Muertos en protestas: Familiares denuncian demoras, trabas y negligencias de fiscales

Clemer Rojas murió hace siete meses, el 15 de diciembre de 2022, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Tenía 20 años. Desde entonces, el Ministerio Público no ha podido identificar al soldado del Ejército Peruano que le arrebató la vida de un disparo en el pecho cerca a un grifo, en la ciudad de Huamanga, en la región Ayacucho. Su familia aún lo llora y, al igual que los deudos de otras 48 personas muertas por armas de fuego, bombas lacrimógenas o perdigones, sigue buscando justicia. 

La Fiscalía de la Nación centralizó los casos en una sola carpeta, que pasó a un Equipo Especial, en Lima, dirigido por la fiscal superior Marena Mendoza, especialista en Derecho Civil, pero sin experiencia en Derechos Humanos. En este grupo también participan las fiscales provinciales Mirela Coronel Molero y Mary Marleny Rojas Jara; y ocho fiscales adjuntos. Este cambio ha provocado que, en lugar de avanzar, las diligencias se estanquen; según denuncian abogados y familiares de los asesinados.

El dolor que no termina

La muerte de un hijo, un hermano o un padre es difícil de superar, más aún cuando la causa es un asesinato o,  mejor dicho, una “masacre”, como lo calificó May Macaulay, directora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando presentó el informe final de esta entidad adscrita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sobre las protestas que comenzaron en diciembre de 2022, tras la vacancia del presidente Pedro Castillo, por su intentona golpista, y se prolongaron hasta abril de este año.

Así también lo siente Ruth Bárcena Loayza, esposa de Leonardo Hancco Chacca, de 27 años, quién murió por un impacto de bala en el pecho cuando protestaba en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho. Tras el asesinato de su esposo, Ruth tuvo un aborto espontáneo. Luego, estuvo dos meses internada en una casa de salud mental, intentando recuperarse del daño psicológico. Hoy, esta joven debe asumir sola la manutención de su hija. Además, dirige la Asociación de Familiares Asesinados y Heridos 15 de Diciembre, que crearon para buscar algo de justicia.

“Estamos olvidados. Es como si nos dijeran: toma esos 50 mil soles y te callas y no dices nada. Pero no se trata de dar dinero, sino de que mataron a nuestros seres queridos, de quienes dependíamos”, afirma Ruth, en alusión a los 50 mil y 25 mil soles que el gobierno entregó a los familiares de los asesinados y a los heridos, respectivamente. La joven usó el dinero para pagar el sepelio de su esposo y algunas deudas. Hoy, vive con la ayuda de su hermano.

Una historia parecida relata Edith Aguilar, madre de José Luis Aguilar Yucra, un joven de 20 años que murió la noche del 15 de diciembre, en Ayacucho, de un disparo que le destruyó el cráneo. Recuerda que su hijo no estuvo participando en las protestas. “Estaba volviendo de su trabajo. Tenemos pruebas de eso, que nos ha dado la empresa. Él solo estaba cruzando la esquina”, dice. 

Edith y todos los entrevistados para este informe señalaron que no han recibido apoyo psicológico del gobierno y que las muertes de sus familiares se siguen investigando, pero no van por buen camino.
 

Centralismo, demoras y negligencia

El especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera Paz explica que la decisión de centralizar los casos en un Equipo Especial “no fue una buena idea”. La última semana de junio el equipo de fiscales recién pudo tener control de todos los casos. “Esto genera un problema, porque está la falta de contacto y la dificultad para los familiares de contar con información directa. Y, aunque señalaron que enviarán a los fiscales por dos o tres semanas, no es lo mismo tener a un fiscal en el lugar donde vives”, añade el abogado.

Rivera indica que otra consecuencia de centralizar las indagaciones es que las que iban a buen ritmo han sufrido dificultades. “Son investigaciones con diversos matices. En Ayacucho, donde hay una Fiscalía de Derechos Humanos se iba con más criterio. Se había logrado citar al general de la región Policial y se habían hecho algunas pericias. Pero, en Cusco era un desastre; el fiscal no tenía idea”, dice. 

Además, el abogado advierte que lo mismo estaría pasando con el Equipo Especial, pues mientras hay fiscales que tienen estrategias e ideas claras, otros no parecen estar suficientemente preparados. “El problema es que ya van más de siete meses y parece que las investigaciones se hubieran iniciado ayer. La experiencia indica que el tiempo es un asunto importante. No quisiéramos pensar que se iniciaron las investigaciones sólo como mera formalidad”, manifiesta el especialista de IDL.

En Andahuaylas las familias de los asesinados siguen esperando que la Fiscalía dé con quienes mataron a sus seres queridos. Foto: Difusión

La misma visión, aunque más pesimista, tienen los abogados de los deudos. En Arequipa, Arturo Salas Vildoso apoya a los familiares de los tres muertos en la región mistiana, a través de la ONG Solidaria. “Con el ritmo al que vamos, esto tiene para año y medio o hasta dos años más”, dice, en referencia a la etapa de investigación preliminar en la que se encuentran todos los casos.

Salas explica que el Equipo Especial del Ministerio Público tiene 46 carpetas por los casos de personas fallecidas y apenas 11 por los heridos. Todos están agrupados en la carpeta Nº 277 de la Fiscalía y en los tres casos que sigue advierte demoras, trabas y negligencias por parte de los fiscales. 

En el caso de Miguel Arcana, de 38 años, muerto el 12 de diciembre en Arequipa, se pudo avanzar con las pericias de las armas que fueron usadas por los policías asignados a la zona de Ciudad Municipal, pero no se realizó ninguna prueba de absorción atómica a los efectivos, lo que no permite dar con quién disparó. En los casos de Jhan Carlo Condori, de 30 años, y Javier Candamo Da Silva, de 30 años, —muertos en Arequipa y Caravelí, respectivamente— la situación es peor. Allí no se ha incautado una sola arma ni se han realizado pericias a los policías.

En Arequipa, uno de los muchos policías que estuvieron resguardando la comisaría de Ciudad Municipal disparó contra Miguel Arcana. Foto: Convoca.pe

“Esto apunta a la impunidad”, dice el abogado Salas, quien recuerda que en el caso de los heridos de bala en el distrito de La Joya,  en Arequipa, había 80 cámaras de seguridad que podrían ayudar a verificar quienes dispararon. “La fiscal a cargo pidió a la comisaría de La Joya que acopie los vídeos pero, un mes después, fuimos y encontramos que no habían recabado ni un solo vídeo”, cuenta el letrado. Entonces, denunciaron a la fiscal Yanet Justo Callo por encubrimiento y omisión de funciones, pero el Ministerio Público la respaldó y sigue dirigiendo las investigaciones. 

Salas reconoce que será difícil dar con los autores directos de las muertes. Por eso, ahora tratarán de que se castigue a los jefes policiales y militares que dirigieron las operaciones y estuvieron al mando de quienes mataron a los manifestantes.

Así también lo ve César Quispe, abogado de los deudos en Puno. Señala que en esta región no se ha realizado una prueba de absorción atómica y tampoco se ha incautado una sola arma de fuego de los policías y militares que participaron en la represión y consiguiente asesinato de 18 personas, en Juliaca y en Macusani.

“Así se podría individualizar, pero las fuerzas de la Policía y el Ejército no han permitido tener acceso”, dice Quispe, quien confía que con las declaraciones de los suboficiales y jefes policiales se pueda dilucidar algo. Aunque esto tampoco es fácil, más aún cuando sin justificación se reprograman las declaraciones.

El interno de medicina médico Marco Samillán fue impactado por un arma de fuego mientras atendía a los manifestantes de la ciudad de Juliaca. Foto: Bengi Prisma

Salas dice que, en todos los casos, los jefes policiales se niegan a declarar y han pedido reprogramar las diligencias. En Arequipa, no han ido a declarar el coronel Enrique Urbina Barreto, quien fue jefe de la Región Policial Arequipa, ni los comisarios de las dependencias del distrito de Cerro Colorado, Ciudad Municipal, La Joya y Chala, donde se registraron los más duros actos de violencia contra los manifestantes.

Convoca.pe se comunicó con el área de prensa de la Fiscalía de la Nación y solicitó una entrevista para que informen sobre los avances de las investigaciones que realiza el Equipo Especial. A pesar de nuestra insistencia, no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje .

Piden fiscales locales

Los deudos de los asesinados insisten en sus pedidos a la Fiscalía de la Nación para que los casos vuelvan a sus lugares de origen y que se creen fiscalías de Derechos Humanos donde no haya. La asesora legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, advierte que los diez fiscales asignados a las investigaciones no se dan abasto para tantos casos y que se debería pensar en fortalecer las oficinas regionales de Derechos Humanos del Ministerio Público. “Esto generaría mayor confianza y cercanía con los deudos”, indica.

Ruth Bárcena, la ahora dirigente de los deudos en Ayacucho, destaca lo difícil que ha sido para ellos seguir las audiencias virtuales del Equipo Especial del Ministerio Público. “No tenemos buena conexión de internet y no podemos seguir la visualización de vídeos con fluidez. A cada rato se va la señal y hemos reclamado a la fiscal Mirela Coronel, a cargo del caso, que trabaja desde Lima”, señala.

Luego de varias quejas, la fiscal Coronel  prometió ir a Ayacucho cada vez que haya diligencias. Además, los abogados de los familiares de las víctimas lograron que una veintena de militares participaran, de forma virtual, en audiencias de la Fiscalía para dar sus declaraciones sobre lo ocurrido el 15 de diciembre del año pasado.

De esta forma, buscan dar con quienes jalaron el gatillo. Aunque esto será difícil, los defensores de los deudos advierten que los fiscales no actuaron con celeridad y obviaron retener las armas que usaron los miembros del Ejército o de la Policía o realizar pruebas de absorción atómica y otras diligencias que hubiesen servido para “individualizar” a los asesinos.

“Vamos a seguir adelante. Queremos que el gobierno pague su culpa. Que Dina Boluarte y sus ministros paguen. Seguiremos hasta encontrar la justicia que necesitamos y se repare a nuestros hijos”, advierte Ruth Bárcena.