El Poder Ejecutivo designó esta semana a Ricardo Soberón como presidente  de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). El nombramiento no ha sido bien recibido ni por líderes indígenas ni por especialistas en narcotráfico, pues el abogado no dejó buenos recuerdos cuando ocupó el mismo cargo años atrás. De hecho, terminó renunciando luego de que se le cuestionara su vinculación con dirigentes cocaleros y por tener una postura crítica ante el proceso de erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca.

El apu asháninka Berlín Diques, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señaló a Convoca que las comunidades nativas no aceptarán que un "prococalero" asuma la representación de Devida, pues sería un retroceso en la lucha antidrogas. "Como persona no garantiza aparentemente la erradicación de la hoja de coca ilegal (...). Él va a promover el incremento de esta siembra", comentó Diques.

La Aidesep mostró su preocupación por designación de Soberón. Foto: Difusión 
 

En efecto, la designación llega en un momento en el que los cultivos ilegales de coca vienen ganando terreno en la selva por la inacción del Estado durante la pandemia y mientras los gremios cocaleros organizan paros contra la erradicación.

En agosto de 2011, Soberón ya había sido nombrado por el gobierno de Ollanta Humala en el máximo cargo del organismo antidrogas, pero apenas seis meses después fue reemplazado por Carmen Masías. Durante su breve gestión, se difundió un correo que envió a dirigentes cocaleros advirtiendo: "No siempre podré detener las acciones de erradicación".

Pero incluso esa primera designación ya había sido criticada. El abogado antes había sido asesor de la entonces congresista Nancy Obregón, dirigente cocalera que luego fue investigada por narcotráfico y estuvo 37 meses en prisión preventiva. Su exesposo fue condenado a 20 años por tráfico ilícito de drogas por poseer dos pozas de maceración y químicos en la localidad de Tocache.

Nancy Obregón fue detenida el 14 de julio de 2013 por la Policía por presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Foto: Difusión

El sociólogo Jaime Antezana, experto en narcotráfico, advirtió a Convoca que Soberón "es un hombre que viene asesorando a las organizaciones cocaleras".

"Llegó a ser jefe de Devida en agosto de 2011 y suspendió la erradicación en el gobierno de Ollanta Humala cuando tenía aires de nacionalista. Allí demostró que de asesor de las organizaciones cocaleras pasó a ser jefe de Devida y suspendió [la erradicación de la hoja de coca ilegal] y le cayó la crítica", comentó.

Como ya reportó Convoca, hasta ahora el 2021 viene registrando los peores indicadores de erradicación de cultivos ilegales a nivel nacional, con solo 1,050 hectáreas de cocales destruidos hasta octubre. El año anterior, el 2020, el resultado anual también fue muy desalentador: solo 6,272 hectáreas fueron erradicadas. En contraste, entre 2013 y 2019, las erradicaciones anuales nunca bajaron de las 23 mil hectáreas por año.

Como se recuerda, el último presidente de Devida, Freddy Pintado Pasapera, presentó su carta de renuncia irrevocable ante la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez luego de los comentarios vertidos por el entonces ministro del Interior, Luis Barranzuela, al acusar a la institución antidrogas de "corrupta" y de no estar ejecutando bien el dinero que reciben de la cooperación internacional para el desarrollo alternativo.

Barranzuela, que también ya renunció al cargo de ministro, había sido captado en video mientras respaldaba a un grupo de cocaleros en el Vraem y los animaba a protestar frente al presidente Pedro Castillo. En dicha reunión, les aseguró que habría un cambio ejecutivo en Devida.

El  exministro del Interior de Perú, Luis Barranzuela. Foto: Difusión
 

En conflicto

El avance de los cultivos ilegales ha puesto en sobrealerta a las comunidades indígenas, que desde hace varios años viven en conflicto con los colonos agricultores que invaden sus tierras comunales para sembrar coca. Se han reportado estos problemas en distintos departamentos amazónicos.

Un último caso revelado por Convoca es el de Huánuco, donde tres comunidades nativas han perdido 24 mil hectáreas a manos de los cocaleros invasores y donde las pistas de aterrizaje instaladas por el negocio del narcotráfico para sacar la droga funcionan en la impunidad.

“Por la investigación que hizo Convoca, nosotros hemos respondido con un pronunciamiento fuerte, responsabilizando al Estado peruano por la falta de protección. Tal vez existan muchos recursos para apoyar a las comunidades o atender sus demandas; sin embargo, son mal utilizados por funcionarios corruptos”, lamentó el apu Berlín Diques, de Aidesep.

El líder asháninka también indicó que la amenaza de cocaleros, taladores y guardianes del narcotráfico también se expande en su región, Ucayali. En ese departamento, se han perdido más de 42 mil hectáreas de tierras a manos de invasores, según advirtió. Las comunidades indígenas vigilan y tratan de proteger las fronteras de su territorio. Según Diques, lo hacen solos, sin la ayuda de las fuerzas del orden.

"Se calcula más o menos que son más 50 comunidades [en Ucayali] directamente amenazadas por el narcotráfico (...). Los supuestos 'desarrollos alternativos' han causado el aumento de los cultivos de la hoja de coca, la pérdida de territorios indígenas y las muertes de hermanos (…). En este momento la región Ucayali está convirtiéndose en un segundo Vraem", advirtió el líder asháninka.

Solo de enero a setiembre de 2021, en Ucayali se han desforestado 12 mil hectáreas de bosque para sembrar hoja de coca ilegal, según la estadística de la Gerencia Regional de Fauna Forestal de Ucayali.

"Amenazan por medio de llamadas telefónicas. En la comunidad Flor de Ucayali en estos momentos los narcos hacen volar drones cerca de la comunidad para azuzar a comuneros y comuneras”, alertó Diques. Las intimidaciones ocurrirían en respuesta al activismo de los indígenas en defensa de la Amazonía. Las comunidades indígenas vigilan y tratan de proteger las fronteras de su territorio. Según Diques, lo hacen solos, sin la ayuda de las fuerzas del orden.

Tanto el narcotráfico como otras actividades del crimen organizado, como el tráfico de tierras y la tala ilegal, están generando una ola de violencia en la selva que ha llegado al derramamiento de sangre.

De enero a setiembre de 2021, en Ucayali se han desforestado 12 mil hectáreas de bosque, según GERFFS

Un grupo de apus del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) llegó a Lima el último miércoles 10 de noviembre para exigir justicia ante los asesinatos de los recientes asesinatos de los líderes indígenas kakataibos Herasmo García Grau y Yenes Ríos, así como por otros diez crímenes violentos de líderes indígenas y defensores de la Amazonía peruana desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

El último de los asesinatos fue el de Estela Casanto, lideresa asháninka, asesinada en el marco de un conflicto por acaparamiento de tierras.

“Estamos más de 20 líderes en Lima buscando una reunión con la premier Mirtha Vásquez y otras autoridades porque los asesinatos del año pasado han quedado impunes”, sostuvo Diques.

En emergencia

El especialista en narcotráfico Jaime Antezana además alertó sobre una guerra declarada entre los pueblos indígenas y los narcotraficantes en el Vraem donde prima la ausencia del Estado. En especial, en Junín, donde en los últimos días los pueblos indígenas han empezado a intervenir los traslados de cocaína.

“Ya con el decomiso de dos cargamentos de droga por los nativos de Río Tambo, en Junín, la declaración ha pasado a términos prácticos. Eso nunca se ha visto. Eso quiere decir que están cansados de que los controles de vigilancia estén allí y la droga siga pasando”, puntualizó.

La primera intervención fue en la comunidad nativa San Antonio de Cheni el último 26 de octubre, donde se decomisó 400 kilos de droga en una embarcación fluvial. Los indígenas provistos de flechas y machetes retuvieron el vehículo y dieron aviso a los "sinchis" de Mazamari de la Policía Nacional.

Días después, el 3 de noviembre, en horas de la noche, los miembros de la comunidad nativa Otica y la misma San Antonio de Cheni, en Junín, capturaron otros 200 kilos de droga y detuvo a los responsables de su traslado hasta la llegada de agentes policiales.

Ahora los líderes asháninkas piden garantías por temor a las represalias que pueda tomar el narcotráfico por el decomiso de estos cotizados cargamentos.

Es el Estado el encargado de comandar acciones de interdicción como el decomiso de drogas, el control de insumos químicos, la destrucción de pozas de maceración o de laboratorios de pasta básica y cocaína, así como la realización de operativos aéreos. Sin embargo, según Antezana, estas medidas han pasado a ser casi inexistentes.