El megacaso Los Cuellos Blancos del Puerto, red desarticulada por fiscales del Callao en julio de 2018, puso a los integrantes del sistema de justicia en los reflectores del escrutinio del público. Los llamados ‘audios de la corrupción’, que registraban conversaciones telefónicas interceptadas legalmente, ocasionaron que magistrados fueran removidos de sus puestos y recluidos de forma preventiva, además de la prisión para abogados y empresarios. El escándalo alcanzó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y motivó la desactivación de este organismo que se encargaba de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales en el país.

Tras año y medio, la investigación a quienes conformaban esa organización criminal sigue su curso en el Ministerio Público, donde en julio reciente se creó el Equipo Especial para investigar a la red delictiva.

A pesar de las medidas para erradicar actos irregulares o de corrupción en el sistema de justicia, durante 2018 y 2019 los órganos de control interno del Ministerio Público y del Poder Judicial han propuesto destituir al menos 269 fiscales y jueces en total por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, varias de las cuales configuran delitos, según información oficial a la que accedió Convoca.pe. 

En efecto, entre enero de 2018 y setiembre de este año, la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI) y las Oficinas Desconcentradas de Control Interno del Ministerio Público registraron 49 sanciones de propuesta de destitución contra igual número de fiscales a nivel nacional. 

En tanto, la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial y sus oficinas desconcentradas impusieron la referida drástica sanción contra 220 jueces de diferentes instancias en el país, en similar periodo.

Ex magistrados supremo y superior César Hinostroza y Walter Ríos, presuntos cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: La República

No obstante, pese a la gravedad de las irregularidades sancionadas, más de 260 magistrados a quienes se les impuso la propuesta de destitución continúa formando parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, bajo la condición de suspendidos, de acuerdo con distintas fuentes.

Esto debido a que desde julio de 2018 no existe una entidad que se encargue de procesar las referidas sanciones administrativas, las cuales en varios casos fueron tipificadas como delitos en otras instancias, pues la Junta Nacional de Justicia (JNJ) todavía no cuenta con integrantes designados y no puede iniciar sus funciones, entre las cuales está la de destituir a jueces y fiscales, tras la desactivación del CNM.

Cabe anotar que incluso hay jueces que ya se encuentran afrontando prisión por supuestos delitos, mientras que para el Poder Judicial solo están suspendidos de sus cargos. Este es el caso del juez arequipeño Gino Valdivia Sorrentino, sentenciado en abril último a nueve años de cárcel por cobrar una coima de 3 mil soles a una litigante con el fin de favorecerla en un proceso judicial.

Sanciones desactivadas

Ante esta situación, Convoca.pe revisó más de 400 resoluciones disciplinarias aprobadas por la OCMA —entre 2007 y 2018— en las que se solicitaba la destitución de jueces del Poder Judicial por haber cometido faltas graves durante el desempeño de su cargo.

Este medio digital halló 15 casos de jueces sancionados con esa drástica sanción que lograron permanecer en el Poder Judicial, la mayoría de ellos debido a que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuando aún se encontraba en funciones, resolvió a favor de los magistrados infractores.

Algunos de estos magistrados fueron reasignados en otros juzgados y uno llegó incluso a ser investigado por el delito de prevaricato, aunque luego fue absuelto.

Jueces que permanecen en el Poder Judicial tras librarse de ser destituidos

En esta relación aparecen los nombres de dos jueces que ocupan cargos en la Corte Suprema, la más alta instancia del Poder Judicial. Se trata del vocal supremo Ángel Romero Díaz, miembro de la Sala Plena y presidente de la Sala Civil Transitoria; y de la magistrada suprema provisional Zavina Chávez Mella, integrante de la Sala Penal Permanente.

Ambos jueces supremos, Romero Díaz y Chávez Mella, fueron sancionados con propuestas de destitución por parte de la jefatura de la OCMA en 2007 por hechos distintos, pero estas solicitudes no prosperaron.

Salvado por el CNM

Ángel Romero fue promovido a juez de la máxima instancia judicial por el CNM en diciembre 2015, cuando este organismo estaba presidido por Guido Aguila, quien tuvo que renunciar a ese cargo por su vinculación con Los Cuellos Blancos del Puerto. La designación de Romero se realizó a pocos días en que fue nombrado vocal supremo César Hinostroza Pariachi, también implicado en la red de corrupción y que ahora está prófugo en España.

El propio Romero apareció relacionado al caso de Los Cuellos Blancos del Puerto por la versión de un aspirante a colaborador eficaz que ante la Fiscalía afirmó que el nombramiento del juez supremo había sido negociado. El magistrado rechazó ese señalamiento. Además, se difundió un audio de una sospechosa conversación telefónica de Romero Díaz con Hinostroza Pariachi sobre un caso de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Ángel Romero fue promovido a juez supremo durante la gestión del investigado Guido Aguila como titular del CNM. Foto: Difusión

Años antes, en junio de 2007, la OCMA había pedido la destitución de Ángel Romero al acoger una denuncia del Banco Central de Reserva (BCR) por disponer el pago de sueldos devengados a ex servidores de esa entidad pública cesados durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Tras una investigación, el órgano de control del Poder Judicial determinó que al resolver el caso de los ex servidores del BCR en 2006, el entonces juez superior Romero Díaz cometió las siguientes irregularidades como integrante de la Cuarta Sala Civil de Lima: 1) violó un precedente del Tribunal Constitucional, 2) declaró fundada la apelación a favor de ex trabajadores que habían consentido la sentencia de primera instancia, y 3) resolvió dos casos idénticos de forma absolutamente distinta.

Por esos actos irregulares, unos meses antes —en febrero de 2007—, la OCMA había suspendido en sus funciones a Ángel Romero, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Lima.

El órgano de control del Poder Judicial propuso la destitución de Ángel Romero, cuando este era vocal superior. Fuente: OCMA

En diciembre de 2007, el CNM acogió el pedido de la OCMA y por mayoría se acordó destituir a Romero Díaz, pero en abril de 2008 algunos consejeros reconsideraron su decisión y lo restituyeron en su cargo. A pesar de que concluyeron que, en efecto, el juez cometió la irregularidad de emitir sentencias contradictorias en el caso BCR, consideraron que debía recibir una sanción menor. Se trató de un hecho sin precedentes.

Luego de unos meses, en julio de 2008, el CNM confirmó por mayoría el fallo que salvó de la destitución al magistrado Ángel Romero. En aquel momento, el Consejo Nacional de la Magistratura estaba bajo la presidencia de Edmundo Peláez Bardales, hermano del ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales. El ex titular del CNM y el juez Romero tenían en común haber estado relacionados de alguna manera con el Partido Aprista, pues el primero tenía vinculación por su familia, y el segundo fue personero legal del Apra en las elecciones municipales de 2002 y dirigente del Comité Electoral Nacional Autónomo del Partido Aprista, en 2003.

En puesto clave

Un caso similar es el de Zavina Chávez, jueza suprema provisional que fue vinculada al extraditable César Hinostroza, pues no solo integraba la Segunda Sala Suprema Penal Transitoria que presidía este prófugo magistrado, ella también gestionó que el asesor de este vocal fuera designado como su secretario de confianza, según reveló El Comercio en julio pasado.

El audio de una conversación telefónica, interceptada en diciembre de 2017, entre Hinostroza y su entonces asesor Enrique Cubillas Boy evidenciaba la cercanía entre ambos. Zavina Chávez solicitó el traslado de Cubillas a su despacho en setiembre de 2018, cuando los audios del caso Los Cuellos Blancos del Puerto remecían los cimientos del sistema de justicia.

Chávez Mella fue uno de los tres magistrados que en agosto último votaron por reducir el plazo de prisión preventiva para la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, de 36 a 18 meses.

Magistrada suprema provisional Zavina Chávez, quien era cercana al prófugo ex juez supremo César Hinostroza. Foto: Poder Judicial

En noviembre de 2007, cuando Zavina Chávez era vocal superior en la Corte de Lambayeque, la OCMA propuso su destitución tras establecer que cometió irregularidades como jefa de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (Odicma). Según el documento Investigación N° 48-2007-Lambayeque, la jueza actuó “legalmente impedida” tras recibir atenciones junto a su esposo de parte de un litigante, el empresario chiclayano Jimmy Pisfil Osores, quien afrontaba más de 10 procesos judiciales en materia penal, civil, laboral y de familia en aquella jurisdicción. Además, se determinó que ella vulneró el deber de veracidad por declarar en un reportaje periodístico “una versión no ajustada al ordenamiento jurídico”. Chávez Mella fue sancionada junto a otros magistrados que participaron en una fiesta organizada por el procesado Pisfil y bebieron licor con la familia del investigado.

No obstante, en diciembre de 2010, el pleno del CNM decidió absolver a la jueza Chávez Mella de la máxima sanción impuesta por la OCMA, pues se consideró que “no se había acreditado la inconducta funcional”. Se trató de una votación unánime en esta entidad que en esa época estuvo presidida por el controvertido Edmundo Peláez.

La OCMA dispuso la máxima sanción para Zavina Chávez en momentos en que era jueza superior en Lambayeque.

Pero esa no fue la única sanción de la OCMA contra Zavina Chávez. En 2008, el órgano de control del Poder Judicial estableció que la magistrada cometió otra irregularidad como jefa de la Odicma de Lambayeque, al haber permitido que prescribiera un procedimiento disciplinario contra un especialista legal del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, pues no emitió la resolución correspondiente durante cinco meses, de setiembre 2006 a febrero de 2007. La jueza adujo que incumplió su función debido a la falta de tiempo por una labor recargada y por contar con poco personal.

En aquella ocasión, la OCMA dispuso que la vocal Chávez pagase una multa. En octubre de 2009, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, bajo la presidencia del polémico magistrado supremo Javier Villa Stein, redujo esa sanción y ordenó que se le impusiera la medida disciplinaria de apercibimiento (advertencia o llamada de atención). 

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia, cuya instalación está prevista para enero próximo, debe tener en cuenta información como la publicada en este reportaje para poder tomar una decisión cabal al momento de nombrar, ratificar o destituir jueces y fiscales, y no repita acciones vedadas de los autodenominados “hermanitos” del desarticulado CNM. 

Con la colaboración de Asis Loyola.