Cambio de gobierno en el Arco Minero de Venezuela: ¿quién manda y quién cobra en las minas?

Cada vez que pasan por las calles del eje minero de Las Claritas-Kilómetro 88, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, una polvareda amarillenta y espesa los cubre como un velo. El sonido es inconfundible. Son 15, 20, 25 motos que van juntas. A bordo van los militares del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO), una estructura concebida y activada en 2022 bajo el control del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) para proteger los yacimientos. Nunca habían estado allí, pero desde la incursión armada de fuerzas estadounidenses el 9 de junio de 2026 –cuando tres bombazos hicieron vibrar las casas frágiles de la zona– ellos son la ley.

En las caravanas del GPAMO, los motorizados van con trajes verdes o de camuflaje militar. Algunos tapan su rostro. Foto: Lorena Meléndez

Rafael los conoce bien. Él es dueño de uno de los molinos de oro que opera en la mina El Mecatico, una de las muchas que hay en la zona que alberga el cuarto yacimiento de oro más grande del mundo, de acuerdo con la certificación de 2018 de la minera canadiense Gold Reserve. Parado bajo el techo de lata que resguarda su negocio, contó que pronto tendría que pagar al GPAMO 20 gramas de oro, unos 2.000 dólares americanos –una fortuna en Venezuela, donde el salario mínimo mensual es menos de un dólar– a cambio de recibir una planilla de registro que no tiene ese valor, pero que legaliza su actividad. 

El ceño de su rostro enjuto y humedecido por los más de 35 grados de temperatura, se arrugó más cuando comentó que ese no sería el único pago. El negocio de la extorsión del oro exige un pago mensual para permanecer en el lugar.

En la mina El Mecatico no se escucharon las explosiones de Brisas, en Kilómetro 88. Los militares llegaron poco después. Foto: Lorena Meléndez G.

Para Rafael y para los habitantes de Las Claritas, todo cambió la mañana del 9 de junio, cuando la zona amaneció tomada por militares. Decenas de vehículos oficiales rústicos y camiones trasladaron esa madrugada a cientos de efectivos de distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) –como la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)– quienes recorrieron las calles de la localidad junto a hombres vestidos de negro, con armas largas y sin identificación. Mientras, un par de helicópteros Cougar de la Aviación Militar voló casi al ras de los techos de las viviendas. 

El objetivo de aquella movilización era desmantelar al “Sistema”. Así se le llamaba a la unión criminal de Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como el “Negro Juancho” y Yohan José Romero, apodado Johan Petrica o El viejo, uno de los jefes de la megabanda nacida en la prisión de Tocorón: el Tren de Aragua (TDA). Esa alianza delictiva dominaba desde hace más de una década las tierras en donde está uno de los complejos mineros auríferos más grandes del mundo: Las Brisas-Las Cristinas, y sometía a todo el pueblo mediante torturas, mutilaciones y asesinatos, hechos denunciados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) e instituciones que defienden los derechos humanos dentro y fuera de Venezuela.

Los habitantes estaban tan aterrorizados que se mantuvieron encerrados durante días. Rafael no escuchó los bombazos que sonaron a media mañana en Brisas de Cuyuní, hacia el Kilómetro 88, porque durante la madrugada se había ido a su molino sin percatarse del despliegue militar. Lo que sí rememoró es que se quedó sin luz y sin señal telefónica durante horas. Los militares llegaron horas después a El Mecatico para destrozar depósitos y propiedades del “Sistema”. Esa acción se repitió en otras minas, también en hoteles, viviendas y comercios del pueblo.

Las viviendas de los líderes del “Sistema” tienen dos o tres pisos, ventanas muy estrechas y vidrios ahumados.  Foto: Lorena Meléndez G.

Uno de los espacios que el “Sistema” tenía en El Mecatico fue pintado con la frase: Recuperado. Consejo Comunal. Foto: Lorena Meléndez G.

Para saber quién en realidad manda en el eje Las Claritas-Kilómetro 88 y en los pueblos mineros del sur que se extienden hasta Guasipati, un equipo de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca recorrió estos territorios, como parte de la serie investigativa ‘Dorada Opacidad’. Entrevistas a más de una veintena de fuentes, entre comerciantes, molineros, policías, habitantes de la zona, hasta religiosos y funcionarios de gobiernos locales, permitieron identificar el nuevo mapa criminal del Arco Minero.

Durante días, solo se conoció lo que pasó a través de redes sociales o por lo que recabaron los periodistas a distancia. La primera explicación oficial no la dio ninguna autoridad venezolana, sino el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tres días después de los bombardeos, el mandatario aseguró que el Comando Sur de su país lanzó un “ataque cinético” para “ejecutar” al “Niño Guerrero”, apodo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el líder más visible del Tren de Aragua, con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez.

Nueva gobernanza criminal

Desde entonces, mina adentro comenzó a instaurarse el orden de los militares. Rafael contó que poco después de la toma del pueblo, todos los trabajadores de la mina fueron convocados a una reunión en la que un capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) los llamó a seguir trabajando sin descanso, porque debían “producir como lo mandaba la comandante Delcy Rodríguez”. Todo apuntaba a que se trataba de un ‘cambio de gobierno’, expresión utilizada en el mundo criminal venezolano para referirse a la sustitución de un grupo criminal por otro en un territorio, sin que esto implique la eliminación de las actividades delictivas.

Ese llamado a la productividad no vino acompañado de ninguna garantía. El molinero, desesperanzado y con los hombros caídos, recordó la antigua seguridad que le daba el “Sistema”. Antes, podía dejar todos sus instrumentos de trabajo afuera y permanecer hasta medianoche en su molino. Pero en esos días, aquello era imposible. Debía terminar sus labores y partir antes de las 6:00 pm por temor a que lo atracaran, como ya le había ocurrido a otros dentro de la mina.

Ese mismo temor al robo no solo se sentía mina adentro, donde estaba Rafael, sino también en el pueblo. Desde que los militares tomaron el control para desplazar al “Sistema”, comenzaron las extorsiones a los comerciantes y compradores de oro, e incluso a cualquier transeúnte que se les cruzara, confirmaron varias fuentes en terreno consultadas para esta investigación. 

El portón de entrada a la mina El Mecatico mantiene sus pintas oficialistas, las mismas que tenía bajo el régimen del “Sistema”. Foto: Lorena Meléndez G.

“Se lo hicieron hasta un tipo que es cojo y que se la pasa recogiendo basura. (Los militares) Lo pararon en medio de la calle y le preguntaron qué llevaba en los bolsillos. Él les dijo: ‘lo que yo tengo es suyo’ y le quitaron lo que llevaba: ocho puntos de oro, que eso no es ni una grama. Y le dieron unos golpes”, aseguró Óscar, un habitante de Las Claritas. 

La situación era tan tensa que entre el 24 y el 25 de junio, mientras el país se volcaba a ayudar a las víctimas de los terremotos, los pobladores de Las Claritas cerraron la Troncal 10 –vía principal que atraviesa el pueblo y comunica al sur de Venezuela con Brasil– para exigir seguridad y reclamar por las actuaciones de los uniformados. Pero, según Rafael, todo continúa igual.

Tras la incursión en Las Claritas, los militares no solo se aprovecharon de la vulnerabilidad de los trabajadores y transeúntes, también se apoderaron de los sacos de arenas auríferas que dejaron los miembros del “Sistema” para molerlos y extraer el oro, relató Óscar desde un comercio en la vía principal del pueblo. “Un capitán que saca (oro) todos los días y cambia 5.000 o 6.000 dólares en efectivo y le pide a un amigo que se los pase a USDT (una criptomoneda) y se los mande a Puerto Ordaz, ¿de dónde está sacando esos billetes?”, cuestionó.

Militares sacaron provecho de las arenas auríferas que no procesó el “Sistema”. Foto: Lorena Meléndez G.

Óscar recordó que todo el pueblo sufrió los abusos de los uniformados durante esos primeros días. Hasta los hoteles sufrieron destrozos por parte de los militares que buscaban a miembros del ‘Sistema’. “Aquí todos tenían que pagar una comisión a los malandros y los hoteles trabajan así: depende del número de habitaciones, tenían que darle uno o varios cuartos a los malandros que trabajaban para el ‘Sistema’. Eso era en todas las posadas. ¿Cómo le iban a decir que no al ‘Sistema’?”, apuntó.

Los primeros días, relataron los testigos, confiscaron motos y vehículos de personas que no estaban vinculadas con el “Sistema”. “Esos hicieron desastres”, comentó Julio, un comerciante consultado para esta investigación, quien frecuentemente ve pasar a los militares frente a su tienda.

Pero la versión de De Grazia no es descabellada: algunos lugareños aseguraron al equipo de ARI y Convoca que algunos de los jefes del sistema, entre ellos alias Juancho y Johan Petrica habían abandonado Las Claritas unos días antes de la incursión militar. Al parecer, fueron alertados y huyeron. Los vieron en un lugar cercano a la frontera con Brasil intentando ocultarse. 

Lo que sí parece estar claro es que los del “Sistema” ya no están a cargo. Se instauró un nuevo régimen que también extorsiona y explota al pueblo y a quienes trabajan en los yacimientos. 

El operativo, además de sembrar miedo, también impulsó un éxodo de mineros inédito en Las Claritas-Kilómetro 88. Desde el 9 de junio comenzaron a huir con rumbo al norte, a ciudades como Puerto Ordaz, o al sur, a la fronteriza Santa Elena de Uairén y Brasil. 

Aunque aquella incursión podría interpretarse como el inicio del desmantelamiento de las bandas armadas de la zona minera, los hallazgos apuntan a otro lado: en Las Claritas-Kilómetro 88, los militares desplazaron al grupo armado y hoy son la ley dentro y fuera de las minas a punta de despojos, robos y cobro de vacuna (extorsión). Sin embargo, entre las poblaciones de El Dorado y Guasipati, el control se reparte entre los uniformados y las mafias que llevan años al mando de la extracción del oro, aunque cada vez trabajan con un perfil más bajo que puede permitirles guardar las apariencias ante los nuevos socios del gobierno venezolano: los empresarios norteamericanos.

La huella estadounidense 

Aquel operativo armado tuvo varios precedentes clave que ayudan a explicar por qué, luego de tantos años, el gobierno desplazó al “Sistema” de su feudo. El tutelaje que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela luego del 3 de enero de 2026 - cuando bombardeó Caracas para capturar y trasladar a Nueva York al entonces mandatario Nicolás Maduro para juzgarlo por cargos vinculados con narcoterrorismo - impulsó una serie de cambios para que su participación en el negocio del petróleo y el oro estuviera llena de beneficios.

Cinco días después de que se llevaran a Maduro, Delcy Rodríguez anunció un paquete de legislaciones que se modificarían para satisfacer a Washington como la Ley de Minas, cuya reciente versión establece bajos tributos y múltiples dádivas a los capitales extranjeros que antes no eran bienvenidos. 

La flamante legislación, que se promulgó en abril, derogó el decreto que reservaba al Estado la exploración y explotación del oro y otros minerales estratégicos para dar paso a que empresas privadas e internacionales actuaran en estas actividades a través de concesiones que podrían durar hasta 50 años.

Además, estableció pagos especiales (hasta 1% de la producción bruta del contrato de la concesión para el Fondo Nacional Minero y una regalía de hasta 13% para el Estado), un impuesto de hasta 6 % normado por el Ejecutivo, e incentivos como la exención de pagar impuestos por Grandes Patrimonios, así como contribuciones especial previstas en cuatro leyes, incluyendo la de Protección de las Pensiones de Seguridad Social; todo ello para favorecer a las nuevas empresas que operarán en el sector minero de Venezuela. 

Momento de la aprobación de la Ley de Minas en la Asamblea Nacional de Venezuela. Video: VTV

Paralelo a la aprobación de la ley, Estados Unidos también tomó medidas: en marzo comenzó la flexibilización de las sanciones que se mantenían desde finales de 2018 sobre el oro venezolano. Este proceso permitió la emisión de licencias a empresas estadounidenses para comprar, transportar y revender oro venezolano. 

El pasado 2 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense amplió el alcance de estas licencias: autorizó a compañías de ese país a participar en la exportación, venta, compra, almacenamiento, transporte, procesamiento y refinación de minerales de origen venezolano, incluido el oro. También permitió el suministro de determinados artículos y servicios para operaciones con minerales, así como la celebración de negociaciones y contratos en sectores mineros.

Todo este marco ha servido para que Rodríguez consolide sus cuadros económicos dentro del gobierno a través de nombramientos de funcionarios clave en el ámbito civil y militar dentro de la zona del Arco Minero. Sus fichas no solo se extienden sobre el Ejecutivo, sino también sobre las empresas públicas que intervienen en el negocio y en los uniformados que pueden garantizar el suministro de gasolina y la operación dentro de las minas.

El comando de Delcy Rodríguez en las minas

Rodríguez ha hecho diferentes movimientos en el área militar, en donde antes de asumir la presidencia interina, no tenía mayor injerencia. En marzo, sustituyó a quien había sido el ministro de la Defensa de la era Maduro, Vladimir Padrino López, por Gustavo González López, un mayor general que durante años estuvo al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y que ha sido señalado por organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos por represión, torturas y asesinato. 

Paredes de Las Claritas-Kilómetro 88 exhiben propaganda chavista. Foto: Lorena Meléndez G.

Varios de los enroques están vinculados con la zona minera. Uno de ellos es la designación de Rafael Prieto Martínez, quien venía de ser jefe militar en Bolívar, como la máxima autoridad del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), el máximo órgano de planificación, dirección y control estratégico operacional de los cuerpos militares en Venezuela. También hubo cambios en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana (donde está el Arco Minero del Orinoco) y en la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar.

La presidenta encargada puso gente de su entera confianza en todas las carteras relacionadas con el oro. Calixto Ortega Sánchez, uno de sus hombres cercanos, es vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas desde enero. De ese despacho depende el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, donde está Héctor Silva Hernández, la ficha de Rodríguez en el sur de Venezuela que detenta tres cargos vinculados a minería. Además, el actual presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, es también titular del recién creado Viceministerio del oro.

En el ámbito regional se mantiene Yulisbeth García, la “Tata”, como gobernadora del estado Bolívar, quien en sus tiempos de alcaldesa del municipio Piar fue señalada por haber permitido que ese territorio, en donde no había minería, se convirtiera en una sucursal del comercio aurífero y también de participar en negocios relacionados con contrabando de oro. 

Aunque no se trata de un enroque, otro funcionario del ámbito de la seguridad que se menciona en la zona minera frecuentemente es el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Un dirigente indigena comentó a modo de chiste que los del “Sistema” intentaban alardear diciendo que Cabello era su jefe. 

Según el dirigente, el titular del despacho que coordina a las policías aterrizó varias veces en la antigua pista de una minera canadiense que estuvo en la zona en los años noventa. Aunque afirmó que “cuando él estaba ahí había hombres armados en todas las esquinas y nadie podía circular”, no se encontraron otros elementos que confirmen esta versión.

Diversas fuentes en la región coinciden en que los presuntos vínculos entre las organizaciones criminales y el poder político se han normalizado y no se cuestionan, pues la presencia del “Sistema” y otros grupos criminales se consolidó durante distintas gestiones gubernamentales, comenzando con la administración de los exgobernadores de Bolívar Francisco Rangel Gómez y Justo Noguera Pietri. Aseguraron que el poder del “Sistema” en la zona se consolidó durante la gestión del gobernador Ángel Marcano, entre 2021 y 2025.

A todas estos enroques y presuntos vínculos políticos se suman otros hechos que mezclan al oro con el gobierno y ahora con Estados Unidos. El lunes 8 de junio hubo un despliegue militar entre Guasipati y Tumeremo con tropas que se extendieron por los pueblos y en zonas estratégicas. Fue ese día que un grupo de inversionistas estadounidenses llegó a El Callao para recorrer varias minas de oro de ese municipio así como las plantas procesadoras de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) que están en esa jurisdicción. 

La imagen, creada con IA, se difundió rápidamente por redes sociales. Foto: El Pitazo

El “Sistema” y su historia del horror

Para llegar a Las Claritas, desde el sur o el norte, hay que atravesar la Troncal 10, una carretera pavimentada destrozada por el peso de los camiones, con cráteres en lugar de baches que llevan años sin repararse. A finales de junio, en la entrada y la salida del pueblo, todavía se veía la valla descolorida que retrataba, como en ningún otro pueblo minero, a todos los altos mandos del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta del depuesto mandatario.

La valla que muestra a los jefes del chavismo fue puesta mucho antes de la salida de Maduro. Foto: Lorena Meléndez G.

Mientras que la accidentada Troncal 10 atraviesa los poblados gemelos de Las Claritas-Kilómetro 88, las calles internas muestran los mismos desniveles. El pavimento que alguna vez existió está hundido y roto entre la tierra arcillosa que viene de las minas y las aguas hediondas que corren libres en una zona donde no hay tuberías adecuadas para el alcantarillado, se depende de pozos sépticos y los drenajes son superficiales. El cuadro de caos lo completan casuchas y tiendas hechas de lata que se han construido en medio de las aceras para albergar a todos los que han llegado de otros estados para trabajar en los yacimientos, como el molinero Rafael, quien llegó hace cinco años desde Monagas. En las noches, algunos postes de luz alumbran las calles solo en caso de que haya electricidad. 

Pero la zona no siempre fue así de caótica. Hace décadas, los hoteles de allí no eran para los mineros sino para los turistas que iban o venían de la Gran Sabana, el sector oriental del Parque Nacional Canaima. Durante los años noventa, allí estaban dos grandes mineras internacionales que tenían concesiones para explotar el eje Las Brisas-Las Cristinas, donde están las reservas de oro más importantes del país.

Monumento al minero de Las Claritas. Foto: Lorena Meléndez G.

En las Brisas del Cuyuní, un extenso yacimiento de oro y cobre cercano al Kilómetro 88, se instaló la canadiense Gold Reserve, que emprendió el proyecto de extracción aurífera en la mina que tiene reservas estimadas en más de 10 millones de onzas de oro y 1,4 millones de libras de cobre.

Territorios del proyecto “Siembra minera” en Brisas, los cuales fueron retomados recientemente por la canadiense Gold Reserve. Foto: Informe Gold Reserve

En Las Cristinas, que colinda con Las Brisas y está hacia el pueblo de Las Claritas, operaba la minera canadiense Crystallex International Corporation. Sus reservas están estimadas en más de 17 millones de onzas de oro.

Durante el proceso de nacionalización que Hugo Chávez emprendió entre 2008 y 2010, ambas minas fueron expropiadas. El mandatario declaró que sus concesiones estaban extintas, lo que provocó que las compañías exigieran a Venezuela indemnizaciones multimillonarias a través de procesos de arbitraje internacionales.

En su lugar, el gobierno chavista permitió que allí y en todos los pueblos mineros del sur se instalaran bandas criminales armadas, conocidas como “sindicatos”, que ejercen su poder a través de la violencia y la extorsión, y mantienen a los mineros en condiciones de esclavitud moderna.

Se sabe que al menos desde 2012, el control de la zona lo tiene el Sindicato de Las Claritas, cuyo líder es Juan Gabriel Rivas Núñez, alias "Juancho", quien recibió apoyo del entonces gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y de su secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Fuentes Manzulli, un general de brigada del Ejército que también fue director de la Policía de Bolívar. Ambos compraban oro y diamantes a Juancho para venderlo fuera del país. Esta relación la denunció el primer teniente del Ejército, Jesús Leonardo Curvelo, en un informe que presentó en 2016 ante la Asamblea Nacional.

Fuentes Manzulli junto al Negro Juancho. Foto: Informe de Jesús Curvelo

En 2015 llegó allí Yohan José Romero, conocido como “Johan Petrica”, uno de los líderes del Tren de Aragua, quien estableció una alianza con Juancho para dominar el terreno mientras huía de la justicia. En junio de ese año, un operativo militar y policial, con cientos de funcionarios, tomó el barrio San Vicente de Maracay, estado Aragua, para dar con su paradero y con el de Larry Amaury Álvarez, conocido como “Larry Changa”, otro de los cabecillas del TDA. 

Petrica se refugió en las minas y cambió su apodo por “El viejo”, sin importar que a otro de los aliados de Juancho –Humberto Martes– también le dijeran así. Prohibió que lo llamaran por su antiguo alias o por su nombre de pila y todo aquel que se atrevió a hacerlo recibió un castigo. Con Juancho conformó el “Sistema”, y aunque no se conoce cuáles fueron los términos de ese pacto, juntos aplicaron un régimen carcelario a la población bajo la mirada de autoridades militares y del propio gobierno nacional.

La presencia de Petrica en Las Claritas hizo suponer que “Niño Guerrero” se refugió allí luego de que el gobierno venezolano desmantelara, en 2023, el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, la sede original del Tren de Aragua. Una fuente aseguró que Guerrero sí tenía una propiedad en el Kilómetro 88: una casa grande de dos pisos que se escuda tras un alto y macizo portón blanco que no permite ver nada hacia el interior. 

Detrás del portón blanco hay un par de viviendas que supuestamente pertenecían al Niño Guerrero. Foto: Lorena Meléndez G.

Rafael, el molinero, nunca conoció el pasado próspero del pueblo ni tampoco cómo las bandas se apropiaron de los yacimientos. Cuando llegó, después de la pandemia, solo supo que debía someterse a todo lo que dijera el “Sistema”. Que debía pagarle sus causas (como se les dice a las cuotas mensuales en las cárceles) y que cualquier paso en falso, desde caerse de una moto hasta engañar a su mujer, podría terminar en un castigo físico.

Mientras hablaban del “Sistema”, Rafael y otro compañero comenzaron a burlarse de los castigos que recibieron algunos de sus conocidos: uno que fue acusado de infiel, otro que golpeó a su pareja, aquel que incitó una pelea a puños en plena calle. A todos los llevaron hasta los “despachos” de los jefes de la organización criminal, los lugares en donde los cabecillas y sus luceros regentaban; y tras someterlos a una especie de juicio y ser declararlos culpables, los pusieron contra la pared y, entre varios, los azotaron con palos entre la espalda y las nalgas. 

Pero no solo Rafael, que estaba mina adentro, conocía esas historias. Todo el pueblo había presenciado las acciones del “Sistema” y coincidían en que cualquier falla se pagaba. “Si la gente tomaba y se caía a coñazos (protagonizaba golpizas), al día siguiente los llamaban y les daban 20 palazos a cada uno’. O los ponían a limpiar las calles, a pintar, a barrer, qué se yo. Dos días castigados y después los soltaban. ¿Quién quería hacer algo después de eso?”, sentenció Óscar.
 

Desde estas construcciones “despachaban” William y Enrique en El Mecatico. Allí ejecutaban los castigos. Foto: Lorena Meléndez G.

Yeison, un comprador de oro que frecuenta Las Claritas, también fue testigo directo de los castigos. “Tenían un palo de este tamaño” –contó mientras abría sus brazos como si cargase un gran baúl imaginario–, “era cuadrado y le dieron forma de bate en un extremo para poder agarrarlo. Y les decían (a quienes recibían el castigo): ‘pégate a la pared, pégate bien’. Eso era igual para los hombres y para las mujeres. No había distinción”, agregó. 

Rafael contó que vio cómo hasta el propio Petrica se sometía a los castigos del “Sistema” cuando se “comía una luz” (se saltaba una regla). Recordó que una vez, en tiempos de pandemia, se bajó de su camioneta sin ponerse el tapabocas reglamentario. Cuando se dio cuenta, él mismo se fue hasta un descampado y por más de medio hora permaneció bajo el sol.

Cuando los casos eran más graves, como hurtos, robos, heridas de balas, homicidios o acciones que atentaran contra el “Sistema”, las penas también aumentaban y los castigos podían ser mutilaciones o asesinatos. Organizaciones como Human Rights Watch documentaron en 2020 cómo el robo de un teléfono terminó con la identificación del supuesto ladrón, quien fue mutilado con un hacha en uno de sus miembros, frente a todos los mineros, y luego desaparecido. Reseñaron que a una minera que robó 10 gramas de oro a un compañero la ataron a un árbol y le cortaron la cabeza con una motosierra; y que a un joven de 17 años, también acusado de hurtar oro, le hicieron juntar las manos como si fuese a rezar antes de dispararle siete veces y exigirle que huyera antes de que lo mataran.

La vigilancia en todo el pueblo era constante. En las esquinas solía haber “gariteros” (vigilantes que trabajan para los grupos criminales) atentos a todos los movimientos, mientras que en las vías que conducían hacia las minas se desplegaban varios puntos de control para monitorear el ingreso a los yacimientos. Lo mismo sucedía en la Troncal 10, en donde estos informantes se escondían entre los matorrales para supervisar y anunciar quiénes pasaban por la carretera. 

Las calles arenosas de Las Claritas. Foto: Lorena Meléndez G.

Los delitos que cometía el “Sistema” para imponer su control eran seguidos de acciones que buscaban retratarlos como benefactores del pueblo. La medicatura (centro de atención médica primaria) siempre estaba dotada de medicinas e insumos y tenía buenos equipos de los que carecían los ambulatorios más cercanos. Los mineros tenían una especie de “seguro de salud” cubierto por el “Sistema”, el cual se encargaba de pagar la cura de cualquier herida o lesión sufrida durante la extracción del oro. 

También había otros “beneficios” para el pueblo. El “Sistema” organizaba entrega de juguetes para todos los niños tanto en Navidad como cuando se celebraba el Día del Niño cada julio. Los días de las Madres y de los Padres se celebraban en la cancha de Las Claritas con una entrega de regalos para los homenajeados. “En 2025, Juancho y El Viejo repartieron unas 200 motos en el Día del Padre. Todo el que fue para allá salió con su moto”, comentó Julio. 

El “Sistema” también era conocido por sus fiestas y juegos de azar. Una de sus sedes principales era “La gallera” que, además de ser sede de peleas de gallo, era también el despacho oficial de Juancho desde hace años. Hasta allí le llevaban reclamos, recados y oro. “Aquí, cada vez que había campaña, a las paredes de afuera les ponían los nombres y las fotos de los candidatos del chavismo”, aseveró Julio. Varios pobladores aseguraron que, con frecuencia, militares de alto rango visitaban el lugar y que incluso lo hicieron figuras como Diosdado Cabello.

Militares se apropiaron de La Gallera, donde mandaba “Juancho”. La fachada frontal, que solía tener pintas progobierno, está pintada de negro. Foto: Lorena Meléndez G.

El destino del “Sistema” y Brasil

Tanto Trump como Rodríguez solo informaron sobre la ejecución del “Niño Guerrero”, pero no emitieron ninguna palabra acerca del paradero de Juancho, Petrica o sus lugartenientes.

En el pueblo, todos los consultados coincidieron en que los líderes del grupo armado huyeron antes de que llegaran los militares, porque sabían que habría un “cambio de gobierno”. Testigos que estaban en Santa Elena de Uairén, a más de 230 kilómetros al sur de Las Claritas, aseguraron el lunes 8 de junio, un día antes de la incursión, identificaron a varios miembros del “Sistema”, incluido Juancho, en el punto de control Escamoto, cerca del fuerte militar que lleva el mismo nombre y que está menos de 9 kilómetros de la frontera de Venezuela con Brasil. Quienes los vieron no supieron precisar si en el grupo estaba “Niño Guerrero”. 

A principios de julio, Wesley Costa de Oliveira, comisario de Comisaría de Represión a las Organizaciones Criminales (DRACO) de la Policía Civil del estado de Roraima, en Brasil, dijo para esta investigación que no le extrañaba que los miembros del “Sistema” estuviesen resguardándose en su país debido al débil control migratorio de la frontera. Otro funcionario de la Policía Federal de Brasil confirmó a este proyecto que su gobierno sospechaba que los jefes de esta organización estaban en su territorio. 

Y una semana después de la incursión en Las Claritas, el 16 de junio, la policía del estado de Roraima reveló que los primeros avances de la “Operación Ruta del Norte” habían golpeado parte de la estructura de la banda criminal venezolana en Brasil y que se detuvo a 25 personas en Roraima, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Paraná.

El más visible de los arrestados fue el empresario Gustavo Vieira Rufino, señalado como gestor financiero del TDA, quien habría movido más de 300 millones de reales (cerca de 60 millones de dólares) en criptoactivos para blanquear el capital que proviene de las actividades ilícitas.

Vieira Rufino saliendo de un aeropuerto de Río de Janeiro, donde fue capturado. Foto: Notícias R7

A esa presunción se suma otra hipótesis: la relación del TDA con el Comando Vermelho, una de las facciones criminales presentes en Roraima. 

El comisario Costa De Oliveira contó que la Operación Ruta del Norte descubrió que los nexos del TDA y el Comando Vermelho se debían al suministro de armas de alto calibre que el grupo venezolano hacía al brasileño a cambio de oro y de su participación en el tráfico de drogas.

Mientras el destino de los cabecillas del “Sistema” sigue siendo un misterio, los pobladores de Las Claritas continúan sometidos a la extorsión del oro, ahora en manos de los militares.“Yo lo único que quiero es que me dejen trabajar”, reclamó Rafael mientras crecía el sonido de la caravana de motos de uniformados. En los otros pueblos mineros, el despojo continúa en viejas manos.

El Dorado: los dominios del ‘Negro Fabio’

Pese a la cercanía y a que ambos están dentro del mismo estado Bolívar, al sur de Venezuela, para llegar a El Dorado desde Las Claritas hay que recorrer casi tres horas en coche por la Troncal 10, la carretera destrozada que los conecta y sigue hasta Brasil. Contrario a la mayoría de los poblados mineros de la zona, no está al borde de esa vía principal. Se debe tomar un desvío de cinco kilómetros en donde se ven vallas de bienvenida y de propaganda política del chavismo que llevan el sello de la estatal Compañía Venezolana de Minería (CVM), cuyas siglas se repiten en distintas tiendas y comercios que venden implementos y máquinas vinculadas a la explotación del oro.

Pero además de ese sello, hay otro que es casi omnipresente: el de la Fundación Corazón de azúcar, la organización que se ha dedicado a arreglar escuelas y parques, corregir baches en las vías, repartir bolsas de comida, hacer operativos de salud y regalar juguetes a los niños. Su líder no es un filántropo, sino el hombre que controla los yacimientos mineros de esa zona desde hace casi tres lustros: Fabio Enrique González Isaza, mejor conocido como el “Negro Fabio”, propietario también de varias construcciones de nueva data que hay en el pueblo, según Ronald, quien vive muy cerca de la plaza Bolívar de El Dorado.

El logo de Corazón de azúcar en un parque en El Dorado. Foto: Lorena Meléndez G.

Las acciones de la Fundación han puesto a Fabio en un pedestal, a pesar de que tiene orden de captura desde 2018, cuando se activó el plan Manos de metal para combatir el contrabando de oro sin que, al final, se atrapara a algún jefe de banda del sur minero. Hoy, Fabio se deja ver en los actos de entrega de comida y juguetes, mientras que en privado se reúne con autoridades locales y nacionales, como funcionarios del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Así lo afirmó Ronald, quien aclara que el “benefactor” no aparece en los actos públicos con funcionarios. “La otra vez vinieron (autoridades) de la Alcaldía (del municipio Sifontes) para conocer las necesidades de la localidad y una mujer se paró y les dijo: ‘ustedes no están cuando uno los necesita, en cambio Fabio sí’”.

Retrato del “Negro Fabio” en su antigua cuenta de Facebook. Foto: Transparencia Venezuela.

Es tal la confianza en Fabio que, luego de la incursión armada en Las Claritas-Kilómetro 88, en El Dorado se sintió temor a que la historia se repitiera allí. “Después del operativo, escuché en la calle a una señora que dijo: ‘si vienen para acá (los militares), nosotros mismos lo vamos a defender’”, dijo Ronald. 

Fabio no esconde su presencia en la zona. Foto: Lorena Meléndez G.

Cuando llega la gasolina al pueblo, Ronald sale a las 4:00 am con su coche a hacer la fila y deja el portón de su casa abierto. “Aquí es muy seguro. No se pierde nada”, confirmó. Y luego remató que, en El Dorado, nadie puede salirse de la norma porque sino Fabio los puede “reprender”. Aunque no lo quiso detallar, Ronald sabe que esa amonestación viene con violencia.

Pese a la advertencia, el régimen de Fabio en El Dorado es menos rígido que el del “Sistema”. No se mete en asuntos íntimos de la población ni cobra ‘vacunas’ a los comerciantes. Lo suyo, apuntó Ronald, es cobrar a los mineros en los yacimientos de la zona y también en varios que se extienden a orillas del río Yuruaní que rodea a El Dorado.

Fabio ejerce el control sobre las minas con armas largas con las que intimida a los trabajadores. En esas minas y en todo el pueblo, señaló Ronald, tiene “gariteros” (vigilantes) que están atentos a lo que sucede. Valentín, otro residente que sabe esto, prefirió hablar poco del tema porque siente que cualquiera puede delatarlo. Lo que sí admitió es que, cuando va a las minas, lo hace fuera de El Dorado. 

De acuerdo con Transparencia Venezuela, a la banda de Fabio se le atribuyen “los delitos de extorsión, homicidio, secuestro, venta de armas, contrabando de oro y trata de personas con fines de explotación sexual”. Este último es quizás uno de los casos en los que más ha sonado su nombre: en 2021, el Ministerio Público denunció una supuesta red de trata de personas con fines de explotación sexual que involucraba a la directora del Sambil Model Venezuela, Jenni Lorena Rosales de Sousa, quien habría ayudado a captar y a enviar hasta El Dorado a siete jóvenes que habían participado en ese concurso de belleza. Las muchachas fueron llevadas al cumpleaños de Fabio, quien hoy sigue libre y visible en los territorios que domina. 

 

Los patrullajes del Sebin en Tumeremo 

Si se sigue durante 68 kilómetros por la Troncal 10 hacia el norte, desde El Dorado, se llega a Tumeremo, la capital del municipio Sifontes del estado Bolívar donde, de acuerdo con varias fuentes consultadas en terreno, tampoco pasó nada después del operativo en Las Claritas-Kilómetro 88.

Diana, la recepcionista de un hotel de la localidad, aseguró que el grupo 3R –que controla la explotación y comercio de oro en la zona desde 2018-- siguió mandando sin contratiempos y que su líder, el exjugador de fútbol Eduardo José Natera Balboa, conocido como "Run", está en “su guarida”. “Aquí nadie migró”, enfatizó. 

Entrada norte del pueblo de Tumeremo. Foto: Lorena Meléndez G.

Otra voz se sumó a esa afirmación: la de Wilker, un religioso que apuntó que el grupo actúa, cada vez, con un perfil más bajo. A “Run”, dijo, “solo le interesa sacar adelante su negocio del oro”. El líder tiene yacimientos de oro bajo su poder desde 2016. 

“Aquí nosotros no escuchamos absolutamente nada, sino que simplemente hemos visto cómo el gobierno nacional ha cedido a este tipo de cosas (los ataques en los que participó Estados Unidos), que al final son en contra de ellos mismos porque quienes hacen posible que este tipo de grupos armados esté en la zona es el mismo Gobierno. Ellos trabajan de la mano”, acotó.

Al igual que el “Negro Fabio” en El Dorado, el grupo criminal activó la Fundación 3RRR para hacer obras benéficas y congraciarse con la población.

Perfil de la fundación 3RRR en Instagra. Foto: captura de pantalla.

Aunque no hubo impactos tras el operativo de Las Claritas-Kilómetro 88, Wilker dio cuenta de una mayor presencia del Sebin en Tumeremo a partir de este año. No precisó fecha, pero afirmó que los patrullajes de ese cuerpo de seguridad se incrementaron después del 3 de enero y que, en algunas ocasiones, los funcionarios se atrevieron a entrar a ceremonias y servicios religiosos para tomar fotografías y observar a los asistentes. “Estaban encubiertos, pero los descubrieron porque uno de ellos se montó en una camioneta del Sebin”, indicó.

Quienes también mantienen sus operaciones en algunos yacimientos del municipio Sifontes son los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sobre todo aquellas que están en la vía hacia Guyana, en las cercanías de San Martín de Turumbán. Las fuentes consultadas aseguraron que no hay ningún tipo de roce entre ellos y “Run”, porque el territorio y las minas las tienen “muy bien divididas”.

Aunque no hubo impactos tras el operativo de Las Claritas-Kilómetro 88, Wilker dio cuenta de una mayor presencia del Sebin en Tumeremo a partir de este año. No precisó fecha, pero afirmó que los patrullajes de ese cuerpo de seguridad se incrementaron después del 3 de enero y que, en algunas ocasiones, los funcionarios se atrevieron a entrar a ceremonias y servicios religiosos para tomar fotografías y observar a los asistentes. “Estaban encubiertos, pero los descubrieron porque uno de ellos se montó en una camioneta del Sebin”, indicó.

Quienes también mantienen sus operaciones en algunos yacimientos del municipio Sifontes son los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sobre todo aquellas que están en la vía hacia Guyana, en las cercanías de San Martín de Turumbán. Las fuentes consultadas aseguraron que no hay ningún tipo de roce entre ellos y “Run”, porque el territorio y las minas las tienen “muy bien divididas”.

El Callao: el negocio del otro Tren

En la plaza Bolívar de El Callao se puede andar sin sentirse observado. Se puede conversar bajo una de sus sombras con menos miedo. Se puede tener un negocio sin que el dueño deba pagar una vacuna. Se puede ir hacia la zona minera sin temor a que alguna alcabala de una banda criminal detenga la marcha.

En El Callao aprovechan cualquier recodo para buscar oro. Foto: Lorena Meléndez G.

Lo que no se puede hacer es extraer oro sin informar al Tren de Guayana, el grupo armado que comanda la zona. “Si tú descubres que hay oro debajo de ese matero, ahí te cae el Tren para que le pagues”, comentó Marisela, una empleada pública del pueblo para describir cómo la organización participa de toda la explotación del mineral en las minas de este municipio del Arco Minero del Orinoco.

Marisela también aseveró que el Tren trabaja con un perfil mucho más bajo que el de sus predecesores –la dupla de Totó y Zacarías, que comandaban el “Sindicato del Perú”, la banda de “El Chingo” y la de “Capitán”, que también estaba en varios yacimientos cercanos–, quienes se enfrentaban continuamente entre ellos, cobraban vacunas a los comercios y vigilaban celosamente el pueblo. La organización actual vive de extorsionar a los mineros que entran a buscar oro en su territorio.

Panorámica de parte de los sectores que componen El Perú, en El Callao. Foto: Lorena Meléndez G.

Pese a que en la extensa zona de El Perú están las plantas recuperadoras (las cuales procesan las colas o relaves de minas) que por ahora son propiedad de las empresas mixtas (alianzas del gobierno venezolano con un socio nacional o internacional), un recorrido en moto por esa montaña de tierra amarilla revela que todos los alrededores están repletos de carteles de la CVM que anuncian la ubicación de las brigadas y mancomunidades mineras (grupos de mineros y molinos), las cuales procesan el oro en medio de casuchas de latón y pisos de tierra y deben pagar un tributo mensual al Tren de Guayana para poder existir.

El Tren de Guayana, una de las organizaciones más antiguas de la región, consolidó su poder en El Callao y también en el municipio Caroní, donde está la ciudad más grande del estado: Ciudad Guayana. Diversas fuentes consultadas para esta investigación aseguraron que la expansión del Tren de Guayana ha sido posible gracias a sus nexos con algunos sectores políticos y la colaboración de funcionarios de cuerpos de seguridad. Estas conexiones han favorecido el acceso del grupo criminal a zonas estratégicas, la obtención de insumos y el control de rutas para el tráfico de drogas y la minería ilegal.

Brigada minera en la zona 4 Esquinas, en El Callao. Foto: Lorena Meléndez G.

Ana, una peluquera del pueblo, recordó que El Callao estuvo militarizado durante la ejecución del operativo de Las Claritas-Kilómetro 88, debido a la presencia de inversores estadounidenses que visitaron las plantas recuperadoras del gobierno como El Chocó, El Perú y la sede de la hoy extinta Minerven. Así se mantuvo durante una semana, hasta que los extranjeros se marcharon de allí.

Aunque El Callao respira tranquilo tras el operativo, para Ana, la expulsión del “Sistema” es una esperanza para que el pueblo vuelva a ser lo que fue en los noventa: una parada turística en donde las tiendas del centro vendían joyas de oro a precios mucho más bajos que en las grandes ciudades del país.

En Las Claritas, mientras los uniformados sacan provecho de su poder, aún no se tienen noticias de las compañías que llegarán para tomar los yacimientos. En El Callao, Tumeremo y El Dorado, los líderes criminales continúan sus negocios sin hacer ruido.

*Las identidades de los entrevistados han sido cambiadas por su seguridad

**Este reportaje contó con el apoyo del Pulitzer Center.