Comarsa: la minera disputada entre los Sánchez Paredes dejó millones sin pagar al Estado a pesar de sus ganancias

La mina Santa Rosa, propiedad de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), se erige como una herida abierta en el paisaje verde de Angasmarca, en la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, en el norte del Perú. Este extenso tajo amarillento de tierra y piedras, que alguna vez fue símbolo de prosperidad minera, fue paralizado en 2018 debido a la falta de pago de las garantías anuales para su Plan de Cierre. Desde entonces, se ha transformado en un foco de contaminación, un verdadero cáncer ambiental que ha contaminado las quebradas Sacalla, Maleta, Bellota y el río Ucumal, vitales fuentes de agua para la agricultura en el distrito de Angasmarca.

Comarsa es la empresa que más dinero le debe al Estado peruano por daños al ambiente. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha sancionado a esta compañía en 28 ocasiones, entre 2010 y 2023, y ha identificado que esta incurrió en un total de 98 infracciones ambientales. Estas multas suman 259 millones 821 mil 442 soles, lo que equivale a más de US$69 millones.

A pesar de estas sanciones, el Estado peruano, mediante sus propias leyes, protege a Comarsa y le permite incumplir con sus obligaciones. Cinco de las 28 sanciones fueron reducidas en un 50% gracias a la Ley 30230, conocida como ley del “Paquetazo Ambiental”, por más de 3 millones 976 mil soles. Esta ley, diseñada para "promover y dinamizar" la inversión, ofrece reducciones o condonaciones de multas a grandes empresas del sector minero y de hidrocarburos bajo el argumento de proporcionar "estabilidad tributaria".

Jesús Burgos, ex teniente gobernador de Angasmarca, explica la situación de contaminación de la quebrada Sacalla, por Comarsa. Video: Gabriel García.

En la primera entrega de la investigación 'Los negocios de la impunidad ambiental', Convoca.pe reveló que, pese a su derogación, la Ley 30230 continúa otorgando beneficios a empresas mineras y petroleras: 57 compañías obtuvieron el descuento de multas en un 50%, lo que equivale a más de 70 millones de soles, a pesar del incumplimiento de las medidas correctivas para reparar el daño ambiental. Entre estas firmas aparece Comarsa con una reducción del monto de las sanciones económicas de cinco multas ambientales que ascienden a 7 millones 953 mil 657 soles en multas pero que se redujeron a la mitad, 3 millones 976 mil 826 soles.

Un beneficio millonario para una empresa que también tiene la multa ambiental más grave ante OEFA por la contaminación de las quebradas Sacalla y Maleta y del río Ucumal, en la verde y herida Angasmarca. Por estos hechos, Comarsa le debe al Estado peruano prácticamente la mitad de su deuda: 130 millones 649 mil 48 soles, que, al igual que las deudas condonadas, no han sido pagados hasta la fecha.

Según información oficial proporcionada por OEFA a Convoca, a través de la Ley de Transparencia, Comarsa mantiene impagas 22 de sus 28 sanciones, lo que equivale a casi 256 millones de soles (más de US$68 millones). Esta cifra representa el 98,5% de su deuda por daños ambientales ante el Estado peruano. En total, Comarsa sólo ha pagado por completo 2.577.100,00 soles y parcialmente 1.036.000,00 soles, lo que corresponde a poco más del 1% de su deuda.

Según OEFA, Comarsa también mantiene 18 de sus deudas bajo pago suspendido. Todo indica que estás nunca se pagarán, a pesar de las ingentes ganancias que Comarsa obtuvo de la Mina Santa Rosa a lo largo de los 26 años que estuvo en su poder (1992 - 2018). Esto se debe a que la compañía se encuentra actualmente en quiebra, lo que, según explicó OEFA a este medio, suspende la cobranza coactiva de sus deudas, tal como lo estipula la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

En medio de estos enredos y candados que protegen a Comarsa, se encuentran quienes, a final de cuentas, son los verdaderos afectados: la gente de Angasmarca.

La herida en Angasmarca

Desde el aire, la Mina Santa Rosa parece un desierto en medio de un paraje verde. Arenas amarillas y blancas, tajos profundos y pozas de relaves marcan un paisaje desolado, de donde, en otro tiempo, se extrajo el oro. La mina está flanqueada por el río Ucumal a la derecha y la quebrada Sacalla a la izquierda, mientras que las quebradas Maleta y Bellota cruzan su interior. Alrededor, varios caseríos como Huacascorral, Totoropampa y Tambopampamarca tienen como principales fuentes de agua a esos afluentes. De entre todos estos, la quebrada Sacalla es la más afectada. 

Esta quebrada, que nace en las alturas de la mina Santa Rosa, desciende hacia el distrito de Angasmarca, llegando principalmente al caserío de Tambopampamarca, donde residen más de 400 familias, en su mayoría dedicadas a la agricultura.

Un equipo de Convoca visitó la zona y pudo constatar de primera mano el impacto sobre la quebrada. Lo que alguna vez fue un curso de agua cristalina, tal como lo recuerdan los habitantes de Tambopampamarca, hoy se ha convertido en un cauce rojizo, alimentado por tuberías que emergen de las profundidades de la mina Santa Rosa. El agua ya no es considerada apta para el consumo ni para la agricultura por los lugareños; en lugar de ser un recurso, es motivo de preocupación y tristeza para ellos, quienes saben que, en tiempos de sequía, su disponibilidad sería un gran alivio.

"Esta agua antes nosotros la utilizábamos para el consumo humano y también para el sembrío, para los regadíos de las siembras. Más o menos desde 2008, ya el agua se ha contaminado por los trabajos que ha hecho la empresa minera [Comarsa]. Hasta el día de hoy no podemos usar el agua por ese motivo", relató para Convoca Jesús Burgos, ex teniente gobernador de Angasmarca, frente a una tubería que sale de la mina Santa Rosa hacia la naciente de la quebrada Secalla.

Contaminación en la quebrada Sacalla. Video: Gabriel García.

En efecto, el daño a esta quebrada ha sido documentado tanto por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como por OEFA. El 12 de julio de 2021, la ANA sancionó a Comarsa con 33 mil soles por una infracción muy grave al encontrarse siete puntos de vertimiento de aguas residuales de la Mina Santa Rosa hacia el río Ucumal (4) y hacia la quebrada Sacalla (3). En esta última, se identificaron dos puntos de vertimiento a 115 y 350 metros aguas abajo de la naciente de la quebrada, y otro a 89 metros del sistema de tratamiento de aguas ácidas de la mina.

Según el ingeniero especialista en impacto ambiental Juan Daniel de la Torre Castro, cuando el agua es contaminada por efluentes mineros su uso tanto para consumo humano como para riego se vuelve peligroso debido a la presencia de metales pesados y sustancias tóxicas. Estos contaminantes no sólo afectan la salud de quienes consumen el agua, sino que también deterioran los cultivos y la calidad del suelo.

De la Torre Castro advierte: "Los metales pesados presentes en el agua son tóxicos para los seres humanos y tienen la característica de ser bioacumulativos, lo que significa que no pueden ser eliminados del cuerpo una vez ingeridos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades que dependen de estas fuentes naturales".

OEFA realizó un monitoreo en la zona en 2018 y detectó vertimientos de aguas residuales con altas concentraciones de arsénico, cadmio, cobre y zinc en la quebrada Sacalla, el río Ucumal y la quebrada Maleta. Una resolución impuso la multa más grave a nivel de todas las empresas sancionadas por OEFA tras haber hallado nueve efluentes provenientes de la Mina Santa Rosa “que descargaban hacia los cuerpos de agua del río Ucumal, quebrada Sacalla y quebrada Maleta”. Tres de estos vertían aguas residuales del Tajo Sacalla hacia la quebrada del mismo nombre.

Actualmente, la quebrada luce un color rojizo, lo que atemoriza a los habitantes de Tambopampamarca y los disuade de usar sus aguas. Foto: Gabriel García.

Bladimir Martínez, ingeniero ambiental de la Red Muqui, explica que cuando los niveles de arsénico y cadmio en los ríos y quebradas superan los límites permitidos, ya existe un impacto negativo en el ecosistema, afectando tanto a los sedimentos como a las corrientes fluviales. Aunque el impacto en las personas sigue siendo motivo de estudio, el riesgo de contaminación minera es evidente.

Martínez señala también, respecto al color de las aguas en esta quebrada: "La coloración rojiza en un río es una clara señal de afectación y de exposición de minerales. Este tipo de contaminación, que ocurre cuando se remueven los suelos y estos interactúan con la lluvia y el oxígeno, es un indicador de la presencia de algunos metales pesados como hierro, cianuro, plomo, cadmio o mercurio".

Supervisor de OEFA constatando descargas de la Mina Santa Rosa hacia la quebrada Sacalla. Foto: OEFA.

Efluente de la Mina Santa Rosa, donde se descarga agua hacia la quebrada Sacalla. Foto: OEFA.

"La empresa Comarsa nos ha contaminado, nos ha destruido prácticamente el caserío [Tambopampamarca]. El caserío más afectado es Tambopampamarca, pero aledaño a eso hay muchos caseríos más, muchos sectores más, donde todo se ha afectado, pero acá este caserío ha sido contaminado mayormente con el agua. Hemos perdido una cantidad de agua que hasta la actualidad no se puede recuperar", señaló para Convoca, Segunda Felipa Carrasconpita, agente municipal de Angasmarca.

El daño es particularmente grave porque los caseríos cercanos a Angasmarca y la quebrada Sacalla, como Huacascorral, Totoropampa, Cruz de Chuca y Tambopampamarca, no cuentan con fuentes de agua más allá de las que han sido contaminadas por Comarsa. Según los moradores de Tambopampamarca, el agua que utilizan y consumen viene de un sistema de captación de agua construido por la propia empresa minera e implementado en 2011. Sin embargo, este suele presentar fallas u obstrucciones que la propia ciudadanía debe remediar, ya que ha sido abandonado por la compañía desde que esta se desvinculó de la Mina Santa Rosa en 2018.

“El agua que nosotros tenemos lo hizo la empresa privada, lo hizo Comarsa. El agua no tiene un lugar, es una captación grande que discurre del propio cerrito. Y ahí se ha hecho una captación abajo (...). Pero es una obra técnicamente mal hecha, un desastre. Lo hizo sólo por cumplir y ni bien Comarsa entregó, empezó su decadencia y dijo: ‘Ya no hay materiales, ya no puedo apoyarles’, y ahora nosotros sufrimos las consecuencias”, contó a este medio David Otiniano, presidente de la Asociación Campesina de Productores Agropecuarios y Forestales del Caserío de Tambopampamarca de la provincia de Santiago de Chuco.  

Entrada a la mina Santa Rosa, propiedad de Comarsa. Actualmente, en el ingreso se advierte el nombre de "Pashagón S.A.C". Foto: Gabriel García.

“Ahorita el agua se ha roto, está que filtra, está que fuga. Nosotros para ir a arreglarlo tenemos que solicitar a la municipalidad, a veces nos apoya, a veces demora, porque está lejos”, mencionó Otiniano. Toda esta situación hace que la quebrada Sacalla —ahora inservible para el consumo humano— sea sumamente necesaria. “Si se recuperara el agua de Sacalla, si Comarsa ya no contaminara, la tuviéramos a un paso. Si se malograra el agua fuéramos al toque corriendo [a captarla]”, declaró el dirigente para Convoca. 

Comarsa ya no tiene presencia en la zona. Ha cesado sus operaciones y se ha convertido en un fantasma que debe millones de soles al Estado, después de contaminar y dejar una herida ambiental que sigue creciendo.

Este medio visitó la municipalidad distrital de Angasmarca con el objetivo de conversar con Moisés Tandaypan Velásquez, alcalde de esta jurisdicción, sin embargo, este no se hallaba en las instalaciones al momento de la visita. 

Solo logramos conversar con Leonardo Esquivel Zavala, subgerente de Gestión Ambiental de la municipalidad distrital de Santiago de Chuco. Esquivel explicó que la entidad responsable de los temas relacionados con la minería es el Gobierno Regional de La Libertad, mientras que su oficina se encarga del monitoreo de otras fuentes de contaminación local y de realizar diagnósticos ambientales. Respecto a la minería y sus impactos, mencionó que el último informe se elaboró el año pasado y fue remitido al "ente competente", pero no brindó más detalles al respecto.

Mapa de la Mina Santa Rosa, en Angasmarca. Fuente: OEFA.

Deudor incobrable

Convoca ha cubierto desde 2014 lo que hoy se conoce como “Paquetazo Ambiental”. Aquel año, bajo el gobierno de Ollanta Humala, se promulgó la Ley 30230, que facilitó condonar deudas por infracciones ambientales a grandes empresas mineras y petrolíferas, incluso después de la derogación de su polémico artículo 19 en 2017. 

De acuerdo con el texto de la Ley 30230, aprobado en 2014, este artículo le quitaba facultades a OEFA para sancionar efectivamente durante un periodo de tres años. En ese tiempo, el organismo sólo podía iniciar "procedimientos sancionadores excepcionales," limitando su capacidad a la orden de medidas correctivas, y a multas exclusivamente en casos de daño a la vida y la salud, actividades mineras no autorizadas o reincidencia en infracciones.

¿Puede una norma derogada hace más de siete años seguir causando daños hoy? Aunque parezca ilógico, la Ley 30230, conocida como el “Paquetazo Ambiental”, continúa impactando negativamente en el país, tanto en lo económico como en lo ambiental.

Instalaciones abandonadas en la mina Santa Rosa, propiedad de Comarsa. Foto: Gabriel García.

La Ley 30230 obligaba a OEFA a priorizar medidas correctivas por sobre sanciones económicas, reservándolas solo para casos excepcionales. Aunque las medidas buscan que las empresas reviertan el daño ambiental, la norma también restringía el valor de las multas, limitándolas al 50% de la multa máxima en casos de incumplimiento.

En ese contexto, Convoca.pe fue el medio que puso mayor énfasis en denunciar las primeras aplicaciones de esta ley. Un año después de la entrada en vigencia de la ley, logró demostrar que el gobierno peruano ya había dejado de cobrar 30 millones de soles debido a esta medida. Estos hallazgos fueron cruciales para que, en 2016, OEFA reconociera los efectos negativos de la norma, lo que finalmente llevó a su derogación en 2017.

Una década más tarde, este medio analizó y sistematizó la documentación oficial sobre las empresas deudoras que se beneficiaron del Paquetazo Ambiental y encontró que 51 compañías accedieron a estos beneficios. Entre estas, Comarsa ocupa el quinto lugar de la lista de las empresas más favorecidas con la condonación de deudas ambientales, precedida sólo por Compañía Minera San Simón S.A., Activos Mineros S.A.C., Anabi S.A.C., y Castrovirreyna Compañía Minera S.A.

Comarsa fue sancionada con 19 medidas correctivas, de acuerdo a cinco resoluciones de OEFA que entran en el beneficio de la ley del Paquetazo Ambiental. Dos de los documentos sostienen que la Mina Santa Rosa, propiedad de la compañía, realizó descargas de desechos mineros hacia la quebrada Bellota y las orillas del Río Ucumal, en Angasmarca.

Convoca pudo llegar también hasta las inmediaciones de la quebrada Bellota y comprobar que el agua de la mina Santa Rosa sigue fluyendo en este sector, donde un humedal luce completamente oscuro, recibiendo descargas de tuberías que salen de la unidad minera.

El agua de la Mina Santa Rosa fluye en las cercanías de la quebrada Bellota. Video: Gabriel García.

Según la Resolución Directoral N° 00223-2019-OEFA/DFAI, se identificaron 2 puntos de vertimiento a la quebrada Bellota donde el nivel de PH excede en 10,132.93% y  el nivel de sólidos totales suspendidos excede en 813% a lo permitido. Fuente: OEFA.

Las otras tres resoluciones se refieren a incumplimientos de Comarsa en relación con su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), al no haber implementado canales de coronación, sistemas de drenaje y de descarga adecuados para los efluentes producidos en sus operaciones (líquidos procedentes de la actividad minera).

Como resultado, la empresa recibió cinco multas, equivalentes a 7 millones 953 mil 657 soles, que fueron reducidas a la mitad gracias al Paquetazo Ambiental. Comarsa terminó debiendo sólo 3 millones 976 mil 826 soles, lo que representa una reducción de más de un millón de dólares a su deuda.

A diez años de la implementación del "Paquetazo Ambiental", sus consecuencias no han sido el fomento de la inversión, sino la creación de un ambiente de impunidad, según César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales. Ipenza sostiene que la flexibilización del marco jurídico no ha atraído la inversión prometida, sino que ha desincentivado a aquellas empresas que cumplen con la normativa, generando efectos lamentables en la gestión ambiental del país.

“Creo que deberíamos aprender de esos malos ejemplos para que los gobiernos actuales y futuros dejen de estar promoviendo inversión a costa de reducir los niveles de protección ambiental alcanzados, lo cual no contribuye al bienestar de la sociedad y menos contribuye a mejorar el performance de las empresas, sino todo lo contrario. Simplemente trae situaciones de impunidad e insistencia para seguir flexibilizando y debilitando el marco jurídico”, declaró Ipenza para Convoca.

Todas estas deudas acumuladas por Comarsa a lo largo de los años —incluidas las del Paquetazo Ambiental— que suman más de 259 millones de soles, lo que equivale a más de 69 millones de dólares al cambio actual, en sanciones impuestas por OEFA, podrían nunca ser pagadas, debido a otra ley que protege a la empresa.

Según la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, existen ciertos supuestos en los cuales una deuda no puede ser cobrada por el Estado. Esta norma permite que en caso de liquidación o quiebra de cualquier compañía con deudas ante OEFA, estas multas no se paguen.

OEFA confirmó a Convoca que, debido a esta ley, las deudas de Comarsa derivadas del Paquetazo Ambiental, así como todas aquellas en estado de cobranza coactiva, no pueden ser recuperadas por la entidad, ya que la empresa se encuentra en quiebra.

Mina Santa Rosa, propiedad de Comarsa. Foto: Gabriel García.

Este medio pudo corroborar la veracidad de esta situación. Comarsa, una empresa fundada en 1992, estuvo activamente representada hasta 2018 por Santos Orlando Sánchez Paredes —investigado por lavado de activos, aunque absuelto en noviembre de 2023—. En 2018, se decidió la “reestructuración patrimonial de la empresa”, designando como “entidad administradora” a la firma Alva Legal Asesoría Empresarial, una compañía “especializada en crisis empresariales”, según detalla su página web.

En ese momento, Comarsa ya acumulaba 18 sanciones ante OEFA por un total de 125 millones 834 mil 303 soles (más de 33 millones de dólares). En 2021, la empresa inició su proceso de liquidación y para 2022 —ya con más de 250 millones de soles en deudas—, se declaró en quiebra, proceso que fue llevado ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), donde figura bajo esa denominación desde el 5 de mayo de 2023.

De acuerdo con Indecopi, el 5 de mayo de 2023, el proceso de declaratoria en quiebra de Comarsa concluyó de manera definitiva para la empresa.

Para llevar a cabo el proceso de liquidación, Comarsa designó al abogado Máximo Herrera Moscol como liquidador de la compañía en agosto de 2021, según consta en los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Convoca se comunicó con Herrera Moscol el 13 de septiembre último para conocer cómo llevó adelante este procedimiento hasta la quiebra de la empresa. Su respuesta fue la siguiente: "Voy a ser muy concreto con ustedes, esa empresa se quebró judicialmente. Esa quiebra judicial está inscrita en los Registros Públicos. Así que esa empresa ya no existe y ya no va más. Es un proceso judicial, técnicamente previsto en la ley. Nada más le puedo decir".

Posteriormente, Herrera Moscol no quiso profundizar más en el tema.

Este medio también contactó a la empresa Alva Legal Asesoría Empresarial. El 13 de septiembre se envió un cuestionario por correo electrónico y los días 24 y 25 de septiembre se intentó confirmar su recepción a través de su página de Facebook, obteniendo como respuesta que revisarían las preguntas. Al no recibir respuesta, se realizó una llamada telefónica el 1° de octubre, en la que se nos indicó reenviar las preguntas al correo de Sonia Alva Rodríguez, CEO de la empresa, quien se encontraba en el extranjero en ese momento. Hasta el cierre de este reportaje, no hemos recibido respuesta.

Julio Lozano Hernández, abogado y catedrático especialista en derecho concursal, explica que cuando una empresa se declara en quiebra, sus deudas generalmente se consideran incobrables debido a la falta de dinero o liquidez para saldar los compromisos pendientes. Este proceso implica que el activo (bienes, dinero u otros) del deudor ha sido completamente agotado, lo cual imposibilita el cobro por parte de los acreedores.

Camino a la quebrada Sacalla. Foto: Gabriel García.

Lozano aclara: "En el proceso judicial de quiebra, el juez emite los 'certificados de incobrabilidad' para cada uno de los acreedores impagos". El abogado detalla que, conforme a la Ley General del Sistema Concursal, el proceso de quiebra de una empresa se inicia cuando se agotan sus activos y persisten las deudas pendientes. En este caso, el liquidador designado tiene la obligación de solicitar el inicio del proceso de quiebra ante el Poder Judicial.

Lozano señala: "El juez emitirá el auto de quiebra, declarando la extinción del patrimonio a efectos de que se inscriba en los Registros Públicos", lo que formaliza el estado de insolvencia de la empresa y la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras.

Sin embargo, pese a haber sido declarada en quiebra, Comarsa sí tuvo ingentes ganancias hasta 2018, las suficientes para pagar los más de 259 millones de soles (más de US $69 millones) que aún tiene pendientes con el Estado peruano por daños al ambiente.

Cerro al frente de la mina Santa Rosa. Foto: Gabriel García.

Las ganancias de Comarsa

Como se ha mencionado, la quiebra de Comarsa hace imposible la cobranza de todos los montos adeudados. Sin embargo, Convoca tuvo acceso a información sobre las operaciones de producción y exportación de minerales de la empresa, lo que revela un panorama distinto. 

Tras revisar datos de producción de oro de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, este medio constató que la unidad fiscalizable Santa Rosa produjo 5,27 toneladas de oro entre 2014 y 2018. Además, Comarsa exportó 10,82 toneladas de doré (barras con un porcentaje de oro y plata) a países como Emiratos Árabes Unidos, Suiza, India, Italia y Singapur, entre 2013 y 2017, por un valor total de 262.853.957,44 dólares, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Estos datos evidencian que el dinero para pagar su deuda, que asciende a más de 259 millones de soles (más de US $69 millones) estaba disponible. De hecho, en proporción, Comarsa debe poco más del 25% de sus ingresos por la exportación de doré entre 2014 y 2018.

Sin embargo, este último punto merece especial atención, ya que si un acreedor llega a descubrir bienes adicionales del deudor, aún con el certificado de incobrabilidad, podría intentar recuperar parte de la deuda contraída con este.

Julio Lozano Hernández, abogado y catedrático especializado en derecho concursal, explica que, incluso después de que se declare la quiebra de una empresa y se emitan los Certificados de Incobrabilidad, aún es posible rastrear y reclamar dinero que la empresa pudo haber ganado durante su operación. Aunque el certificado acredita el estado de quiebra e iliquidez de la empresa, "no es un medio de extinción de obligaciones", como lo sería el pago o la condonación de la deuda.

Lozano precisa que "si en el futuro se encuentran cuentas, dinero en efectivo o activos, el acreedor tiene derecho a cobrar sobre ellos las obligaciones impagas que tuviera a su favor", lo que significa que la deuda podría ser recuperada si se descubren bienes adicionales.

Entretanto, la gente de Tambopampamarca en Angasmarca, debe persistir en una lucha solitaria donde la desconfianza hacia el Estado peruano continúa rompiendo, una a una, las hebras de una esperanza que aún flamea.

"Hay deudas de las ex mineras acá y si no están cumpliendo es porque el gobierno lo permite. Porque si fuera un ciudadano o alguien que quiere emprender con un pequeño negocio, debe 12 soles, lo cierran su negocio. Pero a ellos, qué cantidad de dinero deben y no les dicen nada. Entonces esto viene desde arriba", reclama Benito Otiniano, comunero de Tambopampamarca.

*Este reportaje tuvo como editora a Emilia Delfino, como parte de la serie investigativa 'Los negocios de la impunidad ambiental'. Luis Enrique Pérez estuvo a cargo de la construcción de la base de datos y Milagros Salazar es la editora general del proyecto.