Las víctimas de esterilizaciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori no aceptan la decisión de la Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos de archivar la investigación aplicando la ley de impunidad. Han decidido acudir a instancias superiores a nivel nacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel internacional, a fin de alcanzar justicia.

El asesor legal del Centro de Derechos Reproductivos, Esteban Madrigal, que junto a Demus y CEJIL, representan a Celia Ramos, una de las 5 víctimas fallecidas incluidas en la investigación, anunció a Convoca.pe que el lunes a más tardar elevarán los actuados en el Ministerio Público, a fin de que las autoridades reconsideren la decisión de negar justicia a 4,172 mujeres sometidas a esterilizaciones forzadas.

Calificó de contradictorio que en su resolución de archivo, el fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas haya reconocido que se trata de graves violaciones a derechos humanos, que se cometieron con el conocimiento de las más altas autoridades y de forma masiva y sistemática buscando alcanzar cuotas de esterilizaciones, y que sin embargo, haya archivado el caso.

"Para las víctimas, esta decisión implica un nuevo obstáculo en su búsqueda de acceso a la justicia, un nuevo retroceso en el proceso y un nuevo incumplimiento del Estado sobre la justicia", acotó.

Lo que debió hacer, como establecieron al menos cinco jueces en otros casos, es invocar al control de convencionalidad y no aplicarla la ley que establece la prescripción de lesa humanidad a los casos cometidos antes del 1 de julio del 2002, dictada el año pasado por el Congreso.

Precisamente uno de los 52 beneficiados con esta decisión fiscal es el senador fujimorista Alejandro Aguinaga, por su rol como ministro de Salud. En el anterior Parlamento Aguinaga votó a favor de la norma que hoy lo beneficia, tanto en la Comisión de Constitución como en el pleno. 

El actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga estaba incluido en la investigación por las esterilizaciones forzadas por su papel como ministro de Salud.

Corte IDH: acción de supervisión

Madrigal agregó que esta semana informarán a la Corte IDH de la resolución fiscal, que en marzo de 2026 condenó al Estado peruano por la muerte de Celia Ramos en 1997, tras haberse sometido a una operación de ligadura de trompas en el marco de las esterilizaciones forzadas. Por ese motivo Perú está en está en etapa de supervisión de sentencia.

En su fallo, la Corte precisó que por tratarse de una grave violación a los derechos humanos no se puede aplicar ningún tipo de prescripción ni amnistía. Asimismo, requirió al Perú a cumplir con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

Asimismo, señaló que está probado que las esterilizaciones forzadas del régimen de Alberto Fujimori no fueron un hecho aislado, sino que formó parte de una política de Estado dirigida a mujeres en situación de probreza, campesinas y de comunidades indígenas

Cabe recordar que el mismo tribunal supranacional se ha pronunciado en la misma línea en los casos Barrios Altos y La Cantuta, indicando que las leyes de impunidad van contra el compromiso del Estado peruano de respetar los estándares internacionales de derechos humanos.