La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech), una universidad privada con licencia denegada, fue sancionada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) con una multa de 507 mil soles por beneficiar indebidamente en 2017 a su rector, a la hija de este y al decano de la Facultad de Educación. 

La resolución de la entidad supervisora, suscrita el último 3 de febrero, revela que, a pesar de que la Uladech es un centro de estudios “sin fines de lucro”, sus autoridades sí sacaban buen provecho de las finanzas institucionales. 

Dominguez Granda recibió 423 mil soles de la Uladech por concepto de productividad fija. Foto: Uladech

De hecho, Sunedu ha detectado que en 2017 la universidad pagó un total de 423 mil 840 soles al entonces rector Julio Benjamín Domínguez Granda y 61 mil 655 soles a Martín Baldel Espinoza Guanilo, decano de la facultad de Educación y Humanidades. El concepto de esta transferencia fue anotado como una asignación por “productividad fija”. Fueron las dos únicas autoridades académicas que recibieron la bonificación. 

Las buenas prácticas corporativas no son precisamente el producto bandera de la universidad chimbotana. Como se recuerda, la Sunedu le denegó la licencia para operar porque, entre otras cosas, no tenía una política de investigación académica ni implementos de seguridad en sus laboratorios. Carecía, además, de una bolsa de trabajo para sus estudiantes. Pero la gota que derramó el vaso fue que 9 de sus 13 locales no contaban con disponibilidad de agua potable continua. 

Un total de 485 mil soles salieron de las arcas de la Uladech para el pago al entonces rector y al decano de la Facultad de Educación como "productividad fija". 

Productividad en los pagos

Ante la Sunedu, la Uladech defendió el pago de los más de 485 mil soles a su rector y a su decano señalando que se debía a la "compensación por mérito o antigüedad", concepto establecido en su reglamento. Por ello, argumentó la universidad, Dominguez Granda tenía méritos y una situación de “productividad fija” por haber sido miembro de la comisión organizadora de la Uladech, mientras que Espinoza Guanilo era el docente principal más antiguo.

Sunedu analizó los descargos y concluyó que el concepto de "compensación por mérito o antigüedad" no guardaba relación con el concepto de "productividad fija" bajo el cual se registraron contablemente los desembolsos a favor de estas dos personas.

Además, la superintendencia señaló que el concepto de "productividad fija" implica una evaluación del cumplimiento de unas metas específicas, que no se fijaron previamente.

Julio Dominguez Granda fue la máxima autoridad de la Uladech entre 1996 y el 31 de julio de 2020, fecha en que renunció al cargo de rector luego de 24 años de mantenerse a la cabeza de esa casa de estudios. Luego de su dimisión, el mencionado decano Espinoza Guanilo asumió como rector interino y llamó a elecciones, donde resultó ganador Juan Roger Rodríguez. Meses después, en febrero de 2021, la Sunedu les negó el licenciamiento.

El decano de la Facultad de Educación también fue beneficiado con recursos propios de la universidad, incluso para su movilidad.

Otros privilegios detectados

Dominguez Granda y Espinoza Guanilo también fueron privilegiados con el pago de más de 17 mil 953 soles por el concepto  de "movilidad de libre disponibilidad", pese a que ambos ya tenían vehículos asignados para su transporte y no les correspondía que la universidad les pagara una subvención adicional.

Asimismo, la Sunedu detectó que el concepto de pago de "movilidad de libre disponibilidad" no se encontraba sustentado en la normativa de la universidad. El pago irregular fue reconocido por la misma Uladech. Sin embargo, según la resolución de sanción, la casa de estudios del puerto de Áncash buscó dotar de legalidad esos desembolsos haciendo una "interpretación parcial" de la normativa aplicable.

Pero no solo las autoridades universitarias se habrían beneficiado de los recursos de Uladech, sino también la hija del entonces rector. 

Judit Dominguez García, hija de Domínguez Granda, también fue favorecida por Uladech con el pago de más de 3,764 soles por los conceptos de combustible, mantenimiento y seguro de accidentes de tránsito del vehículo Honda Civic de matrícula B6V346, que es de su propiedad, según información de la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP)

La hija del ex rector también fue beneficiada con recursos de la propia universidad. 

Estos gastos fueron autorizados por su padre en calidad de rector de Uladech, a pesar de que se trataba de un vehículo particular, que no era parte de los bienes de la universidad chimbotana ni tampoco era arrendado por la casa de estudios para prestar servicios a favor del alumnado.

Desde enero de 2020, Dominguez Granda también viene siendo investigado por el fiscal Javier Orlando Gonzales Lázaro de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de El Santa, por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos y administración fraudulenta.

Según la investigación fiscal, el exrector de la Uladech y otras autoridades universitarias habrían constituido un brazo legal y administrativo para sustraer dinero de la casa de estudios. En marzo de 2021, el caso fue declarado complejo y el fiscal Gonzales amplió la investigación por 24 meses. 

Fiscalía investiga al ex rector de la Uladech por lavado de activos. 

Acción Popular busca reabrir Uladech

Uladech es una de las universidades a las que busca salvar de la extinción el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, representante de la región Áncash. El parlamentario presentó un proyecto de ley, el pasado 6 de septiembre, para beneficiar a 11 universidades asociativas, también denominadas "sin fines de lucro", que no consiguieron el licenciamiento de la Sunedu. La iniciativa les daría un "plazo de emergencia" de dos años para ponerse en regla.

En un informe anterior, Convoca.pe hizo un análisis de las universidades que se verían privilegiadas por esta iniciativa legislativa. Entre ellas destacaba la presencia de dos universidades de Chimbote, localidad donde radicaba entonces Espinoza: la Uladech y la San Pedro de Chimbote.

La propuesta de norma planteada por Espinoza también sería especialmente favorable para otra universidad que ha sido muy generosa con sus directivos: la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuyo rector, Luis Cervantes Liñán, llegó a tener un sueldo de 2 millones de soles mensuales.

El congresista publicó que está a disposición de las universidades para lograr el licenciamiento de la ULADECH, pese a que no ha cumplido con estándares mínimos de calidad. Foto: Facebook.

Días antes de que Darwin Espinoza presentara su iniciativa, en agosto de 2021, se reunió en su despacho con Juan Roger Rodríguez, actual rector de la Uladech. Rodríguez lo visitó con "su equipo técnico" para conversar de la situación de su casa de estudios con licencia denegada, que deberá cesar actividades en julio de 2023.

Lo cierto es que Espinoza ya tenía este tema en agenda desde antes de asumir funciones como congresista. Y con particular foco en las universidades chimbotanas.

Durante su campaña electoral, ya había afirmado que la función de la Sunedu debía ser "la de regular, no la de cerrar universidades". "No puede sancionar [a la Universidad San Pedro] con el cierre", dijo entonces. También había tenido un acercamiento previo con Juan Roger Rodríguez, rector de la Uladech, donde se "puso a su disposición".

En su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, el congresista acciopopulista reportó tener estudios universitarios inconclusos en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima. No consignó la carrera cursada.

En enero de 2022, la Universidad Los Ángeles de Chimbote continuó con su visitas al Congreso. Esta vez fue la ciudadana Vanessa del Pilar Gonzales Narvaes quien se registró como representante de la Uladech. Ingresó a las oficinas parlamentarias del presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina (Renovación Popular), de Patricia Juárez (Fuerza Popular), del propio Darwin Espinoza (Acción Popular), entre otros legisladores y asesores del Congreso.