Por Luis Enrique Pérez | 3 de febrero de 2022
Eran las 4:30 de la madrugada del 27 de marzo de 2017 cuando la doctora Milagritos Sánchez Reto y su familia sintieron el sonido de las alarmas del serenazgo y la Policía en su casa, en la urbanización “Los Cocos del Chipe” del distrito de Piura, en la ribera del río Piura. Era la señal de que el desborde de esta fuente de agua había llegado a su barrio y todos debían ponerse a salvo.
En un día normal, Sánchez Reto habría estado preparándose para acudir a trabajar al hospital Cayetano Heredia en el distrito piurano de Castilla. Pero en esos días de desastres, causados por el fenómeno El Niño Costero, la doctora junto a sus vecinos se dedicaron a preparar costales y a improvisar barreras para evitar que el agua ingresara a sus viviendas.
Fue tan intensa la fuerza de la naturaleza que Sánchez Reto pensó en el riesgo de muerte que corrían su familia y sus vecinos. "Sentí impotencia, temor. Se supone que he comprado la casa para sentirme segura, pero te quedas con la sensación de riesgo inminente", recuerda. Durante el fenómeno climático se reportaron solo en Piura 20 fallecidos y 50 heridos. A nivel nacional, la cifra fue de 162 decesos.
Hoy se cumplen exactamente cinco años desde que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski declarara el estado de emergencia en la costa norte del país, entonces devastada por esas intensas lluvias e inundaciones. En ese verano de 2017, Piura fue la región que reportó más daños económicos. El evento metereológico dejó ahí más de 90 mil damnificados y más de 21 mil viviendas destruidas.
Como directora del hospital de Castilla, Sánchez también tuvo que enfrentar el aniego de la parte baja de ese centro de salud, en el área de medicina física y rehabilitación, donde se echaron a perder todos los equipos médicos. De hecho, solo en Piura 262 establecimientos públicos se vieron afectados por este fenómeno natural, según el Censo de Población, Viviendas e Infraestructura Pública Afectada por el Niño Costero 2017, elaborado por INEI.
Sentí impotencia, temor. Se supone que he comprado la casa para sentirme segura, pero te quedas con la sensación de riesgo inminente".
A pesar de las promesas del gobierno para hacer una reconstrucción “con cambios”, con un enfoque preventivo para evitar otro desastre similar, las obras para contener el caudal de este río y evitar que las lluvias inunden la ciudad no tienen cuándo empezar. Con el “Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, publicado en septiembre de 2017, se trazó un objetivo de inversión en obras de prevención solo para Piura de 1,845 millones de soles.
Una serie de retrasos ahora mantiene en vilo a los piuranos. Sin la infraestructura adecuada, en cualquier momento podría repetirse una tragedia como la de ese verano de 2017 y la población verse en el riesgo de perderlo todo de nuevo.
¿Por qué hasta ahora no se inician las obras? Pese al tiempo transcurrido, a la fecha ni siquiera existen los estudios técnicos que deben especificar al detalle las infraestructuras que se requieren para llevar a cabo dos planes preventivos para la región: la reducción de riesgos ante la crecida del río Piura y el sistema de drenaje pluvial urbano para evitar las inundaciones por lluvias.
Estos estudios técnicos no están listos porque un zigzag burocrático ha generado cambios en las competencias de las instituciones públicas —del Gobierno Regional de Piura y de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios—, las mismas que tampoco han brillado por sus habilidades de gestión.
Lo único cierto hoy es el miedo de la población piurana a que se desate un nuevo fenómeno climático y los encuentre sin preparación. Según análisis efectuados por el Gobierno Regional, las ciudades y poblados de las provincias de Morropón, Piura y Sechura siguen expuestas a inundaciones que podrían causar cuantiosas pérdidas en la infraestructura urbana y en los cultivos de las zonas rurales, a lo largo de los 280 kilómetros del río Piura.
Los daños materiales ocasionados por El Niño de 2017 ascendieron a los 3,9 mil millones de dólares en todo el territorio nacional.
Ni españoles, ni alemanes, ni británicos
En 2018, el Gobierno Regional de Piura fue el primero que tuvo a su cargo la responsabilidad de contratar con expertos privados la elaboración de los estudios técnicos necesarios para definir los detalles de las obras de prevención. Lo haría a través de su unidad ejecutora Proyecto de Irrigación Alto Piura.
La entidad contrató entonces al Consorcio Inundaciones Piura, que era integrado solo por compañías españolas: Asistencia Técnica y Jurídica Consultores SL, Intecsa SA e Inypsa. El monto del contrato fue de 17,5 millones de soles.
Los estudios debían estar listos para diciembre de 2019, pero el consorcio español primero alegó tener complicaciones de logística y de acceso a las zonas de análisis. Esta circunstancia, sumada al inicio de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 que golpeó fuertemente a la región norteña, motivaron que el Proyecto Alto Piura aprobara una reprogramación a favor de los españoles para diciembre de 2020. Pero nunca se alcanzó esa fecha.
En septiembre de 2020, la entidad regional decidió darle fin a este primer contrato, a pesar de que ya le había reconocido al consorcio español el pago de más de 6 millones de soles por la entrega preliminar de seis documentos técnicos que serían parte de los planes.
Según una resolución del Gobierno Regional, la causa de terminación del contrato fue la necesidad de ceder su puesto como ejecutora —nueva encargada— a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC), el organismo dependiente del gobierno central que tiene el fin específico de reconstruir y prevenir más desastres. Con ello, el expediente volvió a fojas cero.
“Se ha determinado que el acto de pérdida de la unidad ejecutora constituye un hecho o evento de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que resulta imposible continuar con la ejecución de las prestaciones objeto de los contratos”, sostiene la resolución. En realidad, de acuerdo con documentos revisados por Convoca.pe, fue la ARCC la que le pidió reiteradas veces al Proyecto Alto Piura que le transfiera las competencias para estos proyectos. Esto fue aprobado por el Consejo Directivo del Proyecto Alto Piura en una sesión del 22 de julio de 2020.
Pero con la ARCC liderando el proceso, los resultados tampoco llegaron. El 30 de diciembre de 2020, la directora ejecutiva de dicha entidad, Amalia Moreno, anunció la firma de un nuevo contrato para realizar los estudios necesarios con la empresa alemana Fichtner. Sin embargo, solo cuatro meses después de la suscripción, el trato fue anulado, pues la compañía no cumplió en subsanar las observaciones notificadas por la autoridad.
"No había diversos escenarios para la salida al mar, no hay una estrategia para el tratamiento de sedimentos dentro del control de inundaciones, y tampoco han identificado cuáles son las zonas en las que se requiere crear o reforzar las defensas ribereñas existentes a lo largo de toda la cuenca", indicó entonces la alta funcionaria mientras el tiempo seguía pasando para los piuranos.
Semanas después, en mayo de 2021, la ARCC anunció un cambio en la modalidad de elaboración de los planes. Ya no contrataría a una empresa o un consorcio, sino que ahora los estudios de los planes iban a ser elaborados por técnicos de la ARCC, un Equipo de Ejecución de expertos británicos (UKDT) y otros profesionales independientes de Piura. El nuevo contrato se desarrollaría en el marco del acuerdo de cooperación gobierno a gobierno que firmó el entonces presidente Martín Vizcarra con el primer ministro británico, Boris Johnson.
Se suponía que ese nuevo equipo utilizaría la información existente de los estudios anteriores y, de hecho, prometió entregar los documentos en 14 semanas, que se cumplieron en agosto de 2021. Pero el plazo no se cumplió.
“Estamos un poco atrasados con el avance para ser honestos. Esperábamos acabar mucho antes. Tenemos una nueva fecha de culminación que es el 3 de marzo”, dijo el director de Soluciones Integrales de la ARCC, Joan Cáceres, en diálogo con Convoca.pe.
Lo concreto es que, pasado un quinquenio desde la destrucción que dejó El Niño, ni los expertos españoles, ni los alemanes, ni los británicos lograron hasta el momento cumplir con el diagnóstico técnico.
Sin control ni defensa
"Presidente tras presidente, ministros tras ministros, se burlan de nosotros. Aquí lo que pasa es que no hay una persona del Estado que tenga capacidad de humanidad", dice decepcionado Leopoldo Namuche, dirigente del sector de Nuevo Santa Rosa, ubicado en el distrito de Cura Mori, en Piura. Ese es uno de los asentamientos que se formaron luego de que familias enteras abandonaran sus antiguas viviendas en el caserío Santa Rosa, en el Bajo Piura, para escapar de la inundación del río que arrasó con sus viviendas en el verano de 2017.
Aquí, en el también denominado "Kilómetro 980" de la Panamericana Norte, viven más de 1,800 familias: unas 10 mil personas. Aunque ahora residen en un lugar con mayor altitud y donde se sienten más seguros, todavía no cuentan con agua potable permanente y desagüe, por lo que tienen que volver por temporadas a su viejo pueblo para acceder a servicios básicos, así como a salud y educación. "Desde esta parte alta, miramos con pena y dolor a nuestro pueblo de Cura Mori", comenta Namuche.
Cura Mori y sus poblados anexos se encuentran ubicados en el valle del Bajo Piura, en la margen izquierda del río Piura. Por su geografía y características del suelo, más del 80% de ese distrito se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Ese terreno tiene depresiones que hacen que las viviendas y campos de cultivo se encuentren debajo del nivel del río, lo que genera inundaciones de más de un metro de alto.
Namuche percibe que nada ha cambiado y que el peligro persiste. "Ha habido un caos y más se ha estado malgastando la inversión. No han logrado nada. Donde está el verdadero peligro y donde se ha salido el río, no se ha hecho nada", exclama Namuche, en conversación con Convoca.pe.
Dónde está el verdadero peligro y donde se ha salido el río no se ha hecho nada".
A cinco años del desastre, ¿quién se hace responsable de los retrasos? ¿Qué entidad ha fiscalizado el proceso de elaboración de estos planes para proteger a la población de desbordes y lluvias?
Hasta el momento, la Contraloría General de la República no ha desplegado acciones efectivas para que la ARCC empiece a mostrar mayor celeridad en los proyectos referidos a las necesarias contenciones del Río Piura y al nuevo sistema de drenaje urbano.
La Contraloría, que es la entidad llamada a fiscalizar y advertir posibles incumplimientos que generen retrasos en los proyectos, tuvo un rol más bien discreto en el seguimiento a la elaboración de estos planes cuando todavía estaban siendo llevados por el Gobierno Regional.
En junio de 2019, el gerente regional de Control de la Contraloría en Piura, Joan Humberto Ramírez, elaboró un “informe de orientación” de oficio donde advertía que tres técnicos contratados por el consorcio para realizar los estudios también estaban trabajando en la elaboración de los planes de control en otras tres regiones del país en forma simultánea, lo que podría generar riesgos de incumplimiento del contrato.
Sin embargo, con el cambio de unidad ejecutora a la ARCC, la gerencia regional de Control de la Contraloría ya no pudo intervenir más en el seguimiento de la ejecución de los planes. Así, la supervisión pasó a ser responsabilidad de otra área de la Contraloría: la Unidad de Megaproyectos.
Consultada por Convoca.pe, la entidad controladora no confirmó si habían o no realizado alguna intervención de control al equipo liderado por los técnicos británicos. Entre los informes de control publicados en su sitio web tampoco figura ninguno referido a este proceso.
Al ser un asunto que afecta a cientos de miles de peruanos, Convoca.pe también llamó en reiteradas oportunidades al jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, para conocer qué acciones había hecho este organismo autónomo y qué posición había tomado en defensa del derecho de los piuranos a vivir en condiciones seguras. Sin embargo, el funcionario indicó que no se pronunciaría al respecto. Por otro lado, consultados en las oficinas de Lima, respondieron que "era un tema muy técnico" para un pronunciamiento y reconocieron que no habían atendido como entidad este proceso.
"Estamos un poco atrasados"
Luego de reconocer que están "un poco atrasados con el avance" de los estudios técnicos , Joan Cáceres, director de Soluciones Integrales de la ARCC, manifestó que las respuestas planteadas con una visión del primer mundo no son necesariamente aplicables a Piura, en alusión al Equipo Ejecutivo británico que apoya en el proceso. "Por eso hemos tenido varias idas y vueltas con el equipo de Reino Unido. Una cosa es que tengamos una receta de nivel mundial y otra es lo que podemos hacer en Perú", comentó el funcionario.
Si la finalización de los planes y la ejecución de las obras de prevención todavía están muy lejos en el calendario, un dato que alivia de manera pasajera los temores de los piuranos es que las lluvias intensas no aparecerían en el corto plazo. Según los pronósticos probabilísticos para el verano de 2022, del Servicio Nacional de Meteorología (Senamhi), en la costa y sierra de Piura se esperan lluvias dentro o por debajo de los niveles normales.
No obstante, en el panorama general el riesgo aún es latente y la naturaleza, imprevisible. Para el ingeniero Jorge Cabellos, quien es el responsable de la Gestión del Riesgo de Desastres de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno Regional de Piura, las cosas no han cambiado: Piura sigue con la misma vulnerabilidad que en el 2017. La situación no se modificará, advierte, hasta que se ejecute el Plan Integral del Río Piura por completo. Si este verano llegase de pronto un nuevo Niño, las consecuencias serían iguales a las de hace cinco años.
A veces cuando se vienen con soluciones de primer mundo, no se pueden aplicar a la realidad y al contexto de Piura”.
Cabellos también señala que si bien se proyecta que la ARCC deje pronto los planes terminados y que en el 2023 se empiece la ejecución de las obras, la implementación de todo el plan duraría entre 3 a 4 años. "Si no se maneja desde este momento la crecida del río, se corre el riesgo de que Piura se vuelva a inundar", alertó el funcionario regional.
El terreno de la provincia de Piura, aunque parezca totalmente plano, no lo es. En los distritos que conforman su área urbana, Piura, Veintiséis de Octubre y Castilla, la situación es de alto riesgo frente a los posibles eventos meteorológicos de intensidad, como se evidenció con el último El Niño Costero. Estos tres distritos se ubican en la parte baja de la cuenca del río Piura, que concentra el 49% de las amenazas por inundación a causa de lluvias y desbordes del río.
Entre los principales problemas de la zona urbana no solo se encuentra el desordenado crecimiento de la ciudad en los últimos 15 años, sino también la ubicación de estos nuevos asentamientos humanos en zonas conocidas como "cuencas ciegas". Estos lugares se caracterizan por tener un terreno hundido, que en caso de lluvias intensas o inundaciones, terminan sumidas en agua estancada.
Según información que detectó el Consorcio Inundaciones Piura, de las empresas españolas, durante su corta etapa de estudios se identificaron 113 cuencas ciegas en los tres distritos: 68 en Piura y Veintiséis de Octubre y 45 en el distrito de Castilla. Según información del Gobierno Regional de Piura, solo en Ventiséis de Octubre durante "El Niño Costero" se inundaron 2 hectáreas y media con un volumen de agua de más de un metro de altura.
"Uno de los temas más complejos es el tema predial. Existen zonas en las cuales se les pide a las municipalidades [distritales] que están titulando: ‘no den posesión a personas en zonas de alto riesgo y en zonas de riesgo no mitigable’", explicó el funcionario de la ARCC, Joan Cáceres, en referencia a estas "cuencas ciegas".
Además, el problema no es solo en el área más urbanizada del centro de Piura, sino también en la cuenca alta, donde inicia el río Piura. En Chulucanas, capital de la provincia de Morropón, la ARCC ha identificado que se han instalado viviendas de material liviano prefabricado y otras de material noble cerca del río. Por ello, se deberá retirar a esas familias.
"Queremos expropiar lo menos posible. Para cada caso existe un tema a analizar: si el habitante es posesionario o propietario. Si es posesionario, se le reconoce la construcción [en el pago por expropiación]. En caso de que sea propietario, se le reconoce la construcción y el terreno", indicó el funcionario de la ARCC.
¿Cuánto más habrá que esperar para las obras?
Si bien la entrega de los planes de manejo del río Piura y de drenaje de la ciudad se han reprogramado para el 3 de marzo, la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios ha hecho en paralelo un “Plan de Acción Rápida” para implementar 25 intervenciones priorizadas de presas, construcción de puentes y defensas ribereñas.
Joan Cáceres, de la ARCC, admitió que esto se ha decidido al ver que no se podrá ejecutar con prontitud "el proyecto grande" (el plan de manejo del río y el de drenaje). De esta forma, estas primeras obras avanzarán en paralelo y serán ejecutadas por el Gobierno Regional, por municipalidades provinciales y distritales y por la ARCC. O sea, parte de las competencias una vez más pasarán del gobierno central a los gobiernos subnacionales.
Para este conjunto de "obras rápidas", la ARCC prevé que las entidades públicas inviertan más de 1,110 millones de soles. Las intervenciones a priorizar están aún en una etapa de “socialización” con las municipalidades y su inicio es anotado para el último trimestre del 2022. Serán obras previas a la contratación de los grandes proyectos que serán propuestos por el equipo británico-piurano.
"Avanzaremos con defensas ribereñas en el Faique, en Huancabamba, en el Centro Poblado de Parales en Tambogrande (Piura), en Chulucanas y Morropón. Al nivel en el que hemos llegado en los estudios del Plan Maestro (de manejo) del Río Piura, podemos determinar que esos [primeros] proyectos se pueden hacer sí o sí", aseguró Cáceres.
Además, en el caso de las obras rápidas para el mejoramiento del sistema de drenaje en la zona urbana de Piura, la ARCC ha decidido priorizar el mejoramiento del sistema de evacuación de aguas pluviales en los drenes de las zonas "Japón-Turquía" y "Petroperú", en el distrito de Veintiséis de Octubre.
Para las denominadas "cuencas ciegas" de los distritos urbanos de Piura, Castilla y Veintiséis de octubre, que se vuelven lagunas con las fuertes lluvias, la ARCC también ha planeado la inversión en la reparación de bombas y cisternas móviles para desaguar esas lagunillas formadas por las lluvias, aunque solo es un paliativo.
Al consultar al funcionario cómo estas obras serán integradas a los proyectos que proponga el equipo de los planes, Cáceres indicó que cuando se tenga el contrato "las obras se complementarán como un lego", sin dar mayor detalle.
Piura, la región con más retrasos
En comparación con las regiones vecinas, Piura no es precisamente un modelo a seguir en gestión de la reconstrucción. "El único plan que está muy atrasado es el de Piura", admitió Cáceres, en referencia a las necesidades para contener desbordes y drenar las lluvias. Y es cierto. Otras regiones del norte peruano que también sufieron los embates de El Niño Costero en el 2017, luego de tres años de iniciada la Reconstrucción con Cambios ya tienen listos sus planes maestros de intervención.
Por ejemplo, en mayo de 2021, el director ejecutivo del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, Manuel Leiva, informó que ya se había culminado la elaboración del Plan Integral de Manejo de Inundaciones del río Tumbes. Esta entidad, que es parte del Ministerio de Desarrollo Agrario, suscribió su contrato para la elaboración de estudios técnicos en el 2019 y fue entregado en el plazo acordado. Actualmente, los proyectos ya se encuentran en fase de diseño, según Joan Cáceres.
Para el manejo del río Tumbes se han elaborado perfiles para la construcción de 105 kilómetros de presas ribereñas y diques, un sistema de alerta temprana en caso de lluvias y de crecimiento del caudal del río, así como la reforestación de las márgenes del cauce. La inversión inicial está estimada en mil millones de soles. Hechos los planes, su ejecución recién fue transferida a la ARCC.
En el caso de Lambayeque también se encuentra en la misma etapa que Tumbes. En el 2019, el Proyecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT), del Gobierno Regional de Lambayeque, elaboró los planes maestros para el manejo integral de los ríos Chancay-Lambayeque y próximamente se iniciará con el estudio para el manejo de los ríos Zaña y Olmos.
En el caso de Piura, se decidió transferir la fase de los estudios del Gobierno Regional a la ARCC y ello ha sido determinante para acumular los preocupantes retrasos que se manifiestan hoy.
El grupo de compañías españolas, Consorcio Inundaciones Piura, al que el Gobierno Regional de Piura rescindió el contrato inicial, anunció a Convoca.pe, a través de su área de gestión social, que ya ha presentado una demanda para iniciar un arbitraje contra dicha entidad subnacional. El consorcio alega que el perjuicio causado sería de más de 10 millones de soles.
La contratista considera que la unidad encargada no realizó observaciones a los avances de sus entregables y que ellos cumplieron con elaborar cinco documentos para el plan de manejo del río y otros seis instrumentos técnicos para el plan de drenaje de las zonas urbanas.
También indicó que las autoridades regionales les aseguraron que pese al cambio de unidad ejecutora, el consorcio español continuaría con la elaboración de los planes, algo que no sucedió. "La ARCC volvió a realizar el plan con una empresa alemana y luego con especialistas en Piura", afirmó el consorcio a este portal.
Además, solicitamos entrevistas con los ingenieros del consorcio, pero horas después de acceder cambiaron de opinión. Comentaron que no darían más declaraciones mientras el arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima siguiera su curso.
Convoca.pe llamó con insistencia al procurador público del Gobierno Regional de Piura, Carlos Valdés Rojas, para conocer las razones técnicas de la rescisión del contrato y el estado del arbitraje interpuesto por las empresas españolas. Valdés no respondió a nuestras llamadas ni a las preguntas que le hicimos llegar a través del área de comunicaciones de la entidad.
En medio de estos silencios, retrocesos y avances a paso lento, los principales perjudicados siguen siendo los ciudadanos de Piura.
“Solo juzgando por el tiempo transcurrido, [considero que] pudieron haberse hecho muchas cosas más que pudieron haber funcionado. Esa es una visión cualitativa, por no tener una gestión. Estar pasando de un responsable a otro está dejando tiempos muertos”, indica Juvenal Medina, ex jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
El experto, sin embargo, admite que pese a estos cambios, "los procesos administrativos deben respetarse porque no se puede acelerar lo que no se ha hecho en otros años". "Si eso sucede, los riesgos pueden ser mayores", anota.
Pero eso no les compete a los piuranos como la doctora Milagritos Sánchez Retto ni al dirigente vecinal Leopoldo Namuche, quienes necesitan resultados concretos antes que escuchar las explicaciones de las entidades responsables.
Opinión similar es la que comparte Flor Infante, presidenta de la junta vecinal de la urbanización Miraflores, en el distrito de Castilla, uno de los más afectados de la capital piurana. Para ella, los retrasos son “una radiografía de lo que es el Perú actual”, un lugar donde las autoridades persiguen intereses distintos a los de la población, donde los más desprotegidos pagarán las consecuencias, quizás otra vez con el agua al cuello.
Infante recuerda que en la inundación del 2017 la urbanización Miraflores quedó 15 días sin agua y sin luz, en pleno centro de la ciudad, y teme que esa situación se vuelva a repetir “porque aún no están [listas] las obras tan mentadas”. Después de cinco años, los piuranos siguen a la espera de soluciones que no llegan ni de las entidades peruanas ni de los técnicos del "primer mundo".
Ilustración: Manuel Gómez Burns.
Este reportaje contó con el apoyo de Grupo Propuesta Ciudadana, que impulsa el trabajo de colectivos ciudadanos que vigilan las labores de reconstrucción en la región Piura.