Un cambio sin precedentes en el caso de Perú ocurrió la semana pasada durante el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá. La audiencia para exponer la situación de la independencia judicial, que siempre ha sido pública, se realizó de forma reservada. 

Convoca.pe confirmó que dos días antes, en el calendario de la página web de la institución supranacional, se podía leer que la reunión estaba prevista para las 4 de la tarde del martes 27 de octubre, e incluía los nombres de los participantes. 

Allí figuraban la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal, que eran los peticionarios, así como el Estado peruano. Además, acudirían representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Relatoría especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados. Ese detalle desapareció cuando el estatus cambió a un encuentro privado.

En un inicio la CIDH agendó la audiencia sobre la situación de la independencia judicial como pública, pero dos días antes se cambió a privada.

De acuerdo al artículo 68 del reglamento de la CIDH, cuando hay circunstancias excepcionales que lo justifiquen, una audiencia pública se reserva sea por iniciativa propia de la Comisión o porque alguna de las partes lo soliciten. La práctica de esta institución es que restringe la publicidad de una sesión cuando hay riesgo para los declarantes o las personas afectadas. 

En este caso, los peticionarios solicitaron la audiencia pública hace varios meses, pero dos días antes de realizarse, se convirtió en reservada. Y esta modificación coincidió con el recrudecimiento de la persecución a jueces y fiscales que no aplican las leyes de impunidad para casos de derechos humanos, quienes fueron denunciados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y algunos ya han sido sancionados.

Casos concretos de persecución
La Comisión habría convenido el cambio del tipo de audiencia, entendiendo los riesgos que podrían asumir cualquier operador de justicia que hubiera expuesto en la audiencia, como le pasó al juez Oswaldo Ordóñez Alcántara, a quien la JNJ no ratificó en el cargo porque el 2024 advirtió a la CIDH sobre la falta de independencia judicial en país, así como el papel que jugó el Congreso para la aprobación de las conocidas como leyes pro crimen. La lista de operadores de justicia sometidos a disciplina o sancionados por no aplicar leyes de impunidad, crece cada vez más y permite ver que hay un patrón con ese fin. 

El juez Oswaldo Ordoñez fue sancionado por la Junta Nacional de Justicia.

En esa oportunidad, Ordoñez intervino en su calidad de presidente de la Asociación de Magistrados del Perú, y miembro del Consejo Asesor de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM). Pero ello no fue respetado por la JNJ.

Ese mismo año, en otra audiencia de la CIDH, el cardenal Pedro Barreto, como integrante de la sociedad civil advirtió sobre la fragilidad del sistema de justicia y la falta de transparencia en la elección de miembros de la JNJ. Ello le motivó críticas y calificativos como “intromisión política” y tildándolo de “cardenal caviar”.

Otro tema es la espada de Damocles que pesa sobre los organismos de derechos humanos con la llamada Ley APCI. En la Ley N° 32301, que la modifica, cambia el artículo 21, literal C, de infracciones muy graves. En el punto 2 precisa que constituye uso indebido utilizar de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron previstos, por lo que no puede “asesorar, asistir o financiar de cualquier forma o modalidad acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano”.

La resolución contra el juez Ordoñez es una muestra fehaciente de que el Estado no acata el artículo 63 del reglamento de la CIDH por el cual se compromete a tomar represalias contra los peruanos que participen ante el tribunal interamericano.

Cuando se pidió la audiencia pública, los jueces y fiscales habían aplicado el control de convencionalidad, pese a las persecuciones de la JNJ, sin embargo, esta semana se conoció que el fiscal Jesús Dávila archivó la investigación de las esterilizaciones forzadas de la década del 90, pese a señalar que conforman un delito de lesa humanidad. Decidió aplicar la ley de prescripción de este delito para los cometidos antes del 1 de julio del 2002.

Alerta de comisionada de la ONU
El mismo día de la audiencia, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados, Margaret Satterthwaite, publicó en su cuenta de X un hilo por el que hizo pública su carta enviada al Estado peruano expresando su preocupación por las amenazas a la independencia judicial y la desprotección de los magistrados.

“Ahora Público: mi comunicación al Gobierno del #Perú sobre las amenazas a la independencia judicial, incluidas las presiones políticas contra el magistrado de la Corte Suprema Jorge Luis Salas Arenas, las amenazas de represalias contra jueces y juezas por sus decisiones y los procedimientos disciplinarios contra quienes aplican el derecho internacional de los derechos humanos en casos de graves violaciones”, escribió.

Asimismo, instó “a las autoridades a proteger a las juezas y los jueces frente a la intimidación y las injerencias indebidas, y a garantizar que puedan ejercer sus funciones con independencia y sin temor a represalias”.

En su cuenta de X, la relatora de la ONU Margaret Satterhwaite instó al Estado peruano a proteger a los jueces frente a injerencias indebidas.

La situación de la búsqueda de personas desaparecidas

La audiencia que sí se realizó de forma pública fue la sesión en que se evaluó cómo se está llevando a cabo la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, entre 1980y 2000. Se programó a petición de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil).

Gloria Cano, de Aprodeh, precisó que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), existen 22,551 personas que figuran como desaparecidas, y hay información sobre 5,100 lugares de entierro, la mayoría en Ayacucho.

"Desde que ocurrieron las desapariciones los familiares de las víctimas han realizado una búsqueda incansable para dar con el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, por décadas el aparato estatal no realizó acciones para localizarlos. Por el contrario, desde instancias estatales ha persistido el discurso negacionista sobre estas prácticas", refirió. 

Gloria Cano, de Aprodeh, y abogadas de CEJIL, expusieron ante la CIDH las limitaciones que existen para hallar a los desaparecidos durante la violencia política.

Agregó que persisten dificultades para garantizar una búsqueda humanitaria efectiva. Y al respecto, expuso Gisela Ortiz, cuyo hermano fue uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta secuestrados y asesinados por el Destacamento Militar Colina. Señaló que los sucesivos gobiernos no han dado prioridad a la búsqueda de personas desaparecidas. 

Sostuvo que, incluso, se ha reducido el presupuesto para la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Marly Anzualdo, hermana del joven universitario desaparecido en Lima, pidió a la CIDH que requiera al Estado peruano que esta dirección, así como las fiscalías de derechos humanos, cuenten con un presupuesto suficiente para su trabajo. Remarcó también que se entregue la información de las fuerzas del orden que ayude en las búsquedas humanitarias, y facilite el ingreso a sitios de entierro ubicados en instalaciones estatales, entre otras demandas.

"No cesaremos nunca de buscar, no dejaremos que empañen la memoria. Seguiremos de pie, luchando hasta encontrarlos", finalizó Anzualdo.