“Mira, 'inge', los policías despejando Barrio Chino”, decía Daniel Rodolfo Villanueva Pérez mientras grababa con su celular un video que envió por Whatsapp a un ingeniero de la empresa agroexportadora donde trabajaba para mostrarle que, el 30 de enero de 2023, ya no había personas bloqueando el kilómetro 263 de la Carretera Panamericana Sur, en Ica. Los camiones con fruta ya podrían volver a circular.

“Allí están los policías. Están despejando las calles”, seguía reportando el trabajador agrario. Mostraba a más de un centenar de policías, con cascos y escudos, que avanzaban amenazantes por las pistas sin asfaltar del sector Santa Cruz de Villacurí, zona también conocida como Barrio Chino. 

Estos fueron los últimos videos que grabó Villanueva y que envió a un ingeniero de la empresa agroexportadora Cultivares, donde trabajaba. Minutos después, fue detenido por varios de esos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ingresaron a su barrio, ubicado a unas cuadras de la carretera Panamericana Sur. 

“A un inocente se lo han llevado. Ni pases por ahí porque te van a golpear", advertía minutos después una mujer a sus vecinos, a los que grababa mientras caminaban por las calles. "Estaba pasando ahí, lo han llevado ahorita. Lo han golpeado. El chico estaba pasando y lo han agarrado. Se lo han llevado ahorita. Un chatito, es mi vecino. Es bien tranquilo”, explicaba.

Captura de video de traslado de Daniel Villanueva, tras ser detenido en las calles de Barrio Chino,

Un video de un noticiero local también muestra a Villanueva llevado por policías hacia un lado de la Panamericana Sur. Un agente se toca el costado y lo acusa de haberle arrojado una piedra. Le preguntan de qué unidad es y responde que de Salvataje. Otro efectivo ordena que le coloquen las esposas al detenido y que lo lleven a la Comisaría de Villacurí. “Anda, pues, hijo. Sube a la camioneta”, le grita al policía que dice haber sido agredido. Daniel es subido a la tolva de un vehículo de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT).

“He sido detenido por la Policía el día 30 de enero de 2023 a las 11 horas, aproximadamente. He sido agredido físicamente por la Policía. Durante mi detención me golpearon con sus puños y rostro [sic]. Me patearon en todo mi cuerpo. Me doblaron mi brazo derecho. No he sido atendido por médico asistencial”, refiere Daniel Villanueva en el certificado médico legal emitido por el Ministerio Público. Los peritos concluyeron que tenía lesiones traumáticas de naturaleza reciente en el rostro y en el dorso de la mano, ocasionadas por un “objeto contundente duro” y determinaron que requería dos días de atención facultativa y tres días de incapacidad médico legal.

Certificado del médico legista que prueba la lesiones que le causaron a Daniel Villanueva cuando lo detuvieron en Barrio Chino.

Según el acta de comunicación fiscal, firmada por el suboficial PNP Daniel Parvina Anchanta, Villanueva fue detenido a la 1:45 p.m. del 30 de enero por la presunta comisión del delito de disturbios en agravio del suboficial Rodolfo La Rosa Ariza. El caso fue visto por el fiscal Manuel Enrique Cuaresma Sierra, del Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica.

El 2 de febrero, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, a cargo del juez Héctor Añanca Rojas, declaró fundada la solicitud de prisión preventiva para Villanueva, hecha por el Ministerio Público. Se le imputa además del presunto delito de disturbios, el de grave perturbación contra la seguridad pública, el delito contra los medios de transporte y otros servicios públicos. También violencia y resistencia a la autoridad, en su modalidad agravada. El juez ordenó seis meses de prisión preventiva, que ahora cumple en el penal Cristo Rey de Cachiche

“Él es inocente. Dicen que lo han detenido en la Panamericana. ¡Mentira! Lo han detenido dentro del pueblo en Barrio Chino. Los policías han estado dentro del pueblo. No querían que nadie camine por las calles. Lo han maltratado todito, le han pegado, le han reventado su cara, su cabeza. Lo tratan de terrorista. Es injusto lo que han hecho con él. ¡Pido justicia!”, dice a este medio Estela, la tía de Daniel, que pide que no figure su apellido por temor a represalias.

Villanueva es natural de Ica, y 17 de sus 39 años de vida los ha pasado trabajando en empresas agroexportadoras. Hacía cuatro meses que laboraba como obrero en el área de sistema de riego en Cultivares. Vive en Barrio Chino y tiene una hija de 11 años. 

Cuando lo detuvieron, los policías le quitaron su celular con el que estaba grabando. Confiado en su inocencia, Daniel permitió que vieran que en el teléfono solo figuraban audios relacionado con su trabajo de riego y los videos que acababa de tomar del ingreso de las fuerzas del orden.

“Como yo soy pobre y él es huérfano, no tenía ni para abogado. Pusieron un abogado de oficio. No me dijo qué documento tenía que presentar en ese momento. No tengo para pagar abogado, una doctora me está apoyando. Ya presentó la apelación”, cuenta Estela.

La única prueba presentada contra Daniel Villanueva es la declaración del policía Rodolfo La Rosa Ariza. La familia de Daniel tiene como testigos de su inocencia a personas que estuvieron en la calle de Barrio Chino y que vieron cómo lo detuvieron y maltrataron injustamente. "Le pido al señor juez que sea humano con lo que hace a mi sobrino. No es posible que los que han cometido el pecado estén tranquilos en su casa”, dice Estela.

En Ica hay 17 presos

En el marco de las movilizaciones de protesta y de los bloqueos de la Panamericana Sur, en Ica, la Policía detuvo a numerosas personas. El Poder Judicial dispuso prisión preventiva para 17 de los detenidos entre el 9 y el 30 de enero último en las zonas de Expansión Urbana, Barrio Chino y el Álamo.

“A los mayores de edad los detuvieron por diversos delitos. A algunos ante un mismo hecho, en un mismo horario, en un mismo lugar, pero el fiscal les imputa diversas conductas: disturbios, entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, violencia contra la autoridad, resistencia a la autoridad”, critica el abogado de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codehica) Erick Salcedo.

En el caso de Daniel Villanueva, Salcedo advierte que, cuando el fiscal presentó la acusación al Poder Judicial, no tomó en cuenta los chats de Whatsapp que entregó el detenido para demostrar que no tenía nada que ocultar. “Eso lo denunciamos en plena audiencia porque es una omisión de las funciones. El fiscal no sólo es para acusar o buscar culpables sino también para buscar la verdad”, el abogado.

Salcedo alerta que el mismo criterio están adoptando otros fiscales en las audiencias de prisión preventiva de otros detenidos, pues no presentan algunos elementos que han recabado en la investigación, sino solo los que sirven de base para acusarlos. “De ahí viene la tesis de CodehIca de que hay una criminalización de las protestas”, agrega.

Según denuncia el abogado de Codehica, para conseguir la prisión preventiva algunos fiscales han usado argumentos clasistas. Incluso recuerda que un fiscal dijo al juez que había peligro de fuga porque estas personas son de Barrio Chino y que es sabido que en Barrio Chino hay mucha delincuencia. “Ese criterio está lleno de racismo y clasismo. Eso lo denunciamos en las mismas audiencias”, dijo. 

En Cusco, Lima y Ayacucho, el Poder Judicial también impuso prisión preventiva a manifestantes de las marchas de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y a personas que aseguran que no participaban en estas movilizaciones, pero que se encontraban en la zona o en lugares cercanos. Las audiencias públicas fueron transmitidas por el canal Justicia TV. En Ica, donde se registra el mayor número de personas en esta situación, no se transmitió ninguna de las audiencias presenciales y virtuales.

Confirman prisión para cuatro jóvenes en Cusco

Este viernes 24 de febrero, el Poder Judicial de Cusco confirmó la prisión preventiva de nueve meses impuesta a Richard Camala Ccoyo (22), Ferdinan Huacanqui Yucra (33), Redy Huamán Camala (22) y Joel David Hivallanca Huamán (20), por el presunto delito de disturbios, en agravio del Estado Peruano y otros. Los detenidos e enfrentan a una posible pena de entre cuatro y ocho años de prisión.

Las Sala Única de Vacaciones de Cusco-Canchis.La Convención, presidida por Mario Hugo Silva Astete y los magistrados Yuri Jhon Pereira Alagón y Mariliana Cornejo Sánchez, confirmó la prisión preventiva al fundamentar que los agraviados reconocieron a los detenidos por sus prendas de vestir y porque hay videos y fotos que ratifican su participación en los disturbios. Además, consideraron que la pena a imponerse es no menor de seis años y que los imputados no tienen arraigo y podrían fugarse.

Los jóvenes fueron detenidos horas después de que se difundieran en las redes sociales videos que captaron a un grupo de personas que lanzaban piedras a los buses que circulaban por la avenida La Cultura y a locales comerciales del centro de la ciudad imperial, el 31 de enero pasado.

Plantón en la puerta del Poder Judicial de Cusco en respaldo a cuatro jóvenes de la Comunidad de Cuyo Grande detenidos injustamente. Captura de video

Los detenidos son originarios de la comunidad campesina de Cuyo Grande, del distrito de Pisac, en la provincia de Calca. Para sustentar su pedido de prisión preventiva, el Ministerio Público argumentó que no se acreditó ningún arraigo laboral, familiar o domiciliario de los imputados, que había peligro de obstaculización o fuga y que los imputados en libertad podrían influir para que testigos o peritos cambien de versión.

“Lo que nos ha llamado la atención es el razonamiento del Ministerio Público y la jueza, que es que las personas que son jóvenes, de comunidades campesinas no tienen arraigo. Entre más pobres sean, menos no tienen arraigo. Eso es materia de cuestionamiento en la apelación”, señala Helio Cruz, abogado de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, que representa a uno de los jóvenes, Richard Camala Ccoyo.

Los  cuatro jóvenes se encuentran en el Penal de Quencoro, donde deberán permanecer hasta el 31 de octubre de este año.

El detenido de 22 años habría sido reconocido por algunos de los agraviados. Sin embargo, estos señalaron que su vestimenta era de otro color y que se la habría cambiado. Según la defensa, esto no ocurrió. Los abogados y familiares del joven aseguran que permaneció con la misma ropa desde antes que ocurrieran los hechos y durante los primeros días de su detención.

Al igual que en otras regiones, los detenidos señalaron que fueron golpeados, lo que se evidencia en el certificado médico legal, mientras que la Policía se justifica diciendo que se resistieron a la detención. “El policía que detiene es el que firma el acta de intervención policial. Es el responsable de los moretones que hay en el cuerpo de los chicos al momento de ser detenidos”, advierte el abogado Helio Cruz

“Lo están culpando sin pruebas. Se están confundiendo con otro chico. Hay dos chicos parecidos. Sin tener pruebas. Mi hermano no ha hecho nada, solo estaba caminando. De la nada, nomás, ¿cómo le van a echar la culpa? Pido justicia para mi hermano", dice a Convoca.pe Alicia Jorge, hermana de Richard Camala.

Alicia manifiesta que están preocupados por Richard, sobre todo su madre. “Mi mamá vive en campo, no puede venir, ni conoce acá la ciudad. Mi mamá no sabe ni leer ni escribir. Le ha mandado su ropita”, relata. 

Lima con una prisión preventiva

La profesora Yaneth Enilda Navarro Flores, detenida el 31 de enero, deberá pasar 30 meses de prisión preventiva por llevar una mochila con 1.916 soles y un cuaderno en el que registraba gastos relacionados con las protestas que se realizan en el país. Así lo dispuso la jueza Margarita Salcedo Guevara, titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.

Según el Ministerio Público, Navarro no tiene arraigo familiar porque habría dejado a sus hijas y padres en Andahuaylas para venir a Lima a participar en las protestas. Además, destacó que no había razones plausibles de su presencia en la ciudad de Lima.

"Aquí, además, hay un caso de discriminación por género porque, cuando la detienen, también detienen al señor Cirilo, quien presenta los mismos documentos de arraigo. Sin embargo, en su caso, la jueza considera que sí tiene arraigo porque tiene hijos y están en el interior. Pero con la profesora considera que si tiene hijos y los ha dejado en el interior, eso no es arraigo. Encima, la sanciona por ser, más o menos, 'mala madre'. No puedes salir a protestar fuera de tu región y menos dejar a tus hijos"', alertó Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos durante una entrevista con "Convoca en vivo".

Cirilo Jara Mamani, presidente de la comunidad campesina de T'inke, en la provincia cusqueña de Quispicanchi, también fue acusado de ser financista de las protestas. El Poder Judicial le impuso una medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 18 meses.

Dador resaltó que el caso de Yaneth Navarro es un ejemplo de discriminación por pobreza, procedencia geográfica y género. Agregó que eso mismo se ha visto en Ica, donde los trabajadores son temporales y resulta que no hay arraigo. "Hay un despropósito dentro de la judicatura para entender y aplicar estos requisitos", agregó.

Dinero que llevaba Yaneth Navarro cuando fue detenida en el Callao. Según la Policía, la profesora "estaría financiando las manifestaciones y posibles atentados". Foto: PNP

Seis encarcelados en Ayacucho

En Ayacucho, el 15 de febrero último, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional declaró fundado el pedido de 18 meses de prisión preventiva para seis miembros del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), detenidos el 12 de enero pasado. Ellos son Piero Giles Gamboa (22), Yulisa Gómez Ayala (21), Alex Gómez Falcón (35), Fernando Quinto Cuba (32), Estefany Alanya Chumbes (31), Alejandro Manay Pillaca (35) y Rocío Leandro Melgar (53), por el presunto delito de terrorismo. 

Aunque la defensa de los acusados argumentó que no hay elementos de convicción para que el Fredepa sea considerada una organización terrorista y que organizarse para pedir una Asamblea Popular Constituyente no es un delito, el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva y el juez Raúl Justiniano la concedió.

Según el Ministerio Público, los investigados azuzaron a la población a través de la organización fachada del Fredepa para continuar con los lineamientos del grupo terrorista Sendero Luminoso, fundado por el extinto Abimael Guzmán. De acuerdo con un comunicado de la PNP, emitido en la fecha de la captura, la detenida Rocío Leandro Melgar, alias 'Camarada Cusi', formó parte de esa organización criminal entre los años 80 y 90.

En total, en todo el país, son 28 las personas que están con prisión preventiva por acusaciones vinculadas con las protestas sociales iniciadas en diciembre del año pasado. Unas ejercian su derecho a la protesta mientras que otras no participaban en las movilizaciones. Las circunstancias de su detención y la cuestionable actuación de la Policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial en varios de estos casos son vistas por sus familiares como una injusticia y por los organismos de derechos humanos como una forma de criminalizar la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte.