El contralor Nelson Shack advirtió sobre la sensación de impunidad que genera entre la población la falta de una sanción inmediata a los funcionarios públicos y los proveedores involucrados en contrataciones irregulares con Estado durante la pandemia del COVID-19, en respuesta al reportaje publicado por Convoca.pe sobre un empresario que obtuvo más de 5 millones de soles en contrataciones con el Estado, en los últimos diez meses, pese a que tiene tres investigaciones en las Fiscalías Anticorrupción.

Entre marzo de 2020 y enero de 2021, el proveedor Michael Alexis Lanao Salvatierra obtuvo más de 5 millones de soles en contrataciones directas con el Estado, para la venta de mascarillas y otros equipos de protección personal. La Fiscalía Anticorrupción investiga a Lanao y a funcionarios públicos por el delito de colusión en los procesos de adquisición de mascarillas para la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Direicaj) de la Policía Nacional del Perú, por 502.400 soles, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, por 449.800 soles. También investiga a Lanao en Junín y en Arequipa, a través de su empresa Sakima. Esto fue revelado en un reportaje de la serie investigativa "Expedientes de la pandemia", del proyecto colaborativo Periodistas en Red, que lidera Convoca.pe.

"A pesar de haber sido comprendido en los informes de control que han evidenciado problemas en estos procesos de contratación, ha seguido contratando. Eso es lo que la gente entiende por impunidad y eso es lo que está pasando porque en la Contraloría no podemos sancionar a nadie", dijo Shack al referirse al proveedor Michael Lanao y a los funcionarios públicos involucrados en la adquisición de mascarillas para la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima.

Aunque Shack aclaró que la Contraloría no puede elaborar una base de datos o transparentar qué proveedores del sector privado tienen problemas, sí va a dar "total transparencia y apertura respecto a las personas involucradas en esos informes".

"Podemos hacer una segmentación y decir qué funcionarios han estado involucrados, en qué procesos de contratación y darles la pista para que puedan entrar a buscar, para alertar a las entidades sobre el prontuario de tal empresa y ya depende de ellas si, sabiendo eso, las contratan o no", dijo Nelson Shack, en respuesta a una pregunta formulada por Convoca.pe durante la presentación del Balance del Control Gubernamental 2020 y Agenda 2021 de la Contraloría General de la República.

Además, Shack manifestó que no solo interesaría saber cual es la empresa cuestionada sino también quiénes son los dueños, porque si inhabilitan a una empresa, mañana crean otra y continúa el mismo "modus operandi".

Nelson Shack destacó que la Contraloría está a la espera de recuperar su capacidad sancionadora pues su institución presentó un proyecto al Congreso de la República en abril de 2019 y una versión actualizada en el nuevo Parlamento, en mayo de 2020.

El funcionario recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional reconoce que la Contraloría tiene capacidad para sancionar, pero necesitan el instrumento operativo. "La tipificación de las conductas infractoras tiene que estar en una ley. Enviamos ese proyecto de ley, pero no ha sido priorizado. Está en proceso de discusión en  la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso y esperamos que en esta nueva legislatura pueda ver la luz", precisó.

Cuando el Congreso apruebe y publique el proyecto de ley que le devuelve al capacidad sancionadora a la Contraloría, dicha entidad desplegará un proceso de implementación que, estima, le tomará unos 90 días, para poner en operación nuevamente el proceso administrativo sancionador.

"Todo lo que ha pasado en la pandemia, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando no va a poder ser objeto de procedimiento sancionador", aclaró Shack, quien dijo que la capacidad sancionadora de la Contraloría regirá a partir de la aprobación de la ley por el Congreso.

El años pasado, la Contraloría emitió más de 11,500 informes de control relacionados con el COVID-19. Este año esperan realizar 26800 informes de control.