Más de 270 periodistas, líderes de medios de comunicación y organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa en Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Estados Unidos, España y otros países, rechazan la Ley N.º 32301, que impone control previo, censura encubierta y sanciones desproporcionadas al periodismo en el Perú, exigiendo a los medios independientes la inscripción obligatoria en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

La ley, promulgada el 14 de abril por el gobierno de Dina Boluarte, representa una grave amenaza a la libertad de prensa, al derecho de la ciudadanía a estar informada, y reproduce patrones autoritarios ya vistos en otros países de América Latina como Venezuela, Nicaragua y Paraguay, señala el comunicado suscrito por periodistas de diversos países del continente, Europa y Estados Unidos.

El pronunciamiento fue firmado por periodistas que integran 31 medios peruanos  (independientes y tradicionales), periodistas freelance y corresponsales de prensa extranjera. También se sumaron integrantes de 11 organizaciones peruanas de la sociedad civil; 77 medios internaciones, agencias y alianzas periodísticas; además de 25 organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa y los derechos humanos. 

Entre los periodistas que suscriben el pronunciamiento aparecen el catedrático brasileño Rosental Alves, de la Knight Center for Journalism in the Americas de Estados Unidos; Carlos Dada, fundador de El Faro, de El Salvador; el reconocido periodista estadounidense Jon Lee Anderson, Marina Walker, del Pultizer Center de Estados Unidos; Paul Radú, co-fundador y director de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP); Emilia Díaz-Struck, directora ejecutiva de la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN, por sus siglas en inglés), Cristina Zahar, coordinadora del programa de América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); Katia Brembatti, presidenta de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji), Patrick Butler, del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ);  María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas; Pedro Ramírez, director del Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile; Ronna Rísquez, de Alianza Rebelde Investiga (ARI); Marcela Turati de Quinto Elemento Lab, de México; Hugo Alconada Mon, del diario La Nación de Argentina, entre otros periodistas y líderes de medios de comunicación. 

Esta comunicado fue impulsado por Convoca.pe, IDL-Reporteros, Ojo Público, Epicentro TV y Salud con Lupa, medios fundados por periodistas independientes que han destapado números casos de corrupción, graves violaciones a los derechos humanos y crímenes ambientales en el Perú y América Latina. Todos son miembros de la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN, por sus siglas en inglés).

Tras la publicación de este pronunciamiento, más periodistas y organizaciones se siguen sumando.

A continuación el comunicado:

Perú: El periodismo bajo censura

El periodismo en el Perú afronta una de las mayores amenazas de las últimas décadas, a raíz de la aprobación de una ley cuyos efectos suponen el control previo de actividades periodísticas por parte del Estado, vulneración del derecho al secreto profesional y sanciones desproporcionadas para actividades descritas en la norma en términos imprecisos. En resumen, un mecanismo de censura.

La Ley N.º 32301, promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 14 de abril pasado, afecta a los medios de comunicación independientes, que funcionan bajo la figura legal de asociaciones civiles sin fines de lucro e incluso a empresas periodísticas que realizan actividades con fondos de cooperación internacional.

La norma establece disposiciones que son un ataque directo a la libertad de prensa, de un modo que no solo contraviene la Constitución Política sino estándares y jurisprudencia internacionales sobre el tema. En principio, al exigir ―de manera inconstitucional y bajo amenaza de drásticas sanciones― la inscripción obligatoria en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Esta ley, ya en vigor, constituye una herramienta de control político sobre las organizaciones que reciben cooperación internacional. Le otorga al Poder Ejecutivo, a través de la APCI, la potestad de autorizar o bloquear los proyectos que financian la labor periodística o investigativa. Además, prohíbe expresamente que los fondos de cooperación se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, como el litigio para acceder a información pública, una herramienta fundamental para el periodismo de investigación en contextos de opacidad institucional como el que vive hoy nuestro país. Esa misma prohibición dejará sin protección legal a periodistas sujetos a acoso judicial.

Estos mismos fondos pueden ser vetados y las investigaciones periodísticas bloqueadas desde el origen. A causa de estos controles previos, los medios tendrán que informar a la APCI sobre sus planes, programas, proyectos o actividades, y la agencia estatal tendrá la atribución de “dar conformidad previa a la ejecución”, de los mismos. Bajo amenaza de sanciones desproporcionadas, los periodistas necesitarán el permiso del Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público, incluyendo la que se refiere a casos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder en la administración pública.

En el texto de la ley se incluyen términos ambiguos como “intervención en política interna” o “actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional”, que dejan abierta la puerta a una aplicación arbitraria contra cualquier medio de comunicación que cuestione al poder. Esto reproduce patrones que ya hemos visto en otros países de la región como Venezuela, Nicaragua y Paraguay, donde normas similares han sido utilizadas para cerrar medios, hostigar periodistas y eliminar las organizaciones de la sociedad civil.

Además, la agencia podrá exigir información protegida por principios periodísticos, en abierta vulneración de los derechos al secreto profesional y la reserva de las fuentes. Agrava el hecho, que el director de la APCI será nombrado por la Presidenta de la República, quien está sometida actualmente a distintos procesos fiscales a causa de investigaciones periodísticas.  

Es importante mencionar que, en la última década, la prensa independiente en Perú ha sido un espacio de especial relevancia para la publicación de información de interés público sobre actividades ilícitas o abusos de poder tanto en el sector público como en el sector privado. Estas publicaciones han revelado algunos de los episodios de corrupción más importantes de la historia reciente, como los casos Lava Jato y Cuellos Blancos, y han expuesto situaciones de abuso contra los ciudadanos, como los asesinatos de medio centenar de personas durante el estallido social al inicio de la gestión de Dina Boluarte.

El surgimiento de este ecosistema de medios independientes ―que ha merecido reconocimientos nacionales e internacionales por su propuesta de rigor y acento en la innovación― ha sido posible con financiamiento externo por parte de organizaciones filantrópicas o que apoyan la libertad de prensa y los valores democráticos. 

Como es de conocimiento público, organizaciones internacionales han rechazado la norma, que “impone un sistema de control, censura y persecución contra las organizaciones de sociedad civil, teniendo un impacto inhibitorio en el ejercicio de derechos como la libertad de asociación, expresión, acceso a la justicia y derecho a peticionar ante órganos de protección internacional”, según el comunicado conjunto de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

En ese mismo sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha calificado la situación en el Perú como “un serio deterioro de las libertades de prensa y de expresión”. Esta posición fue expresada en un comunicado tras el envío de una misión especial en marzo para conocer las distintas situaciones adversas denunciadas por medios y gremios periodísticos. “La delegación de la SIP constató que la creciente hostilidad hacia los medios independientes, la persecución judicial a periodistas críticos y el uso sistemático de desinformación y ataques en redes sociales generan un clima adverso para el ejercicio de la profesión y afectan directamente el derecho de la ciudadanía a ser informada”, indicó la organización. 

Esta ley es producto de una coalición política que ha tomado el control de casi todos los aparatos del Estado, pese a tener los niveles más bajos de aprobación y más altos de rechazo en nuestra historia republicana, y cuyos integrantes han sido expuestos por el periodismo en numerosos y graves casos de corrupción. Para permanecer en el poder, necesitan liquidar la libertad de prensa silenciando al periodismo.

Comunicado Perú - El Periodismo Bajo Censura by Convoca