El gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso norteamericano su intención de desmantelar antes del 1 de julio la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) y redirigir algunos de sus programas al Departamento de Estado. De esta forma, Estados Unidos pone fin de manera abrupta a más de 40 mil millones de ayuda global. Perú no es la excepción. 

A puertas de su cierre, un trabajador de USAID en Perú confirmó a Convoca que “no ha sobrevivido nada”, como respuesta a si existía alguna posibilidad de que se mantuviera algún programa de cooperación relacionado con la salud pública o el medio ambiente. Actualmente, en nuestro país permanecen algunos funcionarios ejecutando el plan de cierre. 

Las consecuencias de la paralización de los proyectos comienzan a notarse. En este informe analizamos el impacto en proyectos que buscan prevenir y tratar el VIH, iniciativas que hacen frente a los incendios forestales o que luchan contra la minería ilegal, la tala y el tráfico de fauna silvestre.

Migrantes con VIH en Perú

Perú forma parte del programa PEPFAR, que desde 2003 ha invertido más de 120 mil millones de dólares en la respuesta global al VIH/SIDA, financiando la prevención, diagnóstico y atención del VIH en el mundo. Su suspensión pone en riesgo la vida de millones de personas, sobre todo en África subsahariana, según alerta Médicos Sin Fronteras. 

Aunque el gobierno de Estados Unidos informó que algunos programas de salud pública relacionados con el VIH estaban exentos, esto no se ha concretado en la práctica y, según Médicos Sin Fronteras, ninguna organización en su red mundial ha podido continuar con su trabajo. 

En Perú, 110 mil personas viven con VIH. El Ministerio de Salud informó a Convoca que el programa USAID/PEPFAR en Perú tiene actividades pequeñas y focalizadas en migrantes viviendo con VIH. La agencia estadounidense financia la contratación de 6 monitoras que realizan el seguimiento de migrantes con VIH y también apoya en la contratación de educadores y técnicos de laboratorio para las Direcciones Integradas de Redes de Salud (Diris). 

“En este caso, el proyecto culmina en septiembre de 2025, con miras a continuar un año más”, informó el Minsa a Convoca.  “De no darse la ampliación, será asumido por los servicios de salud del Minsa, ya que el tamizaje y tratamiento es gratuito”, indicaron. 

Salud también aseguró a Convoca que el tratamiento para el VIH/Sida es asumido por el Ministerio y no por USAID. 

Byelca Huamán, coordinadora para Perú del Proyecto para incrementar el acceso de migrantes y refugiados venezolanos en Perú a servicios de prevención, diagnóstico y atención integral del VIH considera que el cierre de USAID sí impactará en las personas migrantes con VIH.  “La restricción de fondos va a producir el aumento de la incidencia de VIH en poblaciones vulnerables”, señala.

Javier Llamoza, de Acción Internacional para la Salud (AIS) también considera que afectará en el corto plazo en el cumplimiento de metas para la reducción de la transmisión del VIH y en la incorporación de nuevos diagnósticos al tratamiento. 

“Estas intervenciones estaban contempladas en los programas nacionales y complementaban el éxito de las estrategias. El cierre de USAID impacta”, comenta Javier Llamoza, de la Asociación Internacional para la Salud (AIS).

El especialista de AIS destaca la importancia de sostener la participación comunitaria en la lucha contra el VIH, en los trabajos de identificación y enrolamiento de nuevos pacientes. Señala como ejemplo lo que viene haciendo Brasil, donde los programas que no van a recibir financiamiento de USAID van a ser absorbidos por las municipalidades locales.

“En cambio en Perú no existe este tipo de enrolamiento de las comunidades. Las comunidades lo hacían porque tenían financiamiento de USAID, ahora no lo pueden hacer y las metas van a tener que ser asumidas por el Ministerio de Salud”, dijo.

Consultado sobre si podría el Estado peruano asumir algunos proyectos o actividades que se desarrollaban con fondos de USAID, Javier Llamoza sostuvo que es muy complicado porque no existe una partida presupuestal inmediata para cubrir esta brecha de financiación. 

“Las partidas presupuestales ya están destinadas, con actividades específicas, en estrategias del propio Ministerio de Salud”, sostiene. “Cubrir la participación significa un cambio en la estructura financiera para comenzar a financiar comunidades o la participación ciudadana y eso no lo tenemos en este momento”.

Se reduciría la lucha contra los delitos ambientales transfronterizos

La defensa del ambiente, junto con la lucha contra el narcotráfico, era otro de los pilares de la cooperación estadounidense en Perú. 

USAID tenía previsto invertir 70 millones de dólares hasta 2030 en tres proyectos ambientales: la lucha contra la minería ilegal y la tala en zonas transfronterizas; la prevención y mitigación contra incendios forestales; y la lucha contra el tráfico de fauna. 

Prácticamente todos los departamentos amazónicos del Perú que limitan con un país vecino se encuentran amenazados por el crimen organizado transfronterizo. La minería ilegal, tala ilegal o el tráfico de fauna silvestre han venido dañando ecosistemas, causando deforestación, afectando la biodiversidad y generando amenazas a la salud y seguridad de las comunidades. 

Dragas en El Cenepa, en la frontera entre Perú y Ecuador. Foto: María Goretti/Convoca

Frente a este escenario se puso en ejecución en el 2021 el programa “Cooperación Regional para Enfrentar los Delitos Ambientales” (ECOS), implementado por USAID en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Era un proyecto regional que se llevaba a cabo en seis países amazónicos: Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam, siendo Perú el país sede del proyecto.

A la fecha del anuncio de paralización de los fondos de cooperación internacional de USAID, el proyecto ECOS se encontraba en ejecución. Había empezado en abril del 2021 y el fin de sus actividades estaba programado para abril del 2025, con un monto de cooperación de 9.8 millones de dólares para las acciones en los seis países donde se implementa. Sin embargo, en el 2024 se había acordado la extensión del proyecto hasta el 2030, con una inversión extra de 30 millones de dólares.

El proyecto ECOS es cofinanciado por la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Convoca preguntó a UNODC si asumirá en solitario este proyecto pero hasta el cierre de este reportaje no recibió respuesta.

ECOS buscaba combatir las actividades ilegales que afectan al ambiente: delitos forestales, delitos contra la vida silvestre, delitos en el sector minero y delitos en la cadena de valor de la pesca (delitos asociados con la pesca ilegal no declarada y no reglamentada), apuntando a mejorar la cooperación regional de los países amazónicos. Enfocaba su trabajo en las zonas de triple frontera, donde los delitos ambientales tienen alta incidencia. También se buscaba mejorar la coordinación nacional y regional para aplicar leyes transnacionales.

¿Podríamos en el Perú, con recursos propios, sostener una iniciativa similar a este proyecto de USAID? ¿Y de no hacerlo, qué consecuencias podría ocasionar a la ciudadanía el retroceder en la lucha de los delitos ambientales en zonas de frontera? 

Trasladamos estas preguntas al Ministerio de Ambiente (Minam), que no aclaró si estos programas se mantendrían tras la retirada de USAID. El Minam informó que USAID no transfiere fondos a este ministerio. “Esta cooperación en temas ambientales se ejecuta a través de socios implementadores designados”, respondió. 

El abogado en temas ambientales, César Ipenza, consideró que el fin de estos programas de cooperación transfronteriza puede suponer un aumento de la criminalidad. 

“En un país como el nuestro, donde a veces difícilmente hay recursos para facilitar actividades de coordinación entre los distintos actores, llámese Policía, Fiscalía o autoridades administrativas, algunos proyectos de la cooperación de USAID facilitaban estos espacios y, por otro lado, facilitaban la generación de herramientas y conocimiento para enfrentar los delitos ambientales”, explica Ipenza. “Obviamente va a tener un efecto para la ciudadanía, sobre todo, ante un incremento de la criminalidad”, señaló el abogado.

Apoyo técnico en la extinción de incendios

Bastaron solo alrededor de tres semanas, entre fines de agosto y mediados de septiembre del 2024, para que los incendios forestales que afectaron al país demostraran que no estábamos preparados para hacerles frente. 

El saldo que quedó a fines de noviembre de ese año, luego de 1754 incendios forestales reportados en 22 de los 25 regiones del Perú, fue de cerca de 15 mil hectáreas de cultivo perdidas y más de 60 mil hectáreas de cobertura natural arrasadas por el fuego, además de 35 personas fallecidas y 285 heridos.

La lucha contra incendio en Lamud, Amazonas, en 2024. Foto: Municipalidad Provincial de Luya.

El trágico escenario que vivimos en el 2024 sirve para entender el contexto de la iniciativa que desarrollaba USAID para la prevención y mitigación de incendios forestales. El proyecto de cooperación internacional se llamaba Fuego y comenzó en agosto de 2020 con una proyección a 5 años por un monto de 6 millones de dólares.

Se implementaba en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú a través de los Programas Internacionales del Servicio Forestal de los Estados Unidos y buscaba fortalecer la colaboración internacional en la región, mejorar los esfuerzos de prevención y respuesta a los incendios con planificación estratégica y capacitar a las autoridades para mejorar las estrategia de manejo de fuego.

El proyecto Fuego se apoyaba en los 20 años de experiencia de trabajo entre el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS por sus siglas en inglés) y USAID para abordar problemas cruciales de gestión de recursos naturales en América del Sur y proporcionaba experiencia técnica en la planificación, prevención y combate de incendios, apoyando a instituciones gubernamentales y a socios de cada país para desarrollar de manera colaborativa políticas nacionales de manejo de incendios.

Tomando en cuenta que hay incendios forestales en el Perú todos los años (el incremento de focos de calor registrados empieza en julio y suele descender significativamente en noviembre) y considerando que a medida que se incremente la crisis hídrica y el calentamiento global, los focos de calor y su intensidad van a tender a aumentar, el anuncio de la suspensión de fondos de USAID para atender el problema de los incendios forestales en el país va a ir cobrando más relevancia porque la vida de muchas personas y los bosques quedarán a merced del fuego.

Luis Zari, abogado especializado en temas ambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), considera que Perú todavía no tiene los recursos ni capacidades para hacerle frente a incendios forestales como los que se dieron en el país el año pasado. "Aún no se tiene una política clara sobre el enfoque de uso y manejo adecuado del fuego que tenga en cuenta las prácticas comunales, fortaleciendo las capacidades locales en prevención y mitigación, con protocolos claros de articulación y respuesta rápida”, señala Zari, autor del informe “Incendios Forestales: qué pasó, qué hacer y cómo evitar que vuelva a ocurrir”

Desde los incendios forestales del 2024 a la fecha, el especialista destaca como principal avance la aprobación del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027. “Es un buen paso en coordinación interinstitucional y aclara la rectoría en materia de gestión de riesgos, pero tiene mucho énfasis en capacitación y sensibilización, dejando aún algunas mejoras todavía en prevención, prácticas agrarias y limitación para prácticas delictivas, entre otros”, concluye Zari.

En riesgo la lucha contra el tráfico ilícito de vida silvestre

Comparado con la minería ilegal o tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre es el delito ambiental que menos atención recibe: no tenemos casos emblemáticos ni grandes mafias identificadas o capturadas, no es considerado como un gran problema social o ambiental y, en algunos casos, hasta no es percibido como un problema. Sin embargo, se trata de un delito de grandes dimensiones, que maneja mucho dinero, se vincula a otros delitos ambientales y compromete a la biodiversidad y salud pública.

El que se haya suspendido los fondos de USAID en el Perú afecta directamente en la lucha contra el tráfico de fauna silvestre porque en el país se venía ejecutando, desde 2020, el proyecto “Prevenir: Combatiendo los delitos ambientales”, que estuvo operativo hasta septiembre del 2024. Esta iniciativa tuvo como entidad ejecutora al Ministerio Público. A lo largo de esos cinco años desembolsó 24 millones de dólares. El proyecto buscaba combatir los delitos ambientales en la Amazonía peruana, priorizando la regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Se había contemplado prolongar el proyecto Prevenir, pero no se determinó ni tiempo ni monto de inversión de la actualización del proyecto.

El proyecto Prevenir veía, además del tráfico ilícito de vida silvestre, minería ilegal y tala y tráfico ilegal de madera. En los cinco años de ejecución del programa, trabajó con el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado. En ese tiempo buscó fortalecer las capacidades en el sistema de justicia ambiental, fomentando soluciones para la integración e intercambio de información entre agencias de gobierno desde la ciencia y la tecnología.