En la mesa, ‘Operación Lava Jato:¿Cuál es la situación del caso más grande de corrupción en América Latina?’, Silvana Carrión, procuradora Pública Ad Hoc Caso Lava Jato y José Domingo Pérez, fiscal anticorrupción del Ministerio Público del Perú, ambos de Perú explicaron los avances del caso Lava Jato en el país. Por su parte, Raiza Sifonte, ex fiscal del Ministerio Público Venezuela comentó sobre las paralizaciones de las investigaciones contra Odebrecht en su nación. 
 

La Operación Lava Jato es la investigación que destapó un esquema de corrupción masiva en todo Latinoamérica. Un caso con modalidades de contratación complejas de entender, favorecimiento a las autoridades y empresas brasileñas que pagaron sobornos. 
 
En la mesa moderada por Gonzalo Torrico, periodista de Convoca y César Batiz, periodista y fundador de El Pitazo, los autoridades peruanas, Silvana Carrión y José Domingo Perez señalaron los avances de las investigaciones que involucran autoridades y empresas, y explicaron en las etapas que se encuentran. En el caso de Venezuela, la ex fiscal del Ministerio Público, detalla el avance logrado de las investigaciones contra Odebrecht antes del inicio de una etapa de impunidad en donde las instituciones democráticas ya no funcionan en la región 
 
Actualmente en el Perú, sus expresidentes se encuentran encausados por el caso Lava Jato, al igual que grandes empresas, señala Domingo Pérez. “Hay 93 investigaciones y 10 acusaciones respecto a megacasos: Metro de Lima, Partido Nacionalista, IRRSA Sur, Vía Evitamiento, etc” afirmó. El fiscal del primer despacho del equipo especial Lava Jato, explica que las investigaciones han abarcado un periodo largo porque son complejas, pero se ha logrado formular acusaciones. “Hemos formulado acusaciones en donde dos han entrado a juicio, ocho a control de requerimiento acusatorio, 1131 personas procesadas, de las cuales 88 son personas jurídicas”

Sí bien ha habido acción por parte de la fiscalía, “en el año 2022 esperábamos tener sentencias condenatorias,que se asuman responsabilidades penales” menciona el fiscal. Sin embargo, la pandemia afectó y limitó sus capacidades. 
Por su parte, Silvana Carrión, hizo énfasis en la labor de la procuraduría en el trato económico y los muchos esfuerzos por el cobro de reparación civil. Este tema viene siendo tratado de manera efectiva, ‘a raíz de acuerdos especiales en conjunto con la fiscalía', indica. “Lava Jato tiene un tratamiento distinto a la recuperación patrimonial, en los casos de corrupción, funciones públicos y empresarios, asegurar el patrimonio mientras duren las investigaciones (es esencial) para que cuando lleguemos a los juicios y sentencias, en ese estadío, se tenga el patrimonio listo para ser transferido”, añadió.

Carrión comenta que esto ha permitido que durante las investigaciones preliminares en donde se determinan los hechos ilícitos se asegure un monto de 1 600 millones de soles para eventual reparación civil (casas, departamentos, etc). Además, “el acuerdo de colaboración eficaz (una herramienta potente) con Odebrecht significó que reconocieran delitos por cuatro proyectos y por los cuales vienen pagando 760 millones de soles, que ya está validado por el Poder Judicial y a la fecha la empresa viene cumpliendo un cronograma de pagos” sostiene. 

Raiza Sifontes, abogada especialista en el ejercicio de la función fiscal y ex fiscal del ministerio público Venezuela que investigó el caso Lava Jato, explica que en Venezuela las investigaciones solo pudieron avanzar hasta julio del 2017, y luego la institución fue tomada por el propio Estado. Es un país sin democracia, dice.“Ante el quiebre de toda la institucionalidad y todos los poderes que conforman el estado, no podemos hablar de respeto a la ley”, señaló Sifontes.
Sin embargo, la ex fiscal detalla que durante el corto tiempo que se pudo investigar a Odebrecht, se allanó su sede física en Venezuela, se investigó sus contratos y se entrevistó a sus 1400 trabajadores; incluso se solicitó colaboración judicial a Suiza, Estados Unidos y Brasil. 
 
Colaboraciones internacionales 
Las autoridades recalcaron la importancia de fortalecer las coordinaciones internacionales y que se reduzcan los niveles de burocracia para avanzar con celeridad en las investigaciones por el caso Lava Jato. 
La Fuerza Tarea Brasil (conformada por fiscales brasileños) ayudó con un gran nivel de coordinación a descifrar las identidades de a quienes las empresas pagaron sobornos, menciona Domingo Pérez.  La cooperación judicial entre todos los países es necesaria, pero debe ser fluida, sin la burocracia propia de los sistemas, de lo contrario retrasa, enfatiza el fiscal anticorrupción.
 
* En colaboración con Maria Alejandra Gonzales (redacción y fotografía) y Jesús León (edición)
* El II Encuentro Latinoamericano de Periodismo para Investigar la Corrupción desde Diversas Miradas forma parte de #ProyectoColibrí, iniciativa que promueve la realización de conversaciones, encuentros y espacios de escucha de Convoca.