La empresa Odebrecht no podrá participar en licitaciones, concursos públicos ni contratar con entidades estatales del país hasta noviembre de 2022 debido a que fue inhabilitada por tres años y cuatros meses por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), al presentar documentos falsos para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, según documentación oficial a la que accedió Convoca.pe.

De acuerdo con la Resolución N° 1943-2019-TCE-S1, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado confirmó su decisión de “imponerle [a la constructora brasileña] sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo 40 meses”. El documento fue emitido el 10 de julio último, pero había pasado inadvertido hasta ahora.

Con esta disposición, el tribunal de OSCE declaraba infundado la apelación presentada por Odebrecht a la anterior resolución de la misma instancia, del 10 de junio reciente, y además se estableció “dar por agotada la vía administrativa” al respecto.

El Tribunal de Contrataciones del Estado estableció la sanción para Odebrecht en la última instancia administrativa. Foto: Difusión

¿Cuáles fueron los fundamentos para sancionar a la firma brasileña investigada por corrupción en el Perú y otras naciones al haber pagado millonarios sobornos a cambio de adjudicaciones o concesiones de proyectos de infraestructura?

Según documentación en poder de OSCE, la “Constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Perú” presentó documentos falsos relacionados a la obra pública “Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas Chacas - San Luis”, adjudicación otorgada por el gobierno regional de Áncash durante la gestión de César Álvarez.

Como se recuerda, ex directivos de la constructora brasileña tuvieron que reconocer haber pagado 2,6 millones de dólares a cambio de la buena pro de esta obra -cuyo costo inicial de 404 millones de soles se elevó a 559 millones de soles-, hecho por el cual el exgobernador Álvarez fue sentenciado a 8 años y 3 meses de prisión, en junio pasado. En esta nota de Convoca.pe se detalla cómo fue el proceso de la coima.

Dos veces

En la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado se indica que se trata de dos casos en los que Odebrecht presentó documentación falsificada ante el OSCE con el fin de renovar su registro como “ejecutor de obras”, uno en enero de 2015 y el otro en abril de 2017.

El primer documento falso es la Acta de Recepción Parcial de Obra, del 25 de setiembre de 2013, suscrita de forma aparente por los ingenieros Marco Maguiña Bustos, Consuelo Jaramillo Henostroza y Mario Peralta Gibaja. Los tres conformaron el Comité de recepción de la obra “Carretera Callejón de Huaylas Chacas - San Luis”. 

Y el segundo, es la Carta Nº 003-2017-CJH, del 4 de marzo de 2017, cuya autoría fue atribuida a la misma ingeniera Consuelo Jaramillo, integrante del mencionado comité, en el que supuestamente cambiaba de versión a favor de la postura de la constructora brasileña reconociendo su firma en la acta de 2013. Odebrecht alcanzó esta misiva al OSCE para cuestionar la nulidad de su inscripción como proveedora del Estado, en su recurso de reconsideración.

Resolución que sustenta la inhabilitación de Odebrecht como proveedora del Estado.

Jaramillo ha negado reiteradamente ante el tribunal de la entidad estatal la autenticidad de su firma en ambos documentos presentados por la empresa brasileña. Lo hizo de manera formal en enero, febrero y noviembre de 2017.

“(…) Se tuvo la manifestación expresa de la propia ingeniera Jaramillo, quien a través de la Carta N° 003-2017-CJH del 29 de noviembre de 2017 desconoció la carta con la misma nomenclatura presentada por el proveedor (Odebrecht) como una prueba de parte”, se lee en la resolución rubricada por los vocales Héctor Inga, Mario Arteaga y Carlos Quiroga, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado.

La obra por la cual la firma brasileña fue sancionada es la carretera en Áncash, por la que pagó US$ 2.6 millones en sobornos al exgobernador César Álvarez. Foto: Difusión

En tanto, la constructora brasileña en su apelación, interpuesta el 17 de junio reciente, sostuvo lo siguiente: "Los cuestionamientos expuestos son prueba de que existe una intencionalidad manifiesta de imputar responsabilidad a su representada de cualquier forma, y desacreditan la neutralidad e imparcialidad del Tribunal; situación que lo deslegitima incluso para resolver el presente recurso de reconsideración".

Después, el 1 de julio pasado, los representantes de la empresa no asistieron a la audiencia pública programada por el tribunal de contrataciones para que sustentaran la apelación que habían presentado dos semanas antes.

Consultados al respecto, voceros de Odebrecht indicaron a Convoca.pe que “no haremos comentarios”.

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