sus cargos a los funcionarios cuyos nombres aparecían en la lista de vacunados.

En el Día Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha invitado a la población a participar en una campaña para construir un mundo más justo, equitativo y saludable, después de la COVID-19 en la Región de las Américas. Las esperanzas de lograr este cambio en el Perú están orientadas al próximo gobierno, tras las elecciones del domingo 11 de abril.

Foto principal: Andina