COVID-19: Fiscalías Anticorrupción investigan cerca de 1,700 presuntas compras irregulares en municipios, gobiernos regionales y la Policía

La mayoría de las investigaciones de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios (FECOF) durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, en el 2020, han sido sobre las presuntas irregularidades en municipios distritales y provinciales, seguidas de hechos similares en los gobiernos regionales y la Policía Nacional.

Un reporte del Ministerio Público reveló que, en el marco de la pandemia por el coronavirus, los fiscales realizaron 1749 acciones de prevención, 1163 investigaciones sobre presuntas irregularidades en municipalidades distritales y provinciales, 356 en gobiernos regionales y 174 en la Policía.

Además, los magistrados atendieron 281 investigaciones por la compra de artículos de bioseguridad y limpieza, 739 por procesos de adquisición y distribución de canastas básicas y 58 por la compra de equipos médicos.

Entre las investigaciones realizadas durante la pandemia figuran las referidas a la compra de 35 ventiladores mecánicos para el Hospital de Emergencias de Ate, adquiridos a la empresa Trademedic S.A.C., por más de S/ 6 millones, un precio muy por encima de su valor de mercado, y la adquisición de diez ambulancias valorizadas en S/ 3'625,000, en la que está implicado el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, junto a otros funcionarios.

La Fiscalía Anticorrupción investigó a la Dirección de Aviación Policial por irregular compras de mascarillas. Foto: Difusión

Una de las medidas restrictivas solicitadas por la Fiscalía fue los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso al general PNP Andrés Vildoso Rojas, director de la Aviación Policial, y a otros cuatro implicados en presuntas irregularidades por la compra de mascarillas y artículos de bioseguridad para la Policía Nacional.

Más de 14 mil denuncias

El balance de las Fiscalías Anticorrupción revela que durante el 2020, se recibieron 14,440 denuncias, 23% de las cuales son referidas al delito de peculado, cuando un funcionario se apropia de dinero del Estado; 12% fueron por delito de colusión, cuando una persona con cargo público concerta con otras para beneficiarse afectando el patrimonio del Estado; y 1,736 sobre delitos contra la administración pública. 

Sobre el estado de los casos, el reporte destaca que las fiscalías lograron obtener 178 sentencias en el 2020, que 23 investigaciones se cerraron por terminación anticipada —acuerdo entre la fiscalía y el imputado cuando este último admite su culpabilidad— y 38 por procesos inmediatos en casos de flagrancia.

Aún se encuentran en investigación preliminar 6,031 casos, 1,370 tienen denuncias pendientes, 599 están en calificación, 154 en investigación preparatoria, 38 con acusación, 6 con investigación preparatoria concluida y 6 en audiencia.
 

El fiscal superior Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, destacó que el año pasado se logró la primera sentencia en el caso Orellana. La actividad de esta organización criminal era apropiarse de propiedades con problemas legales o litigios, para cambiar el nombre del titular y venderlas a testaferros. Se condenó a 10 años de cárcel a Ludith Orellana, hermana de Rodolfo Orellana, junto a exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) por apropiación indebida de 47 terrenos, entre el 2009 y 2013.

Además, se logró imponer ocho años de pena privativa de la libertad al extesorero de la Municipalidad de Huarmey (Áncash), Abel Sánchez Guzmán, luego de encontrarlo culpable del delito de peculado doloso, por apropiarse de más de S/ 65,000. También fue inhabilitado por cinco años para ejercer cualquier cargo público y deberá pagar una reparación civil de S/ 60,000. 

Entre los procesos que continúan se encuentra la investigación sobre la contratación del proveedor Richard 'Swing' Cisneros por el Ministerio de Cultura, en la gestión del presidente Martín Vizcarra. En este proceso hay 20 implicados.