“Ante una crisis, los primeros que salimos relegados somos las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad”, constata Déborah Grández Seminario, directora de la organización peruana “Capaz“, una asociación de personas con discapacidad. La decisión de Trump de suspender la ayuda exterior durante 90 días “para revaluar y realinear” la cooperación supone para Capaz cerrar sus proyectos educativos, culturales y de promoción del empleo. 

Esta pequeña institución recibe de forma indirecta apoyo de la Agencia de EE.UU. para la Cooperación Internacional (USAID). “Esta decisión afecta seria y directamente al colectivo de personas con discapacidad”, dice Grández a Convoca. “Todos los proyectos se han cortado de golpe y han mandado liquidar a todos los trabajadores”. 

A pesar de que esta “evaluación” a la que la administración Trump quiere someter la cooperación estadounidense es temporal, organizaciones pequeñas como Capaz no pueden afrontar los gastos fijos que supone este parón “Las ONG, al tener un enfoque con responsabilidad social un poco más activo, emplean a personas con discapacidad, no solamente en actividades operativas o técnicas, sino también muchos abogados o contadores con discapacidad, que forman parte del núcleo de la gestión de un proyecto, también se quedan sin empleo”, agrega la directora de Capaz, recordando que en Perú hay más de 3 millones y medio de personas con discapacidad y sólo una de cada 10 tiene trabajo. 

Programa artístico de Capaz, una organización peruana que se sostiene indirectamente con fondos de EE.UU. 

Mientras tanto, Marcos Rubio, Secretario de Estado de Trump, defiende la medida con tres preguntas a las que se someterán los programas de ayuda exterior, que serán claves para esta purga: “¿Hace que Estados Unidos sea más seguro?, ¿Hace que Estados Unidos sea más fuerte?, ¿Hace que Estados Unidos sea más próspero?”. 

En 2024, Estados Unidos destinó 13 mil 900 millones de dólares a ayuda humanitaria global. Además, en 2024 el Congreso de EE.UU. aprobó un adicional de 95 mil millones en ayuda a Israel, Egipto y Ucrania, país al que destinó 61 mil millones en ayuda militar. Solo la cooperación en defensa a Israel y Egipto y los programas de alimentos de emergencia han quedado fuera de esta suspensión. 

La Administración Trump ha cortado toda la ayuda exterior, tanto la tramitada a través de todas las agencias de ayuda internacional estadounidense como USAID como la gestionada directamente por el Departamento de Estado, fundamental para el financiamiento de programas de fortalecimiento democrático y de libertad de prensa. 

De momento, en el caso de Capaz, Deborah Grández denuncia a Convoca que USAID en Perú ya ha retirado de su web información sobre proyectos y materiales de apoyo a personas con discapacidad, algo que le hace albergar pocas esperanzas de que tras 90 días la administración Trump reanude esta línea de financiamiento. 

Otros fondos, como los destinados a la lucha contra el cambio climático o los derechos de las personas LGTBI+ también están entre los primeros candidatos a ser sacrificados en esta purga que somete a una evaluación política la ayuda al desarrollo. 

Suspendidos programas contra el cambio climático y defensa de DDHH

Perú es el tercer país de América Latina que más ayuda recibe de Estados Unidos, después de Colombia y Venezuela, según datos de USAID. En 2024, la ayuda exterior estadounidense sumó 134 millones, de los cuales 117 se ejecutaron a través de USAID y 14 millones a través del Departamento de Estado. Según la cancillería peruana, hasta 2030 Perú esperaba recibir más de 630 millones de dólares.  

En el caso de USAID, en 2024 la mayor cantidad de ayuda se canalizó en el rubro de “respuesta a emergencias”, casi 31 millones de dólares. Le siguen proyectos de apoyo a la protección del medioambiente, con 30 millones, y proyectos de agricultura y salud, entre otros. 

El congelamiento de estos fondos afecta a los seis ejes que trabaja esta agencia: Desarrollo Sostenible; Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza; Medio Ambiente; Migración; Seguridad Sanitaria Mundial y Asistencia Humanitaria.

Solo por dar algunos ejemplos, en Desarrollo Sostenible hay numerosas iniciativas con agricultores de Ayacucho, Junín, Cusco y Apurímac que se han detenido de golpe, afectando a pequeños productores de café, cacao, quinua y otros cultivos alternativos a la coca. 

En Medio Ambiente queda paralizado el Programa Regional Ambiental para la Amazonía, que ayudaba a combatir las amenazas transfronterizas a la conservación en Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Surinam o Guyana. Este programa involucra varios proyectos a favor de la conservación y contra el cambio climático que, considerando que Trump es negacionista, podrían ser afectados por esta purga una vez finalizados los 90 días de evaluación. 

En Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza, toda la ayuda que contribuía a la lucha contra la corrupción se queda en pausa, al igual que la protección de los Derechos Humanos, que según la propia web de USAID “fortalece la capacidad de los pueblos indígenas, afroperuanos, la comunidad LGBTQI+ y otros grupos vulnerables o marginados para defender sus inquietudes y acceder a servicios de justicia”. 

Del mismo modo, pueden verse afectadas las ayudas para migración –incluida la trata de personas y el destino de los refugiados-, seguridad sanitaria mundial –Trump ha propuesto la salida de Estados Unidos de la OMS-, y asistencia humanitaria. 

En el caso de la lucha contra la trata de personas, los fondos estadounidenses financian capacitaciones a jueces y fiscales y también apoyan los albergues para víctimas de trata. 

Otro de los ítems que está en riesgo es la libertad de prensa. USAID y, sobre todo, el Departamento de Estado, financian históricamente fondos para contribuir a medios libres y becas de formación periodística.

 
Además de a programas estatales, la suspensión de la ayuda exterior ha afectado en Perú a más de 60 ONG y asociaciones del tercer sector, según la Cancillería.  Convoca ha tratado de obtener la opinión de varias organizaciones en Perú y en Estados Unidos financiadas con fondos estadounidenses pero han optado por no declarar ante la actual situación de incertidumbre.