Luego de casi dos meses, la capital Lima se ha convertido en el epicentro de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Y la gran masa de manifestantes está conformada por peruanos que llegan desde diversas regiones en lo que han denominado "la toma de Lima”. Esto ha sorprendido a la actual presidenta, que ha reaccionado restándole importancia al movimiento social y acusándolo de financiarse por grupos provenientes de la minería ilegal e incluso del narcotráfico. Sin embargo, el camino que han tomado las organizaciones sociales es el de la solidaridad mutua, como se ha evidenciado en colectas públicas, que han cubierto los medios de comunicación. Estas alcanzan rápidamente montos de miles de soles y están sirviendo para enviar a cada vez más representantes a Lima en caravanas de buses, minivans y combis.

Este movimiento social, explican dos especialistas en psicología social y sociología de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), es la reacción de la población ante la indiferencia que los peruanos de regiones sienten que proviene desde la capital. Ahora buscan reafirmar su nacionalidad e identidad, mientras esperan que su traslado a Lima cambie la posición de un gobierno que ha mantenido una política represiva que ha cobrado la muerte de 47 civiles hasta ahora.

Los traslados también pretenden concentrar mayor atención de la prensa nacional e internacional y de entidades que velan por el respeto de los derechos humanos, como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Peruanos de regiones siguen llegando a la capital. La última caravana aún se encuentra en camino y llega desde Puno. Captura: Internet.

Caravanas indignadas

El pasado lunes los comerciantes de la plataforma comercial del Avelino Cáceres en Arequipa anunciaron que realizarían una colecta de dinero para juntar fondos con el fin de enviarlos a la comitiva que viajó hacia la capital Lima, para sumarse a las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. En menos de 24 horas pasaron del objetivo de 5.000 soles y llegaron a recolectar casi S/ 21 mil en un conteo de monedas que se extendió hasta la noche y que se hizo público y se transmitió en diversos medios digitales de la región mistiana.

Jhazmani Callo, dirigente de los comerciantes, anunció allí mismo que la mitad del dinero sería llevado este jueves por dos representantes del Frente de Defensa del Avelino Cáceres. El dinero servirá para que los manifestantes en Lima puedan adquirir alimentos y ropa principalmente. “Nuestros hermanos, que son como 50 de Arequipa, se han ido algunos con solo un par de zapatos y su ropa puesta, no tienen más. Vamos a tratar de proveerles. Además, el dinero tiene que servir para otros que han llegado de Puno, de Cusco y otras regiones”, explicó Callo.

El comerciante dijo que si esa primer envío de dinero resulta insuficiente, entonces enviarán más fondos. Con esto, señaló Callo, los comerciantes y la población arequipeña dan una respuesta a “las infamias” que la presidenta Boluarte y su gabinete de ministros dicen en contra de quienes protestan a diario en la capital.

En la plataforma comercial del Avelino Cáceres los comerciantes lograron recolectar casi S/ 21 mil. Foto: HBA Noticias

Arequipa no es la única región que hace colectas. Entre el 16 y 17 de enero en Juliaca e Ilave, los ciudadanos puneños y los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) también hacían colectas de dinero y víveres para que las caravanas lleven hacia Lima, en lo que fue la primera comitiva que decidió acudir a la la capital para continuar con las protestas en la puerta de Palacio de Gobierno. Y el 17 de enero, por la tarde, salieron decenas de vehículos, entre minivans y buses repletos de manifestantes. Incluso la artista de música vernacular Yarita Lizet Yanarico prestó el bus de su orquesta para llevar a más ciudadanos.

La última es una caravana que proviene de La Rinconada, una zona de minería informal, y que pretende llegar a Lima próximamente para sumarse a las protestas.

Lo propio han hecho otras caravanas de Cusco, Ayacucho, Apurímac. Muchos de ellos se refugiaron en los campus de las universidades Mayor de San Marcos y la Nacional de Ingeniería, con el apoyo de los propios estudiantes. Sin embargo, la Policía Nacional, en un acto de autoritarismo, ingresó por la fuerza a la sede de San Marcos para detener a decenas de ciudadanos de provincias, revelando el rostro más represivo de las fuerzas del orden. Pero esto no ha menguado las protestas. Más bien, han tomado más fuerza. Mientras tanto, en regiones los bloqueos de vías continúan y las organizaciones sociales siguen realizando marchas pacíficas.

La semana pasada la Policía intervino en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Foto: Redes

Cuadernos de la solidaridad

La reciente detención de ciudadanos provenientes de regiones dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, no tuvo efecto. Todos los detenidos fueron liberados unos días después tras no encontrarse pruebas de que fueran los que realizaron actos vandálicos en la capital. Pero eso no fue suficiente para que el gobierno y la Policía continúen con la desacreditación y la persecución de los manifestantes.

Cirilo Jara y Yaneth Navarro ayudaban con las donaciones de sus comunidades para ayudar a heridos. Foto: Redes

El 31 de enero la Policía detuvo a Yaneth Navarro y Cirilo Jara Mamani. A Navarro se le incautó S/ 1.919 más un cuaderno donde anotaba todos los gastos y la distribución del dinero que hacía, desde pasajes hasta dinero para la atención de heridos durante las manifestaciones. Por ejemplo, anotaba: “Daniel Arce Loayza: se le dio suma de S/ 50.90 por concepto de bomba lacrimógena en la rodilla y no baja la hinchazón y el dolor”. Otro apunte dice: “Se le dio al señor Abdias Rivas Vargas la suma de S/ 50.00 por concepto de poder comprar pastillas ya que fue herido por perdigones en 3 puntos y está que se infecta”.

A Cirilo Jara se le incautó S/ 2.330 más dos hojas donde tenía nombres y montos a su lado. Este dinero, de acuerdo a la versión de las personas que aparecen en dicha lista, serviría para comprar sus pasajes de vuelta a sus comunidades.

Sin embargo, para la Policía serían los dirigentes que “financian” los actos de violencia. El general Jorge Luis Castillo, de la Región Policial Callao, dijo el último 31 de enero que "se presume que ese dinero estaba destinado (...) a personas para que vengan a Lima a hacer manifestaciones violentas contra las fuerzas del orden y daños contra la propiedad pública".

Estas presunciones policiales fueron tomadas en serio por la Fiscalía, que a través del fiscal de crimen organizado Arturo Mosqueira Cornejo, logró que se detuviera a Navarro y Jara por siete días. Pero hasta ahora no ha presentado pruebas de que el dinero que cargaban proviniera de origen ilícito. Tampoco se ha mencionado si existe alguna ley que prohíba recolectar fondos para cubrir gastos durante una protesta social.

Algunos medios han replicado palabra por palabra las acusaciones de la Policía, que sindica a ambos dirigentes por supuestos delitos de los que no hay indicios claros. Si bien es cierto Navarro tiene un vínculo con el expresidente Pedro Castillo, esto no es suficiente para deslegitimar de cuajo las demandas del grupo de manifestantes que representa. Además, se ha publicado la lista de nombres que habrían dado y recibido dinero de estos dos dirigentes, pero los medios no les han consultado siquiera cuál es su vínculo o el motivo para recibir estos fondos.

Convoca habló con algunos de ellos. Rubén, un ayacuchano que respalda a los dos detenidos, explicó que “es de público conocimiento que hemos estado haciendo colectas. Eso ha sido compartido en redes sociales. Si eso van a criminalizar, si van a tomarlo de otra manera,  está sesgada la información que los altos políticos dicen. Incluso hubo un 'Yape', donde se ha visto la colecta de moneda en moneda. Si no quieren aceptar eso y van a criminalizar…”, comentó.

En el cuaderno se dejaba constancia del dinero que daban a manifestantes heridos. Foto: El Comercio

Por otro lado, contactamos con algunos de los teléfonos de la lista que tenía Jara Mamani. Mario Paccsi es uno de ellos. Este contó que todos en dicha lista son comuneros de Ausangate, de la provincia de Quispicanchi en la región Cusco. Una comitiva salió de cada comunidad rumbo a Lima para apoyar en las protestas.

“Somos voluntarios y en reunión de la comunidad nos dieron cada comunero diez o veinte solcitos para solventar nuestros gastos. Son donaciones que hemos juntado y que en Lima le dimos a Cirilo Jara, porque él es el mayor de todos. Y con ese dinero tenía que comprar nuestro pasaje de regreso en avión, porque para llegar a Lima hemos demorado tres días. Porque nosotros no manejamos BCP o Interbank. No manejamos tarjetas, puro efectivito”, dijo. 

Sobre la detención de su compañero, Pacsi consideró que “se trata de un secuestro”. Aseguró que ellos no han realizado actos de vandalismo y que han llegado a la capital para protestar contra Dina Boluarte de forma pacífica. También señaló que ellos no provienen de ninguna actividad ilegal. “Todo es agricultura. Tenemos papita, maíz, no somos narcos. Venimos de un pueblo triste que no tiene recursos. No somos terroristas”, añadió.

Cirilo Jara guardaba el dinero de sus compañeros para su viaje de vuelta a su comunidad. Foto: El Comercio

Al respecto, la especialista en antropología forense Carmen Cardoza advierte que algunos medios y autoridades están señalando la solidaridad comunitaria más bien como “los cuadernos del terror”. “Yo diría los cuadernos solidarios. Porque, ¿qué no ayuda? Todo el mundo. Es como cuando uno va a un lugar que no es su lugar y hay gente que ayuda, y se genera una solidaridad. Se está desconociendo la organización social y comunal. Eso es grave. Y fue esa misión social la que en los 80 resistió a Sendero Luminoso”, sentenció.

De igual forma Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advierte que el caso que las autoridades de justicia pretenden iniciar con los elementos incautados no tiene fundamento. “El cuaderno de la solidaridad demuestra un ejercicio de transparencia. En las comunidades la gente sí rinde cuentas. El cuaderno no es evidencia de ningún delito. Querrán construir e insistir en un caso, pero ¿cuál es el mínimo imputable que justifique abrir una acción judicial? Es una arbitrariedad, una desproporcionalidad”, añadió.
 

Reivindicación de las provincias

El psicólogo social Adalberto Ascuña explica a Convoca que la movilización de las protestas del sur a la capital responde a la indignación que ha provocado las varias muertes de compatriotas en las regiones a manos de las fuerzas del orden, y que no tuvieron eco en la población limeña, que veía las protestas en las regiones como un problema lejano. “Creo que la mayor motivación es la indignación por la falta de respeto que sienten luego de décadas de ser excluidos, acumulando cada vez más desigualdades”, añade.

En Puno los pobladores también realizan colectas de dinero y víveres para enviar a los que protestan en Lima. Foto: Redes.

De la misma manera, José Luis Ramos, sociólogo y docente de la UNSA, advierte que este tipo de movilizaciones deja en evidencia el centralismo del país. “Cuando alguien va a buscar a un alcalde o un gobernador, siempre escuchamos que no está porque se ha ido a la capital para gestionar obras. Y lo mismo pasa con la gente y mucho más si el gobierno difunde el discurso de que el problema que estamos viviendo es solo de las regiones del sur y que en la capital no hay ese sentimiento", explica.

"Pero ahora nos damos cuenta de que eso es falso, porque incluso las encuestas demuestran que la gran mayoría está de acuerdo con un adelanto de elecciones y es casi unánime el consenso de que los congresistas se vayan. Es solo que no todos salen a las calles, pero no quiere decir que no apoyen la protesta”, agrega Ramos.

El sociólogo se refiere a la encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que indica que el 75% de los peruanos pide la renuncia de Dina Boluarte, el 74% señala que debe cerrarse el Congreso, el 73% pide elecciones para este año y el 69% está de acuerdo con la conformación de una Asamblea Constituyente.

El Instituto de Estudios Peruanos publicó encuesta que demuestra el apoyo a las protestas. Imagen: IEP

Sobre las caravanas que llegan hacia Lima, el psicólogo Ascuña opina que el gobierno de Dina Boluarte busca desvirtuar las reivindicaciones que reclaman los ciudadanos. “Esto ha movido las fibras más sensibles del pueblo. Incluso hace mucho que reflexionaba en cómo el peruano tolera la injusticia y las desigualdades, el menosprecio y la discriminación. Pero estos actos y mentiras [del gobierno de Boluarte] han calado en la dignidad del peruano, del Perú profundo", señala. Como se sabe, el gobierno todavía no ha reconocido responsabilidad directa sobre los 47 muertos, a pesar de que las evidencias muestran que muchos de los caídos no atacaban a las fuerzas del orden.

"Se ha llegado al límite de la indignación. Y ahora están en Lima, diciendo: 'aquí estamos con nuestra pobreza y carencias luchando con solidaridad y sensibilidad'. Es una lección de fuerza y transformación que nos están dando”, explica.

*Este informe fue actualizado el 3 de febrero de 2023. Se le agregó al texto original una nueva parte denominada "Cuadernos de la solidaridad". Las declaraciones de Jennie Dador y Carmen Cardoza, citadas en dicha sección, provienen de la primera edición del conversatorio "#ConvocalDiálogo", realizado por Convoca.pe el último 2 de febrero.