Masacre en Puno: 18 muertos por armas de fuego

Bryan cumplió 16 años el 24 de diciembre. Llegó a Juliaca, Puno, desde la selva de Sandia junto a sus padres para visitar a sus abuelos y pasar las fiestas de fin de año y las vacaciones. Quería ser policía, cuenta su cuñado Guillermo Taca a Convoca. Paradójicamente un miembro de esta institución le disparó en la cabeza la noche del 9 de enero cuando transitaba por la avenida San Martín, muy cerca al centro comercial Plaza Vea. En ese momento los efectivos policiales dispersaban a manifestantes que trataban de ingresar a las instalaciones y empezaron a disparar de forma indiscriminada. “Bryan solo estaba caminando de regreso a la casa junto a un amiguito. De pronto los policías empezaron a disparar a quemarropa. A su amigo (Elmer, de 16 años) el disparo le cayó en la cabeza y murió al instante. A Brayan también le cayó un disparo en la cabeza”, explica el acongojado familiar. La bala quedó alojada dentro de su cabeza y los médicos no podían retirarla porque podría morir. Luego de tres días de agonía y tras una intervención quirúrgica para reducir los coágulos sanguíneos, Bryan murió la mañana del jueves.

Las protestas en Juliaca desencadenaron el abuso de los policías. Fotos: Max Nina

Con la muerte de Bryan, en Puno ya se cuentan 19 víctimas fatales tras las protestas que continúan en las regiones del sur y en las que se pide la renuncia de Dina Boluarte de la presidencia. Uno de ellos fue el suboficial de segunda PNP José Luis Soncco Quispe de 29 años, que murió calcinado junto a su patrullero, producto de la furia de la turba, según se ha denunciado. 

“Dina asesina” es la arenga y la consigna más leída en los carteles que los ciudadanos cargan cuando salen a protestar. Y son los mismos que los puneños colgaron en los féretros de sus muertos, que hoy son calificados de mártires de la lucha social. Hasta el momento ya son 41 víctimas directas de la represión desproporcionada de las Fuerzas Armadas y la Policía desde la segunda semana de diciembre, cuando iniciaron las protestas. Y de ellas, al menos 39 murieron a causa de un Proyectil de Arma de Fuego (PAF) en Cusco (1), Puno (18), Arequipa (2), Apurímac (5), Ayacucho (10) y Junín (3). El fiscal de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, confirmó que todos los muertos en la región altiplánica fueron víctimas de un arma de fuego. Aunque no queda claro si todas las personas fueron partícipes activos de las protestas.

Desde el helicóptero, además de bombas lacrimógenas, también habrían disparado contra la población. Fotos: Max Nina

Como en el caso de Bryan, que solo transitaba, Yamileth A.H. tampoco estaba participando de las protestas. La joven universitaria de 17 años caminaba junto a sus padres y su hermanita pequeña por calles aledañas al aeropuerto de Juliaca cuando fue alcanzada por una bala que le perforó el abdomen y le salió por la espalda. Y es que ella vivía muy cerca al aeropuerto, donde los manifestantes se estaban enfrentando con los efectivos policiales. Esa mañana sus padres decidieron salir con sus dos hijas para abastecerse de alimentos ante la paralización que ya llevaba varios días. El disparo alcanzó a Yamileth cuando volvían a casa.

La joven fue trasladada al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca pero llegó sin signos vitales. Su vida y sus sueños se apagaron muy temprano. Yamileth estudiaba el segundo semestre de Psicología en la Universidad de Aquino en Cochabamba (Bolivia), pero además era amante de los animales. Así lo indica Jakeline Zapana, coordinadora de la Asociación Entre Patas, a la que Yamileth ingresó en octubre del año pasado. “Era muy responsable y quería mucho a los animales. Ella se encargaba de alimentarlos. Iba desde su casa en la salida hacia Cusco hasta el otro extremo donde está el albergue, en la salida hacia Puno”, cuenta la animalista. Yamileth iba a regresar a Bolivia para continuar sus estudios. Este domingo sería su última visita al albergue. Un día antes de su muerte la joven fue a dejarles alimento a los perritos que cuidan. Debido a la paralización salió en bicicleta para cumplir su compromiso con ellos. Además, se encargaba de cuidar en su casa a algunos animales mientras buscaban alguien que los adopte, cuenta Jakeline. Y se había quedado con un perrito que no encontraba una nueva familia.

La lista de los fallecidos acusando a la presidenta Dina Boluarte de sus muertes. Foto: Max Nina

Y es que el día de las protestas los manifestantes acudieron al aeropuerto para intentar tomarlo. Ingresaron rompiendo el cerco perimétrico y allí se encontraron con los policías. Estos primero atacaron con bombas lacrimógenas y perdigones, pero casi de inmediato empezaron los disparos con armas de fuego. De acuerdo con diversos videos y la versión de los propios manifestantes los policías no disparaban al aire para ahuyentar a la gente, sino al cuerpo. El primer muerto fue Nelson Pilco. De acuerdo con su familia, el joven de 21 años recibió un disparo en la espalda desde el helicóptero que sobrevolaba la zona. Murió casi de inmediato. Un vídeo muestra a uno de los médicos voluntarios de la Cruz Roja tratando de reanimarlo, pero ya no se podía hacer nada. Nelson estudiaba en la universidad y a la vez trabajaba con su moto y en una ladrillera para ayudar a su familia.

Los sitios donde fueron asesinados algunos de los jóvenes y las balas que además cayeron en las casas. Fotos: Max Nina.

Los voluntarios de la Cruz Roja se instalaron en el grifo Ollanta, ubicado a unas cuadras del aeropuerto de Juliaca. Lucero Fuentes es una enfermera que se juntó junto a otros médicos y personal de salud para ayudar a los heridos. Cuenta que de pronto empezaron a llegar cada vez más personas lesionadas. A los que no podían atender allí por su limitada logística los enviaban al Hospital Monge Medrano, pero no solo en ambulancia sino también en motos o cualquier otro medio de transporte que los propios manifestantes ponían a disposición. Mientras tanto los policías seguían disparando. 

En cierto momento el contingente policial llegó hasta donde estaban ubicados los voluntarios de Salud y en lugar de permitirles hacer su trabajo los atacaron. “Justo cuando las personas estaban entrando al aeropuerto es que disparan desde el helicóptero y cada vez llegaban más heridos por perdigones o bala. Nosotros estábamos identificados con nuestros mandiles y nuestra bandera blanca de la Cruz Roja. Vinieron los policías y nos dicen que nos vayamos. En eso Marco Antonio Samillan y otros dos bomberos se les acercaron para decirles que estábamos apoyando a los heridos. Y es cuando los atacan a golpes, luego le dispararon a Marco Antonio. Nosotras también corrimos para ponernos a salvo. Ahí lo mataron”, cuenta Lucero.

Marco Antonio acudió para ayudar a su prójimo, pero fue asesinado por los policías. Fotos: Bengi Prisma

A Marco Antonio le cayeron dos disparos que ingresaron por la espalda. Uno a la altura de los riñones y otro más arriba. Quedó tendido en una de las calles cerca al aeropuerto. De acuerdo con su hermana Milagros, el joven médico de 31 años fue rescatado por dos vecinas de la zona que lo ingresaron a su casa y luego lo llevaron al hospital donde luego de los esfuerzos de sus colegas, perdió la vida. Tenía muchos sueños, cuenta Milagros. Marco Antonio ya era Biólogo y tenía un laboratorio, pero siempre quiso ser médico y volvió a la Universidad Nacional del Altiplano para volver a estudiar. Cursaba el séptimo ciclo y estaba haciendo su internado. El lunes 9 de enero era su día libre y se juntó con otros brigadistas para ayudar a los heridos. “Era el quinto de ocho hermanos. Quería ser neurocirujano y poner un consultorio para ayudar a las personas de bajos recursos”, añade. El jueves fue enterrado junto a su madre en el cementerio La Capilla.

Marco Antonio buscaba ayudar y sobre todo salvar vidas. Pero su ímpetu no fue suficiente para salvar la vida de todos. Heder Mamani Luque era un padre de dos niños de la comunidad de Accopata en la provincia de Azángaro que trabajaba como albañil para mantener a su familia. Recibió un disparo en la cabeza en el aeropuerto de Juliaca. Eberth Mamani Arqui era el quinto de siete hermanos y trabajaba en la selva de Madre de Dios como maquinista. El día de la protesta estaba volviendo hacia Arequipa para reencontrarse con su hijo de 7 años y su exesposa, pero una bala en la cabeza le quitó la vida. Su hermano Manuel llegó para llevarselo hacia Sicuani (Cusco) de donde salió luego de las fiestas de fin de año. E. Z. L. H. tenía 16 años y estudiaba, paradójicamente, en la Institución Educativa Colibrí de la Policía Nacional del Perú. La tarde del 9 de enero fue a ayudar a su madre, que vende empanadas salteñas en el centro de Juliaca, y una bala le impactó en la cabeza. Sus amigos cuentan que quería ser futbolista.

Puno llora a sus mártires y acusa a una sola persona de su muerte: Dina Boluarte. Foto: Bengi Prisma

La masacre, como ha sido calificada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dejó también decenas de heridos, unos más graves que otros. De acuerdo con la información publicada por el Hospital Carlos Monge Medrano aún permanecen 32 personas hospitalizadas con heridas graves en diversas áreas. Uno de los más graves es Víctor Puma Ramos, quién recibió un disparo en el pecho. Este hombre de 28 años tiene un niño de 4 años al que mantiene solo porque su esposa murió el año pasado. Su cuñado, Frank Zela, cuenta que Víctor se busca la vida y a veces consigue trabajos en Construcción Civil. El 9 de enero fue a dejar a su hijo con su abuela para luego dirigirse al trabajo. Hoy lucha por su vida en el nosocomio. 

Otro caso, más grave aún y que muestra la violencia y la indiferencia de las autoridades del orden ante el dolor y la vida humana, es el de Elisbán Blas Mamani, padre de 33 años. Su esposa, Flor de María, cuenta que Elisban recibió un disparo que le destruyó la rodilla a las 3 de la tarde en el aeropuerto de Juliaca. Tendido en el piso, no pudo ser rescatado por los manifestantes y hasta él llegaron los policías, quienes fuera de enviarlo al hospital para su pronta atención lo retuvieron y lo llevaron a la comisaría del aeropuerto. “Recién a las 7 de la noche me llamaron para ir a recogerlo. Estaba tirado en la tolva de una de las camionetas de la policía con la rodilla ensangrentada. Me hicieron firmar unos papeles y yo sola lo tuve que llevar al hospital. Eran las 10 de la noche”, cuenta la mujer, quien está embarazada de 3 meses y además debe cuidar a otros dos niños de 12 y 4 años. Elisban no puede ser operado porque los médicos le piden unas placas que cuestan 8 mil soles. Flor de María no tiene los recursos y pide ayuda para la pronta recuperación de su esposo.

Elisban Blas es un obrero de metalmecánica que no fue auxiliado por los policías. Foto: Convoca.

Una masacre que se pudo evitar

A través de un comunicado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó los dramas en Puno y Ayacucho como una “masacre” y se solidarizó con las víctimas y sus familias. El documento indica que la cantidad de manifestantes heridos y muertos en Puno muestra “la brutal represión del Estado”. “Esto demuestra un total desprecio por la vida humana por la presidenta Dina Boluarte y su gobierno”, dicen. Además señalan que los ministros y la jefa de Estado deberán asumir la responsabilidad política y penal por la masacre y comparecer ante los tribunales nacionales e internacionales si fuese necesario.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también detalla que han “identificado el uso de armas letales prohibidas para el control de multitudes, el uso indiscriminado de la fuerza, afectando a personas que auxilian a los heridos, periodistas y a quienes ni siquiera participaban de las manifestaciones. Y de esto último hay un sin fin de videos en redes sociales; como el caso de una madre de familia que es golpeada por un policía. Su hijo menor trata de defenderla y el agente arremete contra él golpeándolo. De igual forma los periodistas Liubomir Fernández y Aldair Mejía fueron amedrentados por los policías. Mejía incluso fue herido con un perdigón en la pierna. También ha quedado registrado en video una escena en la que un policía dispara perdigones a apenas dos metros de distancia contra un ciudadano que no participaba de las protestas en las calles de Cusco.

Poblador muestra los castiquillos de perdigones y de bala que policías dispararon contra manifestantes. Foto: Max Nina

La institución que defiende los Derechos Humanos estuvo apoyando a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Corte Internacional de Derechos Humanos, en sus visitas realizadas el jueves a Arequipa y Puno, donde recogieron los testimonios de los deudos y de los familiares de los heridos durante las protestas. En su comunicado condenaron el uso indiscriminado de proyectiles desde el aire, usando helicópteros, así como de bombas lacrimógenas dirigidas no solo en las zonas de conflicto, sino directamente a casas, como sucedió en Ayacucho.

La indiferencia del Gobierno es lo que más lastima y molesta a la población del sur peruano. Aunque no todo parece perdido, pues el jueves el ministro de Trabajo Eduardo García Birimisa renunció y en su carta pidió a Boluarte hacer lo mismo.

No hay suficientes fiscales de Derechos Humanos

En conferencia de prensa, el comisionado de Derechos Humanos Stuardo Ralón Orellana, indicó que desde el 2016 la confianza de la población en las instituciones públicas se ha debilitado, lo que ha generado obstaculización en la gobernabilidad. “Se han tenido 6 presidentes y tres parlamentos en 7 años. Han sido períodos de intensas manifestaciones sociales, con lamentables e injustificados saldos de personas fallecidas”, dijo.

Además, el comisionado de la CIDH señaló que el país debe delimitar mejor el alcance de tres figuras constitucionales para la separación y equilibrio de poderes, pues hoy el uso recurrente de estas exacerban la crisis política y social. La primera es la acusación constitucional por infracción de la Constitución, la otra es la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la última es la disolución del Congreso por negación de dos Consejos de Ministros.

El dolor de las familias calmará solo cuando encuentren justicia por la muerte de sus seres queridos. Fotos: Bengi Prisma

Ralon Orellana señaló que el Gobierno peruano debe iniciar un proceso de acercamiento y diálogo multisectorial y pluricultural con la sociedad de la selva, sierra y costa, con el fin de resolver las desigualdades de acceso a derechos sociales, económicos y culturales que están generando polarización entre la población. “Las personas indígenas y campesinas además de encontrarse en situación de pobreza y desempleo tiene dificultades para acceder a salud y educación”, ejemplificó. Además hizo hincapié en resolver las desigualdades en lugares donde se desarrollan proyectos mineros que dejan pasivos ambientales, pero donde la población no ve reflejado el progreso ni bienestar.

Finalmente, el comisionado informó que estarán acompañando las investigaciones del Ministerio Público sobre la muerte de todas las personas en las protestas, incluido el caso del policía que pereció calcinado en un patrullero en la región Puno. En caso de que la Comisión Internacional de Derechos Humanos lo considere necesario, recomendará la inclusión de un equipo internacional de expertos para que apoyen en las pericias e investigaciones. Esto luego de constatar que en el país no hay suficientes fiscales especializados en temas de Derechos Humanos y sobre todo porque existe una desconfianza en la población sobre su actuar.