RSPO: Centenar de quejas no detiene la huella del aceite de palma en los bosques tropicales

El cultivo de la palma aceitera continúa arrasando los bosques tropicales de Asia, África y América Latina y no hay “certificación de sostenibilidad” que lo detenga. Desde 1980, esta actividad económica ha cuadruplicado sus tierras agrícolas en medio de los “pulmones del planeta”. En 2020 ya existían, de manera oficial, 26 millones de hectáreas cultivadas: una superficie del tamaño de Ecuador. Con el fruto de esta planta se produce el aceite de palma, insumo con el que se fabrica cerca de la mitad de todos los productos que invaden los anaqueles de los supermercados y que consumimos a diario.

El avance de las palmicultoras se ha asociado con distintas prácticas depredatorias e ilegales: deforestación, pérdida de ecosistemas, abusos laborales, conflictos con comunidades y contaminación ambiental. Incluso compañías acreditadas como “sostenibles” por la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), la más importante certificadora mundial de esta industria, no están libres de estos casos cuestionables.

Convoca.pe, junto a cinco periodistas becarios de la Rainforest Investigations Network del Pulitzer Center, revisó los expedientes tramitados en el Panel de Quejas de la RSPO, una instancia creada en 2009 para resolver controversias —entre las compañías afiliadas y las comunidades— sobre posibles incumplimientos a las políticas de sostenibilidad. Desde su creación hasta 2021, la certificadora global dio trámite a 141 expedientes de quejas.

De estos, 108 ya están clasificados como “casos cerrados” y en el 49% de ellos el procedimiento culminó con la desestimación de los reclamos de los querellantes.

El problema que los querellantes reportan con mayor frecuencia es el de los conflictos territoriales con las empresas palmicultoras. Estos representan el 37,5% de las quejas admitidas (53). Los problemas reportados con mayor frecuencia son el acaparamiento o las disputas de tierras, que aparecen en 25 casos, y la falta de consentimiento o de consulta a los propietarios, que es alegada en 22 expedientes. Otra preocupación constante es la violación de linderos e invasiones de tierras, que se repite en 13 quejas.

La producción del aceite de palma también está muchas veces vinculada a violaciones de derechos humanos y crímenes contra el ambiente, según la Environmental Investigation Agency (EIA). Y en efecto, otros problemas recurrentes reportados en el Panel de Quejas de la RSPO son los abusos laborales (21%) y las acusaciones por deforestación (15%).

“Los procedimientos de quejas [de la RSPO] ciertamente no son la única solución a la falta de cumplimiento [de los estándares] y definitivamente son defectuosos, pero igual siguen siendo mejor que nada y por ello continuamos usándolo y trabajando para mejorarlo”, señala Christopher Kidd, asesor de políticas en gobernanza territorial de Forest Peoples Programme, una ONG que ha acompañado a varias comunidades en distintos países en la presentación de sus quejas.  

Aunque las compañías miembros de la RSPO solo agrupan al 19% del suministro global de aceite de palma, el análisis de las quejas que acumulan permite revisar cómo actúan los capitales más grandes y formales de la industria, así como la efectividad de la certificadora global.

¿Por qué tantos casos son desestimados?  “El Panel de Quejas toma decisiones basado en hechos, la evidencia de estos y los hallazgos de las investigaciones independientes, cuando es aplicable. Si la información es insuficiente para sustentar una afirmación, entonces la queja podría ser desestimada”, explica a Convoca.pe la certificadora global.

Pero, aunque como dice Kidd, “es mejor que nada”, la sensación de algunos de los querellantes consultados para este informe es que la RSPO tampoco es lo suficientemente disuasiva como para cumplir con su misión detallada en su slogan sobre “transformar los mercados del aceite de palma”. Las quejas contra las empresas miembros de esta certificadora han aumentado notablemente a través del tiempo. Solo en los últimos cinco años (2017-2021) se admitieron 73 quejas en esta instancia: el 51,8% de todo el historial.

La fiebre de la palma en Asia

La palma aceitera está instalada en el Sudeste Asiático desde el siglo XIX, cuando las potencias colonizadoras empezaron a controlar el acceso a las tierras y el suministro de mano de obra para desarrollar esta industria. En 1930, Asia consiguió superar la producción de África, de donde esta planta es autóctona. Desde entonces, Indonesia y Malasia se han convertido en el principal polo productivo mundial de este commodity, pues concentran el 85% de las exportaciones globales. ¿A qué costo se logró ese movimiento económico?

Una reciente investigación publicada en el Journal of Land Use Science (Wagner y otras, 2022) ha advertido que el 39.4% de la deforestación ocurrida entre 2000 y 2015 en la Península de Malasia y en la isla de Sumatra, en Indonesia, es atribuible de manera exclusiva a la expansión de la palma aceitera.

Indonesia es, de lejos, el mayor productor mundial de aceite de palma. En 2021, produjo 45,5 millones de toneladas métricas, el 59% del volumen global, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En el Panel de Quejas, su caso es el más dramático: 91 de los 141 expedientes admitidos a trámite tienen a este país como escenario. Es decir, el 64,5% del total.

De acuerdo con Global Forest Watch, la deforestación ya ha destruido 27,7 millones de hectáreas de los bosques primarios indonesios entre 2000 y 2020. Greenpeace afirma que una de cada cinco hectáreas de palma aceitera plantada ahí es ilegal.

De hecho, en el ranking global de compañías con más quejas en la RSPO, los primeros puestos los ocupan gigantescos grupos económicos que tienen sus principales operaciones en el archipiélago indonesio. La compañía más quejada es Golden Agri-Resources, más conocida bajo la marca GAR, gigante multinacional que tiene su sede principal en el paraíso fiscal de Singapur. Sus subsidiarias acumulan 15 quejas en el Panel: 13 de ellas por sus plantaciones en Indonesia, una relativa a Singapur y otra en Liberia, África.

Golden Agri-Resources maneja 536 mil hectáreas de tierras agrícolas en Indonesia, distribuidas en 45 grandes plantaciones. También posee 49 molinos para refinar el aceite de palma, mientras contrata a otros 378 refinadores, indica en su página web. Las acusaciones que más se repiten contra este grupo económico tiene que ver con disputas territoriales (5), presuntos abusos laborales (4) y violaciones de las políticas de la RSPO (2). También registra una queja por un incidente violento, con disparos, en el que seis granjeros locales resultaron heridos.

Nuestro equipo envió preguntas a la multinacional, pero no hubo respuesta a nuestras solicitudes. Sin embargo, el cúmulo de quejas ingresadas contra Golden Agri-Resources grafican groso modo los cuestionamientos frecuentes que sustentan las críticas contra la etiqueta de supuesta “sostenibilidad” de la industria y contra la propia RSPO.

Por ejemplo, la primera queja que recibió fue por haber utilizado a la propia Mesa Redonda para lavar la reputación de sus compañías (greenwashing). De acuerdo con Greenpeace, cuyas denuncias públicas generaron la apertura de una queja de oficio, la multinacional inscribió como miembros de la RSPO a solo dos compañías de su grupo subsidiario Sinar Mas (PT Smart y PT Ivo Mas Tunggal), involucrado en documentados casos de deforestación masiva, para “crear una impresión de que había alcanzado la sostenibilidad”. El tema se resolvió pronto cuando la RSPO dispuso que se incluyera a todo el grupo como parte de su membresía.

En el segundo lugar de las más quejadas está Wilmar International, la refinadora y comercializadora de aceite de palma número uno en el mundo. Acumula 13 quejas, de las cuales 11 están en Indonesia. Cuenta con más de 300 compañías subsidiarias. Solo sus plantaciones de palma aceitera alcanzan una dimensión de 232 mil hectáreas, y el 65% de estas se encuentra en dicho archipiélago.

Consultada por Convoca.pe sobre la cantidad de señalamientos que registra, la compañía Wilmar International respondió que está comprometida en proveer a los interesados las “plataformas correctas” para resolver sus inquietudes o acusaciones. “Es con este espíritu que invitamos a nuestros stakeholders a expresarse, sea a través de la RSPO o a través de nuestro propio procedimiento en Wilmar, en vez de acosarlos o impedírselos”, señaló.

Esto último no es precisamente lo que señaló a la RSPO la comunidad indígena de Luhak, de Sumatra, que en 2018 acusó a una subsidiaria de Wilmar International (PT Primatama Mulia Jaya Plantation) de haber usado prácticas intimidatorias y de criminalización contra su población. La comunidad reclamaba que la compañía había instalado un núcleo de operaciones en sus tierras sin ninguna consulta.

De hecho, el principal problema por el que se le han iniciado quejas a Wilmar International ante el Panel de Quejas de la RSPO se debe a conflictos territoriales.  Las compañías de Wilmar registran un total de 9 quejas relacionadas solo con esta problemática: 7 se registraron en Indonesia, en las regiones de Sumatra, Kotawaringin Timur  y Kalimantan, y otras dos en Ghana y Nigeria, en África.

Las otras dos quejas restantes tienen que ver con presuntas afectaciones al ambiente.

“Para mayor claridad, es importante notar que muchos de estos casos interpuestos contra Wilmar fueron desestimados por la RSPO porque no tenían mérito o resultaron tener alegaciones sin sustento. Además, el resto de los casos fue exitosamente resuelto a través de compromisos constructivos o con mediación, lo que resulta en un desarrollo e implementación del acuerdo”, añadió la empresa. De los 13 casos, 12 ya han sido cerrados y siete de ellos terminaron con la desestimación de lo alegado por los denunciantes.

Los cierres de casos con “acuerdos”, sin embargo, no significa que quieres presentaron las quejas estén conformes con la decisión de la RSPO. Por ejemplo, en 2013, Jakarta Animal Aid Network (JAAN) y otras organizaciones ambientalistas iniciaron una queja contra PT Mekar Mubi Andalas, subsidiaria de Wilmar, por no mitigar los impactos ambientales en sus operaciones de Borneo Oriental, no informar debidamente a los interesados ni cumplir las regulaciones nacionales ni las políticas de la RSPO. El caso fue cerrado para ser “monitoreado”, y se ordenó a la compañía pagar una compensación.

“Para nosotros, el caso permanece sin resolver hasta ahora, a pesar de que fue cerrado por la RSPO. La compensación pagada no se tradujo en ninguna mejora dentro o alrededor de la concesión”, asegura Femke Den Haas, cofundadora de JAAN. “Wilmar cumplió con un documento de [evaluación de] Altos Valores de Conservación (ACV) de tratamiento de bosques [exigido por la RSPO], que sin embargo estaban basados en datos falaces. Fue fuertemente criticada y rechazada por organizaciones ambientalistas”, agrega.

Al respecto, Wilmar ha respondido a Convoca.pe que estas son “acusaciones serias y engañosas”. La empresa señala que sus procesos fueron revisados por la RSPO y que la compensación también fue sugerida por esta entidad. La multinacional asegura haber estado entre las primeras en adoptar la metodología de ACV, un enfoque para evaluar todos los valores biológicos, ecológicos, sociales y culturales de importancia en los bosques.

El tercer puesto lo tiene otra gigante: Bumitama Agri Limited (Singapur), que en el pasado ha tenido como inversionistas a las mencionadas Wilmar International y Golden Agri. Cuenta con ocho expedientes en el Panel de Quejas por presuntas infracciones, todas en Indonesia. Los casos de deforestación de esta compañía han sido documentados por organizaciones ambientalistas, por haber afectado hábitats de especies protegidas como el orangután y el gibón.

Uno de los orangutanes rescatados de la tala de Bumitama Gunajaya Agro, una subsidiaria de Bumitama Agri Limited. Foto: International Animal Rescue

En 2013, tres de sus compañías recibieron quejas por deforestación en zonas de Alto Valor de Conservación (ACV). Su compañía subsidiaria PT Ladang Sawit tuvo que detener su tala de árboles luego de que se rescataran orangutanes de sus predios a comienzos de 2013. Sin embargo, Greenpeace documentó que el desbosque continuó hasta alcanzar 1.500 hectáreas adicionales.

En los últimos años, la situación de los orangutanes en Indonesia ha pasado de considerarse “en peligro de extinción” a “peligro crítico de extinción”. La Orangutan Foundation International estima que cada año desaparecen de 1.000 a 5.000 de estos simios por la expansión de la palma aceitera.

Genting Group, con sede en Malasia, y Musim Mas Holdings, domiciliada en Singapur, son otras gigantes de la industria que siguen en el ranking, con seis quejas cada una.

Modelos de exportación

El acceso a tierras para cultivar monocultivos no es un tema menor en el trópico. De hecho, investigaciones académicas ya han concluido que son los grandes capitales los que tienen mayores privilegios para conseguir vastas extensiones de tierra a más bajo costo que otros. Tienen la capacidad de influir en los procesos regulatorios de los países y cuentan con una posición de poder desigual para negociar con las comunidades que habitan los territorios.

En 2011, las comunidades Sungai y Dusun, del norte de la Isla de Borneo, en Malasia, vieron cómo los cementerios de sus aldeas eran demolidos por maquinaria pesada y los árboles de sus montes, arrasados con motosierras. Desde 2002, tenían un litigio judicial con la compañía Tanjung Bahagia Sdn Bhd, subsidiaria de la gigante multinacional Genting Group, que ocupó sus territorios.

“A pesar de nuestros llamados específicos a la compañía, esta ha demolido nuestros cementerios en todas nuestras aldeas. Nunca vimos una copia de la evaluación de ACV ni su plan de gestión”, señalaban las comunidades ante la RSPO, en la queja que interpusieron en 2011.

Genting Group está entre las cinco multinacionales con más reclamos en contra en el Panel de Quejas de RSPO. Foto: Genting Group.

“Hacemos notar que las plantaciones de la compañía se han hecho justo a la altura de bancos de corrientes importantes y pequeños ríos. La compañía sigue deforestando nuestras tierras hasta 2011 sin nuestro acuerdo y sin remitir información a la RSPO en línea con los Procedimientos de Nuevas Plantaciones (...)”, agregaron.

Al respecto, Genting Group afirmó que la RSPO cerró la queja en 2016 luego de que la disputa legal se resolviera por acuerdo de ambas partes. “Ninguna sentencia fue necesaria”, señaló Adli Rusli, subgerente de sostenibilidad de Genting Plantations Berhad.

Preguntamos además por la cantidad de quejas que incluían acusaciones por deforestación, usos de tierras de terceros y poner en riesgo el ambiente. “Genting quisiera que conste que las declaraciones o acusaciones levantadas por ti en tu e-mail son imprecisas y falsas, y estamos totalmente en desacuerdo con esas acusaciones”, señaló.

“Quisiéramos reiterar que las actividades de plantación llevadas por Genting son hechas de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes incluyendo, pero no limitándose a ello, la disposición de estudios de impacto ambiental completos para asegurar que las Áreas de Alta Conservación estén excluidas (...)”, agregó Rusil.

Si bien los conflictos territoriales se concentran en Indonesia (con 32 quejas, 70% de las quejas de este tipo) y en Malasia (con cinco quejas de este tipo, 10%), estas controversias se replican en otras latitudes. En África se registran nueve quejas (18% de las quejas de ese tipo), mientras que en Latinoamérica, tres (6%).

De hecho, mecanismos utilizados comúnmente por esta industria en el Sudeste Asiático, como las solicitudes de “reserva de suelo” –que implica pedir al gobierno que adjudique tierras estatales a capitales privados–, se han venido replicando en los últimos años en la Amazonía y se han convertido en un verdadero negocio de especulación inmobiliaria. El tráfico de tierras con operaciones fraudulentas es otro de los métodos investigados por las autoridades.

Un claro ejemplo es el del Grupo Melka, liderado por el especulador estadounidense Dennis Melka, que en 2007 consiguió acumular en Sarawak, Malasia, una extensión de 25 mil hectáreas de concesión, por 99 años, de parte del Estado, a través de su compañía Asian Plantations (Singapur). Luego de deforestar el área para el proyecto y sembrarla de palma aceitera, vendió las instalaciones a la gigante Felda Ventures y consiguió un retorno tres veces mayor a su inversión.

Dennis Melka es investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado en Perú. Foto: Gestión.

Un esquema muy parecido de alta rentabilidad inició en el Perú, a costa de sus bosques. En este país, consiguió que el gobierno regional de Ucayali le adjudicara 4 mil 700 hectáreas de tierras agrícolas a su compañía Plantaciones de Ucayali. Además, a través de otra compañía, Plantaciones de Pucallpa, compró 222 predios por 6 mil 800 hectáreas a colonos sobre tierras que son reclamadas por la comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya como parte de sus territorios ancestrales.

Debido a la deforestación de estas tierras, hoy la Fiscalía de Crimen Organizado investiga a Melka y a sus colaboradores por el presunto delito de desbosque.

La comunidad shipiba inició una queja ante la RSPO contra Plantaciones de Pucallpa, fundada por Melka, que era miembro de esta certificadora mundial, por la deforestación de cerca de 5 mil 200 hectáreas que en su mayoría eran de bosque primario. No había contemplado ningún estándar de sostenibilidad. En abril de 2016, la RSPO prohibió a la compañía que siguiera deforestando y plantando palma hasta que no se resolviera la queja.

Bosque amazónico arrasado por la industria de la palma aceitera en el Perú. Foto: Convoca.pe.

Pero un mes después, Plantaciones de Pucallpa vendió las plantaciones a una nueva empresa creada por sus propios financistas, según reveló Convoca.pe. Y pronto, ya sin activos, la empresa se retiró de la RSPO, no sin antes dejar las plantaciones listas para ser operadas por una nueva compañía creada por los mismos inversionistas que financiaron sus actividades: Ocho Sur. Esta nueva empresa ha declarado que tiene entre sus objetivos integrarse a la RSPO, mientras niega ser responsable de la deforestación ocasionada por Melka.

“Las empresas han burlado constantemente los mecanismos de rendición de cuentas de la RSPO. Y cuando ha sido necesario, incluso, han pateado el tablero para evadir cualquier tipo de responsabilidad sin que el organismo internacional pueda hacer nada para detenerlo. Entonces, [el Panel de Quejas] es un mecanismo que, por decir lo menos, no ha funcionado como debería funcionar en la realidad”, comenta Álvaro Másquez, abogado de la comunidad indígena que además ha interpuesto dos quejas adicionales ante la RSPO.

Hasta hoy la comunidad nativa está envuelta en una disputa legal en el Poder Judicial para intentar anular las ventas de los predios hechas por los supuestos posesionarios al Grupo Melka, realizadas en 2012, que consideran parte de su patrimonio.

Plantón pacífico en la puerta del Tribunal Constitucional, donde se realizaba la audiencia para evaluar la demanda de amparo de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya. Fuente: Onamiap

En Brasil, la compañía Agropalma, certificada por la RSPO desde 2013, controla 39 mil hectáreas. En 2015, dos ciudadanos brasileños interpusieron una queja porque la compañía adquirió a través de métodos fraudulentos tierras que eran de su propiedad y del Estado de Pará. La Mesa Redonda desestimó el caso. No obstante, en 2016 la Policía Federal inició investigaciones porque funcionarios de Agropalma habían falseado documentos ante entidades públicas para “regularizar” la propiedad de tierras que habían ocupado y que no les pertenecían.

El Ministerio Público de esa localidad solicitó la anulación de los títulos fraudulentos que abarcaban una extensión de 9.500 hectáreas y, en octubre de 2021, el Tribunal de Justicia de Pará ordenó la cancelación de las propiedades. Recientemente, en marzo de 2022, Agropalma también fue condenada a pagar alrededor de 188 mil dólares por “condiciones degradantes de trabajo” en sus plantaciones. En ambos casos la compañía apeló y el caso continúa su curso en el sistema de justicia.

Reciclaje reputacional

Debido a su clima, el trópico es el sitio predilecto para las grandes plantaciones de palma aceitera. Allí, en los territorios de clima caluroso y húmedo, empieza la cadena de producción del aceite de palma, un producto que ha experimentado un boom en los últimos años. Entre 2007 y 2021, la demanda global de este commodity escaló de 35 millones a 72 millones de toneladas métricas, según cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

En este contexto, una de las principales preocupaciones de las compañías de esta industria creciente es demostrar que sus productos no tienen un origen cuestionable o, incluso, ilegal. Sin embargo, poder hacer un seguimiento de la legalidad de toda la cadena de suministro, desde el cultivo de la planta hasta su presentación final en los mercados retail, todavía es un punto flojo en la industria debido a las políticas permisivas de la RSPO.

Por ejemplo, todavía se permite que empresas utilicen un modelo de certificación sobre su cadena de suministro llamado “balance de masas”. La propia RSPO lo explica con el siguiente ejemplo: si en la producción se mezclaron 100 toneladas de aceite de palma certificado como sostenible con 100 toneladas de aceite sin certificar, solo se pueden reclamar 100 toneladas certificadas con la advertencia “mixed” (mezclado).

Mesa Redonda Nº 2 de la RSPO, en Zurich, en 2005. Fuente: RSPO

En el proceso, unos y otros insumos se combinaron, pero en el resultado habrá un “balance” para calcular la producción certificada por su volumen, y no necesariamente por su origen.

Asimismo, la RSPO también ha ideado un sistema para los manufactureros y minoristas llamado los “Créditos RSPO”. Un crédito se le puede comprar a un pequeño agricultor o refinador y certifica una tonelada métrica de su producción certificada como sostenible. Así, el gran comprador de créditos puede “compensar” –en palabras de la propia RSPO– los volúmenes de aceite de palma no certificado que utilizaron en sus propios procesos.

“Tratar de transformar una industria es un proceso. Los modelos de cadena de suministro [llamados] ‘Créditos RSPO’ y ‘Balance de masas’ son importantes puntos de entrada para que nuevos miembros se conviertan en miembros certificados sostenibles”, señala al respecto la RSPO a Convoca.pe.

“Alentamos a los miembros para trabajar hacia los modelos ‘Segregado’ y de ‘Identidad Preservada’ con planes a plazo determinado”, agrega la certificadora. El primero de estos sistemas “segrega” la producción certificada de la no certificada, lo que puede generar que la empresa se maneje con dobles estándares. El modelo de Identidad Preservada es el único que asegura que toda la cadena de producción del aceite proviene de fuentes certificadas.

“Para seguir proveyendo incentivos económicos a los miembros agricultores, necesitamos la flexibilidad de la cadena de suministro de “Balance de masa” para proveerles un acceso creciente a los mercados internacionales”, añade la RSPO.

Fruto de la palma aceitera que luego se refina en plantas procesadoras para producir aceite de palma. Fuente: Mongabay

Una investigación de Greenpeace determinó que solo entre 2015 y 2017 los proveedores de aceite de palma de la multinacional Mondelez, compañía certificada y productora de las famosas galletas Oreo y Ritz, deforestaron 70 mil hectáreas. De estas, 25 mil hectáreas eran hábitat natural de orangutanes, en peligro crítico de extinción.

La RSPO otorga certificaciones para cada rubro de la cadena de producción. Para ello, cuenta con 26 entidades certificadoras (certification bodies) que evalúan, auditan y certifican a su nombre el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad. Desde su creación, la RSPO ha sido blanco de críticas, ya que todo este proceso ha servido para que compañías cuestionadas por malas prácticas ambientales utilicen sus auditorías y certificaciones para lavar su imagen (greenwashing).

La EIA, en su informe ¿Quién vigila a los vigilantes? 2 de 2019, documentó varios casos donde ha operado este mecanismo de lavado reputacional. Tres años después de su publicación, Siobhan Pearce, experta en Bosques y Aceite de Palma de la EIA, dijo a Convoca.pe que aún mantiene esta percepción, pues advierte que la RSPO ha seguido certificando a compañías que han cometido notorias infracciones a sus estándares.

A lo largo del tiempo, EIA ha documentado numerosos casos para demostrar que el esquema de la RSPO es permisivo con la industria palmicultora. Fuente: EIA

Pearce señala, por ejemplo, el caso de las compañías Permata Putera Mandrini y Putera Manunggal Perkasa, subsidiarias de ANJ Group, que luego de deforestar bosques primarios en Papúa Occidental, en Indonesia, consiguieron su certificación de sostenibilidad de la RSPO en diciembre de 2021.

“Deforestaron bosques primarios, algo que no es permitido por la RSPO desde noviembre de 2005, pero no se ha hecho ninguna mención de ello en su reporte de auditoría y ahora están certificadas. El reporte de auditoría sólo refiere que se envió [un documento de] Procedimientos para Nuevas Plantaciones en 2014, que estaban por debajo de los estándares y que no consiguieron identificar los bosques primarios”, alerta Pearce a Convoca.pe.

El documento de Procedimientos para Nuevas Plantaciones tiene como objetivo fijar una serie de evaluaciones –planteadas por los certification bodies– y que las compañías tienen que superar antes de poder desarrollar un proyecto palmicultor.

Como muestra de que la RSPO no abarca la mayoría de incidentes y problemas que surgen en la industria –pues las quejas solo se inician por denuncia de parte–, ANJ Group solo registra una queja desde 2012 en su Panel de Quejas por presunta tala ilegal y daños a orangutanes al atraparlos con trampas en Kalimantan Oriental, en Indonesia. La queja fue desestimada por “falta de evidencia del querellante”.

Pero las ocurrencias de “lavado reputacional” no solo ocurren en el Sudeste Asiático, sino también en África y Sudamérica.

Pearce alude, por ejemplo, a la multinacional Socfin, cuyas operaciones en Sierra Leona, África, han sido denunciadas por violaciones a los derechos humanos, varios conflictos con posesionarios de tierras y contaminación. A pesar de estos antecedentes, ha conseguido la certificación de la RSPO en enero de 2022. La ONG neerlandesa Milieudefensie ha advertido que en los procedimientos de consulta a las partes interesadas (stakeholders), llevados a cabo por la RSPO, no se recogieron los comentarios de algunos de estos, como los propietarios de las tierras.

Plantación de palma aceitera en Sierra Leona. Fuente: Greenpeace

Socfin también solo registra una queja en la RSPO, en 2019, por ocupar tierras comunales, pero no en Sierra Leona sino en Indonesia. El caso fue cerrado porque la comunidad dio marcha atrás en su reclamo.

En Colombia, la compañía italiana Poligrow, que opera más de 7 mil hectáreas en el municipio amazónico de Mapiripán, ha alcanzado la certificación de sostenibilidad en diciembre de 2020 sin haber presentado el documento de Procedimientos de Nuevas Plantaciones, de acuerdo con Pearce. La compañía antes se ha visto envuelta en distintas polémicas, debido a denuncias de presuntos abusos laborales y porque su director fue enjuiciado en 2017 por los delitos de estafa agravada y concierto para delinquir, hechos relacionados a la adquisición de un terreno. Su director fue absuelto.

Poligrow, igual que los anteriores casos, solo cuenta con un expediente de queja en la RSPO por haber tomado control sobre tierras de la comunidad indígena de Mapiripán sin su consentimiento en 2015. La compañía acordó rectificar sus acciones y el caso fue concluido.

Conflictos de interés

“La mayor debilidad de los esquemas [de certificación] es la falta de independencia real de los auditores y los entes certificadores que tienen un conflicto de interés, pues son remunerados por las compañías que [a su vez] verifican. Esta debilidad ha sido evidenciada por el Panel de Quejas y, por supuesto, por las ONG y por quienes interponen las quejas”, advierte Christopher Kidd, de Forest Peoples Programme.

Cada compañía de la RSPO puede escoger a su propia certificadora, por lo que estas últimas a su vez compiten entre sí para ganar estos clientes.

“La renuencia de estos esquemas para corregir la manera cómo llevan las auditorías es el aspecto más frustrante de nuestra relación con ellos [RSPO]”, agrega. En la actualidad, los entes certificadores de la RSPO han certificado hasta el momento la “sostenibilidad” de 112 compañías palmicultoras y refinadoras de la RSPO, que ejecutan las etapas de producción más propensas a las infracciones.

Al respecto, la RSPO no da una respuesta directa a este cuestionamiento. “La RSPO también siempre está trabajando en mejorar sus sistemas y procesos para fortalecer más la credibilidad de sus estándares. Esto incluye la capacitación de los entes certificadores (certification bodies) y auditores para fortalecer y asegurar resultados más amplios en las auditorías llevadas”, respondió a Convoca.pe.

Enseguida, hace alusión a que revisa sus estándares cada cinco años, alineados con los criterios de ISEAL –una alianza que incluye a otras instituciones de corte parecido al de la RSPO, pero en distintas industrias, como la soya, el algodón, etc.– para demostrar que el aceite de palma certificado por la RSPO “es creíble e inclusivo”. No menciona los conflictos de interés.

Siobhan Pearce, de EIA, menciona una serie de medidas que podrían ejecutarse para tener una verdadera independencia en las certificaciones, que no deberían resultar difíciles de implementar. Por ejemplo, que haya un organismo central que asigne las entidades certificadoras a cada compañía, en lugar de que cada compañía escoja a su evaluadora. Otra solución sería calificar la competencia de cada auditoría para asignarlas, según su ranking, a cada empresa según su nivel de riesgo.

Oficinas de Mutu International. Fuente: Mutu Certification

En la actualidad, el certification body que aparece más veces como certificador de compañías quejadas en el Panel de Quejas es Mutu International, una empresa internacional enfocada en clientes de Indonesia y Asia Pacífico. Tiene, por lo menos, 45 apariciones en el registro. Enviamos preguntas a la auditora por distintas vías, pero hasta la fecha no hubo respuesta.

Una de las certificadoras internacionales cuestionadas es SCS Global, responsable de la certificación de las compañías del ya mencionado grupo multinacional Socfin, que opera en 10 países de África, Asia y América Latina. La forma en que SCS Global ha logrado certificar a Socfin en Nigeria, Camerún, Sierra Leona y Costa de Marfil ha sido reportada por Milieudefensie. La ONG ha concluido que los conflictos territoriales y las violaciones a los derechos humanos no han sido tomados en cuenta en su proceso de certificación. Por eso, la organización ha iniciado una serie de acciones.

De acuerdo con información recogida por InfoCongo, la RSPO ha solicitado a ASI Assurance (una supervisora de las certificadoras) que inicie una investigación sobre el accionar de SCS Global, a raíz de las denuncias de Milieudefensie. Sobre ello, SCS Global se limitó a enviarnos un documento de la ASI con los avances de la queja publicada el 3 de marzo de 2022. La ASI concluyó que las notificaciones para el proceso de consulta se hicieron solo en inglés, algo que viola las exigencias de la RSPO.

No satisfechos

Entre los reclamos que han llegado al Panel de Quejas de RSPO, hay algunos cuya solución tarda demasiado, unos que ni siquiera fueron admitidos para originar un expediente y otros, que a pesar de las evidencias, no avanzan o fueron cerrados.

Por ejemplo, la gigante latinoamericana Alicorp, productora de bienes consumo masivo con sede principal en Perú, fue quejada en 2019 luego de que un reportaje de Convoca.pe revelara que se abastecía con aceite de palma que tenía como origen tierras deforestadas por el Grupo Melka en la Amazonía peruana. La queja, impulsada por la comunidad indígena de Uchunya de Ucayali, ni siquiera fue admitida a trámite por la RSPO.

“La Secretaría dispuso un diagnóstico inicial (...) y encontró que las acusaciones de hecho efectuadas por el quejante contra Alicorp, aún si se probaran ciertas, no constituyen una infracción de ninguna de las disposiciones de los documentos claves de la RSPO”, respondió la Mesa Redonda a nuestra consulta. De hecho, agregó que Alicorp utilizaba el mencionado modelo de “balance de masa” (aceite de orígenes mixtos) para su cadena de suministro.

Alicorp es una de las empresas de consumo masivo más grandes de Latinoamérica. Source: Andina

“Se afirmó algo que es sumamente peligroso: el hecho de que para la RSPO es posible mezclar palma de origen no certificado –manera elegante de decir casi ilegal– con palma de origen certificado, siempre y cuando las empresas mantengan un registro y no excedan un porcentaje anual. Al afirmar que esas empresas no tienen responsabilidad de garantizar un flujo 100% íntegro de palma limpia, entonces las exculpó de responsabilidad. Lamentamos muchísimo esta decisión”, señaló Alvaro Másquez, asesor legal de la comunidad.

La RSPO señaló que en 2021, de 12 quejas aceptadas recibidas, una no fue aceptada luego de un diagnóstico inicial.

Pero aunque algunas organizaciones ya han expresado abiertamente sus molestias, Transformations for Justice (TuK Indonesia) llevó el malestar de las comunidades de Kerunang y Entapang, de Indonesia, a otro nivel: puso una queja contra la RSPO por no resolver con celeridad una queja pendiente.

En 2018, inició ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) una queja contra la RSPO porque pasaban los años y no resolvían su problema de tierras con la multinacional Sime Darby. La controversia se llevó a cabo en el Punto Nacional de Contacto (NPC) de la OECD en Suiza, donde fue fundada la RSPO en 2004. TuK reclamaba que la RSPO no cumplía con los lineamientos de la OECD para las compañías de sus países miembros, al no abordar correctamente su reclamo.

La OECD medió para que la RSPO atendiera las quejas de las comunidades de Kalimantan Oriental. Fuente: OECD Watch

Sime Darby compró en 2007 una plantación en Kalimantan Oriental y no respetó los tratos que su predecesora había hecho con las comunidades para permitirles cultivar dentro de la concesión. Con la mediación del OECD, las partes se pusieron de acuerdo en los procedimientos a seguir para que la queja avanzara y firmaron un documento en 2019 al respecto. Sin embargo, la queja aún figura como pendiente de resolución.

Plantación de Sime Darby en Malasia. Fuente: The Malaysian Reserve

Edi Sutrisno, director ejecutivo de TUK Indonesia, asegura que su institución está satisfecha con la decisión de la OECD. “Antes de la queja ante la OECD, el sistema de quejas de la RSPO no era efectivo y fallaba en alcanzar un plan de acción con plazos fijos entre las partes de las disputas o quejas –muchas de ellas legítimas arrastradas por años sin remedio ni soluciones adecuadas”, señala.

“Ahora las comunidades Dayak Hibun (interviniente clave en la queja) están esperando la restitución apropiada de sus tierras mientras el estándar de la RSPO exige a los miembros que cumplan con el Consentimiento Libre, Previo e Informado y los derechos humanos de los pueblos indígenas y propietarios afectados”, agrega.

Sin embargo, el avance de la deforestación masiva de los bosques y el despojo de tierras para la producción de palma aceitera no se detiene en el mundo. El panel de quejas de la gran certificadora de esta industria sigue siendo un tribunal débil para convencer a las compañías de que renuncien a estas malas prácticas.

*Con la colaboración de los becarios de la Rainforest Investigation Network (RIN) del Pulitzer Center: Madeleine Ngeunga (InfoCongo), Karol Ilagan (Philippine Center for Investigative Journalism), César Molinares (360-grados.co), Yao Hua Law (Macaranga) y Bagja Hadat (Tempo). María Alejandra Gonzales (Convoca) y Keng Kuek Ser Kuang, editor de datos de RIN, también colaboraron con este reportaje.

Ilustración principal: Manuel Gómez Burns.