Un decreto supremo para la reorganización del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es el punto más reciente de una cruzada gubernamental que pone en riesgo la certificación rigurosa de los estudios de impacto ambiental de los diversos proyectos de industrias extractivas y obras de infraestructura en todo el país y que pueden generar impactos en el territorio de diversas comunidades y poblaciones indígenas.
Tras revisar documentos, declaraciones de funcionarios, autoridades y entrevistas con diversas fuentes que conocen lo que sucede dentro del Senace, Convoca.pe logró reconstruir el camino que ha seguido el Decreto Supremo 009-2024 del Ministerio del Ambiente que declara en modernización y reorganización el Senace y que crea la comisión que se encargará de este proceso.
El discurso de la “tramitología”
Entre el 11 de junio y el 28 de julio de 2024, un discurso se instaló entre varias figuras del Poder Ejecutivo y funcionarios del sector Ambiente. El “exceso de tramitología” fue el concepto usado por el ministro del Ambiente Juan Carlos Castro en una entrevista a un programa del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en el que expresó su confianza en el próximo anuncio de la presidenta Boluarte en su mensaje de 28 de julio para presentar una una serie de medidas para “la reducción de la tramitología”.
A inicios de julio el ministro Castro, repetiría el discurso en una emisora radial, para referirse al tiempo que ha pasado para sacar adelante el proyecto minero Tía María. “El exceso de tramitología ha sido una piedra en el zapato para el Estado”, resaltó.
Por su parte Yuri Pinto, director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), y presidente ejecutivo (encargado) de Senace, nombrado por el ministro Castro, mostraba en Tv Perú su preocupación por la demora que tomaba obtener “la viabilidad ambiental” de los proyectos.
Una fuente cercana al directorio del Senace comenta que “eso forma parte del discurso que se venía manejando hace tiempo para intervenir la institución”. Para mayo de 2024, antes de que el ministro Castro se presentara en el programa online del Instituto de Ingenieros de Minas, existía un vacío de poder en la presidencia del Senace pues no se autorizaba aún la toma de cargo de la nueva presidenta del directorio. Un vacío proveniente desde 2023.
En junio de aquel año, se realizó el concurso correspondiente para elegir al nuevo presidente ejecutivo. De 18 candidatos que postularon al cargo, solo 3 pasaron a la etapa de evaluación curricular, de ellos solo 1 pasó a las últimas etapas de evaluación de competencias, exámen psicológico, y presentación de ensayos. En la última etapa Adrían Fernando Neyra Palomino no calificó para ser el nuevo presidente ejecutivo.
Sin embargo, Neyra Palomino, no se quedaría sin un puesto en el sector Ambiente. El ministro del Ambiente Juan Carlos Castro, lo nombró director de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales del Minam.
Neyra era un funcionario cercano al ministro Castro quien -en su calidad de representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el Senace- fue el único que votó a su favor durante el proceso de selección, para ser presidente ejecutivo de Senace, tal como lo reportó en su momento el programa Punto Final de Latina.
En marzo de 2024, otra de las primeras decisiones del ministro Castro fue nombrar a Yuri Pinto como presidente encargado de Senace. Pinto continuó en el cargo mientras en ese año se iniciaba un nuevo concurso meritocrático para la elección de un nuevo presidente ejecutivo.
El concurso y la intervención del Senace
En julio de este año, antes del discurso presidencial por Fiestas Patrias, el sindicato de trabajadores del Senace advertía las intenciones del Ejecutivo por intervenir la institución.
Para esa fecha, ya se tenía una nueva presidenta ejecutiva. Silvia Cuba Castillo ganó en mayo de 2024 el concurso público y solo faltaba la norma que la nombraba en el puesto. Sin embargo, la norma nunca llegó. Las fuentes de Senace que conversaron con Convoca.pe señalan que la demora en el nombramiento se debe a que en el ministerio del Ambiente estaban esperando se resuelva la demanda de amparo que había presentado Fernando Neyra y que finalmente fue rechazada.
Mientras, el ministro del Ambiente encontró un aliado importante para seguir instalando el concepto de la “tramitología” y plantear un discurso que busque “eliminar” los largos procesos. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, participó junto al titular del Minam en una actividad realizada por la consultora minero energética LQG Energy & Mining Consulting.
Durante su intervención, Mucho reiteró que “el Estado debe impulsar el desarrollo y no trabar la llegada de más inversiones con mucha tramitología, porque somos un país minero con un potencial geológico enorme, y esta actividad es el motor que impulsa la economía del país”.
La declaración de Mucho, realizada dos semanas después de las declaraciones de Castro y de Yuri Pinedo, fue resaltada por la revista institucional de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que a su vez elogiaba el trabajo de su colega de gabinete Juan Carlos Castro “en beneficio de las inversiones, optimizando las labores de evaluación y fiscalización ambiental”
En ese mismo camino la presidenta Dina Boluarte hizo mención al asunto de las demoras de los procesos para aprobar proyectos mineros que estaban en cartera. En su discurso ante el Congreso de la República por 28 de julio, la mandataria nombró proyectos como Tía María que fue uno de los que Castro consideró que eran objeto de las demoras de la “tramitología”.
“En febrero, se implementó la fase informativa de la Ventanilla Única Digital del Sector Minería, que ha integrado a diez instituciones públicas para lograr la simplificación administrativa y reducción de trámites. Actualmente, se trabaja en la fase intermedia, relacionada con la normatividad para acelerar la obtención de los permisos por parte de los inversionistas.”
En ese sentido, los trámites de Senace para la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados, eran uno de los objetivos primordiales a ser concretados, además de otras modificaciones de las normas de materia ambiental.
Un día antes, el 27 de julio de 2024, el ministerio del Ambiente promulgó el Decreto Supremo 005 que modifica las Disposiciones complementarias para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 30230, la recordada ley del “Paquetazo Ambiental” y que precisamente, plantea propuestas para agilizar los trámites de certificación y evitar lo que el ministro Castro señalaba respecto a la “cantidad de opiniones” que se requieren en el proceso.
Nombramiento, sugerencias y reorganización
Mientras esto ocurría, el ministerio del Ambiente seguía sin nombrar a Silvia Cuba como presidenta ejecutiva del Senace y mantenía la presidencia bajo encargatura. Esto a pesar que la Oficina de Control Interno de la institución, perteneciente a la Contraloría, expresó su preocupación porque desde mayo no se había concretado el nombramiento de la nueva presidenta ejecutiva.
Un informe técnico de la Oficina de Asesoría Jurídica del Senace también recomendó que no se prorrogue por más tiempo la designación de Cuba. Según el oficio al que accedió Convoca, fechado el 1 de agosto y firmado por Eduardo Terry, jefe de dicha oficina se explica que:
“La existencia del proceso de Amparo, no impediría que se continúen ejecutando los actos que permitirían la designación del/de la Presidente/a Ejecutivo/a del Senace, en tanto no existe una decisión judicial que ordene su suspensión, tal como se consigna
en el numeral 2.5 del Informe N° 00348-2024-MINAM/SG/OGAJ”
Es así que finalmente el 13 de agosto, tras los informes de Control Interno y de Asesoría Jurídica, así como el rechazo en el Poder Judicial del recurso de amparo de Fernando Neyra, se emitió la resolución con la cual se nombra a Silvia Cuba Castillo como presidenta ejecutiva de Senace. Sin embargo, las fuentes con las que Convoca conversó y que conocen en detalle lo que sucede en Senace, aseguran que esa designación no terminó con el interés del Ejecutivo para intervenir este organismo.
Ya en el cargo, Cuba fue convocada a una reunión por el Ministerio del Ambiente donde se acordó la presentación de una serie de propuestas para la reorganización del Senace, tal como se desprende del oficio remitido por Cuba Castillo a la secretaria general del Ministerio del Ambiente,Yeminá Arce.
Es hasta el 25 de octubre que el ministro del Ambiente, sin consultar a la presidenta de Senace según las fuentes de este organismo de certificación, remite a la Secretaría del Consejo de Ministros (PCM) un documento de más de 60 páginas conteniendo una propuesta de Decreto Supremo que declara en proceso de modernización y reorganización el Senace y crea la Comisión Reorganizadora y que debía ser puesta en agenda para publicación el 31 de octubre.
El proyecto contiene una serie de opiniones de diversas oficinas del ministerio del Ambiente donde se resalta “[las] deficiencias en el proceso de certificación ambiental que están impidiendo que el Senace, ejerza de manera eficaz y eficiente sus funciones”.
Asimismo, y esto es lo que ha generado molestia en la presidencia ejecutiva, es que el documento incluye las propuestas presentadas por Senace a pedido del Minam durante la reunión de agosto.
La molestia de Cuba se deja ver en el oficio dirigido a la secretaría de la PCM donde señala que su despacho remitió un informe con las propuestas de mejora del Senace y que incluso fue presentado a los miembros del Consejo Directivo el 22 de octubre, quienes pidieron mayores alcances para la siguiente sesión del 29 de octubre, sin embargo, el ministro del Ambiente se adelantó y remitió el proyecto cuatro días antes, el 25 de octubre, y solicitó su trámite urgente.
La urgencia llegó en forma de decreto el día 1 de noviembre, en pleno feriado. El documento firmado por la presidenta Boluarte y el ministro Castro, declara en proceso de modernización y reorganización el Senace “con el objeto de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, así como de proponer las acciones y medidas de reforma correspondientes, por el plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la instalación de la Comisión”.
Para Ana Leyva, coordinadora de programa de Cooperacción, esta propuesta tendría la intención de “controlar un organismo independiente, especializado y técnico para que favorezca las inversiones y no le ponga condiciones”.
Leyva manifiesta que el gobierno busca impulsar los grandes proyectos mineros y “quieren que pasen los estudios [de impacto ambiental] por agua tibia y sin un examen riguroso”.
Finalmente, la noche del martes 6 de noviembre el ministro Juan Carlos Castro expresó ante los representantes del sindicato de Senace que la propuesta de modernización nace por “los comentarios [que ha recibido] de diversos gremios empresariales sobre las demoras, la complicación de la evaluación de los proyectos”.
En la reunión, el sindicato aseguró que las demoras no dependían solo del Senace sino de la espera de opiniones de otras organizaciones y los constantes ingresos de información por parte de las empresas que deben ser revisados nuevamente. Luego del encuentro con el ministro, la asamblea sindical aprobó participar en la comisión a pedido del ministro, pero aseguran que “será para vigilar el proceso y evitar el intervencionismo en el sector”.
Lo cierto, como aseguran diversas fuentes, es que esta mirada del ministro del Ambiente Juan Carlos Castro, pone en riesgo a las poblaciones cercanas a grandes proyectos mineros.
“El gobierno quiere destrabar Tía María cuanto antes, la presidenta lo anunció, y el ministro (Castro) quiere ser el que lo saque adelante, junto al ministro de Energía y Minas, pero no piensan en el impacto ni en lo que la gente opina. En el Tambo la cosa está complicada, no va a ser fácil sacar adelante esto y no es interviniendo el Senace que lo van a lograr”, señala una fuente que conoce desde adentro lo que sucede en esta institución y que prefiere la reserva para no recibir represalias en su contra.