Mentiras y medias verdades sobre el caso Lava Jato

En el caso del Gasoducto no hubo ningún acto de corrupción en el Estado. Solo se trata de corrupción entre privados

En diferentes declaraciones a la prensa, el excongresista Santiago Gastañaduí aseveró que en el caso del Gasoducto del Sur no hubo corrupción de funcionarios al tratar defender al expresidente Ollanta Humala y a la exprimera dama Nadine Heredia, quienes son investigados por presuntos actos ilícitos relacionados a esa concesión adjudicada al consorcio liderado por Odebrecht, en 2014.

Sin embargo, en la última resolución de la Sala Penal de Apelaciones Permanente  Anticorrupción, que ordenó la medida de arresto domiciliario en contra de Nadine Heredia, se recogen los indicios presentados por el Equipo Especial Lava Jato sobre corrupción en sectores del gobierno de Humala para facilitar la entrega del proyecto gasífero al consorcio de la constructora brasileña, cuyos directivos confesaron haber aportado 3 millones de dólares a la campaña presidencial del líder del Partido Nacionalista.

Antes de que existiera el proyecto del Gasoducto del Sur, se ejecutaba el proyecto Gasoducto Andino del Sur, a cargo de la empresa Kuntur, a la cual Odebrecth compró la mayor participación de acciones.  Según el mencionado fallo, esta compañía no había cumplido con la ejecución del contrato por problemas financieros y buscaba "una forma de solucionar los inconvenientes financieros mediante una modificación de los términos de contrato". Lo que finalmente ocurrió con la emisión de la Resolución Ministerial N° 493-2011-MEM/DM.

La resolución dispuso la creación deuna segunda Comisión Especial para la modificación del contrato de concesión que se le había otorgado a Kuntur (adquirida por Odebrecht), pese a que esta modificación era inviable.

La norma autorizó realizar modificaciones al contrato original. Pero luego se creó el proyecto del Gasoducto Sur, en el que Odebrecht también participó. En el primer caso, el Gasoducto Andino del Sur era una iniciativa autofinanciada, pero cuando se creó el Gasoducto del Sur, el  Estado pasó a asumir costos y riesgos del nuevo proyecto, a diferencia del anterior contrato con Kuntur.  Se descartó así la iniciativa de Kuntur y el Estado devolvió la carta fianza por 66.7 millones de dólares, pese a que no correspondía hacerlo.

Para la sala judicial quedó en evidencia "la participación directa de Ollanta Humala, Nadine Heredia; [y los exministros] Miguel Castilla, Jorge Merino Tafur, Eleodoro Mayorga, entre otros" en los hechos que ocasionaron pérdidas al Estado. Estos personas que formaron parte del sector público son investigados por los delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir .

Además  como lo evidenció Convoca.pe, en los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, aparecen pagos referidos al Gasoducto del Sur por 3 millones dólares, realizados entre el viernes 19 de setiembre y miércoles 12 de noviembre de 2014. Los destinatarios de las 17 transferencias se ocultaron con codinomes (seudónimos).

También se habla del papel que jugaron  Proinversión y sus funcionarios para que el Gasoducto Sur sea adjudicado a Odebrecth. Durante el gobierno de Ollanta Humala  se creó dentro de Proinversión  un comité Pro Seguridad, que  tenía que llevar a cabo el proyecto, pese a que en realidad correspondería  esa misión a Comité Pro Conectividad. Una instancia que ya existía con anterioridad.

Uno de los presidentes de este comité fue Edgar Ramírez Cadenillas,  quien trabajó con el grupo empresarial Kuntur desde inicios del 2007 y para Odebrecht en repetidas oportunidades. Un claro conflicto de interés. Según la tesis fiscal, la designación de Ramírez Cadenillas habría sido una decisión adoptada por Nadine Heredia.

El equipo de fact-checking de Convoca.pe llegó a la conclusión que esta afirmación es falsa. 

"La Fiscalía solo pide prisiones preventivas, pero no presenta acusaciones"

Cada cierto tiempo, para cuestionar la labor del Equipo Especial del caso Lava Jato, los abogados repiten en los medios de comunicación que este grupo de la Fiscalía no ha presentado acusaciones contra líderes políticos, empresarios y expresidentes por delitos de corrupción relacionados a Odebrecht y otras empresas implicadas en presuntos actos ilícitos. 

De acuerdo con información contrastada, el equipo de fact-checking de Convoca.pe llegó a la conclusión que esa aseveración es falsa. Pues, en efecto, se han presentado acusaciones contra políticos e incluso expresidentes por cometer supuestos actos de corrupción, en componenda con constructoras brasileñas y peruanas.

Al respecto, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, dio cuenta de las cuatro acusaciones que el Ministerio Público ha presentado hasta la fecha.

Caso Interoceánica Sur

La Fiscalía acusó a expresidente por presuntamente recibir 31 millones de dólares a cambio de la entrega de la obra. Foto: Andina.

La Fiscalía solicitó ante el Poder Judicial 20 años y 6 meses de prisión contra el exmandatario Alejandro Toledo por presuntamente haber recibido 31 millones de dólares de la constructora Odebrecht como soborno a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Por esta acusación, Toledo afronta un proceso de extradición en Estados Unidos, donde actualmente cumple arresto domiciliario. El 4 de septiembre pasado, el juez estadounidense Thomas Hixson inició la audiencia judicial en la corte de California por la extradición del exgobernante.

Además del pedido de prisión contra Alejandro Toledo, existen otros acusados como los exfuncionarios de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font, así como el exjefe de seguridad presidencial, Avraham Dan On. Para ellos, el fiscal José Domingo Pérez pidió nueve años de prisión por el delito de colusión.

El 11 de agosto último, se formuló la acusación contra los empresarios José y Hernando Graña, exdirectivos de la constructora peruana Graña y Montero, ambos aspirantes a ser colaboradores eficaces. El Poder Judicial aún no ha iniciado el proceso por lavado de activos. A estos acusados se suman Fernando Camett, directivo de la compañía JJ Camet, y José Castillo Dibós, representante de ICCGSA.

Otro acusado es el empresario Gonzalo Ferraro Rey, investigado por el delito de lavado de activos y con una solicitud de 11 años y 6 meses de prisión.

Según la investigación del Ministerio Público, los investigados conocieron el acuerdo ilegal de Odebrecht con el expresidente Toledo sobre el pago de coimas por la carretera Interoceánica.

En agosto reciente, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró improcedente el recurso de tutela que interpuso Alejandro Toledo por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur a Odebrecht. La intención del exmandatario era buscar que se reabriera la investigación preparatoria en su contra. El pedido no prosperó debido a que el magistrado Concepción Carhuancho resolvió que el recurso fue presentado fuera de plazo.

Caso Ecoteva

Eva Fernenbug, madre de la exprimera dama Eliane Karp, fue el hilo de la madeja para destapar el caso de lavado de activos conocido como Ecoteva.

En junio de 2019, el Equipo Especial del caso Lava Jato solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para el exmandatario Alejandro Toledo y la exprimera dama Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos en el caso Ecoteva. Esta empresa fue fundada en Costa Rica en el 2012 por Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, y fue utilizada como fachada para realizar operaciones bancarias por más de 5 millones de dólares en el Perú.

El expresidente, quien permanece prófugo de la justicia peruana en Estados Unidos, afronta un pedido de extradición. Según la acusación fiscal, Alejandro Toledo habría recibido pago de sobornos de Odebrecht y de Camargo y Correa a través de empresas del israelí Josef Maiman —entre estas Ecoteva— para entregarle la licitación de los tramos 2, 3 y 4 de la vía Interoceánica Sur a las constructoras brasileñas.

La acusación incluye a personas cercanas a Toledo y Karp, como Josef Maiman, Eva Fernenbug, Avraham Dan On, Shai Dan On y David Eskenazi.

Caso aportes a campañas de Humala

Jorge Barata, declaró que se entregó 3 millones de dólares para la campaña presidencia de Ollanta Humala en 2011. Foto: Andina.

En mayo del 2019, el fiscal Germán Juárez Atoche formalizó la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, por los presuntos delitos de lavado de activos y criminalidad organizada. Según la acusación fiscal, recibieron dinero ilícito de la empresa brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011.

El juez Richard Concepción Carhuancho convocó, el 6 de agosto de ese mismo año, al inicio de la audiencia de control de acusación. A más de un año desde la acusación fiscal, el caso Humala continúa en etapa intermedia debido a la declaratoria del estado de emergencia nacional por el COVID-19.

Sobre los aportes de Odebrecht, en 2017 se conoció que el exrepresentante de la constructora brasileña en el Perú, Jorge Barata, declaró que se entregó 3 millones de dólares para la campaña presidencia de Ollanta Humala en 2011.

Caso Metro de Lima

Inauguración del tramo 1 de la Linea 1 del Metro de Lima. Foto: Andina.

En junio de 2019, el fiscal José Domingo Pérez presentó acusación contra el exviceministro Jorge Cuba por el delito de lavado de activos, en la cual pidió 25 años y 10 meses de prisión.

Jorge Cuba salió de la cárcel el 6 de noviembre del 2019 porque se venció el plazo de su prisión preventiva, que se había iniciado en enero de 2017. Se le impuso restricciones como presentarse ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho con el fin de informar sobre sus actividades. Asimismo, se le ha prohibido comunicarse con otros procesados y ausentarse de su vivienda.

"No hay delito de lavado de activos en caso de aportes a campañas"

Un punto central de discusión en el caso de Fuerza Popular es si se incurrió en el delito de lavado de activos por los aportes recibidos en campaña que no fueron declarados ante las autoridades electorales. Se utilizó  empresas y personas para simular aportes que llegaron desde empresas ligadas a actos de corrupción, como el caso de la constructora Odebrecht.

Marcelo Odebrecht y Jorge Barata confirmaron aportes a la campaña de Fuerza Popular en 2011 por 1 millón de dólares. Según el Ministerio Público, ese dinero se lavó a través de rifas, cócteles, transferencias desde el extranjero y aportes falsos.

El fiscal Rafael Vela indicó que esta cantidad de dinero fue percibida por el partido burlando los sistemas de lavado de activos y normas electorales de rendición de cuentas. De acuerdo con las pesquisas, esos aportes provendrían del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht, una división creada con el propósito de manejar los sobornos que entregaba la empresa.

Serían fondos ilegales producto de actos de corrupción ejecutados en Brasil y otras partes del mundo, que se ocultaron en contabilidades paralelas. La Fiscalía sostiene que este dinero era introducido a la economía con aportes simulados a las campañas electorales.

Sin embargo, la defensa de los investigados en este caso ha expuesto sus motivos jurídicos para señalar que esta recepción de dinero y posterior introducción al sistema a través de aportantes falsos no se trataría de lavado de activos.  Es un argumento que viene de meses anteriores.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori señaló durante la audiencia del pasado 9 de enero, en la cual se debatía el pedido de prisión preventiva contra su patrocinada, que no se habría presentado el delito de lavado de activos, sino que lo que ocurrió es una simulación de aportes. Ella indicaba que se tenía que acreditar el origen ilícito de estos aportes.

Defensa legal insiste que malos manejos de aportes de campaña no pueden ser calificados como lavado de activos. Foto: Andina.

"Se nos ha distraído del debate contextual del lado del lavado de activos a un tema de simulación y uno no es lo otro", señaló ante el juez Víctor Raúl Zúñiga.  Además aseguró que Keiko Fujimori no sabía del origen ilícito de estos aportes.

Por su parte, el fiscal Vela señaló que en Brasil hay sentencias que establecen la naturaleza ilícita de la ‘Caja 2’ de Odebrecht. Es el caso de la sentencia contra el exministro de Hacienda brasileño, Antonio Palocci.

En tal sentido, antes de su suspensión el fiscal supremo Tomas Gálvez dijo —durante una de sus alocuciones sobre el caso— que las personas que recibieron el dinero tenían que saber el origen delictivo del mismo y calificó el hecho como "pitufeo" (depósitos bancarios en cantidades mínimas a través de terceros para ocultar la procedencia de los montos).

No obstante, la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que ordenó el último cese de prisión preventiva para Keiko Fujimori, hace referencia a la figura de la "ignorancia deliberada", en la que se incurriría si se evita la identificación del origen del dinero de forma intencionada. La Sala indica que este es un punto que debe evaluarse en la etapa de juzgamiento.

En la resolución, la mencionada instancia judicial hace énfasis en la etapa del proceso. La investigación aún continúa y las pruebas para demostrar la comisión del delito deben ser expuestas más adelante, durante el juicio oral. Lo que sí existen son elementos indiciarios de la comisión de lavado de activos.

Consultada por este medio digital, la penalista Romy Chang, sostuvo que la definición de si hubo o no lavado de activos en los aportes clandestinos de dinero a Fuerza Popular y otros partidos se dará en una etapa distinta a la que se encuentra en la actualidad. El Ministerio Público deberá demostrar el origen ilícito del dinero de la 'Caja 2'. Por estas razones, el tema aún está por dilucidarse.

Convoca Verifica, la unidad de fact-cheking de Convoca.pe, tras evaluar la afirmación concluyó que es discutible.

"Se utiliza la prisión preventiva de forma exagerada en el caso"

En el Perú, el uso de la prisión preventiva es una medida excepcional, que tomó mayor relevancia y exposición cuando se empezó a aplicar con los investigados por el caso Lava Jato. Defensores legales de los implicados señalaron que hay un uso exagerado de este recurso por parte del Ministerio Público, que solicitó la severa medida restrictiva para expresidentes, exministros y otros ex altos funcionarios, así como a empresarios y abogados.

Convoca Verifica, la unidad de fact-cheking de Convoca.pe evalúo esta aseveración y concluyó que es discutible.

La prisión preventiva es una medida empleada durante la etapa de investigación fiscal. Tiene por objeto evitar que los investigados eludan la acción de la justicia antes de que se inicie un juicio en su contra. Desde 2017, hasta el 2020, el Equipo Especial Lava Jato investigó a 834 personas y 50 empresas o entes privados en el megacaso de corrupción.

La emergencia sanitaria, causada por la expansión del COVID-19, hizo aún más visible el hacinamiento en los centros penitenciarios, situación que pone en riesgo la salud de los internos. Los abogados de los investigados consideran que los pedidos de prisión preventiva son innecesarios. Presentaron recursos de excarcelación alegando que sus patrocinados eran población vulnerable frente al coronavirus. En muchos casos este recurso prosperó y se dictaron otras medidas menos restrictivas.

La abogada penalista Shirley Pastor explicó que otras medidas menos gravosas, que también tienen la intención de evitar que los investigados huyan de la justicia, son el arresto domiciliario, la comparecencia restringida y los grilletes electrónicos.

“La prisión preventiva debe ser usada excepcionalmente. Se debe buscar su limitación y aplicación exclusiva para casos en los que no exista otra forma de evitar el riesgo de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones”, explicó.

Por su parte, en el Equipo Especial Lava Jato se sostiene que los investigados aprovechan la situación de emergencia por la pandemia para salir de prisión y no cumplir con las medidas que el Ministerio Público considera necesarias para un adecuado proceso de investigación.

Fiscalía considera que uso de la prisión preventiva no es excesivo. Foto: Andina.

Según fuentes de Convoca.pe, el Poder Judicial ha ordenado 42 prisiones preventivas en total en el marco de las pesquisas por el caso Lava Jato. Cabe anotar que durante la emergencia sanitaria los investigados por el caso Odebrecht solicitaron el cese de la medida por el riesgo a contagiarse de COVID-19.

A algunos se les concedió la medida de arresto domiciliario, como a la excandidata presidencial Keiko Fujimori,  la exalcaldesa Susana Villarán,  el exdirigente fujimorista Jaime Yoshiyama, el expremier César Villanueva, así como Richard James Martín Tirado, Luis Pebe Romero y Victor Suelpres. Además, el expresidente Alejandro Toledo, Luis Pardo Narváez, Jorge Peñaranda, José Miguel Castro Gutiérrez y Weyden García Rojas. También tiene detención domiciliaria la exprimera dama Nadine Heredia.

Mientras que a otros se les ha denegado la salida de prisión, como al exgobernador regional Félix Moreno y los exfuncionarios Roberto César Sandoval Guzmán y Dirsse Valverde.

Según fuentes de Convoca.pe, el Poder Judicial ha ordenado 42 prisiones preventivas en total en el marco de las pesquisas por el caso Lava Jato. Cabe anotar que durante la emergencia sanitaria los investigados por el caso Odebrecht solicitaron el cese de la medida por el riesgo a contagiarse de COVID-19.

A algunos se les concedió la medida de arresto domiciliario, como a la excandidata presidencial Keiko Fujimori,  la exalcaldesa Susana Villarán,  el exdirigente fujimorista Jaime Yoshiyama, el expremier César Villanueva, así como Richard James Martín Tirado, Luis Pebe Romero y Victor Suelpres. Además, el expresidente Alejandro Toledo, Luis Pardo Narváez, Jorge Peñaranda, José Miguel Castro Gutiérrez y Weyden García Rojas. También tiene detención domiciliaria la exprimera dama Nadine Heredia.

Mientras que a otros se les ha denegado la salida de prisión, como al exgobernador regional Félix Moreno y los exfuncionarios Roberto César Sandoval Guzmán y Dirsse Valverde.