Más de 60 millones de soles en multas reducidas o perdonadas a empresas extractivas, es el resultado del impacto generado diez años después de la promulgación del denominado “paquetazo ambiental”. Este monto considera las reducciones de las sanciones económicas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),  incluso después de la derogación del artículo 19 de la ley 30230 en el año 2017. 

Una serie de reportajes realizados por Convoca.pe en el año 2015, a un año de la promulgación de la ley 30230, revelaron y advirtieron el impacto de esta norma. Los hallazgos mostraron cómo las empresas de los sectores minero e hidrocarburos aprovecharon el alcance de la norma para -en algunos casos- evitar el pago de las sanciones o judicializar su aplicación, entrampando el tema en largos procesos.

Convoca.pe analizó las resoluciones emitidas por OEFA donde se “condonaron” deudas que fueron impuestas antes de la promulgación de esta ley. Así se encontró que este organismo dejó de cobrar multas por un valor de hasta 30.9 millones de soles. Fueron 74 procesos sancionadores que se borraron por efecto del “paquetazo ambiental” y que beneficiaron a diversas empresas del sector minero.

En el sector hidrocarburos la situación tampoco fue tan diferente. Como revelamos en el informe “Los millones perdonados a las petroleras”, entre julio de 2014 y marzo de 2015, OEFA congeló multas firmes por infracciones ambientales y también redujo el monto de otras. En ese total, los montos ascendieron a un mínimo de 6 millones 443 mil soles hasta llegar a los 24 millones 710 mil soles. De acuerdo al cambio monetario de la época, los montos estaban entre los 2 y 8,6 millones de dólares. ¿Cuál era el punto en común? Todas las reducciones y condonaciones se ejecutaron bajo el amparo de la ley 30230, el “paquetazo ambiental”.

La ley permitía que en los procesos vistos por OEFA en primera instancia se proceda solo a imponer medidas correctivas. Ya en segunda instancia podría reducirse la multa hasta en un 50%. En el informe mencionado Convoca.pe, revisó las centenares de resoluciones de OEFA, mediante el registro y creación de base de datos, calculó la cantidad de unidades impositivas tributarias (UIT) que fueron condonadas en multas no aplicadas. El análisis de esos datos incluyó el cálculo de dichas UIT a millones de soles, luego el cambio monetario a dólares para determinar la cifra de las pérdidas monetarias que se tuvieron al primer año de aplicado el “paquetazo ambiental”:

“Al sumar a estos números las cifras reveladas (...) para el sector minero en agosto último se puede establecer que el impacto económico para el país por las multas perdonadas y reducidas a las empresas mineras y de hidrocarburos entre julio de 2014 y marzo de 2015 oscilan entre 26 y 55 millones de soles. No es poca cosa: el 95 por ciento del dinero en multas impuestas por OEFA en 2014 corresponde a estos dos sectores y el monto máximo que se dejó de cobrar equivale a más de la mitad del presupuesto anual de la Dirección Territorial de Lima de la Policía Nacional, que tiene entre sus funciones combatir la delincuencia en la capital; cinco veces lo que gasta cada año el gobierno por la compra de frazadas para las familias afectadas por las heladas, 20 veces el presupuesto de la atención de personas con VIH del gobierno regional de Loreto, 30 veces el presupuesto de protección social del gobierno regional de Junín.”
 

Una actualización necesaria 

En septiembre de  2023, continuamos revisando la información sobre las multas ambientales en el marco de los alcances del "paquetazo ambiental". Es así que una actualización de nuestra plataforma Convoca Deep Data nos permitió establecer cuáles eran las empresas que lideraban el poco célebre ránking de empresas que entre los años 2021 y 2022 fueron sancionadas por OEFA.

“Las empresas que lideran el ranking de multas son Pluspetrol Norte S.A. (48), Buenaventura (18), Petroperú (13), Maple Gas (10), San Simón (10), Activos Mineros (8), Concepción Industrial (7), Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros (5) y Shougang Hierro Perú (6).

Estas cifras provienen sólo de procesos sancionadores que han culminado con casos cerrados en esos dos años, que a su vez pueden estar vinculadas a hechos de más años atrás. La condición de “resolución firme” se obtiene cuando las empresas no presentan recursos impugnatorios luego de la sanción o cuando la última instancia administrativa confirma la multa”.

Un informe publicado por Convoca.pe en 2023, reveló que solo entre los años 2021 y 2022, el OEFA siguió emitiendo resoluciones donde se aplicaban reducciones de hasta 50% en los montos de las multas, llegando -solo en ese período- a un monto de 10 millones 450 mil soles por conceptos de multas reducidas o perdonadas pese a haber detectado infracciones ambientales.

Ya para estos años el artículo 19 de la norma había sido derogado (Ver autógrafa de la ley aquí) pero una disposición complementaria establecía que las infracciones cometidas durante la vigencia del artículo aún debían ejecutarse al amparo de la ley. Es por ello que, los montos por reducción y suspensión de multas se incrementaron en los años siguientes, tal como se observa en la siguiente tabla.

El camino del “paquetazo ambiental” 

El sábado 12 de julio del 2014, una ley firmada por el entonces presidente Ollanta Humala y el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, buscaba “promover y dinamizar la inversión” con el establecimiento de medidas tributarias, simplificación de procesos y permisos. En la ley 30230, conocida como "paquetazo ambiental", un artículo en particular llamaba la atención y fue uno de los que más polémica generó y causó debates sobre su defensa y permanencia.El artículo 19 planteaba que el OEFA ejecutaría en un período de 3 años la aplicación de medidas correctivas frente a conductas infractoras en materia ambiental. Además consideraba que, de aplicarse sanciones económicas, estas no podían superar el 50% de la multa correspondiente. Es decir, si se colocaban multas éstas serían reducidas a la mitad.

El artículo 19 del "paquetazo ambiental" generó las primeras reacciones y motivó las investigaciones realizadas por Convoca. Foto: Diario El Peruano

La norma fue impulsada desde el mismo Ejecutivo. En junio de 2016, Convoca.pe brindó detalles de cómo se fue preparando la norma y quiénes estuvieron involucrados en la creación e impulso de dicha ley. (Ver: Quiénes estuvieron detrás de la ley que perdonó multas) Días intensos se vivieron en Palacio entre el 10 y el 12 de junio de 2014 previo a la promulgación del “paquetazo ambiental”. 

“En sólo 48 horas, entre el 10 y 12 de junio de 2014, se revisó y aprobó el proyecto en siete oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas para después ser presentado ante el Congreso de la República”.
 

La premura con la que se procesó y promulgó esta norma, junto a la participación de diversos personajes que pasaron de manera indistinta del Estado a la actividad privada y viceversa, no dejaron espacio para el análisis del impacto negativo que iba a tener el “paquetazo ambiental”. Aparentemente nadie previó, tal como revelamos en su momento y hemos recordado en este informe, que solo en el primer año de aplicación, el Estado iba a dejar de percibir casi 55 millones de soles, y que diez años después esta cifra superaría tranquilamente los 65 millones.

Un reconocimiento tardío 

El 8 de noviembre de 2016, ya en pleno gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, luego de las revelaciones que Convoca.pe hiciera sobre los efectos negativos del “paquetazo ambiental”, el Congreso de la República recibió en la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología a la entonces presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Tessy Torres, quien fue invitada para hacer un balance de los efectos de la Ley 30230, promulgada en el año 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala. 

En su presentación ante este grupo de trabajo Torres Sánchez señaló que la norma, en particular el artículo 19, “no puede ser considerado como un mecanismo de prevención, dado que no disuade la comisión de infracciones ambientales”. Hace ocho años Torres señalaba que las cifras mostraban que el porcentaje de incumplimientos, tras la promulgación de la norma, se incrementaron.  (Ver: OEFA reconoce impacto nocivo de la ley del “paquetazo ambiental”)

¿Qué viene ahora 10 años después? 

En mayo de 2024 revelamos que un proyecto de ley que busca revertir este tipo de situaciones se encuentra estancado en el Congreso de la República. El dictamen que reposa en la agenda de la Mesa Directiva del Parlamento busca suspender o cancelar los permisos de empresas que incumplan las medidas correctivas por graves infracciones ambientales. 

Convoca.pe informó que el congresista fujimorista y primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría presentó un recurso de reconsideración de la primera votación que aprobó la norma. El dilema es que Alegría ya había buscado detener una norma que sancionaba a Repsol por su responsabilidad en el derrame de petróleo producido en el mar del distrito chalaco de Ventanilla y que afectó a las costas de Ancón, Santa Rosa, Aucallama y Chancay al norte de Lima. 

A diez años de la promulgación del “paquetazo ambiental” y haciendo un recuento de lo acontecido en este tiempo, las palabras de la expresidenta de OEFA suenan a una profecía de esas que uno no quisiera escuchar o creer que se puedan cumplir: “(el paquetazo ambiental) no puede ser considerado como un mecanismo de prevención, dado que no disuade la comisión de infracciones ambientales”.

Próximamente, Convoca.pe revelará nuevas historias sobre el impacto de esta norma, diez años después de su promulgación y ejecución. Las empresas beneficiadas, las que prefieren seguir adelante pese a sus incumplimientos, las que meten al Estado en un carrusel eterno al judicializar la aplicación de las multas o las que siguen contaminando porque saben que la ley no los alcanzará para ser sancionados, además del nivel de cumplimiento o incumplimiento de las empresas a las medidas correctivas planteadas por OEFA.