Supervisora investigada por caso Lava Jato  contrató con el Estado por S/ 390 millones gracias a medidas cautelares

La compañía Acruta & Tapia Ingenieros, investigada por la Fiscalía en relación al caso de pago de sobornos de Odebrecht por la obra Vía Costa Verde - Callao, logró contratos con el Estado por más de 390 millones de soles (unos 118 millones de dólares) gracias a medidas cautelares a su favor que suspendieron las inhabilitaciones temporales para participar en licitaciones o adjudicaciones que le había impuesto el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), según una base de datos construida por Convoca.pe con documentos de esta entidad y del Poder Judicial.

Acruta & Tapia Ingenieros, constituida en junio de 1994 por los ingenieros Alfredo Acruta Sánchez y Elías Tapia Julca, es una de las cinco empresas sancionadas por OSCE que en los últimos 11 años consiguieron la mayor cantidad de resoluciones judiciales que le permitieron seguir como proveedora estatal y así continuar obteniendo adjudicaciones de diferentes entidades públicas.

En octubre de 2018, esta empresa fue incorporada como tercero civil responsable en el caso Vía Costa Verde - Callao por disposición del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción, con fines de que pague una reparación civil cuando finalice el proceso judicial. La Procuraduría ad hoc estima que el perjuicio para el Estado en esa obra asciende a 42 millones 242 mil soles (12 millones 800 mil dólares). Como se recuerda, los exdirectivos de la constructora brasileña han confesado ante el Equipo Especial para el caso Lava Jato que pagaron coimas por 4 millones de dólares por el citado proyecto vial de la región Callao.

Exgobernador regional Félix Moreno es el principal acusado en el caso Costa Verde - Callao relacionado a presuntas coimas de Odebrecht. Foto: Andina

Acruta & Tapia Ingenieros fue incluida en las pesquisas debido a que formó parte del Consorcio AGM, el cual estuvo a cargo de la supervisión de la construcción de Costa Verde - Callao, obra que Odebrecht empezó a ejecutar en junio de 2014 tras el otorgamiento de la buena pro de parte del gobierno regional durante la gestión de Félix Moreno, recluido en el penal Ancón I desde noviembre último.

“Se habría tramitado tres adicionales de obra [adendas] (…) que finalmente ocasionó la modificación del diseño de la obra sin sustento técnico, lo que generó un mayor plazo de ejecución del proyecto y que la entidad reconociera pagos a la contratista por mayores gastos generales”, se lee en la resolución del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción.

El Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria incluyó a Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. como tercero civil responsable en el caso Costa Verde - Callao que implica a Odebrecht.

Se añade: “Del lado del Consorcio AGM, en calidad de jefe de supervisión, el imputado Roque García Urrutia Olavarría habría avalado sin sustento en sus informes de supervisión, las propuestas de adicionales de obra presentadas por el contratista, permitiendo con ello que los funcionarios de la entidad respalden en estos la aprobación de dichas propuestas.

Luego de tres años de paralización por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, las actuales autoridades regionales habían previsto que las obras de la Costa Verde - Callao se reanudaran en marzo de este año, pero el estado de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19 postergó el reinicio de su construcción.

Modus operandi

El referido consorcio —integrado por Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C., GOC S.A. y Motlima Consultores S.A.— suscribió el contrato con el gobierno regional del Callao en marzo de 2014, por un monto de 15 millones 990 mil soles (4 millones 800 mil dólares). Dos años después, en 2016, el costo de la supervisión a la construcción de la vía ascendió a 32 millones 763 mil soles (9 millones 900 mil dólares), es decir más del doble del valor inicial, según el Acuerdo de Consejo Regional Nº 000045 al que accedió este medio digital. El contrato fue resuelto en julio de 2018 por “caso fortuito o fuerza mayor”, cuando ya se habían revelado los actos de corrupción.

Precisamente, las investigaciones en el Ministerio Público han confirmado que el modus operandi de las compañías brasileñas, y sus socias peruanas, era pagar coimas para que le adjudicaran obras públicas y, luego, obtener ganancias de forma indebida mediante el incremento de los costos del proyecto que eran pagados por las entidades del Estado, con adendas al contrato inicial.

Construcción de la Costa Verde - Callao está paralizada desde 2017, cuando estalló el escándalo de corrupción de Lava Jato. Foto: Andina

De acuerdo con información obtenida por Convoca.pe, Acruta & Tapia Ingenieros supervisó al menos ocho obras que ejecutaron constructoras brasileñas —investigadas por el caso Lava Jato—, entre 2003 y 2017, en diferentes regiones del país. Las compañías de los proyectos supervisados, además de Odebrecht, fueron Queiroz Galvao, Camargo Correa y Aterpa M. Martins.

Asimismo, sus socias en el Consorcio AGM, también se encuentran bajo investigación en la Fiscalía por otros casos de presunta corrupción. A Motlima Consultores S.A. se le indaga por las irregularidades en la adjudicación —en 2012— de la obra del hospital Antonio Lorena, de Cusco, en la cual está implicada la brasileña OAS. Mientras que GOC S.A. es investigada por actos indebidos —en 2016— relacionados a los expedientes técnicos de saldo de obra y equipamiento médico del mismo nosocomio, en la región cusqueña.

Por el caso Costa Verde - Callao, en mayo del 2019, doce propiedades (6 millones 560 mil soles) de Acruta & Tapia Ingenieros fueron embargadas a solicitud de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato para garantizar el pago de reparaciones civiles al Estado, si los acusados son declarados culpables.

Gracia cautelar

La compañía de Alfredo Acruta y Elías Tapia, dedicada a brindar consultoría técnica y supervisión en construcciones, obtuvo cinco medidas cautelares —en un periodo de un año y seis meses— que le permitieron postular a licitaciones y concursos públicos a pesar de haber sido sancionada por OSCE con la inhabilitación temporal por presentar documentación falsa o inexacta en cuatro concursos públicos o adjudicaciones.

Según la base de datos elaborada por Convoca.pe, con esas resoluciones judiciales emitidas entre junio de 2016 y enero de 2018, Acruta & Tapia Ingenieros consiguió la buena pro de 44 contratos con el Estado por más de 390 millones de soles en total, como se anotó líneas arriba. Cabe anotar que esta compañía reportó en Registros Públicos que su capital social aumentó a 20 millones 500 mil soles (6 millones 200 mil dólares), el 24 de agosto de 2018.

Alfredo Acruta (arriba) y Elías Tapia (abajo) fundaron la supervisora que lleva sus apellidos en 1994, en una notaría del Callao.

Las entidades que más contrataron a la mencionada empresa durante la vigencia de las medidas cautelares fueron Provías Nacional, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Programa Nacional de Saneamiento Urbano, así como los gobiernos regionales de Arequipa y Junín, y otros entes públicos.

Entre mayo de 2016 y agosto de 2017, Acruta & Tapia Ingenieros fue sancionada cuatro veces por el Tribunal de Contrataciones de OSCE con la inhabilitación temporal de su registro como proveedora del Estado por distintos plazos, la más leve fue por 6 meses y la más grave, por 43 meses (3 años y 7 meses).

De los cinco fallos favorables, cuatro fueron emitidos por la jueza Malbina Saldaña Villavicencio, del 7º Juzgado Constitucional de Lima; y uno por la jueza provisional Jenny Palacios Paredes, del Juzgado Civil Transitorio de Chorrillos - Lima Sur. Se debe precisar que esta decisión de Palacios Paredes fue revocada por la instancia superior, la Sala Civil de Chorrillos, en abril de 2018.

Con sus fallos, las juezas Malbina Saldaña (arriba) y Jenny Palacios (abajo) libraron a Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. de sus inhabilitaciones impuestas por OSCE.

Malbina Saldaña, integrante del Poder Judicial desde abril de 2002, registra tres denuncias a su nombre en el Ministerio Público, en 2018 y 2019, por los delitos de omisión de actos funcionales y prevaricato, la mayoría de las cuales fueron archivadas de manera preliminar. Además, en su legajo figura que tuvo dos sanciones disciplinarias por irregularidades en un proceso y retardo en la tramitación de un caso, en 2004 y 2005.

En tanto, Jenny Palacios, quien es jueza también desde hace 18 años, aparece como imputada o demandada en 11 denuncias desde 2001 a 2019, de las cuales dos se archivaron. Entre los delitos investigados están prevaricato, fraude procesal, avocamiento ilegal de proceso en trámite y nulidad de resoluciones. Y a nivel administrativo, fue sancionada dos veces por cometer faltas en su desempeño.

Por su parte, los empresarios Alfredo Acruta y Elías Tapia tienen denuncias en su contra por diferentes ilícitos penales, como estafa, peculado, apropiación ilícita, negociación incompatible, corrupción, falsedad genérica, concusión y otros.

Convoca.pe intentó recoger la versión de los los ingenieros Acruta y Tapia mediante mensajes a correos electrónicos y llamadas al número telefónico de la compañía, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Lo mismo sucedió en los casos de las juezas Malbina Saldaña y Jenny Palacios, a quienes se les solicitó una entrevista a través de las oficinas de Prensa de las Cortes Superiores de Justicia de Lima y de Lima Sur.

* Este trabajo fue realizado por Convoca.pe en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la Iniciativa de Periodismo de Investigación para las Américas.