Es falsa versión de Manuel Merino sobre que policías no dispararon armas que mataron a Inti Sotelo y Bryan Pintado

Durante su presentación en el Congreso de la República, el ex presidente Manuel Merino argumentó que el Ministerio Público no ha demostrado que la Policía Nacional del Perú haya sido responsable del asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado y de las lesiones a los manifestantes, durante la represión por las protestas contra su asunción a la presidencia de la República, en noviembre del 2020.

“¿Fueron muertos con uso de armas policiales? No se ha demostrado. No se ha encontrado responsable a la Policía. Ha habido gente infiltrada, gente posiblemente pagada, gente interesada en que esta asunción de Manuel Merino era ilegal”, dijo Manuel Merino, el 7 de marzo último, ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que investiga la denuncia constitucional presentada en su contra por la Fiscalía de la Nación. 

Manuel Merino, el ex presidente del Consejo de Ministros Antero Flores-Aráoz y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez son señalados por la Fiscalía de la Nación como presuntos autores por omisión impropia de los delitos de homicidio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como de lesiones graves y leves provocadas a 78 manifestantes. Los tres ex funcionarios tienen la prerrogativa del antejuicio político y se requiere la aprobación del Congreso para que el Ministerio Público continúe con las investigaciones y se les someta a un juicio.

La no responsabilidad de la Policía en las muertes fue uno de los argumentos que usó Manuel Merino para defenderse de las acusaciones del Ministerio Público. Sin embargo, la investigación que realiza la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima ha encontrado pruebas de la responsabilidad de los miembros de la institución policial en la violenta represión que provocó la muerte de los dos jóvenes e hirió a muchos más.

Testimonios de heridos y pericias corroboran que policías dispararon a los manifestantes en protestas de noviembre del 2020. Foto: Difusión

Los testimonios de los heridos sobre la agresión que sufrieron de parte de los policías y los informes médicos así como documentos oficiales, pericias, fotos, videos y diversas declaraciones forman parte de la denuncia penal que presentó, en octubre de 2021, el Ministerio Público contra 11 oficiales de la Policía, por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, y contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad.

En esta denuncia, el Ministerio Público señala que ha acreditado que Bryan Pintado recibió directo al cuerpo una descarga de 10 perdigones de plomo, efectuada por la Policía, según el certificado de necropsia, y que Inti Sotelo sufrió el impacto mortal de un perdigón de plomo a la altura del tórax, disparado por los agentes policiales.
 

“No se ha demostrado que la Policía haya usado esas armas, esos famosos caza patos, o esas armas hechizas que han tenido balas de plomo y de vidrio. Han hecho la investigación, han ido a la Policía, no han encontrado esas armas. No han encontrado responsable a la Policía”, dijo también Manuel Merino ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Sin embargo, la denuncia presentada por la Fiscalía contra los 11 oficiales de la Policía señala que “Las pericias balísticas evidencian el uso de munición no autorizada que causó la muerte de los jóvenes, proyectiles de plomo, y de proyectiles de vidrio endurecido (canicas), que pueden ser disparados por las escopetas de caza que usó la Policía”.

Entre los policías denunciados figuran el teniente general Jorge Lam Almonte (59), comandante general (E) de la PNP y subcomandante general de la PNP; el general Jorge Luis Cayas Medina (56), jefe de la Región Policial Lima; el coronel Percy Alberto Tenorio Gamonal (56), director de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROPEESP) y el coronel Carlos Vicente Villafuerte Salas (56), jefe de la División de Servicios Especiales.

Además, son investigados los comandantes Charles Antonio Apaza Pilares (54), jefe del I Batallón “Halcón” de la División de Operaciones Especiales; Luis Ruperto Castañeda Urbina (57), jefe de la Unidad de Servicios Especiales Sur “Salvataje”;Víctor Alberto Oliva Angulo (52), jefe de la Unidad de Servicios Especiales Centro y Giulianno Mitchel Arguedas Pérez (44), jefe de la Unidad Histórica de la Policía Montada “Potao”.
 
En la investigación del Ministerio Público también están incluidos el mayor José Luis Solari Chillcce (39), jefe del área de Instrucción de la División de Servicios Especiales; el mayor Juan Pablo Chenett Del Pozo (40), jefe de las Fuerzas Especiales de la Dirección de Operaciones Especiales; y el capitán Mario Angelo García Chávez (46), jefe del área de Subsistencia del área de Administración.

Según la investigación fiscal, los altos mandos de la Policía “no solo tuvieron conocimiento de los hechos sino que abusando de su alta jerarquía dentro de la estructura policial habrían dispuesto las órdenes para el uso de la fuerza pública de manera discriminada, desproporcionada e ilegal, con la utilización de armas potencialmente letales y de municiones prohibidas (Perdigones de plomo y canicas de vidrio), que fueron disparadas directamente al cuerpo de los manifestantes”.

Además, después de casi un año de indagaciones, la hipótesis de la fiscal Jhousy Aburto Garavito señaló que los policías investigados habrían concertado un plan criminal ordenando, autorizando y ejecutando el uso de los medios de la Policía de manera arbitraria y de municiones prohibidas y que tuvieron este accionar antes, durante y después de los operativos realizados a raíz de las manifestaciones del 10 al 14 de noviembre del 2020.
 

Para esta nota, Convoca Verifica consultó con Aaron Aleman, abogado de los familiares de Bryan Pintado, asesinado durante las manifestaciones. El letrado resaltó que los argumento de Merino no tienen un respaldo lógico y jurídico pues los informes internacionales que figuran en la carpeta fiscal señalan que no existen contraindicios de que hubo manifestantes infiltrados que habrían lesionado a los agraviados y que los diversos medios probatorios corroboran que la Policía sería la responsable de las actuaciones que provocaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado y de los numerosos heridos.

“Es necesario no solamente identificar a los agraviados sino también involucrar el impacto de cada uno de ellos sobre su afectación, para determinar el grado de responsabilidad de los efectivos policiales que ejecutaron las órdenes, sino también el de las personas que debían resguardar los derechos fundamentales, como el presidente de la República y sus exministros”, explicó el abogado Aaron Aleman.

En conclusión, por las diversas pruebas que figuran en el expediente de la Fiscalía, Convoca Verifica concluye que es falso lo afirmado por Manuel Merino sobre la no responsabilidad de la Policía en las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado y en las lesiones contra 78 manifestantes.