Muertos en protestas: la larga lista de impunidad en el sistema de justicia peruano

Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte han dejado ya 44 peruanos fallecidos, de los cuales se ha confirmado que 42 perecieron producto de un arma de fuego presumiblemente de la Policía o del Ejército. Y el mayor pedido de los deudos es que la justicia encuentre a los efectivos que jalaron el gatillo para que paguen su culpa. Sin embargo, esto podría no ocurrir o demorar años debido al largo historial de casos que han quedado impunes ante la justicia peruana.

Convoca.pe hizo una recopilación de todos los casos de pobladores que murieron durante protestas sociales y encontró que ningún caso fue resuelto. Es más, muchos casos fueron archivados porque los fiscales no pudieron “individualizar” a quienes dispararon o tuvieron trabas de los jefes policiales. Es decir, quedaron impunes.

Buscando Justicia

Andrés Taype Choquepuma tenía 22 años cuando una bala le perforó el pulmón y murió casi en el acto. Trabajaba como agricultor y era el sustento de sus dos hermanos, porque eran huérfanos. Sus padres habían fallecido años antes y él quedó a cargo de la familia. Andrés formaba parte de los manifestantes que en 2011 protestaban en el valle de Tambo (Arequipa) en contra del proyecto minero Tía María, donde la empresa Southern Copper Perú pretendía extraer cobre. El reclamo de los tambeños era (y es) que la mina está muy cerca al valle —a menos de 3 kilómetros—, donde el principal sustento es la agricultura.

El 4 de abril del 2011 los tambeños bloquearon la vía de ingreso al valle y por ese motivo se enfrentaron con el contingente policial. De pronto Andrés cayó al suelo y no volvió a levantarse nunca más. Desde entonces sus hermanos y la Asociación por la Vida y Defensa de la provincia de Islay (Avidepi) buscaron justicia y que se condene al policía que mató a Andrés y a otros dos manifestantes ese mismo año: Aurelio Huacarpuma y Nestor Cerezo. Sin embargo, 12 años después, los casos siguen sin resolverse y fueron archivados por el Ministerio Público por falta de pruebas y por no poder identificar al responsable del disparo.

Cuatro años después, en 2015, otros tres agricultores murieron a causa de bala disparada por los policías que se enfrentaban a los manifestantes que rechazaban el mismo proyecto minero, que el gobierno de Ollanta Humala estaba entonces impulsando. De igual forma, el Ministerio Público fracasó en las investigaciones y el caso de estas tres personas volvió a archivarse. Esta vez, porque la fiscal provincial Yecid Zeballos Arias no pudo obtener pruebas suficientes para dar con el o los policías que dispararon. Esto porque las armas, fusiles AKM, fueron “lavadas” antes de ser entregadas para el peritaje respectivo. Es decir, la misma Policía obstaculizó el avance de las investigaciones. Al final, se repitió el mismo resultado: impunidad.

En 2011 y 2015 los agricultores del valle de Tambo lucharon en contra del proyecto minero Tía María. Foto: Difusión

Asesinatos que quedarán impunes

Los casos de Tambo son solo una muestra de tantas personas que murieron a causa de un arma de fuego durante alguna protesta por un conflicto social en el país y que han quedado sin justicia. Es decir, expedientes en los que la justicia peruana no dio la talla y tuvo que archivarlos u olvidarlos por la falta de pruebas, demoras en la investigaciones, obstrucción y otros motivos que solo perjudican a los deudos.

La base de datos que estructuró Convoca.pe incluye información recopilada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recortes periodísticos y otros estudios realizados por instituciones internacionales. El resultado, hasta antes de las protestas que iniciaron en diciembre contra el gobierno de Dina Boluarte, es de 150 peruanos que murieron por una bala disparada presumiblemente por la Policía o las Fuerzas Armadas.

Hasta antes de diciembre del año pasado, Piura era la región con más muertes por armas de fuego, con 16 casos. La mayoría por conflictos menores, como la muerte de cinco ciudadanos durante las protestas contra la reubicación de un mercado en la ciudad de Piura en marzo del 2010 y luego la muerte de 3 pescadores en 2012 durante las protestas por las cuotas de pesca de la Merluza. Luego seguía Arequipa, con 16 casos. Seis de ellos corresponden al conflicto minero Tía María en 2011 y 2015 y cinco a las huelgas de mineros informales contra la Ley de Formalización Minera en 2010. Finalmente, estaba Puno, con 14 muertos. La mitad de ellos durante las protestas del 2011 contra la contaminación del Río Ramis, ocasionada por la irresponsabilidad de explotaciones mineras formales e informales en la región altiplánica.

Sin embargo, luego de las protestas de diciembre y enero, el panorama ha cambiado. Ahora Ayacucho pasó de apenas cuatro a 14 pobladores muertos, luego de que 10 de ellos fueran asesinados en diciembre último, en protestas en las que se vio al Ejército disparando hacia la masa. Apurímac ha pasado de tener siete a 13 muertos, luego de que 6 fallecieran en las protestas contra Dina Boluarte. Y Puno, ahora ya cuenta 34 víctimas mortales, todos por balas disparadas en protestas reprimidas por la Policía.

De los 150 asesinatos ocurridos antes del gobierno de Boluarte, ninguno fue resuelto excepto uno. Y a medias. Se trata del caso de Reynaldo Reyes (26) y Kauner Rodríguez (16). Gracias a las fotos del periodista Iván Orbegozo el Ministerio Público pudo dar con el policía que disparó su arma durante las protestas del Paro Agrario de diciembre del 2020, donde se pedía la derogación de la Ley de Promoción Agraria, que restaba beneficios a los jornaleros que laboran en las tierras trabajadas por grandes agroindustriales para la cosecha de productos de exportación.

Luego de los peritajes se concluyó que el suboficial de la Policía Víctor Bueno Alva fue quien mató a Reynaldo Reyes, pero no se pudo hacer lo mismo con Kauner, pues la bala le había traspasado el cuerpo y se perdió entre las chacras de la provincia de Virú, en la región La Libertad. Sin embargo, la Fiscalía a cargo del caso no quiso acusar a Bueno Alva por el delito de homicidio en primer grado, sino por homicidio culposo. O sea, alega que el efectivo disparó y sin intención mató a Reynaldo y Kauner, a pesar de las imágenes que lo muestran disparando hacia la muchedumbre.

Las familias ni la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos aceptaron la posición del fiscal y solicitaron que el caso pase a manos de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, con base en Lima. Allí está desde el año pasado.

Reynaldo, cuenta su hermana Rosa Siccha, tenía muchos proyectos. Era chofer de camión para una de las empresas que recogía los productos de las empresas que tienen la concesión de las tierras del proyecto de irrigación Olmos. “Siempre me llamaba. Me preguntaba: ¿ya comiste? 'Qué bien por ti', me decía. Porque en esos momentos él estaba esperando haciendo fila para recoger su carga en el camión. Me decía que quería comprarse su propia movilidad y trabajar por su cuenta. Porque salía temprano de su cuarto y solo volvía dormir. Así era”, dice Rosa.

En Virú el paro Agrario del 2020 provocó la muerte de dos jóvenes, uno de 26 años y otro de 16. Foto: NoticiasTrujillo.pe

Al respecto, Mar Pérez, especialista legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, explica que el problema con las investigaciones es que la propia Policía o el Ejército han hecho que sea muy difícil de identificar a quién disparó. “En principio no van debidamente identificados a estas intervenciones y tampoco hay registro de las armas y municiones que se entregan y a quién se entregan. Por ese motivo lo que se debe hacer es investigar a los altos mandos. Porque a ellos sí es fácil identificarlos porque hay documentos administrativos que dan cuenta de quién está a cargo. La Ley Orgánica de la Policía dice que el director regional de la Policía es el responsable de lo que pasa en su jurisdicción. Y en 2019 el Ministerio Público aprobó la directiva que establece que se debe investigar a los altos mandos en los casos del uso arbitrario de la fuerza”, indica la especialista.

Pérez también detalla que otro motivo por el que los casos no avanzan y se archivan es por la falta de defensa. Es decir, las familias de las personas asesinadas no cuentan con los recursos suficientes para seguir el caso, porque además de contratar un abogado necesitan realizar pericias especializadas y todo cuesta dinero. “A esto hay que sumarle que las autoridades ponen trabas, hay desaparición de pruebas que no permiten conocer la verdad. Un caso es lo que pasó en Conga. Allí el Ejército con total desfachatez dijo que no tenían el registro de qué efectivos participaron de la intervención. Debido a la falta de diligencia el caso lo hemos enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice.

Otro problema que Mar Pérez ha detectado durante el tiempo que trabaja con este tipo de casos es el sesgo ideológico. “La misma fiscal en Chiclayo que se negó a investigar a altos mandos policiales por lo que habían hecho sus subordinados (en la muerte de mineros artesanales en 2004) no tuvo reparo en investigar a los líderes sindicales”, explica. Y es que existe marchas y contramarchas en la justicia. Por ejemplo, en la última reconformación de las Fiscalía Especializadas, las cabezas del Ministerio Público decidieron reducir el número de Fiscalías de Derechos Humanos de 12 a solo 7, logrando que estos fiscales tengan menos manos para investigar la cantidad de casos sin resolver que existen y que siguen llegando. Solo hasta el cierre de este informe, en el país ya se registraban 44 muertes directas por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte; 42 de ellas causadas por un impacto de bala.

¿Una ley que promueve la impunidad?

Además, en 2020 se promulgó la denominada Ley de Protección Policial, que libera de culpa a los efectivos que hagan uso de sus armas y por ello se haya causado la muerte de alguna persona. Si bien esta norma tiene un sentido de justicia, también se presta a diversas interpretaciones, explica Iván Montoya, asesor del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). “La norma intenta flexibilizar la responsabilidad de las fuerzas del orden. Pero si se interpreta rigurosamente, no propicia el uso desproporcionado de la fuerza. Lo que señala es que el Policía puede usar su arma sólo cuando hay un peligro real en su vida o la de otras personas. Y bajo esa lectura no hay forma de decir que provoca impunidad. Salvo con una lectura interesada. Por ejemplo, lo que pasó en Cusco: un vídeo muestra cómo un policía dispara perdigones a un ciudadano indefenso en una calle a corta distancia. Eso es con dolo, porque ese perdigón a esa distancia puede ser letal”, añade Montoya.

El peritaje concluyó que el policía, vestido de civil, Víctor Bueno Alva disparó su arma de fuego en Virú en 2020. Foto: Iván Orbegozo

Ese uso desproporcionado de la fuerza lo vivió en carne propia Nora de la Cruz, madre de Kauner Rodríguez. Su hijo tenía solo 16 años cuando una bala le perforó el pecho. De acuerdo con Nora, el autor del disparo fue el mismo que mató a Reynaldo Reyes, el suboficial Víctor Bueno, pero al no encontrarse la bala el caso está en peligro de quedar impune. Ahora está en manos de la Fiscalía de Derechos Humanos.

“Era el mayor de mis hijos. Quería estudiar cualquier carrera que lo saque de la chacra, donde no haya sol y donde se gane mejor. Siempre que podía salía con su papá para trabajar en los terrenos. Ese día (30 de diciembre del 2020) no fueron a trabajar por la huelga. Yo me fui al mercado y Kauner se quedó en la casa. Cuando volví ya no estaba. Me dijeron que estaba en el puente mirando la huelga. Fui hasta allá a buscarlo. Luego los policías empezaron a reprimir y a disparar. Dijeron que habían matado a un joven (Reynaldo). Luego lo vi lejos corriendo. Traté de alcanzarlo y nuevamente los disparos. De ahí vinieron a decirme que le habían disparado a un niño. Era mi hijo. Estaba tendido en el suelo desangrándose”, cuenta Nora. 

Son historias parecidas a las que cuentan los familiares de los jóvenes, hombres y mujeres que han muerto durante las protestas de los últimos dos meses. Personas, manifestantes, peruanos que recibieron una bala en el tórax, el abdomen o la cabeza y que vieron truncados sus sueños para siempre. Y deudos, que de acuerdo al historial de la justicia peruana, quizás nunca encuentren justicia real.

Tanto Mar Pérez como Iván Montoya explican que los casos de asesinatos son considerados de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. Es decir, si en algún momento los deudos o alguien consigue más información que pueda ayudar a saber a ciencia cierta quién los mató, el caso puede reabrirse. Sin embargo, podría tardar años. En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ya envió algunos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo hizo Justo Centeno, el dirigente del valle de Tambo junto a los pobladores y familiares lograron reunir el expediente y enviarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo en todos los casos es que, si no se encuentra al culpable directo, la CIDH sancione al Estado peruano y se logre una reparación civil. De alguna forma esta sería una victoria para los deudos, aunque los policías que mataron sigan libres. “Aunque siempre llegará la justicia divina”, finaliza Dora de la Cruz.