El Poder Judicial ordenó esta noche la prisión preventiva de 18 meses del expresidente Pedro Castillo y la comparecencia con restricciones del expremier Aníbal Torres Vasquez, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, en su intento de disolver el Congreso, instaurar un régimen de excepción y reorganizar las instituciones del sistema de administración de Justicia. 

El Poder Judicial ordenó la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo Terrones durante 18 meses, por los delitos de rebelión y conspiración, debido al intento de disolver el Congreso de la República e instaurar un régimen de excepción, ocurrido el último 7 de diciembre. Para el expremier Aníbal Torres, determinó la comparecencia con restricciones.

Aníbal Torres está obligado a cumplir reglas de conducta, como no ausentarse de la jurisdicción donde reside, realizar el control judicial el primer día hábil a de cada mes, el primero de los cuales será el 29 de diciembre. Debe concurrir a las citaciones del Ministerio Público, está prohibido de comunicarse con los investigados y testigos en la investigación y debe pagar una caución de 20 mil soles.

La Fiscalía apeló la comparecencia con restricciones de Aníbal Torres, mientras que la defensa de Castillo informó que apelará la detención y la de Torres señaló que también presentará una apelación.

La lectura de la disposición del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, duró poco más de dos horas, durante la cual se hizo un recuento de todo lo ocurrido desde la detención de Castillo, en caso de flagrnacia, ocurrida el 7 de diciembre último.

Por la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema realizó una audiencia de prisión preventiva, para escuchar los argumentos del Ministerio Público, la Procuraduría y la defensa de los investigados.

Casi al término de la audiencia, ingresó Aníbal Torres, quien se encontraba en la clandestinidad desde el 10 de diciembre pasado, luego de que el Ministerio Público lo incluyera en la investigación iniciada a Pedro Castillo. 

 

 

 

El expresidente Pedro Castillo permanece detenido, de forma preliminar, desde el 7 de diciembre, luego de que el Poder Judicial dispusiera que su detención fue legal y aceptara el requerimiento de la Fiscalía de la Nación, que lo investiga por el presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración, tras su intento de disolver el Congreso de la República.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Checkey Soria, dispuso la detención judicial por flagrancia de Castillo por el plazo de siete días al considerar que existe peligro de fuga del expresidente y de que pueda obstaculizar las investigaciones, al influir sobre los testigos y suprimir u ocultar elementos de convicción.

"... la detención policial del señor José Pedro Castillo Terrones es legal, habiéndose producido en flagrancia, por la presunta comisión del delito de Rebelión, y alternativamente, por la presunta comisión del delito de Conspiración, en ambos casos, en agravio del Estado; se cumplen los presupuestos procesales para el dictado de la detención preliminar por flagrancia, por el plazo de siete días...", señala la resolución judicial.

 

 

Castillo se encuentra en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), en el distrito limeño de Ate, junto a la sede de la Diroes, donde está preso el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, en relación a los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos.

Si Pedro Castillo es encontrado culpable de estos delitos, la condena que se le podría imponer sería superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, lo que conllevaría la reclusión en un establecimiento penitenciario. Por el delito de rebelión, la pena mínima es diez años de cárcel y la máxima 20 años.

El 7 de diciembre Castillo fue vacado por el Congreso de la República por incapacidad moral. Horas después, fue detenido por la Policía, en una avenida del centro de Lima, cuando se dirigía a la embajada de México a pedir asilo político. Esa misma tarde, la vicepresidenta Dina Boluarte juramentó en el Parlamento como nueva presidenta.

Castillo pidió asilo a México

El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que la solicitud de asilo político de Pedro Castillo les llegó la madrugada del jueves y que su gobierno ya inició las consultas con las autoridades peruanas.

Ebrard difundió en su cuenta de Twitter la solicitud de asilo que presentó el entonces abogado del expresidente, Víctor Pérez Liendo. El pedido se basa en "la persecusión infundada de órganos de justicia que han tomado un carácter político" y que pretenden procesarlo "por meros anuncios de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal".

Por la tarde, el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, visitó a Castillo en la sede de la Diroes y señaló que lo encontró bien físicamente, en compañía de su abogado.

Pedro Castillo
Abogado de Pedro Castillo presentó solicitud de asilo al gobierno de México, la madrugada del último jueves.

 

Fiscalía interrogó a exministros

Además de recabar las declaraciones de Pedro Castillo, la Fiscalía de la Nación recogió las declaraciones al excomandante General del Ejército del Perú, Walter Horacio Córdova Alemán; al exministro de Defensa, Emilio Gustavo Bobbio Rosas; y a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Betzabet Chávez Chino, según lo señalado en la Disposición Fiscal N°01 del 7 de diciembre de 2022.

También declararon los exministros de Relaciones Exteriores, César Landa; Economía y Finanzas, Kurt Burneo: Interior, Willy Huertas; Educación, Rosendo Serna; Salud, Kelly Portalatino; Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas; Producción, Eduardo Mora; Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; Energía y Minas, Oliverio Muñoz; Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo; Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua; Mujer y Poblaciones Vulnerables, Heidi Juárez; del Ambiente, Wilbert Rozas; y Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Robles.

 

Pedro Castillo
La Fiscalía tomará declaraciones a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y al exministro de Defensa, Emilio Gustavo Bobbio Rosas. Foto: Palacio de Gobierno

 

La Fiscalía también recabó los registros de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno y solicitará un informe a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la existencia o no de un acta de sesión del Consejo de Ministros previa a la emisión del último mensaje a la nación de Castillo.

 

Foto principal: Ministerio Público