Conocidos ya los nuevos integrantes del gabinete ministerial, la atención pública vuelve a centrarse en el Congreso de la República que, por estos días, debe realizar la segunda votación —y definitiva— del proyecto de ley que altera la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). En resumidas cuentas, lo que busca esta propuesta es que en el Consejo Directivo de la entidad supervisora existan representantes de las universidades peruanas.

Así, el sistema de educación superior retrocedería hacia un esquema de regulación muy parecido al anterior, el de la Asamblea Nacional de Rectores, donde las universidades eran juez y parte de su propia evaluación continua de calidad.

Como se recuerda, la semana pasada, cuando también se registraban apresurados cambios en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 69 parlamentarios votaron a favor de implementar los dictámenes N° 697, 862 y 908. Así, la propuesta quedó aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso. Según los especialistas consultados por Convoca.pe, estos dictámenes atacan gravemente a la Reforma Universitara, iniciada en 2014 para garantizar la idoneidad de la educación superior en el país.

“Este es un Congreso 'contrarreforma'. Se ha opuesto a la reforma del transporte, entre otros. En el caso de la Reforma Universitaria, es un retroceso increíble. Volvemos al concepto de mafias como la que se descubrió y se probó que existía en la fenecida ANR (Asamblea Nacional de Rectores)”, comenta a Convoca.pe el excongresista e impulsor de la Ley Universitaria, Daniel Mora.

Medida cautelar

Ante este panorama, 18 universidades públicas y privadas, especialistas en materia educativa, parlamentarios comprometidos con el desarrollo del país e incluso instituciones de Gobierno anunciaron su rechazo a la ley que vulnera la reforma y anunciaron medidas para frenar estos intentos de afectar a la educación del país.

En primer lugar, la propia Sunedu reveló a este portal que presentaría en los próximos días una medida cautelar para detener las pretensiones del Parlamento. Esta acción judicial irá en paralelo a la demanda de amparo ya presentada, la tarde del lunes, en el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, presidido por el juez Jonathan Valencia López.

El abogado Mac Donald Rodríguez Sánchez, procurador de la referida Superintendencia, dio a conocer que el objetivo de esta medida cautelar es adelantarse a la aprobación o entrada en vigencia de la norma y evitar sus efectos. Como la demanda de amparo podría tardar bastante tiempo, por lo pronto esta acción judicial —de ser aprobada por el juez— detendría inmediatamente toda acción del Congreso al respecto.

“Una medida cautelar puede hacer eso, obligar a que los congresistas ya no continúen con el proceso", anotó. 

"[Por otro lado], el objetivo del amparo es que se retrotraiga todo a su estado anterior. Es decir, que se retrotraiga todo lo que han hecho, lo que ha sido necesario para la emisión de ese dictamen (aprobado la semana pasada en primera votación), que todo vuelva a su estado normal”, explicó a Convoca.pe.

La acción de amparo fue presentada el último lunes por la tarde.

El procurador señaló a este portal que el equipo legal de Sunedu se encuentra analizando si esta medida será presentada una vez conocidos los resultados de la segunda votación del Pleno del Congreso, que debe darse en cuestión de horas.

Detalles del amparo

El procurador Rodríguez Sánchez explicó que la demanda de amparo presentada por Sunedu busca deshacer lo que ya se hizo en sede parlamentaria. “Esta demanda señala que se han vulnerado tres derechos constitucionales: la cosa juzgada, el derecho a la educación, y el principio de independencia”, explicó. 

Respecto a la "cosa juzgada" —que signfica que las autoridades judiciales ya dieron una sentencia sobre el asunto—, el procurador recordó que el Tribunal Constitucional, en el 2010, señaló la necesidad de crear una superintendencia nacional que "vigile" y "supervise" a las universidades públicas y privadas, debido al estado de “inconstitucionalidad”, “caos” y con "muchos casos de “corrupción” en el que se encontraban.

“Además, en el año 2015, el TC se pronunció por la constitucionalidad de la Ley Universitaria (creada en el 2014) (…) Todas estas facultades de supervisión, licenciamiento, que tiene el Consejo  Directivo, ya han sido conocidas por el TC cuando fue materia de cuestionamiento y ellos [los tribunos de aquella época] dijeron que no es inconstitucional ninguna de esas normas”, explicó.

De otro lado, la demanda de amparo de Sunedu también se justifica en el derecho a la educación, pues, con los cambios aprobados recientemente el Congreso y que están a la espera de la segunda votación, la Superintendencia ya no podrá supervisar o fiscalizar a las Escuelas Profesionales y Programas Educativos de las universidades ya licenciadas.

“Ahora hay un segundo paso: licenciar ciertos programas y facultades. Esto se estaría perdiendo. Allí se vulnera el derecho a una educación de calidad, porque no nos garantiza que estas universidades ya licenciadas ya tengan programas q estén a la altura de esos programas [con estándares mínimos]”, explicó el procurador de Sunedu a este medio.

Finalmente, explicó que si en la segunda votación se llega a aprobar la contrarreforma universitaria, se vulnerará el principio de independencia, al modificar la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Universitaria, donde tres de siete integrantes serían representantes de las casas de estudio.

“Al elegirse a esas tres personas por parte de las universidades (para el consejo directivo), prácticamente se pierde independencia porque ellos mismos van a supervisar a las universidades que ellos mismos representan. No hay mucha transparencia”, lamentó.

Demanda de inconstitucionalidad 

La demanda de aparo y la medida cautelar no son las únicas armas legales que la colectividad puede utilizar para frenar la contrarreforma de la Ley Universitaria. Por estos días, empezó a sonar con fuerza la posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad que frenaría toda pretensión de alterar la calidad educativa del país. Sin embargo, no todos la pueden plantear.

En conferencia de prensa, el propio superintendente de Sunedu Oswaldo Zegarra señaló que su entidad no puede presentar este recurso pese a que “bajo el engañoso eslogan de restablecer la autonomía universitaria, el Congreso pretende regresar a un viejo orden en el que las universidades tenían licencia para actuar sin tener que dar cuentas a nadie”. 

El abogado constitucionalista Omar Cairo explicó a Convoca.pe que el artículo 203 de la Constitución menciona a los “legitimados” para presentar una demanda de este tipo. “En efecto, no están mencionadas entidades como la Sunedu, pero puede ser [quien la presente] el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el 25% del número legal de congresistas, 5 mil ciudadanos, Gobiernos Regionales, alcaldes, colegios profesionales, entre otros".

A horas de haber juramentado, aún se desconoce si el nuevo gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres está dispuesto a defender la Ley Universitaria. Mientras que el anterior premier Héctor Valer era abiertamente contrario a la reforma, aún es un misterio qué posición tomará el nuevo Consejo de Ministros. A pesar de que el presidente Pedro Castillo es educador de carrera, hasta ahora tampoco ha dicho ni una palabra al respecto.

El parlamentario Esdras Medina, de Renovación Popular, fue quien expuso en el Pleno los proyectos que atacan la Reforma Universitaria. Preside la Comisión de Educación. Foto: Congreso.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también tiene la capacidad de presentar este recurso constitucional. "La Defensoría debería optar por ese camino para que se corrija la situación en el marco de la Constitución. Se va a defender la calidad de la educación universitaria con todas las herramientas que brinda la Constitución", afirmó en una radio local Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de esa institución.

Consultada por Convoca.pe sobre los detalles de esta medida, la funcionaria precisó que la entidad está a la espera de ciertas condiciones. “Perimo, el dictamen debe ser desestimado en la segunda votación. Segundo, en caso ello no ocurra, el Poder Ejecutivo debe observarlo y devolverlo al Congreso. Tercero, el Congreso debería allanarse a la oposición del Poder Ejecutivo. Cuarto, si todo lo anterior falla, entonces la Defensoría del Pueblo puede interponer una acción de inconstitucionalidad en defensa de la educación de calidad”, respondió Abanto.

Así las cosas, una demanda de inconstitucionalidad podría resolverse en “un par de meses”, comentó el doctor Omar Cairo. “Medio año sería una dilación. Se daría en dos meses, así como el Tribunal Constitucional ha venido resolviendo con otros casos”, explicó.

Voz de protesta 

En diálogo con Convoca.pe, los exministros de Educación Martín Benavides y Ricardo Cuenca, coincidieron en que si se concreta en segunda votación la marcha atrás de la Ley Universitaria, no se podrá garantizar que las universidades cumplan con las condiciones básicas de calidad y que se introducirá la informalidad en el proceso de licenciamiento. La nueva composición del Consejo Directivo haría que la Sunedu pasara a ser fiscalizado y fiscalizador a la vez, advirtieron.

El excongresista Daniel Mora, quien impulsó la ley que cambió el sistema universitario en 2014, fue más crítico sobre este punto y señaló a este portal que está en juego “el único aspecto que puede cambiar al país: la educación. “Poner a rectores en la Sunedu es volver a una organización mafiosa, volver a los cupos, a las coimas que se demostró que existían en la ANR (Asociación Nacional de Rectores). Es una desgracia para el país. La educación es el único motor del desarrollo para un país como el nuestro”, opinó. 

Y sus palabras tienen mayor sentido si se tiene en cuenta que 18 universidades del país como la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Pacífico, Universidad de Lima, Universidad  Ruiz de Montoya, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, entre otras representativas de varias regiones del país, también se pronunciaron en contra de las pretensiones de ciertos congresistas.

“Esta decisión del Congreso debilita el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), afecta su independencia, contraviene su imparcialidad y, por la nueva composición que se plantea, pone en riesgo la idoneidad de su Consejo Directivo”, indicaron las casas de estudio en comunicado difundido en sus redes sociales.

Asimismo, ratifican que gracias a la Sunedu y su labor regulatoria, se ha ordenado el sistema universitario. “Se han detenido la informalidad, la ilegalidad y el despilfarro de recursos, imperantes mientras existió la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Nuestro país no puede abandonar este camino. Nuestros estudiantes deben recibir una educación de calidad”, informaron. 

Sin embargo, brilla por su ausencia en este comunicado la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, que desde su fundación en 1551 se caracterizó por su alto nivel de investigación, búsqueda de la máxima calidad educativa y su apertura a los procesos de mejora.

“La rectora de San Marcos —Jerí Ramón Ruffner— es opuesta a la Ley Universitaria de toda la vida”, aseguró Daniel Mora a este medio.

El Consejo Directivo de la Sunedu está conformado por siete miembros escogidos por concurso público para asegurar la autonomía. El Congreso busca ahora que tres de los siete representen a las universidades. Foto: Andina.

Como se recuerda, la mencionada autoridad educativa ha señalado en varios medios que los cambios en la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu —que actualmente se realiza por concurso público— no afectará la reforma universitaria. “Se está incluyendo en el consejo directivo al Sineace, que antes llevaba el control de calidad de las universidades. Asimismo, se une la junta de decanos. ¿En qué les afecta a ellos [Sunedu]”, sostuvo Ramón Ruffner hace algunos días en Radio Exitosa.

A principios de esta semana, el Consejo Nacional de Educación (CNE) invocó al Congreso a no aprobar en segunda votación los dictámenes que modifican la Ley Universitaria, pues vulnera la calidad de la educación superior del país. 

“El dictamen (...) constituye un ejemplo de decisiones ajenas a los reales intereses de los estudiantes, sus familias y el país. (...) Esta fórmula contraviene al Tribunal Constitucional, el cual señaló la necesidad de crear una agencia imparcial e independiente de las universidades que vele porque estas cumplan con condiciones básicas de calidad y posteriormente desestimó demandas de inconstitucionalidad referidas a la supuesta afectación de la autonomía universitaria, así como solicitudes de impugnar la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu y la designación del Superintendente por el Minedu”, se lee en su comunicado.

Mientras el tema se resuelve, es necesario recordar que todo peruano sin distinción tiene derecho a una educación de calidad, aunque que en el Legislativo operen motivaciones distintas a las de la ciudadanía y aunque el Ejecutivo esté comandado por un profesor que llegó a la presidencia, según dijo, para aprender.