Por Convoca | 2 de julio de 2021
Actualización: martes 6 de julio de 2021
El Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Parlamento que suspenda de manera provisional la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC).
El pedido de recurso legal fue presentado por el abogado Walter Ayala Gonzales con el fin de suspender las sesiones programadas para el miércoles 7 y jueves 8 de julio por el Congreso de la República.
Según su resolución, la jueza Soledad Blácido Báez dispuso la suspensión del proceso de elección de los miembros del TC al considerar que existe "una vulneración al derecho de tener una justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país".
Sin embargo, horas después, la Junta de Portavoces del Congreso emitió un comunicado en el que anunció la decisión de no acatar el mandato judicial y de continuar las sesiones plenarias en las cuales se elegirán a cinco miembros del máximo órgano de interpretación de la Carta Magna.
Publicación original: viernes 2 de julio de 2021
A pesar de los cuestionamientos al proceso, el Pleno del Congreso debatirá el miércoles 7 y jueves 8 próximos el informe de la Comisión Especial encargada de evaluar a los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) para reemplazar a seis de los siete integrantes del máximo órgano de interpretación de la Carta Magna.
Se prevé que en aquella sesión plenaria los congresistas elijan a los reemplazantes de los magistrados constitucionales de una terna final de 15 postulantes. Los miembros del TC que ya cumplieron el plazo legal de permanencia ese cargo son Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón y Ernesto Blume.
El actual magistrado Augusto Ferrero Costa, cuya función termina en agosto de 2021, completará el número legal de integrantes del Pleno del TC.
Convoca.pe hizo una búsqueda de la trayectoria de los 15 postulantes y halló que varios de ellos estuvieron vinculados a organizaciones políticas como el Partido Aprista, Acción Popular y Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular). También se encontró casos de exmagistrados que intentaron seguir en puestos en el Poder Judicial, a pesar de que fueron separados de manera regular.
Uno de los postulantes es el exmagistrado constitucional Fernando Calle Hayen, designado integrante del TC durante el último gobierno de Alan García, cargo que desempeñó hasta 2014. Calle figura en primer lugar del orden de mérito con el mayor puntaje.
Fernando Calle ha sido militante del Partido Aprista y postuló sin éxito al Congreso por esa agrupación en 2001, pues logró poco más de 7 mil votos. En 2016, postuló para ser elegido como secretario general de esa organización política.
En el séptimo puesto en el orden de mérito de la terna para ser miembro del Tribunal Constitucional está la abogada María del Pilar Tello Leyva, quien fue funcionaria de confianza durante el segundo gobierno aprista.
Tello fue presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), entre agosto y octubre de 2006, cargo al que renunció para asumir la presidencia del directorio de Editora Perú, empresa que administra la agencia Andina y el Diario oficial El Peruano, de octubre de 2006 a septiembre de 2010. En ambos puestos, su jefe directo era el entonces presidente Alan García.
En el sexto lugar del orden de mérito, está el doctor en derecho Francisco Morales Saravia, actual integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso, cargo al que fue propuesto por el legislador fujimorista Carlos Mesía Ramírez, exmiembro del TC y también exmilitante aprista.
Antes, en 2019, Morales había sido propuesto para ser magistrado constitucional por el entonces parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén, pero su postulación no logró ser debatida por el Parlamento, pues el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Legislativo.
Asimismo, Francisco Morales fue secretario general del Tribunal Constitucional entre julio de 2008 y diciembre de 2012, durante la presidencia del entonces magistrado Ernesto Álvarez Miranda, notorio defensor del expresidente Alan García en la investigación fiscal por el caso Lava Jato.
No solo abogados vinculados al partido aprista son los que postulan al máximo órgano constitucional. En la lista de los 15 abogados se encuentra también David Velasco Pérez Velasco, quien ocupa el décimo lugar en el puntaje de candidatos al TC.
Velasco Pérez es militante del partido Acción Popular desde agosto de 2004. En las elecciones complementarias para el Congreso, en enero de 2020, intentó alcanzar una curul como representante de Lima Metropolitana, pero solo obtuvo 10 mil votos.
El décimo primer puesto del orden de mérito lo ocupa el abogado Jorge Luis Rioja Vallejos, actual asesor especialista de la Comisión de Constitución del Legislativo, función que desempeña desde el 2001, hace casi 20 años.
En su trayectoria, Rioja Vallejos postuló como candidato al Congreso por la región San Martín en las elecciones generales de 2011 por el partido Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular), que entonces estaba dirigido por el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, investigado por el caso Lava Jato. Sin embargo, solo consiguió 3 mil votos en su jurisdicción.
Buscan volver a una corte judicial
En la lista final de postulantes, aparecen exmagistrados del Poder Judicial. Se trata del exvocal superior de la Corte del Callao, Miguel Torres Méndez, y de los exjueces supremos Julio Rodríguez Mendoza y Vicente Walde Jáuregui.
En el caso de Torres Méndez, fue vocal superior titular de la corte judicial del Callao por diez años, desde 1996 a 2006. No fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que por unanimidad decidió cancelar su nombramiento como magistrado judicial por haber acumulado más de 11 medidas disciplinarias de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
En sus documentos de sustentación presentados ante la Comisión Especial Parlamentaria, el exjuez sostuvo que su no ratificación como vocal del Callao fue inconstitucional y que ha reclamado su restitución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pedido que fue admitido a debate en abril de 2020.
En tanto, el exjuez supremo Jacinto Julio Rodríguez Mendoza fue cesado en la Corte Suprema en 2017 por límite de edad. Posteriormente, presentó una acción de amparo que llegó al TC mediante el cual solicitaba que se le permita ejercer el cargo hasta los 75 años.
El pedido de Rodríguez Mendoza fue declarado improcedente, pues el Tribunal Constitucional señaló que la Ley de la Carrera Judicial, vigente en el momento de su cese, establecía como límite de edad para el ejercicio de la magistratura suprema los 70 años de edad.
Rodríguez Mendoza también estuvo vinculado al escándalo de 'Los Cuellos Blancos', pues se detectó que recibió siete llamadas del prófugo exmagistrado César Hinostroza, entre mayo de 2016 y septiembre de 2017. Adujo que las llamadas no tuvieron una motivación ilegal.
Otro de los magistrados que está en la lista final es Vicente Walde Jáuregui, destituido en 2005 del cargo de vocal supremo por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por violar la cosa juzgada al haber anulado su propia sentencia y dictar otra en la misma instancia, en el caso de un juicio de la Sunat con la empresa Becom.
En 2010, el TC ordenó el regreso de Walde a la Corte Suprema. En su resolución, aprobada por mayoría dice que el CNM se excedió en sus funciones y no motivó debidamente los argumentos para destituirlo.
Años después, en enero de 2018, Walde Jáuregui fue nombrado como jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), cargo que ocupó hasta noviembre de 2019, mes en el que fue cesado de la magistratura por haber alcanzado el límite de edad.