Hace unas semanas, y en medio del proceso de vacancia del expresidente Pedro Castillo, la empresa inmobiliaria de Sada Goray Chong confesó que entregó S/ 4 millones al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Aseguró que fue “extorsionada” por este exfuncionario para obtener una resolución favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) que le permitiría reafirmar la propiedad sobre un terreno de 90 hectáreas. El predio antes le pertenecía a la Comunidad Campesina de Chilca y luego de una serie de transferencias ella y un grupo de empresarios lo adquirieron y revendieron por más de US$ 48 millones.

Las primeras informaciones ponen a Goray como la única beneficiaria de estos actos. Sin embargo, lo real es que ella actuó en representación de otros tres empresarios, quienes se han mantenido en la sombra hasta el momento y que, con este movimiento, lograron multiplicar su inversión inicial.

Sada Goray, la empresaria que acusó extorsiones para apropiarse de un terreno del Estado, parece que no dijo toda la verdad. Foto: Difusión.

Confesión nada sincera

La noticia de que Goray Chong sacó beneficio del gobierno de Pedro Castillo para sus intereses empresariales no es nueva. En octubre el programa dominical Cuarto Poder expuso las influencias que Goray habría movido para obtener una resolución favorable de la SBN, que la habilitaría a desarrollar un proyecto inmobiliario sobre su extenso terreno.

Y es que la Fiscalía sospecha que esta empresaria aportó dinero a la campaña de Pedro Castillo, a quien conoció a través de Marrufo. Incluso se señala que habría asistido a la casa de Sarratea, donde el mandatario se reunía con gente de su confianza y empresarios. Ese caso, conocido como “El gabinete en las sombras”, ya es investigado y Marrufo lo sigue en prisión preventiva.

De acuerdo con una entrevista que el ex director de Gestión de Patrimonio Estatal (DGPE) de la SBN, William de la Vega, dio al dominical Cuarto Poder, la ex presidenta ejecutiva de esa entidad, Cinthia Rudas, le indicó que debía interesarse por el caso de Sada Goray. Esta solicitaba que la entidad estatal reconociera a su favor una superposición en el terreno de 90 hectáreas que ella y tres socios más habían comprado en la zona de Chilca, en la provincia de Cañete (Lima). 

El terreno que Goray y sus otros tres socios compraron se ubica a la altura del Km 50 de la Panamericana Sur, en la provincia de Cañete: Foto: Convoca.

El problema es que existen dos casaciones de la Corte Suprema que señalan que esos terrenos pertenecen a la Comunidad Campesina de Chilca y que ningún acto administrativo puede cambiar dicha decisión.

A pesar de esto, Rudas y Marrufo insistieron. De la Vega contó que mandó a realizar un estudio topográfico y se determinó que el terreno pertenecía a la comunidad. Finalmente dio una opinión negativa y por ese motivo fue destituido, según dijo al programa dominical. Luego otros cuatro funcionarios hicieron lo mismo al notar que, si cedían, cometerían un acto ilegal. 

Al final, quien sí tomó una posición favorable para Goray fue Marina Subiría Franco, quien fue nombrada como directora de la DGPE por Rudas. Y en abril de este año firmó la resolución Nº 049-2022/SBN-DGPE que autorizó la rectificación de áreas y linderos, que fue ratificada por la SBN el 8 de junio mediante la resolución Nº 072-2022/SBN-DGPE.

La resolución por la que Goray admitió que pagó S/ 4 millones se hizo en base a un informe que elaboró su socia y amiga Flor Olivera. Foto: Convoca

Cabe precisar que los informes en los que se basaron ambas resoluciones fueron emitidos por la abogada Flor Olivera Orellana, contratada por la SBN específicamente para revisar la solicitud de Goray Chong. Pero Olivera debió inhibirse, ya que es amiga y socia de Goray. Ambas crearon la empresa Inmobiliaria Nueva Chiclayo.

Flor Olivera y Sada Goray son amigas de años y socias en la empresa Inmobiliaria Nueva Chiclayo. Foto: Difusión.

La otra parte de la historia

A pesar de estos vicios y evidencias, la empresaria aseguró que fue extorsionada por los funcionarios de confianza de Pedro Castillo. Pero con el transcurso de los días esta tesis va perdiendo fuerza. Más aún cuando tras revisar el proceso de compraventa del terreno, Convoca pudo evidenciar que existía un gran interés y necesidad, no solo de Sada Goray, sino también de sus otros tres millonarios socios.

La historia empieza en 2015, cuando Gianpiero Ubaldo Ottavio Boccacci Fernandez, presenta una escritura pública fechada con el 24 de setiembre del 2004, en la que señala que adquirió 90 hectáreas a la Comunidad Campesina de Chilca en la provincia de Cañete, por una valor de apenas 35 mil dólares. En julio del 2017, sin embargo, Boccacci Fernández declaró que los verdaderos dueños del predio eran su hermano Luigi y su esposa Jacqueline Cuculiza Merino. Así, la propiedad cambió en la partida registral de Registros Públicos y les fue transferida a estos.

En septiembre del 2018, Luigi Boccacci y Jacqueline Cuculiza vendieron el terreno a Martín de Jesús Montoya Marcilla por 1 millón 123 mil dólares. Y apenas seis meses después, Montoya lo revendió a cuatro empresarios por US $ 18 millones 520 mil. Más de 529 veces el precio que se le pagó a la Comunidad de Chilca.

Estos cuatro empresarios son los hermanos Sada y Teisuke Mario Goray Chong, Juan Carlos Watanabe Goray y Sebastian Salem Sambuceti. 

La serie de transacciones que se realizaron en menos de 4 años en el terreno de 90 hectáreas. Fuente: Sunarp.

De Sada Goray ya se conoce bastante. Teisuke Goray es empresario y junto a su hermana Sada fundaron la empresa Selva Viva Park SAC, en la región San Martín. Igualmente, Juan Carlos Watanabe aparece como representante legal de la empresa MarkaGroup Norte SAC, también vinculada a Sada Goray. 

Sada y Teisuke son hermanos y socios, mientras que Watanabe es representante legal de una empresa de Sada. Foto: Convoca.

Pero el nombre más interesante en esta trama es el de Sebastian Salem Sambuceti. Se trata de un millonario empresario local, importante accionista del Banco Alfin (exAzteca) y reconocido golfista profesional. Es socio de Sada Goray en al menos dos empresas: una es Tu Techito Bonito SAC —que es el brazo marketero de los proyectos inmobiliarios de los Goray—, y la otra es Vgf Sss Sgc 3170 & 3257 LLC —creada en Florida, Estados Unidos, en el 2018. En esta aparecen como administradores Salem, Sada Goray y su madre, Violeta Chong viuda de Goray.

La última declaración anual de esta compañía es de enero de 2021. Sin embargo, ahora aparece como "inactiva".

En marzo de este año Salem, junto a su también socio Montoya Marcilla (quien les vendió el predio de 90 hectáreas) inyectaron 14 millones de soles a Banco Alfin, incrementando el capital social de Salem en dicha compañía en S/ 29,7 millones. Ambos, Salem y Montoya, poseen el 11.5% de todas las acciones de dicha entidad bancaria.

Sebastian Salem es un millonario inversionista, accionista del banco Alfin y socio de Sada Goray en dos empresas. Foto: Redes de Salem.

Buenos negocios

Tras la millonaria compra, los cuatro socios emprendieron la tarea de obtener la zonificación urbana de los terrenos en la comuna de Cañete y luego la independización definitiva de la Comunidad Campesina Chilca a través de la SBN.

La primera fue relativamente sencilla. En agosto del 2019, el municipio provincial de Cañete otorgó el Certificado de Zonificación y Vías para el terreno de los cuatro socios mediante la resolución de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural Nº 722-2019-GODUR-MPC. Y luego, en septiembre, la comuna emitió la resolución Nº 748 de la misma oficina aprobando el Certificado de Nomenclatura y Sección Vial para la propiedad. 

Lo más difícil fue lograr que la SBN apruebe la nueva delimitación de linderos, debido a la superposición de los terrenos de la comunidad campesina. Fue Sada Goray quien representó a sus socios en esta tarea, como ella misma ha señalado en entrevistas con la prensa. La primera solicitud se introdujo en julio del 2021 y fue declarada improcedente. Y en diciembre de ese año apeló y nuevamente fue rechazada. Solo con la influencia de Marrufo en el gobierno y pagando la coima de S/ 4 millones Goray logró que la SBN haga el cambio de linderos para que puedan reafirmar la titularidad sobre el terreno de 90 hectáreas.

Lima Bonita es un proyecto inmobiliario que la empresa Markagroup de Sada Goray impulsa en Cañete. Foto: Redes Markagroup.

Y es que los cuatro socios necesitaban con urgencia validar su derecho de propiedad sobre el predio. Habían firmado un contrato de opción de compra con la conocida inmobiliaria Centenario Desarrollo Urbano SAC, por una valor de 45 millones de dólares. En diciembre del 2019 Centenario les hizo un primer pago de US$ 15 millones por el 33,3% de la propiedad y en junio del 2021 la empresa obtuvo el control total por otros US $ 32,6 millones.

En el documento está la anotación de que este último monto aún no se había cancelado al momento de la transferencia de propiedad. Aún quedaba pendiente sanearlo con una resolución favorable de la SBN.

Lo cierto es que los cuatro empresarios lograron incrementar el valor de un terreno que pocos años atrás valía 35 mil dólares a casi 48 millones de dólares. Un negocio redondo.

Convoca intentó comunicarse con Sada Goray a través de su teléfono de contacto, pero se conoció que ya había salido del país. Enviamos un mensaje por correo electrónico a la cuenta de atención de su empresa inmobiliaria MarkaGroup. También escribimos a las cuentas en redes sociales de los empresarios Juan Carlos Watanabe y Teisuke Goray. Ninguno respondió hasta el cierre de este informe. Lo mismo pasó con Sebastian Salem, quien nos bloqueó en Facebook luego de enviarle una comunicación y presentarnos como periodistas de este medio. También enviamos un mensaje a su empresa Tu Techito Bonito SAC, aún sin respuesta.

La principal pregunta que queda pendiente es si, como beneficiarios directos de la decisión de la SBN, cooperaron o no con la bolsa de S/ 4 millones que su representante Sada Goray entregó a Salatiel Marrufo para sacar adelante su muy rentable negocio. Plantear esa interrogante ahora está en manos del Ministerio Público.