La serie investigativa “Expedientes de la Pandemia” del proyecto colaborativo Periodistas en Red que lidera Convoca.pe, ha revelado una serie de contratos y adquisiciones millonarias hechas por entidades públicas con empresas y personas que enfrentan investigaciones fiscales por corrupción, o han sido sancionadas por órganos reguladores como el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Uno de estos casos fue abordado en la edición de Convoca en VIVO del último 5 de febrero y corresponde al empresario Michael Lanao, un proveedor que logró S/ 5 millones en contratos con entidades públicas en varias regiones del país, a pesar de tener empresas dadas de baja, y estar investigado por tres fiscalías anticorrupción. Además, estas empresas habían sido sancionadas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

Roberto Benavides, abogado especialista en contrataciones, recordó en el espacio de entrevistas de Convoca, que hay proveedores que no deberían venderle al Estado dentro de su periodo de sanción. Sugiere que desde una simple búsqueda de antecedentes en internet las entidades públicas podrían evitar contratar con estas personas o empresas. “Hay muchos riesgos, falta de política pública y de enseñanza a los operadores públicos”, añadió.

NO HABRÁ CAMBIO EN LA LEY

Benavides cuestionó además que tanto el régimen de Martín Vizcarra como el actual gobierno de Francisco Sagasti, no planteen cambios al sistema de contrataciones. “No quieren sacar la reforma (de la Ley de Contrataciones) hasta que venga el siguiente gobierno… No hay impulso político”, afirmó el especialista Roberto Benavides a Convoca.

El abogado sostuvo que el proyecto de reforma de la Ley de Contrataciones pondría las cosas más claras, pero no hay intención política para hacerlo. “Quizá no quieren que sea más simple para que no los fiscalicen más. Podría ser”, señaló.

Con la actual norma el Estado siguió contratando a personas o empresas con procesos de investigación fiscal en plena crisis sanitaria por la pandemia, pero, ¿Qué hay en esta reforma que posiblemente no le agrade al sistema?

El especialista sostuvo que hay varios puntos a considerar, pero los principales, a su criterio, son: impedimentos más claros y administraciones directas. En el primer caso, la norma actual no es tan clara y al no serlo se permiten los “parches jurídicos” cuando suceden estos casos: empresas que se fusionan o que absorben a otras. En lo segundo, las entidades públicas como, por ejemplo, las municipalidades que manejan presupuestos, dicen tener recursos, al equipo humano y maquinaria, pero al final se contrata a terceros para evadir la Ley de Contrataciones.

La ley 30225 debería ser una garantía de que los distintos contratos entre personas naturales o jurídicas con el Estado “se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos”. Para el especialista esto sería un simple “saludo a la bandera”. Y en el caso de la reforma planteada, cuando era presidente Martín Vizcarra, es lamentable que no haya una fecha establecida para su implementación.