Cuando era niña, Antonia Chambilla ayudaba a su abuelo a pastar las alpacas y vicuñas. Subía y bajaba los cerros verdes como una vizcacha y no se cansaba nunca. Le gustaba tomar del agua de los ojitos de agua y adornar su sombrero con la turpa, una flor roja de rica fragancia. Por las mañanas —cuenta—, cuando el sol nacía detrás del cerro Putusi, escuchaba desde su choza el canto de las huallatas (patos andinos), las cuculíes y los suris (avestruz andina). Pero de eso ya hace mucho tiempo. Hoy Antonia, con 75 años a cuestas y la piel cuarteada por el abrasador sol de los Andes, solo escucha el rugir de las maquinarias construyendo la mina San Gabriel, un proyecto minero aurífero ubicado a 4.800 msnm en la comunidad campesina de Oyo Oyo, del distrito de Ichuña, en la región Moquegua, al sur del Perú.

“El riachuelo que baja desde la bocamina ya está rojo por la tierra que remueve la empresa todos los días por las actividades de construcción. Si los animales toman el agua 'diarrean', se enferman y mueren. Este año he perdido más de la mitad de las crías. El polvo y el ruido estresan y enferman a mis animales, ya no se puede pastar. Ya se han perdido algunos ojitos de agua”, se lamenta Antonia.

Esta pastora no tendría que sufrir ni reclamar, pues existe una ley, la 30640, de 2017, que ordena a las autoridades del Gobierno a zonificar y proteger las cabeceras de cuenca, que son las fuentes de donde nacen los ríos, bofedales (pastos como esponjas de agua), ojos de agua, nevados, lagunas y aguas subterráneas. Sin embargo, hasta el momento no se ha declarado la protección de ninguna cabecera de cuenca. Esta investigación encontró que 36 proyectos mineros en construcción y otros 52 en etapa de exploración se ubican sobre zonas donde hay fuentes de agua comprobadas.

Entre todos representan el 81% de los proyectos mineros planteados en el país (de 106, solo 18 se encuentran en zonas desérticas, lejos de ríos u otras fuentes hídricas). Por esta razón, ya existen denuncias de los pobladores por desaparición o contaminación de los afluentes.

Elaboración: Lourdes Colquehuanca

Letra muerta

La norma es simple pero a su vez muy importante. Modifica el artículo 75 de protección del agua de la Ley de Recursos Hídricos, dándole a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el encargo de desarrollar un marco metodológico para identificar, delimitar y zonificar las cabeceras de cuenca, con el fin de declarar su intangibilidad y así evitar que se realicen actividades industriales, como la minería. Pues la ley se promovió con el fin de hacer eco a las denuncias por contaminación del ambiente que las comunidades campesinas e indígenas hicieron en contra de las minas instaladas en sus jurisdicciones.

La ley debía implementarse en un año. Sin embargo, a la ANA le tomó cuatro años terminar el marco metodológico. El documento fue aprobado y publicado mediante el Decreto Supremo Nº 014 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) del 8 de agosto del 2021. Y desde entonces no se ha dado un paso más. Para este reportaje, se solicitó entrevista con voceros de la ANA, pero no hubo respuesta. Solo a través de un comunicado, entregado tras un pedido de información pública, señalan que “a la fecha, no se cuenta con resultados actuales de las cabeceras de cuenca identificadas y delimitadas oficialmente”.

Esta inacción de las autoridades, advierte Eleuterio Bautista Cusi, dirigente del pueblo de Pobaya, ubicado en la parte baja del distrito de Ichuña, los ha puesto en riesgo ante el inminente inicio de operaciones de la mina San Gabriel. Junto a otros comuneros muestran Querohoma y los andenes de Pobaya. Ambos sitios dependen del agua que llega desde el río Agani, que es el que nace donde ahora se ubican la bocamina y el campamento de la mina.

Querohoma es un pequeño caserío, un valle interandino en miniatura. Está escondido entre dos cerros y con el riachuelo en medio. Hay andenes (terrazas) a ambos lados, donde los comuneros siembran productos andinos: habas, papa, maíz y quinua crecen sin problemas y dan buenas cosechas. El microclima que se genera por la geología del lugar permite que crezcan árboles frutales y hay también tunales. Aguas más arriba los comuneros construyeron bocatomas, que ayudan a distribuir el agua para el riego de Querohoma y Pobaya. En ciertas zonas, el riachuelo forma pequeños pozos donde es fácil ver truchas pequeñas nadando.

Pobaya está ubicado más abajo. Es un pueblo más grande con 50 familias. También riegan sus andenes con el agua que fluye por la quebrada Agani y además crían vacas y ovejas. El agua en este punto aún es limpia porque se ubica a ocho kilómetros del proyecto minero. “Todo esto podría morir. Ya lo hemos visto con nuestros vecinos de Chojata, en el río Coralaque, que está contaminado por la mina Aruntani. Eso mismo nos va a pasar”, presagian Eleuterio y el resto de comuneros. Todos se preguntan si el proyecto San Gabriel hubiese prosperado con la ley de Cabeceras de Cuenca implementada a tiempo y si se hubiese declarado la protección de los bofedales y ojos de agua del cerro Putusi, donde ahora se ubica la mina. Para este reportaje se buscó la versión de los representantes de la empresa por varios medios, pero hasta el cierre no hubo respuesta.

Antonia Chambilla mira hacia el proyecto minero San Gabriel, que ya afecta a las alpacas que pastorean en la parte baja del cerro. Foto: Roberth Orihuela

Las alpacas de Antonia beben del riachuelo que proviene de un ojo de agua ya afectado por la construcción de la mina San Gabriel. Foto: Roberth Orihuela

Si toman el agua contaminada, las alpacas se enferman, "diarrean" y algunas mueren. Antonia muestra las pieles de alpacas bebés. Foto: Roberth Orihuela

Antonia mira cómo las maquinas de San Gabriel trabajan sobre los bofedales que proveen de agua a la quebrada Agani. Foto: Roberth Orihuela

Al respecto, el especialista en gestión del medio ambiente de la Universidad Católica San Pablo, Benigno Sanz Sanz, explica que cualquier proyecto minero que no haya tenido aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) antes de la reglamentación de la Ley de Cabeceras de Cuenca —que se hizo en 2021— tendría dificultades a futuro, pues habría que adecuar su EIA a las nuevas reglas de juego. “Si se declara una cabecera de cuenca como protegida no habrá ninguna empresa nueva por más EIA que presente para operar en esa zona. Y las ya existentes con EIA aprobados y en etapa de fiscalización tendrán que ser estrictamente reguladas por la autoridad competente”, acota.

En el caso de San Gabriel, la empresa presentó su EIA en diciembre del 2015 y fue aprobado en marzo del 2017, en medio de los debates de la Ley de Cabeceras de Cuenca en el Parlamento peruano. Sin embargo, desde el municipio de Ichuña se plantearon observaciones que luego fueron recogidas por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Existían falencias como aspectos ambientales omitidos, datos insuficientes o desactualizados, entre otras. Por ejemplo, la empresa obvió muchas fuentes de agua en su EIA y colocó la mayoría de las ubicaciones geográficas fuera del polígono de operaciones, como se puede ver en la infografía siguiente. Esto en contraste con las fuentes hídricas que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) constató en el informe de Evaluación Ambiental Temprana que elaboró en 2018. Componentes como la bocamina, los depósitos de relaves y material estéril, y material inadecuado están ubicados en una quebrada donde se ha identificado un conjunto de bofedales y un manantial.

Incluso existe una lagunilla que de acuerdo con los comuneros está desde siempre y que no ha sido considerada por la empresa ni por la OEFA en sus estudios. Así también se pudo comprobar en el lugar y con imágenes satelitales de Google Earth.

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Otro problema es que la empresa sólo consideró a cuatro comunidades campesinas en su área de influencia, pero existen otros 42 pueblos —como Pobaya y Querohoma e incluso el distrito de Yunga, que se ubica a apenas 5 kilómetros del proyecto—que piden ser incluidos, porque consideran que serán afectados por las operaciones. También el municipio de Ichuña observó que el yacimiento minero se superpone a vestigios arqueológicos en 16 hectáreas. Sin contar el riesgo que significa el inicio de sus operaciones para la cuenca del río Tambo. Aun así, hoy la mina San Gabriel sigue avanzando en su construcción.

La empresa trató directamente con los dirigentes de la comunidad campesina de Oyo Oyo para conseguir el apoyo social, pues en el papel los pobladores son los dueños de las tierras superficiales y además aglomeran al 90% de la población de la zona de influencia determinada por la minera. Los comuneros consultados cuentan que la compañía pagó 10 millones de dólares por la tierra y otros cuatro millones tras la firma de aprobación de la Consulta Previa, un procedimiento de la ley peruana que tiene como objetivo que las comunidades de la zona de influencia aprueben o no las operaciones extractivas. Además, Buenaventura se comprometió a dar trabajo a los pobladores y sus hijos y contratar servicios, como hospedaje y alimentación a los comuneros.

“El dinero lo repartieron de forma discriminatoria. Los que viven en Oyo Oyo recibieron muchos más, 100 mil dólares dicen. Mientras que los que vivimos más lejos, en otros caseríos, recibimos muy poco. Lo peor es que ningún río que baja de la mina los afecta directamente. A nosotros sí”, cuenta Víctor Maldonado Flores, comunero de Querohoma. Su familia recibió 10 mil dólares, dinero que ya se terminó. Además, denuncia que la mina no les da trabajo. “Contratan a algunos pero como obreros. Los puestos más especializados son para la gente de la empresa”, añade.

Sobre esto, Sanz opina: “Lamentablemente la fiscalización de las autoridades no es eficiente. Terminamos aprobando proyectos deficientes. Incluso en la consulta previa, los pobladores terminan dando su aprobación porque la empresa les promete ciertos beneficios, como pagos o fuentes de trabajo, que al final no cumplen”.

Observaciones a la norma

De acuerdo con el marco metodológico elaborado por la ANA, la protección de las cabeceras de cuenca iniciará en el nivel donde ya existen cursos de agua o riachuelos, y continuará con la formación de ríos y cuencas más grandes. Además, proponen acelerar la identificación haciendo uso del Mapa oficial de unidades hidrográficas del Perú, elaborado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).

Sin embargo, especialistas y organizaciones técnicas sin fines de lucro advierten que el documento más bien debilita y desnaturaliza la Ley de Cabeceras de Cuenca. Tanto la Red Muqui (una red de instituciones peruana e internacionales que buscan la protección de los derechos de las comunidades campesinas y nativas) como Cooperacción (una asociación civil que promueve los derechos sociales, ambientales, políticos, culturales y económicos) elaboraron informes que concluyen el riesgo de que no se vaya a zonificar ninguna cabecera de cuenca en el mediano plazo, debido a las deficiencias en el marco metodológico preparado por la ANA.

Uno de los principales cuestionamientos es que la identificación no iniciará en el origen del agua (bofedales, ojos de agua, lagunas o aguas subterráneas) sino en el nivel de curso de agua. Además, advierten que la aplicación sería solo de oficina y recomiendan que se contemple el trabajo de campo para garantizar una delimitación más precisa. Para este reportaje se solicitó entrevistas con representantes de la ANA a través del área de prensa. Sin embargo, luego de varias insistencias, no contestaron.

El abogado constitucionalista y responsable de litigio del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz Molleda, apunta a que esta desnaturalización y debilitación de la ley fue orquestada por los “lobbies mineros”. “Hicieron mucho lobby los mineros para neutralizar la ley con el reglamento. Un reglamento no puede desnaturalizar una ley. Y eso es lo que se debe judicializar. El artículo 118 de la Constitución Política del Perú señala que el Ejecutivo tiene potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas”, señala Ruiz Molleda.

El especialista explica que IDL y Cooperacción contemplan la posibilidad de interponer una demanda constitucional contra el reglamento de la Ley de Cabeceras de Cuenca.

El caserío de Querohoma está ubicado en la parte baja de la cuenca de Agani, que baja desde la mina San Gabriel. Foto: Roberth Orihuela

Querohoma es un pequeño vallecito donde se puede cultivar tunas, maíz, habas y otros productos para el autoconsumo de los pobladores. Foto: Roberth Orihuela

Los pobladores usan el agua que baja de la quebrada Agani para regar los cultivos en Querohoma y en el pueblo de Pobaya. Foto: Roberth Orihuela

En Querohoma los pobladores aún pescan truchas pequeñas que crecen. Además hay sapos y otras especies que dependen del afluente. Foto: Roberth Orihuela

Una muestra de esa presión es la que han realizado los principales representantes de los grupos económicos mineros, que en el Perú son el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Por ejemplo, Roque Benavides, presidente de la Confiep entre 2017 y 2019 y además dueño de la minera Buenaventura, ha relativizado la naturaleza de la Ley: “Tengamos en cuenta donde se han desarrollado los huaicos en la última temporada de lluvias. Las precipitaciones se dan por debajo de los 4000 m.s.n.m. y los ríos reciben afluentes a lo largo de su recorrido, así que no sabemos dónde se ubica una cabecera de cuenca”, dijo a un medio nacional en 2017.

De igual manera su hermano Raúl Benavides, presidente del directorio de Buenaventura y expresidente del IIMP, comentó en la web del IIMP que al declarar las cabeceras de cuenca como zonas protegidas no se podría hacer caminos, hidroeléctircas o represas.  Y en otra ocasión, acusó que el 90% de la minería se hace a más de 3.000 msnm. “¿Qué sería de la sierra sin minería?”, cuestionó.

El constitucionalista Ruiz Molleda hace énfasis en que la norma de Cabeceras de Cuenca nació incompleta y más bien no tomó en cuenta que debió ir por el argumento de que el uso humano prevalece sobre la minería. “El camino está por el orden de prelación; es decir, quién tiene el orden de prioridad en el uso del agua. Y es claro que primero estamos las personas y no las empresas mineras. Por ahí habría que ir judicialmente”, explica.

Así también lo ven los pobladores de la provincia de Bambamarca, en la región Cajamarca, al norte del Perú. En enero del año pasado denunciaron que la empresa minera Anta Norte, de capitales canadienses, que realiza exploraciones en el proyecto minero AntaKori, ya está afectando la cabecera de cuenca y contaminando los afluentes que llevan agua al rio Chotano. Las consecuencias ya se notan. Denunciaron que más de 300 niños fueron diagnosticados con plomo en la sangre y tienen males estomacales por tomar las aguas contaminadas. Además, sumaron la muerte de 17 mil truchas y la afectación a los cultivos.

Ese mismo mes, más de 40 rondas campesinas de Chota, Bambamarca y Hualgayoc iniciaron una huelga y bloquearon el acceso al campamento de la mina AntaKori. Pedían el retiro de la empresa y denunciaron que no contaba con la licencia social de las comunidades para continuar con los trabajos de exploración. Y pidieron la revisión del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, pues se debía considerar que la zona donde la empresa minera busca explotar cobre es cabecera de cuenca, donde existen bofedales y ojos de agua que abastecen el rio Chotano, que llega hasta la región Lambayeque e irriga el proyecto agroindustrial Olmos.

En ese momento el expresidente Pedro Castillo acudió a la zona y los pobladores le pidieron que no permita la continuidad del proyecto. Hoy el proyecto sigue en exploración. En una entrevista que dio en marzo de este año el director ejecutivo de la empresa minera, John Black, a la revista Proactivo, señala que aún siguen explorando para determinar la cantidad de cobre y oro que contienen los cerros de Bambamarca y no da fecha para el inicio de la explotación.

Edwin Alejandro Berrospi, especialista en temas mineros de la Red Muqui, apunta a que la reglamentación da carta blanca a las empresas mineras a seguir proponiendo proyectos mineros en cabeceras de cuenca: “Lamentablemente la ley es muy débil y el marco metodológico aún peor. La ANA solo considera las corrientes de agua, pero no las fuentes primarias donde se forman los riachuelos. Y tampoco se tomaron en cuenta criterios de participación de las comunidades campesinas, las juntas de usuarios o de las autoridades locales”, dice en referencia a la falta de consulta a la gente para determinar las zonas a proteger con la reglamentación de la ley.

El especialista añade que la ANA no tiene la capacidad técnica ni económica para implementar lo que ordena la ley: la protección de las cabeceras de cuenca. “Terminarán asignando esta labor a las empresas que estén interesadas en desarrollar un proyecto minero. Para que ellos mismos hagan los estudios y delimiten las cabeceras de cuenca. Es un riesgo, porque a la ANA solo le quedará aceptar lo que digan las empresas”, dice con pena.

La población teme que sean afectados, debido a que la empresa minera Buenaventura tiene varias sanciones por contaminación en otras operaciones en el país. Foto: Roberth Orihuela

La bocamina de San Gabriel está ubicada en una quebrada, muy cerca de bofedales que proveen de agua a la población de Querohoma y Pobaya. Foto: Roberth Orihuela

Los animales mueren por el estrés que produce la bulla de la maquinaria y también por beber el agua contaminada por la remoción de las tierras. Foto: Roberth Orihuela

El agua que baja por la quebrada afectada por la mina ya tiene tono rojizo y afecta a los animales de los pastores. Foto: Roberth Orihuela

Cabeceras desprotegidas

En el caso de la mina San Gabriel, los comuneros de Querohoma y Pobaya denuncian que a causa de las obras de construcción han desaparecido algunos bofedales y un riachuelo que forma el río Agani ya se ha contaminado. Un panorama futuro nada grato. Más aún si se toma en cuenta el historial de sanciones por contaminación ambiental que acumula Compañía de Minas Buenaventura, dueña de San Gabriel, en otras operaciones mineras. Según el portal de OEFA, hasta octubre del 2021 la empresa  acumula 114 sanciones. De estas, 18 son por exceder los límites máximos permitidos en las Evaluaciones de Calidad de Agua (ECAs). Otras 16 son por abandonar la remediación ambiental y 17 por no adoptar medidas de previsión y control ambiental.

Sólo 71 de las sanciones han sido aceptadas por la empresa, por las que ha pagado apenas 363.529 dólares. Y hay que tomar en cuenta que el 79% de las sanciones no tienen multa; es decir que OEFA determinó solo una falta administrativa, incluso en muchos casos sin la imposición de una medida correctiva.

Y así como este caso, en el resto del país hay 52 proyectos mineros en etapa de exploración y 36 en etapa de construcción que se ubican sobre o cerca a fuentes de agua, como bofedales, lagunas, ojos de agua y manantiales. Esto de acuerdo con el mapa de exploración minera del 2022 publicado por el Ministerio de Energía y Minas. Estos significan el 81% de todos los proyectos en ciernes. Apenas 18 están en zonas desérticas, donde no podrían afectar a los ríos.

Otro de los 88 proyectos que se ubican en cabeceras de cuenca y pasaron a la etapa de construcción es la mina Ariana, de la empresa Ariana Operaciones Mineras SAC, una subsidiaria de Southern Peaks Mining, de capitales británicos. Desde que empezaron las exploraciones, a inicio de la década pasada, la población y otras instituciones advirtieron el riesgo de que el proyecto empiece sus operaciones.

La mina ubicada a más de 4.500 msnm en la región Junín está muy cerca de la laguna Marcapomacocha, que es el origen del río Rímac, que abastece a casi 10 millones de personas que viven en la capital peruana, Lima. El caso pasó al Poder Judicial y en abril de este año un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió un recurso de amparo y ordenó la paralización del proyecto hasta que el Ministerio de Energía y Minas y la empresa demuestren que las actividades extractivas no pondrán en riesgo el recurso hídrico.

Los empresarios mineros, como el IIMP, organizaron conferencias señalando que el proyecto no afectará las lagunas, represas y el túnel trasandino que abastecen a la capital. El presidente y director de Southern Peaks Mining, Adolfo Vera, declaró en 2019 que “la mina no tiene una influencia sobre las aguas subterráneas captadas por el túnel, ni sobre las lagunas superficiales, ni sobre el túnel transandino”. Y el experto del IIMP Oswaldo Tovar asegura que el hecho de que un proyecto minero se ubique en cabecera de cuenca no es impedimento para que se desarrolle.

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Sentada en una roca, en la cima de uno de los cerros que se ubica al frente de la mina San Gabriel, y con la mirada seria, la pastora Antonia señala la zona donde hoy se construyen los componentes del proyecto, que incluyen la bocamina, un depósito de relaves, canteras y hasta una mini represa. “Eso pertenecía a mi familia, pero la comunidad lo ha vendido sin nuestro permiso. Ahí pastábamos desde nuestros ancestros”, dice. Su familia no ha recibido ninguna compensación. Pero lo que más preocupa a esta anciana es que la operación minera termine desapareciendo los bofedales y los ojos de agua, que forman los riachuelos que luego se unen con otras corrientes y crean los ríos.

En su caso, la quebrada Agani se une aguas abajo con el río Ichuña, que forma parte de la cuenca del río Tambo. El mismo que en su trayecto sirve para irrigar cientos de hectáreas de cultivo en decenas de pueblitos andinos y, casi en su desembocadura con el océano Pacífico, abastece al valle de Tambo, en la región Arequipa; uno de los más ricos del sur peruano.

Antonia, que no culminó la primaria por la precaria economía de su familia, entiende la importancia de las cabeceras de cuenca. Sin embargo, como el Estado no ha avanzado en su protección aplicando la Ley, las empresas mineras no tienen impedimentos legales para avanzar sobre estas fuentes de agua vitales para cientos de miles de habitantes de los Andes peruanos y para quienes viven en las ciudades más abajo.

Para este reportaje se solicitó entrevistas a la Compañía de Minas Buenaventura, el IIMP, la Confiep y la SNMPE, a través de sus representantes de prensa, pero hasta el cierre de edición no obtuvimos respuesta. De igual manera ocurrió con la ANA y el Ministerio de Energía y Minas.