Ulises Sinhuani, lanza en mano, recuerda el día en el que los Charip, guardianes del territorio indígena wampis, detuvieron en el río Santiago una lancha en la que viajaban cinco mineros ilegales ecuatorianos y dos policías peruanos. Escoltaban dos motores de gran tamaño, destinados a la minería ilegal que opera en la frontera entre Perú y Ecuador, en la provincia de Condorcanqui.

“Atrapamos a unos policías escoltando mineros”, explica a Convoca Sinhuani, vicepresidente de los Charip, relámpago en wampis, “Al atraparlos, hemos visto que son autoridades, vigilantes de la patria peruana, pero están envueltos la corrupción de la minería ilegal”, cuenta sobre esta detención, que tuvo lugar el 18 de abril de 2024. 

La entrega de los mineros y los policías a las autoridades peruanas fue la primera victoria de los Charip, un grupo de autodefensas creado con el apoyo del Gobierno Territorial Autónomo Wampis, una entidad que representa y agrupa a los integrantes de este pueblo indígena. 

La nación Wampis se extiende a lo largo de más de 1 millón 300 mil hectáreas en los distritos de Río Santiago (Amazonas) y Morona (Loreto). Sus 22 comunidades tituladas viven asediadas por la minería ilegal. 

En el vasto distrito fronterizo de Río Santiago no existe un sólo policía destacado y la comisaría más cercana se encuentra en Santa María de Nieva, a más de 6 horas en bote. Esta situación deja a las comunidades wampis en una situación de seguridad especialmente vulnerable y las obliga a organizarse para defenderse frente a actividades ilícitas.  

Miembro de las autodefensas “Charip”. Foto: Gabriel García/Convoca

“Los mineros ilegales nos traen divisiones entre hermanos”

Los Charip nacieron el 18 de febrero de 2024 durante una asamblea comunal en la que el pueblo wampis decidió rechazar de manera contundente la minería ilegal en sus tierras y en el río Santiago, la principal fuente de agua de este distrito.

“Charip nació como un niño en una zona pobre, no tenía ni una casa, no tenía una canoa para vigilar, no tenía nada”, recuerda Ulises Sinhuani, vicepresidente de estas autodefensas. 

Aunque sus recursos son limitados, Sinhuani asegura a Convoca que su misión es clara: combatir cualquier tipo de minería, formal o informal, que amenace el equilibrio social y ambiental de su territorio. 

Rojas Wachapa, gestor del Gobierno Territorial Autónomo Wampis, explica cómo la minería ilegal rompe el orden social comunitario. “Los mineros ilegales nos traen divisiones entre hermanos; crean divisiones entre comunidades, divisiones entre organizaciones constituidas, divisiones en vínculos familiares, y esto es un peligro para nosotros”, admite a Convoca este dirigente. “Porque nosotros nunca vivimos enfrentados, pero ahora sí nos estamos enfrentando, por eso es que vemos la gran necesidad de seguir combatiendo a la minería a través de los Charip”.

Mujer miembro de los Charip. Foto: Gabriel García/Convoca

Miembro de los Charip. Foto: Gabriel García/Convoca

El pasado 10 de octubre, líderes de los Gobiernos Territoriales Autónomos Wampis y Awajún se reunieron con presidentes de diversas comunidades de los distritos de Río Santiago y El Cenepa en la comunidad de Huabal. Durante el encuentro, surgió un tenso debate entre quienes rechazan la minería ilegal y quienes, aunque conscientes de sus impactos, defienden su continuidad argumentando el abandono estatal y la falta de servicios básicos en sus comunidades. Al finalizar la reunión, la mayoría de los asistentes, 68 en total, votó en contra de la minería ilícita, mientras que solo 7 se pronunciaron a favor.

Actualmente, los Charip operan desde la comunidad de Villa Gonzalo, donde disponen de un local comunal y una base que alberga a 10 de sus 30 miembros, quienes se turnan para realizar labores de vigilancia, a menudo sin remuneración.

Equipados con lanzas y escopetas artesanales, los Charip suplen la falta de una embarcación propia con lanchas alquiladas con fondos gestionados por el Gobierno Territorial Autónomo Wampis. A pesar de estas dificultades, se han convertido en la principal defensa frente al avance de economías ilegales en el distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui. 

Dragas en el sector de Río Santiago. Foto: Gabriel García/Convoca

Dragas en el sector de Río Santiago. Foto: Gabriel García/Convoca

Condorcanqui: 8 estados de emergencia por minería ilegal y solo 13 detenciones

Condorcanqui ha vivido bajo estado de emergencia 540 días consecutivos entre 2022 y 2024, debido a los estragos de la minería ilegal.

Un estado de emergencia es un período excepcional que obedece a una grave perturbación del orden social. El Estado peruano lo declara para casos de extrema gravedad, por ejemplo, en tiempos de grandes desastres naturales o de protestas fuera de control.

Ocho de los diez estados de emergencia declarados en Condorcanqui desde junio de 2022 hasta marzo de 2024 han sido motivados por la minería ilegal, sin embargo, estas actividades continúan.

Entre 2019 y 2024, la Policía Nacional del Perú y el Ejército han ejecutado un gasto conjunto de S/ 6.063.827,00 en la lucha contra la minería ilegal en Amazonas. Durante este periodo, de acuerdo a información obtenida mediante la Ley de Transparencia, se realizaron 652 operativos y solo se detuvieron a 13 personas, un resultado que evidencia la poca efectividad de las acciones estatales.

Más aún si se observa estos presupuestos uno a uno, son incluso menores a otras partidas como la destinada a la disminución de protestas y movilizaciones en la región Amazonas, cuyo gasto se registra en el portal de Transparencia Económica del MEF, desde 2016 hasta 2024, por un total de S/ 4.364.188,00. Por separado, el gasto de la Policía Nacional frente a la minería ilegal registra una ejecución de S/ 2.623.515,00 entre 2019 y 2024, en Amazonas; y el Ejército Peruano S/ 3.440.312,00 , solo en los años de 2023 y 2024. Ninguno de estos presupuestos es mayor a lo ejecutado en protestas y movilizaciones en una región que no registra grandes disturbios desde el Baguazo en 2009.

En este escenario, los Charip se convierten en los únicos protectores de las comunidades wampis frente a la minería ilegal. Sinhuani destaca el compromiso de sus miembros: “Estos soldados son padres de familia, con hijos que estudian, pero han dejado todo para proteger su territorio”, dice con esperanza de que esta organización de autodefensa sea reconocida formalmente  y sus servicios puedan costearse en un futuro.

Proyecto de agua postergado por 7 años

El Río Santiago, principal afluente que atraviesa su territorio ancestral, está infestado de dragas.  La pesca y el agua que consumen está afectada por el mercurio que los mineros ilegales vierten en el río, un problema que se agrava ante la falta de infraestructuras de saneamiento. 

Ese es el caso de la comunidad de Chosica, un pequeño centro poblado de 340 habitantes en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Sin agua potable, electricidad ni desagüe, los residentes de este rincón del distrito de Río Santiago sobreviven consumiendo agua del río y quebradas contaminadas, mientras un proyecto de saneamiento básico, aprobado hace casi una década, permanece inconcluso. Frente a esta realidad, parar las operaciones de la minería ilegal es cuestión de vida o muerte para los Charip. 

El proyecto “Instalación del servicio de agua potable y saneamiento en el Centro Poblado Chosica” fue declarado viable el 23 de noviembre de 2015. De acuerdo con el Informe N° 03-2023/INSP.OBRA, al que Convoca.pe tuvo acceso, este proyecto empezó a ejecutarse 7 años después de ser declarado viable, a partir del 9 de diciembre de 2022, con un plazo estimado de 180 días calendario, para su finalización, el 6 de junio de 2023

Según el contrato firmado en octubre de 2022, la obra tenía un costo inicial de S/ 3,571,725.68 y un plazo de entrega para junio de 2023. Sin embargo, el presupuesto actualizado al 2024 asciende a S/ 5,853,066.87 y el avance físico reportado por Infobras es del 84.09 %, dejando a la comunidad con un servicio inconcluso.

Trabajos del proyecto “Instalación del servicio de agua potable y saneamiento en el Centro Poblado Chosica”. Fuente: Infobras.

“A consecuencia de esto, nuestra población sigue consumiendo el agua de río y de la quebrada, que está contaminada y con alta carga de sedimentos”, señala Virgilio Onopachi, un comunero de Chosica afectado. Además, resalta que, debido a la falta de saneamiento, los habitantes realizan sus necesidades al aire libre, lo que ha incrementado la incidencia de enfermedades en la comunidad.

“Por más de 20 años hemos pedido agua potable. No queremos más promesas; queremos soluciones”, concluye Onopachi, dejando clara la urgencia de atender esta deuda histórica. 

Versión del contratista: Un proyecto entrampado en burocracia

Convoca.pe se comunicó con el Consorcio Amazonas, encargado del proyecto "Instalación del servicio de agua potable y saneamiento en el Centro Poblado Chosica", conformado por Construcciones Oriental E.I.R.L. y Servicios Generales de Ingeniería S.A.. 

En representación de Construcciones Oriental E.I.R.L, el ingeniero José Goicochea Torres, manifestó que la principal involucrada en el avance de la obra era la otra empresa consorciada, Servicios Generales de Ingeniería S.A., y que su representada se encontraba desarrollando otros proyectos en el centro del Perú.

Por su parte, el ingeniero José Rodas, representante de Servicios Generales de Ingeniería S.A., explicó a este medio que el retraso en la obra se debe a deficiencias en el expediente técnico a cargo del administrador de contratos, de parte estatal, el Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural (PIASAR). "Se ha presentado unas deficiencias técnicas que el expediente tenía para que ellos tomen la decisión de corregirlas porque nosotros solo somos ejecutores, no hacemos otra cosa que informar y ejecutar la obra", mencionó en comunicación con Convoca.

"Recién nos han notificado en un documento donde se están aprobando parte de las correcciones del expediente. Seguramente ya nos notificarán en estos días para retomar el reinicio de la obra y culminarlo", concluyó Rodas.
 

Un pueblo que quiere el desarrollo

La falta de acceso a agua potable se une a las deficiencias de infraestructuras de salud. De acuerdo con el Buscador Nacional del Ministerio de Salud, en Río Santiago hay 23 puestos de salud, pero no hay hospitales ni centros especializados para emergencias complejas. Estos puestos solo ofrecen atención médica básica y de primera respuesta. Los hospitales principales están a horas de camino, igual que las comisarías.

Frente a esta situación de abandono, los mineros ilegales intentan seducir a las comunidades indígenas. Sin embargo, en su gran mayoría rechazan su presencia y prefieren agruparse en cooperativas agrícolas. 

“Mayormente las organizaciones de base no aceptan, pero aún así [los ilegales] están trabajando", explica Gerardo Timias Wam, presidente de la Cooperativa de Servicios Kanus, que produce cacao. Esta cooperativa se constituyó en 2017 y ya tiene 265 socios. "La minería nos afecta como asociaciones porque contamina el agua directamente y también el medio ambiente. 

Miembro de la Cooperativa de Servicios Kanus. Foto: Gabriel García.

El esfuerzo de esta cooperativa es un ejemplo de que los wampis buscan el desarrollo. De acuerdo a Timias, mensualmente producen de 28 a 40 toneladas de cacao que venden en Jaén, en Cajamarca.  

Rojas Wachapa, gestor del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, advierte que, de no ser por los Charip, el daño de la minería ilegal sería todavía mayor. "Esta problemática afecta ya a extensas áreas del Río Santiago pero sin nuestra intervención su incursión hubiera sido mayor, y no solo peruanos, sino también ecuatorianos, venezolanos, brasileños y colombianos”, sostiene Rojas Wachapa.

Según Wachapa, la falta de control habría provocado un avance desmedido de estas actividades ilícitas, con consecuencias devastadoras tanto para el territorio como para las comunidades indígenas que lo habitan. 

Los Charip, relámpagos en wampis,  se han convertido en un escudo humano que frena los daños de la minería ilegal. Estos relámpagos escenifican la lucha de David contra Goliath para proteger su cultura y su territorio, que alberga ecosistemas únicos como la Zona Reservada Santiago Comaina o el Parque Natural Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor.

* Reportaje editado por Beatriz Jiménez, editora de Convoca.pe