Crisis en las regiones: Los movimientos sociales y las demandas que Dina Boluarte no reconoce

La exigencia de nuevas elecciones para el cambio de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso de la República ya no es una agenda regional sino nacional. Las acciones y discursos del actual gobierno han tenido la capacidad de unir a las regiones en torno a un tema en común como la exigencia de la recomposición del poder político.

A las demandas políticas, se suman las exigencias sociales sobre temas tan diversos como procesos de diálogo, cumplimiento de acuerdos y compromisos, acceso a la justicia, así como el cuestionamiento sobre normas y resoluciones emitidas, de acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales. Se suman a esta tensa lista también otros reclamos: los relacionados a actividades extractivas o industriales, a los servicios públicos y otras prestaciones del Estado, los derivados de emergencias y desastres, al medio ambiente y los recursos naturales, y a la interculturalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Para recoger la voz de las regiones, sus demandas pendientes y los movimientos sociales que vienen albergando, Convoca.pe entrevistó a sociólogos y antropólogos de diversas partes del país, quienes reflexionan sobre las acciones y las expresiones de insatisfacción y desacuerdo de la población que vive más allá de Lima.

Fragmentación y tensión

La mayor cantidad de demandas en los últimos 20 años se basan en temas relacionados con la minería,: ya sea por negociaciones entre las compañías y las comunidades, por la falta de intervención efectiva del Estado o por oposición a esta actividad. El sociólogo Omar Coronel comenta que estas situaciones han provocado el 60% de los conflictos sociales en los últimos 15 años. Menciona, sin embargo, que en este tiempo también ha aparecido un movimiento social ambientalista o antiextractivista robusto y muy activo.

“Hemos tenido un mar de protestas fragmentadas en términos de movimientos sociales. Lo más fuerte ha sido la supervivencia del movimiento de derechos humanos, con su columna vertebral que es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y el movimiento indígena amazónico, que se fue reconstruyendo en la década antepasada, y fue muy importante para los cambios en las leyes de propiedad en el gobierno de Alan García”, recuerda Coronel, quien también es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Las protestas en Lima y las regiones tienen en común una agenda política y social que incluye la exigencia de justicia por las violaciones a los derechos humanos. Foto: Jesús Llerena Durand

Pero las actividades extractivas no son las únicas que han logrado generar movimientos con representatividad. Del lado conservador está, por ejemplo, entre otros, el de "Con mis hijos no te metas", que aún cuando varias de sus figuras han proferido mensajes de odio contra las minorías, ha logrado organizarse hasta tener una fuerza a nivel nacional.

Desde el aspecto político, el sociólogo destaca el papel del colectivo No a Keiko, que se activa en momentos decisivos, así como los movimientos feministas y LGBT, que cada año incrementan su participación en el territorio. A nivel regional, Coronel resalta que también hay actores colectivos relevantes, como las rondas campesinas y los frentes de defensa.

“Ese tejido nos hace pensar que no es que tengamos una sociedad civil débil sino fragmentada, lo cual tiene que ver con múltiples políticos, tensiones internas y grandes desconfianzas”, opina. “En cualquier país del mundo, mientras más autoritario es el gobierno, más busca invisibilizar las  demandas políticas. Se puede debatir todo, menos lo político”, advierte el sociólogo, quien recuerda que en los últimos años han predominado más las protestas sociales que las políticas.

La protesta actual es naturalmente política, explica Coronel, porque es de oposición al gobierno. “La demanda clara es que el gobierno salga, por eso la presidenta simula que no ha entendido. A esa demanda política, las protestas van a ir sumando malestares sociales que tienen que ver con falta de recursos, con un gobierno que no ha tenido la capacidad de hacer mucho frente a las crisis de salud, por las inundaciones, por el frío", afirma.

Pobladores de las regiones hacen sentir su voz en las manifestaciones en la capital, como en la denominada "Tercera toma de Lima", el 19 de julio último. Foto: Jesús Llerena Durand

Arequipa, foco de protestas

La historia oficial de Arequipa está marcada por levantamientos e insurrecciones contra el poder de la capital. De allí viene el apelativo del León del Sur. El último gran movimiento social en esta región se registró hace 21 años, con el “Arequipazo”, que puso en jaque al gobierno de Alejandro Toledo, por su intentona de privatizar la empresa de gas Egasa. Le costó el puesto a su ministro del Interior Fernando Rospigliosi, hoy aliado de Keiko Fujimori, porque los policías asesinaron a dos manifestantes al lanzarles bombas lacrimógenas en la cabeza.

El sociólogo Mario Berríos dice que Arequipa ya no es la de antes. “Está cambiando la dinámica de los movimientos sociales porque también hay otros espacios donde la gente se puede manifestar sin necesidad de movilizarse. Eso ha cambiado el sentir de la población y la forma en que hace saber su disconformidad con el poder”, explica el también docente de la Universidad Nacional San Agustín.

Al igual que en los grandes movimientos nacionales, Berríos advierte que, en los últimos años, la población de Arequipa se ha centrado más en reclamos referentes a servicios públicos como agua, luz, desagüe, obras públicas y seguridad ciudadana. Sin embargo, destaca que también se han perfilado algunos movimientos importantes, sobre todo los relacionados con los derechos humanos, entre los cuales figuran los promotores de la marcha del Orgullo LGTB.

“La ciudadanía se está dando cuenta, felizmente, que lo social y lo económico no pueden desentenderse de lo político. Un real cambio que amerite satisfacción de las necesidades básicas, de las necesidades sociales, como reconocimiento de derechos, pasa necesariamente por demandas políticas, por un cambio en la forma en que se ejerce el poder en el país, por un cambio en las personas que están en el poder. No podemos pedir cambios sociales y económicos si no hay cambios políticos reales”, explica Berríos.

En este sentido, critica “la visión tan cerrada que tiene la presidenta Dina Boluarte cuando dice que 'los movimientos tienen una agenda política cuando lo que deberían tener es una agenda social'”. Sobre esto, el especialista arequipeño advierte que tener una agenda política es válido, pues la gente se está dando cuenta de que si no cambian las cosas en la política, no habrá cambios ni mejoras ni en lo social ni en lo económico.

Puno no es el Perú

La afirmación de la presidenta Dina Boluarte de que Puno no es el Perú ha tenido un gran impacto en los pobladores de esta región y de todo el país. En el canal oficial de la Presidencia de la República se pidió disculpas a través de la red social Twitter, y aunque también se dijo que la frase no debe interpretarse como una expresión de discriminación ni soberbia, el daño ya estaba hecho y la indignación ya había calado.

Para el antropólogo Vicente Alanoca, la frase de la presidenta resume el abandono, el estigma, el insulto, el terruqueo y “todo lo demás” hacia la población de Puno. “Es fácil abrir una brecha a partir de un insulto y un desliz, que es fatal. El costo es incalculable. Va a durar generaciones”, comenta el también docente de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

“Puno es antes que el Perú”, aclara Alanoca, quien recuerda que su población existía mucho antes de que se declarara la Independencia en 1821 y de la llegada de los españoles en 1532. “Puno se caracteriza por estar lejos de la capital y tener vinculaciones con países como Bolivia y Chile, cuyas fronteras parecen ser imaginarias, siempre en el marco de respeto de los estados”, agrega.

Alanoca destaca la indignación que ya había en Puno cuando, tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en 2021, se puso en cuestión los votos de los comuneros de la localidad de Acora, sobre todo. “Eso no solo es una cuestión de rechazo o de estigma a la participación sino que tiene que ver con cosas históricas”, agrega. 

Manifestantes exigen el reconocimiento de su identidad quechua y aymara, junto con  su reclamo para que se vaya Dina Boluarte del gobierno. Foto: Jesús Llerena Durand

Entre las demandas históricas de los puneños figuran la defensa de la tierra, el derecho a la educación y el reconocimiento de su identidad quechua y aimara. “A esto se suman los reclamos por el abandono del Estado, la mala calidad y pésimos servicios de luz, agua, salud, y las obras abandonadas”, enumera el antropólogo altiplánico.

Y como nunca se ha escuchado la voz de los puneños, se hicieron notar resistiendo más que las otras regiones con los paros y bloqueos que hicieron este año contra el gobierno de Boluarte. Fue ahí donde se registraron 19 asesinatos de civiles cometidos por la Policía Nacional del Perú durante la represión de las protestas en su capital, Juliaca, el 9 de enero último.

El terruqueo en Ayacucho

A diferencia de otras regiones del sur, en Ayacucho no hay movimientos indígenas fuertes por múltiples razones, una de ellas fue la manera cómo impactó en la región la violencia política en los años 80, ejercida por Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, explica el antropólogo ayacuchano Jeffrey Gamarra, docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

Sin embargo, Gamarra resalta que, en Ayacucho, tienen mucha fuerza los frentes de defensa, pero que también han cobrado relevancia nuevos actores, como los colectivos de mujeres y de grupos LGTB. Además, señala que hay gremios de comerciantes y agricultores, que mantienen una autonomía frente a los frentes de defensa.

“El recuerdo de la época de Sendero Luminoso y del radicalismo tiene mucho peso en la decisión de los distintos actores sociales, para apoyar y participar en las protestas que han tenido lugar en diciembre”, afirma. Eso mismo hacían los ayacuchanos el 15 de diciembre pasado, cuando agentes del Ejército Peruano reprimieron a los manifestantes con armas de fuego, provocando la muerte de 10 personas, entre las cuales había un menor de 15 años.

Manifestantes recuerdan a uno de los 10 jóvenes ejecutados extrajudicialmente por efectivos del Ejército durante las protestas en Ayacucho, en diciembre pasado. Foto: Jesús Llerena Durand

“El terruqueo responde a una doctrina que está presente, probablemente, en las Fuerzas Armadas, que asumen que los ayacuchanos siempre han sido proclives a la violencia. La memoria de la población hace que movilizarse homogéneamente tras un determinado grupo rememore la época de la violencia”, explica Gamarra.

Los movimientos sociales y las demandas pendientes de la población en Arequipa, Puno y Ayacucho, en el sur del país, evidencian los cambios en las regiones así como las similitudes y diferencias entre estas, con respecto a la agenda política, económica y social.