Hoy políticos investigados por corrupción y graves violaciones a los derechos humanos han tomado casi todas las instituciones públicas del Estado peruano y buscan desaparecer a los medios independientes para continuar en el poder con impunidad. Para ello, desde el Congreso de la República, en coordinación con el Poder Ejecutivo, han fabricado una norma para someter al control político a las investigaciones periodísticas que son financiadas por la cooperación internacional creando un mecanismo de censura.

La Ley N.º 32301, promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 14 de abril último, exige que los medios independientes que funcionan bajo la figura legal de asociaciones sin fines de lucro, se inscriban en forma obligatoria a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para someterse a una aprobación previa de sus planes, programas, proyectos o cualquier actividad periodística financiada con fondos internacionales. En resumen, una ley que amenaza a la libertad de prensa.

Bajo esta norma, una investigación transfronteriza como ‘Dorada Opacidad’, que revela en forma contundente los mecanismos del tráfico de oro en cinco países de América del Sur (Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela), al ser liderada por Convoca, un medio independiente con sede en Lima, tendría que ser aprobada previamente por el gobierno peruano desde el origen y tendríamos que informar antes de la publicar los reportajes, cuál es el objetivo de la investigación, a quiénes vamos a investigar, cómo lo haremos, adónde planificamos viajar para demostrar nuestra hipótesis de trabajo, cuándo vamos a publicar, quiénes son los periodistas y medios aliados. Eso vulnera gravemente la protección de nuestras fuentes, la independencia y libertad de prensa, amparadas en la Constitución Política y la jurisprudencia internacional sobre el tema.

La aplicación de la norma ha sido explicada en tono amenazante por la propia presidenta Dina Boluarte desde Palacio Gobierno el 14 de abril, al señalar que la ley permitirá una “revisión exhaustiva” a organizaciones no gubernamentales que “actúan en contra de los intereses de nuestro país sembrando odio y atacando nuestro sistema”, “que buscan desestabilizar y promover la división utilizando recursos de la cooperación internacional para avanzar en su propia agenda ideológica”, es decir a aquellas organizaciones de periodismo y de la sociedad civil que cuestionen las acciones del Estado y que, según Boluarte, “no contribuyan al desarrollo” del país.

Desde la perspectiva de Boluarte, ‘Dorada Opacidad’, investigación recientemente reconocida con el Premio Rey de España de Periodismo 2025 podría ser considerada un proyecto periodístico que “ataca el sistema” por cuestionar precisamente el mecanismo estatal ineficaz de fiscalización a las redes criminales y de corrupción que permiten el lavado masivo de oro con la complicidad de funcionarios públicos y del poder corporativo. Una investigación sobre la minería ilegal y el lavado de oro, que sin duda es de alto interés público y debería de contar con total respaldo de cualquier Estado democrático, hoy podría ser bloqueada desde Palacio de Gobierno bajo la Ley APCI debido a que el director de esta agencia estatal será nombrado por la Presidenta de la República que cuestiona la investigación de los sistemas inoperantes e impunes, en un país donde hoy existen claros nexos entre el poder político y las redes ilegales e informales.

Pero hay más: si los periodistas iniciamos acciones legales contra el Estado para acceder a información pública, tenemos prohibido usar fondos de la cooperación internacional para este propósito. Si los corruptos, lavadores de dinero o cualquier funcionario nos denuncian judicialmente por hacer nuestro trabajo, tampoco podemos usar esos fondos para defendernos. En resumen, la Ley APCI deja en total desprotección a los periodistas que defienden la independencia editorial precisamente para investigar los abusos del poder y a los sistemas ineficaces que afectan la vida de las personas y que Dina Boluarte prefiere no ver.

La norma es la respuesta autoritaria de una coalición política que evita la rendición de cuentas a pesar de la evidencia periodística. Los medios independientes en Perú han aportado con hallazgos sólidos al inicio de investigaciones judiciales por los asesinatos de medio centenar de personas durante las protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte, han revelado sonados casos de corrupción como Lava Jato y Cuellos Blancos, la depredación de la Amazonía, crímenes ambientales, lobbys para la fabricación de normas hechas a la medida de intereses particulares. Por eso hoy, lo que se busca es el control político de las investigaciones periodísticas y la desaparición de los medios independientes imponiendo multas millonarias si no se acata la norma.

Para tener una idea de esta confluencia política, antes de aprobarse la Ley APCI en el Congreso, en marzo último, aparecieron en tiempo récord seis proyectos legislativos de diversas agrupaciones políticas con ese mismo objetivo en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, quien es investigada por lavado de activos como parte de las revelaciones del caso Lava Jato.

Los principales políticos promotores de la norma han demostrado una vez más ser expertos en desinformación y manipulación del discurso público. Así, han justificado la aprobación de la ley en nombre de la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos de la cooperación internacional como si eso no sucediera. Todas las organizaciones no gubernamentales inscritas en APCI ya son fiscalizadas y las asociaciones sin fines de lucro que no están registradas en esta agencia estatal también deben reportar a diversas instituciones públicas sobre sus finanzas, pagos de impuestos y cumplimiento de leyes laborales. Los medios fundados por periodistas independientes promovemos y practicamos la transparencia en diversos niveles: cumplimos con nuestras obligaciones institucionales, publicamos (en nuestros sitios web, redes sociales y charlas) cómo nos financiamos, cuáles son nuestros métodos de trabajo y cómo buscamos hacernos autosostenibles. Rendimos cuentas y nos pronunciamos porque somos coherentes con nuestra misión de vigilar al poder.

En ese sentido, los directores de IDL-Reporteros, Ojo Público, Salud con Lupa, Epicentro y Convoca, impulsamos un comunicado para alertar sobre la censura que enfrenta el periodismo de investigación en el Perú con una ley que “reproduce patrones que ya hemos visto en otros países de la región como Venezuela, Nicaragua y Paraguay, donde normas similares han sido utilizadas para cerrar medios, hostigar periodistas y eliminar las organizaciones de la sociedad civil”. En pocas horas, más de 300 periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa en 25 países suscribieron este pronunciamiento.

Si algo hemos aprendido los periodistas es a colaborar y a reconocernos como parte de una comunidad internacional dispuesta a unir esfuerzos y talentos para investigar y proteger nuestro trabajo. En respuesta a la censura, también existe la libertad y la generosidad para continuar poniendo al descubierto, con energía y decisión, aquellos patrones y sistemas que afectan la vida de los ciudadanos aunque el poder fabrique normas para silenciarnos.