Un exmagistrado sentenciado por su implicancia en la red criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y un juez en proceso de destitución por la misma razón dictaron fallos favorables a 14 empresas sancionadas con inhabilitaciones por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), las cuales gracias a esas decisiones judiciales lograron seguir como proveedores estatales y obtener más de 300 adjudicaciones de parte de entidades públicas. Entre las compañías favorecidas aparecen dos que estuvieron relacionadas a la constructora brasileña Odebrecht en Perú y Ecuador, y que son investigadas en el megacaso de corrupción de Lava Jato. Este reportaje forma parte de la serie investigativa ‘Medidas Cautelares S.A.’, realizada por Convoca.pe en alianza con la plataforma latinoamericana Connectas y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ).

 

Dos jueces constitucionales implicados en las actividades ilícitas de Los Cuellos Blancos del Puerto —red criminal integrada por magistrados, empresarios, abogados y miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)— otorgaron medidas cautelares a 14 empresas sancionadas con la inhabilitación temporal por parte del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), sanción que les impedía participar en licitaciones o adjudicaciones de entidades públicas. Por los fallos a su favor, estas compañías pudieron conseguir contratos con entes estatales por más de 828 millones en total, equivalentes a alrededor de 260 millones de dólares, según la base datos construida por Convoca.pe con información de OSCE y del Poder Judicial, para la serie investigativa 'Medidas Cautelares S.A.".

Se trata del exmagistrado Ricardo Chang Racuay, primer condenado por el referido megacaso de corrupción, y del suspendido juez Hugo Velásquez Zavaleta, cuyo proceso de destitución se encuentra en curso desde diciembre último también por su presunta vinculación con la mencionada organización delictiva, la cual fue desarticulada en julio de 2018 por la labor de fiscales de la jurisdicción del Callao, región colindante a Lima.

El 31 enero pasado, Ricardo Chang fue condenado a cinco años, siete meses y 15 días de prisión por haber recibido soborno o prebenda, al admitir que favoreció al exvocal supremo César Hinostroza en un proceso sobre beneficios laborales —que le permitió cobrar 243 mil soles del Poder Judicial (unos 80 mil dólares)—, a cambio de que el CNM lo ratificara como juez constitucional. Su condena de cárcel en el penal Miguel Castro Castro termina en diciembre de 2024. Cabe anotar que Hinostroza, prófugo en España desde octubre de 2018, es considerado parte de la cúpula de Los Cuellos Blancos del Puerto.

“(…) Existen suficientes elementos de convicción que acreditan la existencia del delito, así como la responsabilidad del imputado Chang Racuay como autor del delito de cohecho pasivo específico”, se lee en la sentencia de terminación anticipada emitida por el magistrado Hugo Núñez Julca, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

 

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Resolución judicial de la sentencia contra el exjuez constitucional Ricardo Chang Racuay.

 

El ahora recluido exjuez Chang se desempeñó como titular del 3° Juzgado Constitucional de Lima hasta agosto de 2018, cuando fue suspendido de sus funciones por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), luego de que su nombre fuera mencionado en conversaciones telefónicas interceptadas legalmente que revelaban acuerdos ilícitos de Los Cuellos Blancos del Puerto. Fue arrestado en mayo de 2019 y en julio siguiente se formalizó su renuncia al cargo de juez especializado. Así finalizó su trayectoria en el Poder Judicial, que empezó en 1997 al ocupar un puesto suplente en la Corte Superior de Justicia del Callao.

Entre enero de 2017 y enero de 2018, como juez constitucional, Ricardo Chang Racuay expidió tres medidas cautelares a favor de compañías inhabilitadas por el OSCE: dos para Correos del Perú S.A., la firma con más fallos de este tipo conseguidos y que pertenece a Milton Becerra, dueño de dos empresas con impedimento definitivo para contratar con el Estado. La tercera medida cautelar fue para Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A.C., dependiente de Telefónica, la multinacional española con operaciones en 19 países del mundo y que en Perú registró ingresos operativos por 7 mil 877 millones de soles, en 2019.

 

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Recluido en el penal Castro Castro, el exmagistrado Chang Racuay ha solicitado su excarcelación por supuesto riesgo a contraer la COVID-19. Foto: Andina

 

Con sus fallos, Chang Racuay evitó que Correos del Perú S.A. fuera sancionada con 17 meses de suspensión como contratista del Estado, por infracciones en perjuicio de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica y la dependencia en la región Ica de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Mientras estuvieron vigentes esas dos resoluciones judiciales, la compañía de servicios postales obtuvo 17 contratos con entidades estatales por más de 30 millones 356 mil (9.2 millones de dólares), de acuerdo con la base de datos elaborada por Convoca.pe.

 

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Documento de la medida cautelar otorgada por el juez Chang a favor de Correos del Perú S.A., firma que fue sancionada con la inhabilitación definiva en enero último.

 

En estas dos decisiones, Ricardo Chang recogió en cuatro páginas gran parte de la argumentación de Correos del Perú, como la de que no podía ser inhabilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado debido a que existían en trámite procedimientos arbitrales previos que iban a resolver la controversia de fondo, en cada caso.

En tanto, la medida judicial favorable a Telefónica Ingeniería de Seguridad interrumpió la inhabilitación por 36 meses (3 años) que el OSCE le había impuesto en abril de 2015 por “presentar documentación falsa e información inexacta”, en un proceso de adjudicación realizado por la Contraloría General en agosto de 2014. La decisión judicial, de enero de 2017, suspendió la sanción contra la empresa durante 15 meses. No se registraron contrataciones con el Estado en ese periodo a nombre de la firma de telefonía.

 

En camino a la destitución

A diferencia de Ricardo Chang, el aún juez Hugo Velásquez había alcanzado cierta notoriedad por sus controvertidos fallos antes de resultar implicado en la organización criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto.

En 2014, había declarado fundados los pedidos del expresidente Alan García para anular los informes de una comisión investigadora del Congreso que recomendaba denunciarlo por infracciones constitucionales o delitos cometidos durante su segundo gobierno. También en ese año, el propio Velásquez fue incluido como investigado por otra comisión parlamentaria a cargo de indagar la red de corrupción en la región Áncash, cuyo cabecilla —el exgobernador César Álvarez— está preso hace seis años.

En enero pasado, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) formalizó su solicitud ante la presidencia del Poder Judicial para que Hugo Velásquez fuera destituido mediante el procedimiento normado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano que sustituyó al CNM tras su desactivación por el estallido del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

 

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El órgano de control del Poder Judicial intervino la oficina del juez Hugo Velásquez en setiembre de 2018, tras la difusión de un audio de su conversación con el prófugo exvocal supremo César Hinostroza. Foto: Difusión

 

De acuerdo con las pesquisas fiscales, como juez constitucional, Velásquez Zavaleta estableció relaciones extraprocesales para favorecer y brindar trato preferencial a los exmagistrados César Hinostroza y Walter Ríos Montalvo, presuntos cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puerto, en un proceso judicial a su cargo. Incluso, por esta vinculación, Walter Ríos propició la supuesta contratación irregular del hermano de Hugo Velásquez en la Corte de Justicia del Callao, en marzo de 2018.

“Queda acreditada la responsabilidad funcional del juez investigado (Hugo Velásquez Zavaleta) por los cargos atribuidos en su contra; igualmente se ha demostrado su falta de idoneidad para el cargo ostentado, en razón de haber incurrido en conductas disfuncionales que por su trascendencia no solo repercuten de forma negativa en la imagen del Poder Judicial sino que obstaculiza el cumplimiento de administrar justicia”, se determinó en la resolución de la OCMA fechada el 26 de diciembre de 2019.

 

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En enero de este año, se formalizó el pedido para la destitución de Hugo Velásquez del Poder Judicial.

 

En su condición de juez del 5º Juzgado Constitucional, Hugo Velásquez otorgó 13 medidas cautelares a empresas sancionadas con impedimentos temporales para contratar con el Estado, decisiones judiciales que permitieron a 12 compañías inhabilitadas obtener alrededor de 300 adjudicaciones de entidades estatales, cuyo monto total en contrataciones con fondos públicos ascendió a 798 millones 108 mil 333 soles, es decir unos 250 millones de dólares.

Entre las principales sociedades comerciales sancionadas por OSCE que resultaron beneficiadas con los fallos de Velásquez figuran Acciona Infraestructura S.A., Alpha Consult S.A., Morgan del Oriente S.A.C., Optical Technologies S.A.C. y Productos Roche Q F S.A.

 

Bajo investigación

En relación a Alpha Consult y Acciona Infraestructura, estas dos compañías aparecen vinculadas a presuntos actos ilícitos de Odebrecht en Perú y Ecuador, respectivamente.

El propietario de la supervisora Alpha Consult, Jorge Peñaranda, recibió 2.6 millones de dólares de la constructora brasileña en cuentas bancarias abiertas en Andorra, entre 2010 y 2011, según la investigación fiscal. En tanto, la empresa de capitales españoles Acciona Infraestructura —parte de la corporación Acciona que preside el español José Manuel Entrecanales— fue incluida en un proceso indagatorio del Ministerio Público de España, en 2017, por su sociedad con Odebrecht para la adjudicación de la obra del Metro de Quito, en 2015. Al respecto, en Ecuador la pesquisa fiscal se archivó en 2018, pero en junio de 2019 la investigación periodística internacional ‘División de Sobornos’ —coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la cual participó Convoca.pe— reveló planillas secretas de la firma brasileña que registraron el desvío de millonarios fondos de ese proyecto de infraestructura, cuyo costo superaba los 2 mil millones de dólares.

Gracias al fallo favorable del juez Velásquez Zavaleta, emitido en mayo de 2015, Alpha Consult logró permanecer como proveedor del Estado y consiguió diez contrataciones con diferentes entidades públicas por un total de 70 millones 955 mil 616 soles (23 millones de dólares), según la base de datos construida para esta investigación.

 

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En febrero pasado, se dictó prisión preventiva al directivo de Alpha Consult, Jorge Peñaranda, por 18 meses. En mayo, se varió esa medida por arresto domiciliario, por la crisis sanitaria de la COVID-19. Foto: Difusión

 

Esta medida cautelar suspendió la inhabilitación por 20 meses impuesta a la compañía de Jorge Peñaranda por el Tribunal de Contrataciones del Estado de OSCE, en marzo de 2015, es decir pocas semanas antes. Se había determinado que Alpha Consult incumplió el contrato que había suscrito, como consorcio, con Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en febrero de 2010, para la elaboración de un estudio técnico sobre una carretera en la región Áncash por un costo de 1 millón 800 mil soles (647 mil dólares).

En su decisión, el magistrado Velásquez recoge los argumentos planteados por Alpha Consult, que se centran en que el tribunal de OSCE no podía realizar un proceso sancionador en su contra debido a que previamente, en noviembre de 2012, se había iniciado una demanda arbitral a Provías Nacional para que el contrato no fuera resuelto. Lo que no consideró el juez es que se trataba de un segundo proceso de arbitraje, pues el primero había establecido —en julio de 2012— que Provías Nacional actuó de forma debida y legal al resolver el contrato con la empresa del investigado Peñaranda.

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El juez Hugo Velásquez emitió fallo favorable a la supervisora Alpha Consult, cuyo dueño está bajo investigación por recibir pagos indebidos de Odebrecht.

 

En el caso de Acciona Infraestructura, la medida cautelar de Hugo Velásquez permitió que el consorcio integrado por esta compañía conservara la buena pro de la licitación adjudicada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) —en junio de 2015— por un monto ascendente a 262 millones 386 mil 914 soles (84.6 millones de dólares), para la elaboración del expediente técnico y la construcción de la ampliación del hospital de la entidad, en el distrito de Surquillo.

En setiembre de 2015, el Tribunal de Contrataciones del Estado de OSCE determinó la nulidad del referido proceso de licitación y lo declaró desierto por presuntas irregularidades. En tal sentido, descalificó la propuesta del consorcio conformado por Acciona Infraestructura y Pinearq S.L.P. Antes, el 3 de julio del mismo año, el propio INEN había declarado “de oficio” la nulidad del proceso de selección.

En su fallo a favor de la constructora, fechado el 5 de noviembre de 2015, el juez Velásquez dispuso que se suspendieran “los efectos” de las resoluciones del OSCE y del INEN que anulaban el resultado de la licitación mencionada, además que “se abstuvieran” de iniciar o continuar con un nuevo proceso de selección para la misma obra.

 

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Como parte del sustento de su decisión, el magistrado además consideró que darle la razón a la compañía, es decir resolver en contra de las entidades del Estado, podría ser beneficioso para el país.

“Este juzgado debe advertir que le parece razonable que la tutela requerida (medida cautelar) no afectaría, sino que incluso podría favorecer el interés público. (…) Tales circunstancias exigirían que la tramitación de este proceso no paralice el desarrollo de una obra que beneficia a la salud pública, situación que podría cumplirse a través de una medida temporal sobre el fondo, esto es, reponiendo al actor (la empresa demandante) como ganador de la buena pro y exigiendo que la entidad demandada prosiga con los actos posteriores para la suscripción y ejecución del contrato”, argumentó el juez constitucional en su resolución.

 

Circuito judicial

De acuerdo con la información procesada para ‘Medidas Cautelares S.A.’, en total fueron más de 100 jueces de primera instancia e integrantes de salas de justicia que otorgaron ese tipo de decisiones judiciales a compañías inhabilitadas, entre 2008 y 2019. En juzgados y salas judiciales de Lima, la capital peruana, se expidieron un poco más de 200 medidas cautelares; y en regiones, la cantidad superó los 160.

Como reveló Convoca.pe, en el mismo periodo de análisis, con las medidas cautelares emitidas por los diez jueces que dieron más número de estos fallos favorables a empresas sancionadas, estas finalmente consiguieron contratos con el Estado por más de 5 mil 300 millones de soles (1 mil 700 millones de dólares), mientras las decisiones judiciales estaban vigentes.

 

Hinostroza y Ríos
El extraditable César Hinostroza y el recluido Walter Ríos, exvocal supremo y exjuez superior respectivamente, son considerados cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: La República

 

En relación a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto, la Procuraduría Anticorrupción reportó que son 76 magistrados los que están bajo investigación por su implicancia en esa organización criminal, entre los cuales hay 61 jueces y 15 fiscales. Sus casos están distribuidos en 88 expedientes e involucran a 11 vocales supremos y cinco miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los principales investigados son el exjuez supremo César Hinostroza; el expresidente de la Corte judicial del Callao, Walter Ríos; los exintegrantes del CNM, Guido Águila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, entre otros altos funcionarios del sistema de justicia.

Este medio digital trató de recoger la versión del suspendido juez Hugo Velásquez, pero no hubo respuesta a los mensajes que se envió a sus números de teléfono. En tanto, el abogado del exmagistrado Ricardo Chang, Carlos Garay, dijo que revisaría los documentos de las medidas cautelares para consultarle a su patrocinado. Hasta el cierre de esta edición no hubo más comunicación. Y no fue posible contactar a los representantes de las empresas mencionadas.

 

* Este trabajo fue realizado por Convoca.pe en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la Iniciativa de Periodismo de Investigación para las Américas.

 

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