Una mujer que, a la medianoche, sale a buscar a su hijo muerto durante las protestas de la población contra el gobierno de Dina Boluarte y que se aferra tanto al otro hijo que le queda, por temor a que también se lo arrebaten, es una de las manifestaciones del trauma psicológico que viven los familiares de las 49 personas ejecutadas extrajudicialmente o asesinadas arbitrariamente desde diciembre último en el Perú.

El dolor de los familiares por la pérdida de sus seres queridos se ha incrementado porque el acceso a una justicia que sancione a los policías, militares y otros autores de estas muertes se aleja cada vez más, no solamente porque la Fiscalía de la Nación dispuso que las investigaciones fueran trasladadas a Lima, sino también porque el avance es tan lento que favorece la impunidad y deja abierta la posibilidad de que los responsables cometan más crímenes.

“La salud mental de muchos de los familiares se está deteriorando debido a que el dolor que nos vienen causando se va intensificando con todas estas disposiciones. Muchas veces ellos pierden la noción del tiempo y del espacio, se desubican, sobre todo las personas de edad. Tenemos que orientarlos porque en un momento están bien y en otro, no”, relata a Convoca.pe Raúl Samillán, hermano del biólogo y estudiante de medicina Marco Antonio Samillán Sanga, asesinado a balazos cuando auxiliaba a un herido en una calle de Juliaca, en Puno.

Como presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, Raúl Samillán está en comunicación con otros familiares de los asesinados y con los heridos que aún padecen las consecuencias de la violenta represión de los agentes de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Escucha sus preocupaciones, sus dudas, sus inquietudes, sus lamentos, como el de la madre que busca a su hijo por las noches.

Samillán advierte que son falsas las declaraciones que dieron la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sobre que el Gobierno está atendiendo la salud mental de los familiares y heridos. “Estamos en contacto con las demás víctimas que integran la asociación. Ninguna de ellas recibe algún tipo de apoyo”, afirmó el dirigente.

De acuerdo con Samillán, el único apoyo que les ha dado el gobierno es una subvención económica para los deudos de los fallecidos y los heridos de gravedad. “El dinero del bono humanitario sirvió para cubrir los gastos que se hicieron anteriormente. Ya no hay quien provea de alimentos, salud y educación a los niños”, agregó.

Este año, el Poder Ejecutivo promulgó dos decretos de urgencia, uno en febrero y otro en marzo, que autorizan la entrega de 50 mil soles para 98 deudos de 56 fallecidos, entre los que también figuraban personas que murieron como consecuencia de los bloqueos de vías, y de 25 mil soles para 27 heridos graves en Puno, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad y Lima.

El dolor de las víctimas

“Nosotros muy dolidos nos quedamos. Su mamá se ha enfermado por la preocupación, su hermanita menor también se ha enfermado. Nos encontramos muy tristes. Mi hijo no ha ido a una protesta sino a un entrenamiento en una cancha sintética cerca del aeropuerto de Juliaca. Él trabajaba y estudiaba, estaba preparándose en la academia para dar examen en la Universidad del Altiplano. El 6 de enero cumplió 18 años. Quería estudiar administración”, recuerda Mario Ilaquita, padre de Reynaldo Ilaquita Cruz, de 18 años, asesinado de un balazo en el tórax cuando caminaba por una calle de Juliaca.

Mario Ilaquita dice que “nos hace doler” que no avancen las investigaciones sobre la muerte de su hijo, en cuyo cuerpo encontraron una bala de fusiles de largo alcance que utiliza la Policía. Dice que no sabe de más diligencias desde que la Fiscalía de Derechos Humanos recogió su testimonio en Juliaca. “¿Cómo vamos a venir a Lima si vivimos en el campo?", se pregunta tras lamentar que el caso fue trasladado a la capital.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, relató a Convoca.pe que se reunió con familiares de los fallecidos y jóvenes que fueron heridos en las protestas y que tienen lesiones que les han cambiado la vida, pues no pueden caminar, no pueden usar sus manos apropiadamente, no pueden trabajar. 

“Las familias tienen un profundo dolor. Algunas de las personas que he conocido presentan signos de estrés. Deberían estar recibiendo apoyo. Son traumas que hay que tratar, así sean las víctimas directas o sus familias. El Estado debe brindarles soporte psicológico junto con apoyo médico”, manifestó Callamard, quien estuvo en Lima la semana pasada para la presentación de un informe de Amnistía Internacional que analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas en Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), Ayacucho y Juliaca (Puno). 

El informe de Amnistía Internacional, titulado Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, concluye que el número de muertes durante las protestas sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada y que no son incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta. Por ello, pide a las autoridades peruanas que investiguen la posibilidad de que “altos cargos ordenaran o, al menos, toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando”.

Víctimas intentan recuperarse

En los últimos meses, psicólogos del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han estado acompañando a familiares de los fallecidos y a las personas heridas durante las protestas sociales, tal como lo han venido haciendo desde hace varias décadas con las comunidades afectadas por el conflicto interno.

“Además del dolor que cualquier persona sufre cuando alguien querido fallece, el hecho de que sea asesinado, en este contexto de crisis, cuando estamos reclamando nuestros derechos, es un dolor añadido. Reportan una gran afectación en cuanto al dolor, la impotencia, la frustración, a esta indignación porque no se ha respetado la vida ", explica a este medio Nélida Baca, psicóloga del Grupo de Trabajo de Salud Mental.

Tras los asesinatos en Juliaca, en enero último, el ambiente en la ciudad era denso, de incertidumbre, de temor, con gente en las calles con miedo, estrés, algunos estaban llorando, recuerda Baca, quien añade que, a pesar del paso del tiempo, ha quedado un trauma. “Si alguien llega tarde o no contesta el teléfono, hay ese temor de que algo pueda pasar. Son las huellas de haber sido testigos de una masacre”, advierte la experta.

Los asesinatos durante las protestas contra Dina Boluarte ha impactado han impactado a familiares y los miembros de sus comunidades. Foto: Pachamama Radio

Por más experiencia que tienen los psicólogos tratando con personas afectadas por la violación de sus derechos humanos, Nélida Baca advierte que es importante reconocer que ellas tienen sus propios recursos, fortalezas y capacidades para sanar. Por ello, los profesionales no van con una receta sino que les brindan acompañamiento. Y en el caso del Estado, no saben si este pueda tener la facilidad de brindar a las víctimas ayuda en salud mental porque ellas no pueden confiar en sus instituciones. 

Entre los recursos que tienen las personas afectadas destaca el contacto con la naturaleza, como recuerda Baca, cuando las víctimas o sus familiares no sabían qué hacer ante las masacres durante las protestas e iban al lago Titicaca, a la chacra, a reflexionar, a pensar. “Ellos buscan la justicia para las víctimas, en cuanto a lo judicial, la reparación, la salud física, lo que haya que reparar, es lo mínimo”, agrega.

Aunque Baca explica que es normal en los seres humanos que sientan dolor, angustia, miedo, se traumen, porque el contexto es agresivo, pero también se evidencian otras reacciones, como la decisión de continuar, de aprender de lo ocurrido, de fortalecerse. “Eso también es un tipo de consecuencia, tanto en la salud mental como colectiva. Hemos pasado por esto, pero tenemos que recuperarnos, para estar bien, para seguir apoyando a los familiares, a nuestra gente. No todo lo malo tiene resultados traumáticos, sino también sirve para seguir adelante”, destaca.

Mario, el padre del asesinado Reynaldo Ilaquita, dice: “Somos marginados, porque somos de la sierra, muy humildes, pero siempre estaremos unidos hasta el último”. Y lo último, según los familiares de las víctimas, no solamente es la búsqueda de justicia por los asesinatos y lesiones de sus seres queridos, sino además la exigencia de ser reconocidos como una población tan valiosa como cualquier otra, con igualdad de derechos, pero con sus particularidades como quechuas, aimaras, entre otros.