La urbanista e investigadora parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC Liliana Miranda advirtió sobre los escenarios climáticos extremos que amenazan al Perú y cuestionó la falta de información preventiva para la ciudadanía. En una nueva edición de Convoca en Vivo, conducida por la periodista Milagros Salazar, la especialista advirtió que estamos ante un Niño descomunal.

También estuvo en el programa la abogada de derechos humanos de DEMUS, María Ysabel Cedano, quien alertó sobre las presiones del fujimorismo a jueces para aplicar la Ley de Impunidad, un contexto que ha marcado la decisión fiscal de declarar prescritos los delitos en el caso de las esterilizaciones forzadas, poniendo en riesgo el acceso a la justicia de miles de mujeres. Cedano anunció que irán a instancias internacionales.

El Niño: “El nivel de riesgo al que nos vamos a enfrentar es descomunal”

La posibilidad de lluvias intensas e inundaciones en Lima, el incremento de las temperaturas, los riesgos sanitarios y la ocurrencia simultánea de emergencias en distintas regiones del país requieren una respuesta preventiva urgente. Así lo advirtió Liliana Miranda, urbanista y miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), durante una edición de Convoca en Vivo.

Se empezaron a presentar lluvias en inundaciones en el norte peruano como parte de los efectos del Fenómeno de El Niño

Miranda sostuvo que las señales de preparación frente al fenómeno de El Niño son insuficientes y alertó sobre la magnitud de los riesgos que podrían enfrentar las ciudades y las poblaciones vulnerables.

“Estamos en un territorio desconocido. La alerta debería ser masiva”, advirtió. Según explicó, las lluvias podrían afectar viviendas y zonas urbanas que anteriormente no registraban daños de esa magnitud. También alertó sobre la posibilidad de inundaciones en Lima y sostuvo que la ciudad podría colapsar ante precipitaciones intensas si no cuenta con las medidas de prevención necesarias.

La urbanista señaló que la emergencia no se limitaría a las lluvias. Entre los peligros que requieren atención mencionó los vientos fuertes en la costa, la posibilidad de fenómenos meteorológicos severos y el incremento de enfermedades asociadas a las condiciones ambientales y sanitarias. También advirtió sobre la persistencia de las sequías y los incendios forestales, que podrían coincidir con otras emergencias en diferentes partes del país.

“Hay una serie de consecuencias y problemas en paquete. Esta es parte de una nueva realidad en la que vivimos”, afirmó.

Miranda cuestionó que las autoridades no estén comunicando de manera suficiente los riesgos y las medidas que la población debe adoptar para protegerse. Consideró que el Ministerio de Salud y los gobiernos deberían difundir recomendaciones preventivas, especialmente para las personas con enfermedades respiratorias y otras condiciones que podrían agravarse durante una emergencia.

La especialista también instó a las familias a preparar mochilas de emergencia, proteger sus pertenencias y contar con reservas de agua. Como parte de las medidas domésticas, recomendó disponer de suministros básicos y adoptar acciones para reducir el ingreso de agua a las viviendas, según las características de cada inmueble.

En el ámbito urbano, refirió que la preparación debe incluir inversiones en drenaje y otras infraestructuras para reducir los impactos de las lluvias. En ese contexto, mencionó los recursos destinados a estas intervenciones y la necesidad de que las inversiones se traduzcan en medidas concretas de protección para la ciudadanía.

La adaptación, agregó, no debe limitarse a la respuesta inmediata ante una emergencia. También requiere invertir en las viviendas, los barrios, la pesca y la agricultura para enfrentar las nuevas condiciones climáticas. “Tenemos que ser conscientes de que esta es la nueva realidad”, señaló Liliana Miranda a Convoca.

Expuso sus dudas sobre la capacidad de respuesta del Gobierno nacional y remarcó que las autoridades entrantes deben priorizar las medidas de contención. A su juicio, la existencia de planes de contingencia no es suficiente si estos no se traducen en acciones oportunas antes de que ocurran los desastres.

Esterilizaciones forzadas: advierten que la prescripción amenaza el acceso a la justicia

Mientras el país enfrenta los riesgos climáticos, las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori afrontan una nueva amenaza para sus procesos judiciales. María Ysabel Cedano, abogada de derechos humanos de DEMUS, cuestionó la decisión fiscal que considera extinguida la acción penal por aplicación de las reglas de prescripción y anunció que recurrirán a las instancias internacionales para apelar.

Han sido más de 16 años de procesos legales en torno a las denuncias por las esterilizaciones forzadas 

Cedano expresó su solidaridad con las más de 7.000 mujeres registradas como víctimas y advirtió que no todas han logrado avanzar en sus procesos para obtener justicia. La abogada comentó que la decisión podría incrementar la preocupación y la incertidumbre de las mujeres que acuden al Ministerio Público en busca de una respuesta judicial.

La defensora aseveró que existen elementos para sostener que las esterilizaciones forzadas respondieron a una política estatal dirigida contra mujeres con determinadas características sociales y territoriales. Según explicó, la investigación no debe limitarse a los profesionales que realizaron los procedimientos médicos, sino que también debe examinar la responsabilidad de las autoridades que habrían conocido la política y permitido su ejecución.

En ese sentido, señaló que la investigación identifica a 52 presuntos responsables y que los hechos deben analizarse considerando la existencia de una cadena de mando y las responsabilidades que podrían alcanzar a funcionarios de distintos niveles.

Cedano acotó que la decisión fiscal presenta graves problemas de interpretación del derecho, particularmente respecto de la aplicación de las normas sobre prescripción a hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La abogada cuestionó que se otorgue prevalencia a una interpretación de las normas internas que, a su juicio, desconoce las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos. También invocó los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada, para argumentar que no corresponde aplicar mecanismos de prescripción o amnistía que impidan investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos.

“Tenemos un Estado que borra de un plumazo la ley internacional”, afirmó Cedano a Convoca. Remarcó sobre el contexto político en el que se desarrolla el proceso. “Las organizaciones de derechos humanos habían alertado acerca de las presiones que podrían sufrir jueces y fiscales por parte del Congreso, así como de las consecuencias de normas que, desde su perspectiva, dificultan la investigación de violaciones de derechos humanos”, dijo.

Mujeres indígenas y andinas, las principales afectadas

Mujeres de 22 regiones del Perú sufrieron esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori

La abogada criticó los prejuicios racistas y machistas que, según sostuvo, estuvieron presentes en la política de esterilizaciones forzadas. Señaló que las mujeres indígenas y andinas fueron afectadas por intervenciones que deben analizarse en el contexto de las relaciones de discriminación y desigualdad que existían en el país.

Iindicó que la investigación comprende a mujeres de más de 22 regiones del Perú y mencionó que en departamentos como Cusco y San Martín se registra un número elevado de agraviadas. La investigación más reciente duró dos años y comprendió diligencias como la toma de testimonios en distintas regiones, la traducción para las víctimas, la recopilación de historias clínicas y la realización de peritajes psicológicos. Comparó ese trabajo con una investigación anterior que, según indicó, se prolongó durante 16 años.

A su juicio, la decisión cuestionada pone en riesgo los avances alcanzados después de décadas de lucha de las víctimas y del movimiento feminista para que estos hechos sean investigados.

¿Qué acciones tomarán las víctimas?

Cedano anunció que las organizaciones de derechos humanos impugnarán la decisión fiscal ante las instancias correspondientes y que buscará que se evalúen las obligaciones internacionales del Estado peruano. Añadió que también recurrirán a los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos para denunciar lo ocurrido y solicitar su intervención, de acuerdo con las vías procesales disponibles.

La abogada sostuvo que la aplicación de la prescripción no debe cerrar el camino hacia la justicia y advirtió que el debate no se limita a una controversia jurídica: compromete los derechos de miles de mujeres que esperan que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades.

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