Tres situaciones en las pesquisas del caso Lava Jato que pasaron inadvertidas durante la pandemia

Recusaciones contra el juez que ordenó prisiones preventivas

El 1 de setiembre último, la Sala Penal dirigida por el juez Cesar Sahuanay rechazó la novena recusación planteada contra Víctor Zúñiga Urday, el juez que ventila el caso de los aportes de campaña del partido de Keiko Fujimori, en primer instancia. Este recurso busca que el juez Zúñiga sea apartado del proceso y que sea visto por otro magistrado.

En enero de este año, el juez Víctor Raúl Zúñiga ordenó la prisión preventiva por 15 meses de la lideresa de Fuerza Popular, y también impuso esta medida restrictiva a otros investigados en el caso.

Este recurso fue presentado por la defensa de Carmela Paucará Paxi, exsecretaria personal de Keiko Fujimori. A través de su defensa legal, sostuvo que el magistrado Zúñiga no es imparcial en el caso.

Sala declaró improcedente una de las últimas recusaciones planteadas contra el juez.

Se expuso cuatro argumentos para señalar que el juez estaba parcializado, pero la Sala Penal los descartó por extemporáneos y debido a que se consideró que no tenían sustento.

Víctor Zúñiga manifestó en sus argumentos de defensa que se estaban presentando varios recursos para apartarlo del caso. "Esta es la octava recusación que se le interpone en su labor de juez en el presente proceso, lo cual dificulta el normal avance del mismo", se lee en el documento judicial.

El Poder Judicial confirmó a Convoca Verifica que durante el periodo de emergencia nacional por la pandemia se presentaron más solicitudes para apartar al magistrado Zúñiga del caso. Dos fueron interpuestas por Keiko Fujimori y otras dos, por diferentes implicados en el caso de los aportes fantasma a Fuerza Popular. Uno de estos recursos quedaba por resolver en setiembre y las demás fueron descartadas.

A inicio de este mes,  la Sala Penal dirigida por el juez Cesar Sahuanay rechazó una última recusación dirigida contra el juez Víctor Zúñiga Urday .

 La defensa de Keiko Fujimori pidió que sea apartado del caso por presuntamente perder su imparcialidad. Se señaló que adelantó opinión sobre la comisión del delito de lavado de activos, al resolver el pedido de ampliación de prisión de Pier Figari.

Se intentó que el PJ no aceptara apelación de la Fiscalía sobre prisión preventiva para Nadine Heredia

La última semana de agosto, el abogado de Nadine Heredia presentó una solicitud al Poder Judicial para que no se admitiera la apelación que realizó el Equipo Especial del caso Lava Jato al fallo que declaró infundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva para la exprimera dama y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga en el caso Gasoducto del Sur.

Jefferson Moreno, el defensor legal de Heredia, sostuvo en su escrito —y también en declaraciones a la prensa— que la apelación de la Fiscalía debía ser rechazada porque fue presentada fuera del plazo establecido. El abogado adjuntó como respaldo de su argumento el documento de ingreso al sistema informático del Poder Judicial. Se señalaba como fecha y hora de presentación el 12 de agosto de 2020 a las 23:32 horas. Era el último día para interponer el recurso.

Jefferson Farfán, abogado de Nadine Heredia, señaló que la defensa entendió y ya no se siguió debatiendo el tema. 

Moreno alegaba que la mesa de partes virtual cerró a las 16:00 horas, por lo que el escrito no debería ser considerado para ser resuelto a nivel judicial.

Sin embargo, el 24 de agosto la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción descartó este requerimiento. Se indicó que si bien el cargo de ingreso registra las 23:32 del 12 de agosto, lo cierto es que el Ministerio Público dejó la apelación en mesa de partes a las 15:50 horas, pero recién fue subido al sistema informático a las 23:32 horas del mismo día.

En diálogo con Convoca.pe, Jefferson Moreno dijo que la situación fue explicada y por eso no se insistió en el debate.

El 18 de setiembre, la Sala Penal Anticorrupción revocó el mandato de comparecencia con restricciones contra la esposa del expresidente Ollanta Humala y, en su lugar, le impuso arresto domiciliario por el plazo de dos años, en relación al caso Gasoducto del Sur.

Doce investigados fueron excarcelados

Las excarcelaciones más sonadas durante el estado de emergencia nacional fueron las de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y de la exalcaldesa Susana Villarán. No obstante, en este periodo, otros investigados que se encontraban recluidos de forma preventiva dejaron los penales para continuar los procesos en su contra con arresto domiciliario o medidas restrictivas de la libertad menos severas.

Consultados por Convoca.pe, en el Equipo Especial del caso Lava Jato refirieron que entre los años 2017 y 2020 se ordenaron 42 prisiones preventivas en las diferentes investigaciones relacionadas a la corrupción de empresas brasileñas, y siete de esos requerimientos corresponden a investigados que se encuentran prófugos.

Durante la pandemia, nueve personas que estaban con prisión preventiva obtuvieron arresto domiciliario, dos comparecencia restringida, y un investigado que salió de la cárcel por detención domiciliaria que luego se volvió colaborador eficaz. Actualmente, hay tres implicados que continúan recluidos preventivamente en establecimientos penitenciarios.

Los investigados por diferentes casos de Lava Jato que fueron excarcelados son Keiko Fujimori,  Susana Villarán,  Jaime Yoshiyama, César Villanueva, Richard James Martín Tirado, Luis Pebe Romero, Victor Suelpres, Luis Pardo Narváez, Jorge Peñaranda, José Miguel Castro, Alejandro Toledo y Weyden García Rojas. Mientras que a otros se les ha denegado la salida de prisión, como al exgobernador regional Félix Moreno y los exfuncionarios Roberto Sandoval Guzmán y Dirsse Valverde.

José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima en la gestión de Villarán, dejó el penal por el riesgo de contraer COVID-19 y se acogió al proceso para ser colaborador eficaz. Por su parte, la Fiscalía se desistió de apelar la resolución que revocó su prisión preventiva.