Los primeros indicios de la existencia del denominado ‘Club de la Construcción’, cártel de constructoras peruanas y brasileñas que se repartían las adjudicaciones de obras públicas en el país, surgieron a mediados de 2017, durante las pesquisas del Ministerio Público sobre los pagos de sobornos de empresas de Brasil que alcanzó a altos funcionarios e incluso expresidentes peruanos, megacaso de corrupción conocido como Lava Jato.

En febrero de este año, Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) abrió un proceso sancionador contra las 35 compañías que integraban de esa red, así como a 28 de sus ejecutivos, por el acuerdo irregular y oculto que presuntamente tuvieron para “distribuirse” entre sí 112 licitaciones realizadas por Provías Nacional, dependencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El monto estimado de los contratos obtenidos a través de esta modalidad ilícita —entre 2002 y 2016—, con la complicidad de funcionarios de la entidad estatal, supera los 13 mil millones de soles, alrededor de 4 mil 300 millones de dólares.

A pesar de las investigaciones del Equipo Especial para el caso Lava Jato y del proceso de Indecopi, se conoce poco respecto a los antecedentes de estas empresas como proveedoras del Estado y, menos aún, de las compañías que encargadas de supervisar la correcta ejecución de las obras que se les había adjudicado, principalmente para rehabilitar, mejorar y el mantenimiento de carreteras.

Por ese motivo, Convoca.pe indagó en los registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y halló que 31 compañías relacionadas a la ejecución o supervisión de proyectos adjudicados al ‘Club de la Construcción’ fueron sancionadas con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por haber infringido la ley de contrataciones, entre 2003 y 2020, casos que pudieron tener connotaciones ilícitas y ser derivados al Ministerio Público.

El cártel de constructoras operaba con la complicidad de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Foto: Andina

De ese número, 11 son constructoras del mencionado cártel y 20 supervisoras de las obras viales o de infraestructura. Cabe anotar que algunas de estas empresas a cargo de la supervisión están siendo investigadas por la Fiscalía, pero ninguna fue incluida en el proceso sancionador de Indecopi.

En el grupo del ‘Club de la Construcción’ que recibieron la máxima sanción de OSCE y se les impidió contratar con entidades estatales, de forma temporal, están: las firmas brasileñas Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y Andrade Gutiérrez Engenharia; y también las peruanas Altesa Contratistas Generales, Constructora Málaga Hnos., Constructores y Mineros Contratistas Generales, E. Reyna C. S.A.C. Contratistas Generales, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., J. Alva Centurión Contratistas Generales, J.C. Contratistas Generales, San Martín Contratistas Generales y Superconcreto del Perú S.A.

Resolución que sancionó a la brasileña Andrade Gutiérrez con 3 años y 1 mes de inhabilitación.

El Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE impuso la inhabilitación temporal a estas compañías en distintos momentos, según sus resoluciones emitidas entre 2004 y 2020. Las sanciones pueden suspender sus autorizaciones de proveedoras de entidades públicas por meses e, incluso, superar los tres años, que implicaría grandes pérdidas para las sociedades comerciales.

En el caso de Odebrecht, tal como lo reveló Convoca.pe en agosto de 2019, no podrá participar en licitaciones, concursos públicos ni contratar con entidades estatales del país hasta noviembre de 2022 debido a que fue sancionada con 40 meses de inhabilitación, por presentar documentos falsos para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Como se sabe, exdirectivos de esta empresa han confesado pago de coimas a altos funcionarios de diferentes gobiernos de Latinoamérica y África.

La otra constructora brasileña, Andrade Gutiérrez, fue inhabilitada durante 37 meses (3 años y 1 mes), también por “presentación de documentación falsa e inexacta”, desde mayo de 2017. Es decir, que hace pocas semanas debió cumplir su sanción. A esta compañía se le investiga en la Fiscalía por diferentes casos, como el de la Interoceánica Sur y el ‘Club de la Construcción’.

En tanto, J.C. Contratistas Generales E.I.R.L. es la firma peruana que registra más sanciones de inhabilitación temporal: tres impuestas por OSCE entre 2014 y 2019, por presentar documentación falsa o inexacta y dar lugar a la resolución del contrato. El plazo de la última terminó en junio pasado.

Encargadas de supervisar

Y entre las compañías supervisoras que fueron inhabilitadas temporalmente, en diferentes periodos, se encuentran Acruta & Tapia, Alpha Consult, C.P.S. de Ingeniería, Consultora de Estudios y Supervisión, Consultores de Oriente, Hidroingeniería S. R. Ltda. y Corporación Peruana de Ingeniería.

Además, las empresas Ingeniería Dinámica, Investigación y Control de Calidad, JNR Consultores, JSU Ingenieros, Lagesa Ingenieros Consultores y Motlima Consultores, Multiservice Ingeniería y Construcción y Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos. Asimismo, las firmas Promoción y Gestión, P y V Ingenieros, R & Q Ingeniería, Servicio de Consultores Andinos, así como Vera & Moreno S.A. Consultores de Ingeniería.

En el caso de estas sociedades comerciales, figuran resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado que se remontan a 2003.

Entre las supervisoras que registran más inhabilitaciones están Ingeniería Dinámica S.A. (7), principalmente por presentar documentos falsos; Motlima Consultores (5), por la entrega de documentación falsa y otras causas; Alpha Consult (4), por presentar documentos falsos o inexactos, y dar lugar a la resolución del contrato; Acruta & Tapia (3), por motivos similares.

Como se recuerda, el dueño de Alpha Consult, Jorge Peñaranda, recibió 2.6 millones de dólares de Odebrecht en cuentas bancarias abiertas en Andorra, entre 2010 y 2011, razón por la cual está bajo investigación en el Ministerio Público.

De otro lado, en octubre de 2018, Acruta & Tapia y Motlima Consultores —integrantes del Consorcio AGM— fueron incorporadas como terceros civilmente responsables en el caso de pago de sobornos de Odebrecht por la obra Vía Costa Verde - Callao. La medida fue dispuesta por el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción, con fines de que paguen una reparación civil cuando finalice el proceso judicial.