Por Convoca*
28 de marzo de 2025
Por cada kilómetro de carretera formal construido en el departamento peruano de Ucayali hay 3 de caminos ilegales, informales o no registrados que potencian actividades ilegales como el narcotráfico, la tala y minería ilegal y el tráfico de tierras.
Mientras las vías registradas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en esta región suman 4234 kilómetros, agrupando la red nacional, departamental y vecinal, los caminos desarrollados por privados o grupos no identificados aglutinan más de 12.660 kilómetros de vías.
Estos caminos ilegales, informales o no registrados han crecido un 25% desde 2022, según ha identificado un estudio desarrollado por la organización indígena ORAU y ProPurús, gracias al uso de imágenes satelitales que será presentado el 29 y 30 de marzo en Pucallpa y al que Convoca.pe accede en exclusiva.
Además de usar información satelital y obtenida a través del trabajo de campo durante años, esta investigación cruza fuentes oficiales como Geobosques, del Ministerio del Ambiente; la plataforma de información de Osinfor; Global Forest Watch; y SISCOD, de Devida.
Este estudio demuestra que Ucayali es el departamento de la Amazonía peruana con más vías privadas o desarrolladas por grupos no identificados, bien sean de uso forestal, agrícola u otros usos relacionados con economías ilícitas.
La mayoría de vías construidas por terceros son caminos forestales, que suman 9.253 km, tanto dentro de comunidades nativas como concesiones forestales. Un dato resaltante de este estudio es que hay más de 100 kilómetros de vías forestales construidas sin ningún título habilitante.
Les siguen los caminos de uso agrícola (1 919 km) y los de “otros usos” (1 487 km), demostrando que existen vías construidas por empresas, pobladores o actores del crimen organizado sin control por parte del Estado. Las tres categorías de caminos fuera del sistema del MTC suman 12.660 kilómetros.
Según este estudio, son 119 las comunidades afectadas por la construcción de carreteras forestales de todo tipo. “En algunos casos, se ha identificado que antiguos caminos forestales en territorios comunales son reabiertos para ser usados como pistas de aterrizaje clandestinas”, afirma el informe.
Las imágenes satelitales muestran cómo estos caminos fuera de la red vial se ramifican y extienden como tentáculos por la selva ucayalina con una especial predilección por las zonas transfronterizas, evidenciando su posible conexión con economías ilícitas.
En el departamento de Ucayali, la red nacional, departamental y vecinal, según cifras oficiales del MTC a mayo de 2023, suma 4 234 kilómetros, un kilometraje que ha crecido un 37% desde el último estudio realizado por ORAU, ProPurús y DAR en 2022.
El estudio demuestra cómo esta red estatal termina legalizando a largo plazo estos caminos ilegales o informales. Un caso claro es el de la carretera UC-105, que pretende unir la provincia de Atalaya, en Ucayali, con Brasil. Esta carretera de 184 kilómetros, que el proyecto de ley 6960-2023 quiere declarar de interés público, usa el trazado de caminos ilegales e informales abiertos por madereros y empresas extractivas.
Esta es la historia de varias regiones de la Amazonía, en la cual caminos abiertos de manera informal terminan legalizándose con el paso de los años y convirtiéndose en rutas regionales o vecinales”, explica a Convoca Ciro Salazar, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS).
Este experto en el impacto social y ambiental de infraestructuras advierte que la proliferación de caminos en zonas de frontera y su posterior legalización en carreteras brinda a los actores ilegales mayores alternativas de aprovisionamiento de insumos y de exportación. “Ellos utilizan caminos forestales, narcoavionetas y vías fluviales en zonas de frontera y si se construye una infraestructura pública de conectividad evidentemente la van a usar”, explica.
Se ha identificado que antiguos caminos forestales en territorios comunales son reabiertos para ser usados como pistas de aterrizaje clandestinas”
Nueva Italia-Breu, una ruta usada por madereros y traficantes
Esta vía, que conectaría Bolognesi, capital del distrito de Tahuanía, con la localidad de Nueva Italia y posteriormente con Puerto Breu, capital del distrito de Yurúa en la frontera con Brasil, originalmente se trataba de una vía habilitada por la empresa petrolera Oxy en los años 80. La vía fue posteriormente usada por la empresa maderera Forestal Venao en la década de 1990, que la usó para la extracción de caoba desde las tierras de las comunidades nativas asháninkas, asentadas en esta zona fronteriza con Brasil.
Luego de los reclamos de las comunidades por presuntos abusos de la empresa y de incidentes internacionales con Brasil, al detectarse trabajadores de la empresa extrayendo madera más allá de la frontera, la Forestal Venao se retiró, por lo que la vía quedó en desuso y desapareció devorada por la selva. Algunos tramos de la vía fueron reforestados por las comunidades, con la esperanza de recuperar el valor de sus bosques.
A inicios de los años 2000, un tramo de la carretera, que va desde Nueva Italia hasta el río Sheshea empezó a ser rehabilitada, principalmente para dar facilidades logísticas a la empresa Petrominerales, que realizó un descubrimiento de petróleo en la comunidad nativa Parantari, en la cuenca del Sheshea.
Sin embargo, en los últimos años, luego del proceso de otorgamiento de concesiones forestales en la zona, la carretera ha sido reabierta por madereros, pero aprovechada rápidamente por agricultores cocaleros, traficantes de tierras, narcotraficantes y otros grupos criminales.
A pesar de su estado precario, descrito como una "trocha transitable en regular a mal estado", según el Plan Vial Departamental de Ucayali, la carretera facilita el acceso a zonas remotas de la Amazonía, lo que ha generado una serie de impactos negativos.
En 2022 la carretera fue incluida en el Sistema Nacional de Carreteras de Perú y reclasificada como parte de la "Red Vial Departamental" con el código UC-105, lo que ha intensificado aún más el debate.
14 pueblos indígenas afectados
La carretera UC-105, tanto su primer tramo como el segundo, afecta a 22 comunidades nativas de 14 pueblos indígenas, entre ellos el shipibo-konibo, asháninkas, amahuacas, yaminahuas, yanesha y murunahua, entre otros, según explica a Convoca Leslie Guimaraes, representante de la Organización Aidesep Ucayali (ORAU). Además, esta vía está próxima a la Reserva Indígena Murunahua, territorio que protege a pueblos no contactados o en aislamiento como el Mashco Piro, Chitonahua y Amahuaca.
“Nosotros hemos advertido en muchas oportunidades al Estado sobre este potencial riesgo del incremento de actividades ilícitas alrededor de toda esta ruta por presencia de cultivos de coca, deforestación y evidencias de pistas de aterrizaje clandestinas”, explica Guimaraes. “Nosotros desde ORAU creemos que esta ruta no solo favorecería el traslado de la droga hacia la frontera con Brasil, sino también el abastecimiento de insumos y la exportación de las economías ilícitas”.
Leslie Guimaraes expone que no todas las comunidades indígenas afectadas por el trazado de esta carretera están tituladas ni georreferenciadas, con lo que podrían convertirse en víctimas del tráfico de tierras. “Para nosotros esto es un problema grave, porque sin seguridad territorial nuestras comunidades estarían expuestas a invasiones, tráfico de tierras y actividades ilícitas como la tala o el narcotráfico, que ya son evidentes en la zona”.
Nosotros desde ORAU creemos que esta ruta no solo favorecería el traslado de la droga hacia la frontera con Brasil, sino también el abastecimiento de insumos y la exportación de las economías ilícitas”
BID niega financiación
En una reunión llevada a cabo en Lima el 14 de abril de 2023 en las oficinas del BID, los representantes de la organización indígena ORAU expusieron los impactos de la carretera ante los principales funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El punto que destacaron fue la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas dedicadas al narcotráfico a lo largo de la ruta y cómo las plantaciones de coca se habían expandido con la apertura ilegal de la vía en el año 2021. Las pistas fueron identificadas por la Asociación ProPurús en el 2019 y luego sucesivamente reportadas por el Gobierno Regional de Ucayali, medios periodísticos e informes técnicos.
Convoca ha accedido al intercambio de cartas entre la organización indígena ORAU y el BID sobre la UC-105. El BID envió una carta (Nº O-CAN/CPE-810/2023 a ORAU) indicando que no financia esta carretera. La misiva literalmente establece que “Respecto al proyecto vial Vía Bolognesi – Túpac Amaru – Nuevo Italia – Puente Sheshea, tal como fue comentado durante la reunión, confirmamos que el BID no tiene previsto financiamiento para el mencionado proyecto.”
Sin embargo, ORAU consultó a ProVías Decentralizado y, a través de una carta, esta institución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respondió el pasado mes de noviembre que el proyecto PROREGION 2 está financiado por el BID y por la Corporación Andina de Fomento (CAF), y éste incluye el asfaltado del primer tramo de la carretera UC-105.
El 12 de marzo de 2025, mediante carta CAN/CPE-395/2025 el BID nuevamente comunica a ORAU que “... después de haber llevado a cabo las consultas pertinentes con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), nos permitimos comunicarles que pavimentar la ruta departamental con código Nº UC-105 (ruta Pucallpa – Nueva Italia – Sawawo – Breu, del departamento de Ucayali) no forma parte de las obras a ser financiadas en el marco del “Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional (PROREGION 2, PE-L1279)”, y bajo el cual no se tiene previsto financiar obras viales en el departamento de Ucayali”.
Ante las reiteradas negativas del BID, la organización ProPurús ha enviado una nueva carta a este organismo para informarle de la respuesta de Provías y volver a preguntar si esta polémica carretera cuenta con financiamiento de esta entidad internacional.
*Con información de Jhonny Salazar e Iván Brehaut
El MTC ha informado a la organización indígena ORAU que el primer tramo de esta polémica carretera está financiado por el BID y la CAF"