Actualización 7 de marzo

Cinco horas de retraso y cambios de último minuto. Así se vivió el inicio de la audiencia del caso Ariana. La Corte Superior de Justicia de Lima reemplazó de forma sorpresiva al juez dirimente por la magistrada Rocío del Pilar Ruiz Arrieta, quien definirá en las próximas semanas si los permisos que autorizaron la operación minera en la provincia de Yauli, en Junín, serán anulados o no. Entre ellos, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

Todas las entidades del Estado involucradas en el juicio, salvo Sedapal, defendieron enérgicamente el proyecto minero que amenaza el acceso al agua de Lima y la provincia constitucional del Callao. 

Pero lo que más llamó la atención fue el enfrentamiento entre Sedapal y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La primera es responsable del suministro del agua y la segunda de la protección de los recursos hídricos y de su entorno. 

El abogado Enrique Castro, en representación de Sedapal, inició sus alegatos aclarando que la empresa pública sí tiene “conocimiento técnico” de la amenaza que representa Ariana y que tiene todo el derecho de participar en la sesión judicial.

En ese sentido, explicó que la presa de relaves de Ariana se construirá en el lecho de un lago cercano al Túnel Trasandino, una infraestructura de más de 10 km que lleva agua a Lima y Callao.

“El proyecto minero se localiza en la misma zona en la que está el Túnel Trasandino que conduce el agua de la cuenca del Atlántico-Pacífico para suministrar agua a Lima y Callao. Asimismo, se superpone a las lagunas como Puruchuco y Pucacocha, que tienen un aporte significativo de agua en el sistema”, refirió Castro. 

Por su parte, la ANA se lavó las manos. La letrada María Mercado señaló que la opinión favorable de la ANA sobre el EIA no significaba que la empresa Ariana haya obtenido los permisos para usar las aguas subterráneas en la zona donde se construirá la mina.

Otra entidad que apoyó el proyecto fue el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aunque esto no causa sorpresa ya que esta cartera aprobó el EIA y, a su vez, promovió el proyecto extractivo. 

"Los informes técnicos determinan que la mina no tiene ninguna influencia sobre las aguas subterráneas ni aguas superficiales", dijo Jorge Torrico, defensa del Minem. 

Asimismo, señaló que Sedapal no tiene “ninguna competencia en la evaluación de recursos hídricos”. Esta postura parece alinearse a la posición de Claudio Cajina, abogado de la empresa Ariana, quien sostuvo que Sedapal era “una simple empresa”. 
 

Nota principal

Lima y Callao podrían quedarse sin agua dentro de poco. O, en el “mejor” de los casos, con agua contaminada. Esto lo confirmaron tres jueces superiores de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima el pasado 21 de enero, al señalar que el proyecto minero Ariana, de la compañía peruano-británica Southern Peaks Mining, es una “amenaza cierta e inminente” que pondría en riesgo la accesibilidad al agua potable en la capital y la provincia chalaca. El Poder Judicial deberá decidir este viernes 7 de marzo si Ariana va o no va, tras casi seis años de suspenso desde que se presentara una demanda para frenar el proyecto, y poco más de dos desde que la Justicia paralizara sus operaciones temporalmente.

Ariana es una mina subterránea ubicada en el corazón del sistema hídrico que abastece de agua a limeños y chalacos durante casi todo el año, especialmente en época de estiaje o sequía. La operación minera, ubicada en la región Junín, cerca del límite departamental con Lima, planea procesar 2,000 toneladas diarias de cobre y zinc, con créditos (menor cantidad) de oro y plata en los próximos 10 años. Para ello, se tendrá que excavar a una profundidad de 4,230 metros.

El proyecto se sitúa específicamente en el distrito Marcapomacocha, en la provincia de Yauli, a 6 kilómetros del caserío de Sangrar y a 10 kilómetros del centro poblado de Marcapomacocha, a más de 4400 metros sobre el nivel del mar. Está en medio de un conjunto de lagunas, humedales y bofedales que alimentan el Túnel Transandino Cuevas-Milloc, que fue construido en 1963 ante la creciente demanda de agua y fuentes de energía hidroeléctrica en la capital. 
 

Los habitantes de Marcapomacocha, en Yauli, Junín, serían los primeros afectados de instalarse la mina subterránea. Crédito: Documental La Amenaza de Ariana (2024).

Ariana se hizo viable después de recibir la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2016. 

El funcionario del Ministerio de Energía y Minas responsable de dar luz verde a este voluminoso documento, que es fundamental para prevenir cualquier daño al ecosistema, suma 15 años de experiencia laboral en empresas privadas del rubro extractivo. Se trata de Elvis Medina Peralta, entonces Director General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y hoy dedicado al mundo de las consultorías, según su cuenta de LinkedIn.

Su oficina jugó un papel clave en el proceso judicial, pues aprobó un estudio en el que tres magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima parecen no confiar.

Elvis Medina, un exfuncionario del Minem que trabajó también para la gran minería, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto en abril de 2016. Fuente: Minem.

Antes de asumir la jefatura de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, Elvis Medina Peralta brindaba asesorías en salud ocupacional, seguridad y medio ambiente para empresas del sector extractivo. 

Pero el paso más largo en su trayectoria profesional fue la compañía australiana-británica BHP Billiton, una de las mineras más poderosas en el mundo y accionista de Antamina en Áncash. Desde 1998 hasta 2006, Elvis Medina se desempeñó como superintendente de medio ambiente, desarrollando estudios ambientales e implementando programas de adecuación y manejo ambiental. 

Tras su paso por BHP, Medina Peralta empezó a trabajar para Xstrata Copper, otra gigante minera anglo-suiza que fue adquirida por la multinacional suiza Glencore (otra accionista de Antamina). Desde 2006 hasta el 2013, Medina Peralta elaboró estudios ambientales para emblemáticos proyectos mineros como Antapaccay, Bambas, Coroccohuayco y Tintaya. 

En diálogo con Convoca.pe, el exfuncionario del Minem admitió que continúa brindando asesorías para empresas mineras. Sin embargo, no quiso dar detalles de las compañías a las que brindaba servicios. Asimismo, rechazó haber trabajado alguna vez para Southern Peaks Mining, dueña de la operación Ariana. 

Consultado por la amenaza que representa Ariana para Lima y Callao, Elvis Medina respondió con evasivas y respuestas ambiguas. “No le podría decir, tendría que ver el estudio y ver bajo qué condiciones se aprobó”, dijo Medina.

El ingeniero también evitó pronunciarse respecto a la viabilidad del proyecto. “Si los estudios lo han determinado así, obviamente es viable ¿no? Por eso se hacen los estudios de línea base, los estudios de ingeniería. Todo eso hace el proyecto”, comentó el exfuncionario. 

“El ministerio (de Energía y Minas) siempre va a ser técnico legal (…) No se evalúa la amenaza, se evalúa la viabilidad técnica”, sostuvo Medina. “El Poder Judicial no es la entidad técnica (…) se tendría que ver bajo qué términos ha determinado eso (la sentencia que dictaminó que la mina Ariana es una amenaza)”, añadió. 

En tal sentido, refirió que solo Senace puede emitir una opinión técnica sobre el proyecto. 

Usualmente, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), entidad que depende del Ministerio del Ambiente, evalúa y aprueba los estudios ambientales. Sin embargo, en aquella época, el Senace aún estaba en proceso de estructuración, pues entró en funcionamiento recién a finales de 2015, sin tener posibilidad de analizar un estudio presentado por la minera en el 2014. 

Antes de la creación del Senace, cada ministerio se encargaba de evaluar los EIA de su sector. Esta falla en el sistema de gobernanza ambiental llevó a que el 29 de abril de 2016, durante el gobierno de Ollanta Humala, se aprobara el EIA del proyecto Ariana sin considerar que el depósito de relaves se encuentra apenas a 115 metros del Túnel Trasandino y a 500 metros de su ingreso. Esta infraestructura es vital pues transporta las aguas de la cuenca del río Mantaro hacia la cuenca del río Rímac, que abastece de agua a Lima y Callao.

De esta manera, el Ministerio de Energía y Minas impulsó un proyecto extractivo y al mismo tiempo dio luz verde en materia ambiental para poder operarlo.  
 

El depósito de relaves de Ariana está a 100 metros del Túnel Trasandino y a 500 metros de su entrada. Crédito: Documental La Amenaza de Ariana (2024)

Agua en riesgo

Ariana ha generado especial preocupación por la ubicación del depósito de relaves. Sedapal, entidad que administra la infraestructura hídrica, ha señalado que existe un riesgo de infiltración de aguas ácidas –aquellas afectadas por sulfuros metálicos presentes en los residuos mineros– que podría contaminar las aguas que son trasvasadas a través del Túnel hacia la cuenca del río Rímac. 

Con esto no solo se pone en riesgo la calidad del agua, sino también el caudal de todo el ecosistema hídrico de Marcapomacocha, que, según datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), abastece a unos 10 millones y medio de peruanos. Por su parte, la empresa Enel, propietaria del Túnel Trasandino, advirtió una "filtración abundante de agua subterránea" y una "falla geológica importante" a la altura donde se ubicaría el depósito de relaves y a la altura de diferentes tramos próximos al túnel. 

El informe de Sedapal advierte serios riesgos ante la construcción del depósito de relaves ubicado a escasos metros del Túnel Trasandino. Fuente: Informe de Sedapal de 2018

Pese a estas advertencias, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que se supone debe velar por el recurso hídrico de todos los peruanos, también apoya la ejecución del proyecto minero a pesar de estar en medio de un proceso judicial. Incluso si esto significa ir en contra de la Ley de Recursos Hídricos, que establece que el Estado debe promover la  conservación sostenible de estos recursos y prevenir la afectación de su calidad y del ecosistema que la rodea.

El 19 octubre de 2018, la ANA autorizó el uso de aguas subterráneas por un volumen de 417,536 m3 (más de 417 millones de litros) a favor de la empresa Ariana. El 27 de octubre de 2020, un año después del inicio del proceso judicial, dio su visto bueno al Plan Ambiental Detallado presentado por la minera. Y el último 18 de febrero, autorizó la perforación de seis pozos exploratorios “solo con fines de investigación”. 

“Toda el agua que consumimos en Lima no proviene solo del río Rímac. Para que este Túnel (Transandino) pueda trasvasar el agua hay que almacenarla porque no llueve todo el año, solamente llueve tres o cuatro meses. Toda esa lluvia se almacena en un colchón hídrico que está compuesto de lagunas, represas naturales, represas hidráulicas, escorrentías y filtraciones”, explicó la ingeniera geoambiental Elizabeth Zamalloa a Convoca.pe.

La especialista participa en la demanda que interpusieron  la ex parlamentaria Marisa Glave y el exviceministro del Ministerio de Ambiente y exdirector de la ONG especializada en desarrollo sostenible, Cooperacción, José de Echave, en 2019 para detener el proyecto. Este último confirmó a este medio que al momento de entablar la demanda desconocía el pasado en la minería privada del exfuncionario del Minem Elvis Medina, quien aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.

Ciudadanos, Sedapal y organizaciones como Cooperacción y el Instituto de Defensa Legal se oponen al proyecto minero. Crédito: Documental La Amenaza de Ariana (2024).

Producto de la investigación realizada, Cooperacción coprodujo el documental ‘La Amenaza de Ariana’ en el 2024 y publicó un libro en el 2023 titulado “La mina Ariana y la amenaza al agua en Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”. Este libro pone el foco no solo en el depósito de relaves, sino también en el pozo que recolectará el agua que se filtra a través de la relavera y la estación de bombeo de relave. 

Sorprendentemente, la Presidencia del Consejo de Ministros y el propio Ministerio de Energía y Minas se han alineado con la minera Ariana en la apelación contra el fallo que paralizó sus operaciones el 2023. Es decir, el Estado insiste en un proyecto peligroso. 

En aquel 2023, la minera presentó un informe para optimizar y reubicar su depósito de relaves, pero terminó desistiendo, mientras la demanda interpuesta por De Echave y Glave proseguía su camino legal. 
 

PCM y Minem a favor de Ariana

La demanda interpuesta por el exviceministro José De Echave logró que en marzo de 2023 la jueza Rocío del Pilar Rabines suspendiera el proyecto extractivo. No obstante, esta decisión fue apelada por la Presidencia de Consejo de Ministros, el Minem y Ariana Operaciones Mineras S.A.C. El Estado se puso del lado de la empresa privada en un proyecto que pone en riesgo el agua de Lima y Callao. 

Hasta la fecha, los jueces no han podido llegar a un acuerdo sobre el futuro de la mina subterránea.

En la última audiencia del caso Ariana, los jueces Tapia Gonzales y Ordóñez Alcántara pidieron anular el EIA y ordenaron que un organismo internacional elabore un peritaje o estudio técnico que determine si la obra pone o no en riesgo el acceso a agua potable. Mientras que el juez dirimente, Romero Roca, recomendó realizar un EIA complementario en un plazo máximo de 12 meses. 

Un Informe técnico que Cooperacción solicitó elaborar a Steven H. Emerman, quien tiene un Ph.D en Geofísica por la Universidad de Cornell y una consultora que ha evaluado presas de relaves en todos los continentes, recomienda que la mina Ariana sea rechazada “sin más consideración”. 

Otro estudio elaborado por la consultora estadounidense Walsh para Sedapal y Enel, concluyó que se debía realizar un nuevo modelo hidrogeológico para evaluar con mayor precisión el impacto ambiental de la mina subterránea. 

Ambos estudios fueron incluidos en la demanda contra la compañía Ariana. 

La Corte Superior de Justicia ha convocado a un juez dirimente que deberá decidir el 7 de marzo las medidas que se tomarán en torno a este cuestionado proyecto. 

El exministro y demandante Jose De Echave aseguró a Convoca.pe que llegarán hasta las últimas instancias de no obtener una sentencia favorable. 

“Podemos acceder al Tribunal Constitucional. Eventualmente, al sistema internacional de derechos humanos, porque consideramos que se está afectando al derecho humano de acceder al agua potable”, dijo De Echave, también investigador de Cooperacción. 

El Ministerio de Energía y Minas, por su parte, está empecinado en defender el proyecto. La entidad le respondió a este medio que la sentencia que ordenó la suspensión de Ariana en 2023 vulnera el artículo 139° de la Constitución Política, que establece que todas las resoluciones judiciales deben estar por escrito e incluir una justificación clara y detallada. En ese sentido, el Minem señaló que la jueza Rocío del Pilar Rabines había ignorado el informe técnico que sustenta el EIA. 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Sedapal y el Ministerio del Ambiente no han querido participar en este reportaje ni opinar sobre el proyecto hasta que el Poder Judicial dicte una sentencia definitiva. 

Ampliación del proyecto

Si bien el caso Ariana está judicializado, esto no ha sido impedimento para que el Senace autorice la ampliación de depósitos y plantas de tratamiento de agua entre enero de 2019 y marzo de 2020. 

De acuerdo con información brindada por la mencionada entidad, se han aprobado dos Informes Técnicos Sustentatorios (ITS). 

En el primer ITS, Ariana Operaciones S.A.C solicitó ampliar y reubicar un depósito, un grifo de combustible, tres plantas de tratamiento de agua y dos subestaciones eléctricas. 

También pidió implementar un campamento minero, ya que se necesitarán 100 trabajadores adicionales a los 500 requeridos inicialmente. 

Esta es la laguna de Marcapomacocha, cuyas aguas alimentan el Túnel Trasandino Cuevas-Milloc. Crédito: Documental La Amenaza de Ariana (2024).

La subsidiaria de Southern Peaks Mining presentó un tercer informe el 23 de agosto de 2023, para implementar una planta de relave filtrado y optimizar y reubicar el depósito de relaves. No obstante, desistió del procedimiento de evaluación y el tema fue archivado. 

De haberse aprobado este ITS, la minera habría reubicado el depósito de relaves a más de 2.5 km del Túnel Transandino, saliendo así del ámbito de influencia de la cuenca donde se encontraba”, según informó en su web. 

Convoca.pe se comunicó con el abogado de Southern Peaks, Claudio Cajina, y con la empresa en repetidas ocasiones, pero evitaron responder. Mientras que Adolfo Vera, presidente y CEO de la compañía, dijo a este medio que “preferiría esperar a la audiencia (del 7 de marzo) para conversar”. 

No obstante, según la ingeniera geoambiental Elizabeth Zamalloa, reubicar el depósito de relaves no reduciría el impacto del proyecto. “Igual contamina toda la zona. Esa zona es un colchón complejo de lagunas, bofedales, vegetaciones, filtraciones, galerías naturales y no naturales que almacenan y retienen el agua y la van soltando de a pocos en la época donde no llueve”, explicó Zamalloa. 

“Si tú a esa zona (Marcapomacocha) la secas, –porque la veta está a 500 metros debajo de la superficie–, secas medio kilómetro. Eso significa la muerte de todo ese ecosistema”, agregó.

Hay que tener en cuenta, además, que Southern Peaks  ha tenido cuestionables prácticas ambientales durante su presencia en el Perú. Entre el 2012 y el 2015, cuando operó la mina Quiruvilca, en La Libertad, fue sancionada dos veces por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por falta de medidas de previsión y control sobre los depósitos de relaves. Quiruvilca ha sido relacionada a la contaminación de las aguas del Río Moche, declarado numerosas veces en emergencia. 

Proteger el sistema hídrico de Marcapomacocha es fundamental para el abastecimiento de agua en Lima y Callao. La cuenca del Rímac no provee lo suficiente para los millones de limeños y chalacos. De hecho, en el 2023, el Banco Mundial advirtió que el Rímac proporciona menos de 100 metros cúbicos de agua por persona al año. “Este es el nivel más bajo de recursos hídricos por persona del país y denota una escasez absoluta de agua”, indica el informe. 

Los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima tendrán la última palabra. Es una decisión clave para el futuro del agua en la capital del Perú.