Violencia policial: Hospitales atendieron a 210 manifestantes heridos y 16 aún están internados

Actualización: 24 de noviembre de 2020

Dieciséis personas continúan hospitalizadas en Lima, debido a las lesiones graves que sufrieron durante las manifestaciones de protesta contra el régimen de Manuel Merino y que son atribuidas a los agentes de la Policía Nacional del Perú. Con ellos, un total de 210 ciudadanos fueron atendidos en diversos hospitales, 209 en Lima y 1 en Cusco, por distintos tipos de lesiones, según reportó el Ministerio de Salud, al 23 de noviembre último.

Los heridos por la represión policial que aún permanecen internados se encuentran en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen (3 pacientes), Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (1 paciente), Hospital Nacional Arzobispo Loayza (9 pacientes), Hospital Nacional Dos de Mayo (2 pacientes) y el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa (1 paciente).

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) inició una investigación al Instituto Nacional de Oftalmología (INO) tras la denuncia de uno de los manifestantes heridos en las protestas del 12 de noviembre, Rubén Guevara, quien declaró que un médico de este nosocomio intentó hacerle firmar un documento en el que reconocía haberse auto infringido las lesiones en un ojo.

"SUSALUD constituyó un equipo de auditores a las instalaciones del Instituto, con el fin de levantar testimonios, corroborar hechos y proveer medios probatorios de los hechos acontecidos alrededor de la denuncia presentada", señala el comunicado emitido por dicha institución.

Nota original: 19 de noviembre de 2020

Samuel Giraldo Mucha no sabe si podrá volver a bailar. La vida del estudiante de la Escuela Nacional Superior de Ballet ha quedado en "stand-by", como él mismo dice. A sus 23 años, está postrado en una cama del Hospital Nacional Dos de Mayo, en Lima, con la pierna destrozada por el impacto de una bomba lacrimógena o un perdigón que le arrojó uno de los policías que reprimieron las manifestaciones de protesta contra la asunción al gobierno de Manuel Merino, el pasado 14 de noviembre.

“Tengo una fractura de segundo grado en la tibia. Cuando me auxiliaron, la herida estaba a la altura del hueso. Tuve la suerte de que los brigadistas que acudieron a la marcha, me socorrieran en ese momento. Con ayuda de un familiar, me trajeron a emergencia del Hospital Dos de Mayo. El hueso quedó roto, en muchos pedazos. Es por eso que se está viendo que me coloquen clavos o me hagan una fijación externa. No sé si fue una bomba lacrimógena o un perdigón, lo que sí puedo explicar es que el impacto cayó directo, no fue de arriba para abajo, fue a quemarropa”, cuenta Samuel Giraldo a Convoca.pe, mientras espera de que lo operen, en las próximas horas.

El día que cambió su vida para siempre, Samuel ya estaba adquiriendo algo de experiencia en las movilizaciones de protesta pues había acudido a las manifestaciones del 10, 11 y 12 de noviembre. “El martes, estuvo un poco descontrolado por parte de la Policía, que estaba tirando lacrimógenas. El miércoles, fue una protesta tranquila. El jueves, empezaron a hacer uso de su fuerza bruta. El sábado, se descontroló todo”, recuerda.

Así como Samuel Giraldo, 21 personas más continúan hospitalizadas en Lima, debido a las lesiones graves que les provocaron los agentes de la Policía Nacional del Perú durante las manifestaciones de protesta contra el nuevo régimen. Con ellos, un total de 207 ciudadanos fueron atendidos en diversos hospitales de la capital por distintos tipos de lesiones durante las movilizaciones sociales de los últimos días, según reportó el Ministerio de Salud. 

El estudiante de Derecho Jack Brian Pintado Sánchez, de 22 años, y el estudiante de Turismo Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, no tuvieron la misma "suerte" que los demás manifestantes pues murieron en las protestas. El primero murió por 10 impactos de perdigones de plomo, en el cráneo, en la cara, en el cuello, en el tórax y en el brazo derecho, según reveló la necropsia. El segundo recibió cuatro impactos de arma de fuego, uno de los cuales le atravesó el pulmón y el corazón.

Heridos en el Hospital Loayza

En el Hospital Arzobispo Loayza, están internados ocho manifestantes que fueron heridos en las protestas del 14 de noviembre. Uno de ellos es André Rivero Gonzales, de 21 años, quien tiene un impacto de perdigón en el cráneo. Su padre, Mario Rivero, dijo a Convoca.pe que operarán a su hijo, por precaución, para evitar que se inflame el cerebro.

Aunque entre varios de los afectados han presentado una demanda conjunta contra las autoridades y los que resulten responsables de las agresiones a los manifestantes, el padre de Rivero contó que también presentarán una demanda individual, con el apoyo del Colegio de Abogados de Lima.

Yoel Maylle Cabia, de 34 años, se encuentra en este hospital. Tiene conmoción cerebral pues recibió un disparo en la cabeza de un proyectil que no ha sido identificado. El ataque policial fue captado en un video, cuando el joven protegía su cabeza con un balde y un proyectil le impactó a la altura de la nuca. Yoel es estudiante de Restauración y Conservación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

— Saludos Cordiales (@fact__u) November 15, 2020

Jhon Cordero Morales, de 24 años, recibió un disparo en la médula y se teme que no pueda volver a caminar. Por ello, este 17 de noviembre, los familiares y amigos de John llegaron afuera del Hospital Loayza, con cartelas y pancartas, para exigir justicia.

Su madre, Verónica Morales, contó que a Jhon le sacaron un perdigón de la espalda y que necesita una segunda operación, que le realizarán en 25 días, para que se mantenga sentado, porque  está postrado. Su hijo no siente las piernas y tiene dolores intensos. El joven se preparaba para estudiar Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Bomberos entre los heridos

En el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, hay cinco personas heridas. Entre los heridos figura la bombera María Angélica Vega Churampi, de 25 años. Ella pertenece a la Compañía Magdalena 36. Inicialmente, la joven fue reportada como desaparecida, hasta que fue hallada en dicho nosocomio.

Otro de los heridos es Alberth Yosemir Ñahui Pérez, de 22 años. Tiene traumatismo encéfalo craneano severo y un grave daño en un ojo. Es alumno del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

— Huber Stiff Ñahui Pérez (@HuberStiff) November 17, 2020

En el Hospital Almenara también están internados Percy Pérez Shapiama, de 27 años, con impacto de proyectil en el abdomen, y Luis Aguilar Rodríguez, de 26 años, con una bala alojada en el pulmón. Ellos fueron heridos, dos días antes, durante las protestas del 12 de noviembre, con impacto de perdigones. Además, se encuentra hospitalizado Oswaldo Yerson Palomino Villa, de 20 años.

En el Hospital Casimiro Ulloa se encuentra Lucio Ricardo Suárez Valle, de 26 años. El estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibió el impacto de cuatro proyectiles en la mano, el hombro, el tórax y la cabeza. Los médicos no le han podido retirar el proyectil alojado en el cerebro.

Hoy, en conferencia de prensa, Luis Suárez, hermano de Lucio, contó que él se encuentra estable, según los médicos. Relató que su hermano le contó que, la noche del 14 de noviembre, estuvo entre las avenidas Abancay con Nicolás de Piérola, donde los policías lanzaban bombas lacrimógenas para taparse con el humo y disparar a los manifestantes. "Me han disparado a matar", le dijo.

Policías incursionan ilegamente en hospitales

Luego de que los policías arremetieron violentamente contra los manifestantes, agentes de dicha institución acudieron a los hospitales donde fueron llevados los heridos. Sin identificarse y e contra de las normas, fotografiaron los expedientes médicos de los afectados, amenazaron a sus familiares con llevarse detenidos a los pacientes apenas los den de alta e intentaron ocultar lo ocurrido.

El estudiante Samuel Giraldo contó que, al día siguiente de haber sido herido por la Policía, mientras dormía en una cama del Hospital Dos de Mayo, dos agentes policiales ingresaron a la habitación que compartía con otro manifestante herido. Los efectivos tomaron fotografías a su historia clínica y a la de su compañero. Una enfermera permitió que hicieran esto. Como la hermana del otro paciente reclamó y los grabó, vino la directora del Hospital y los confrontó. "Los agentes se excusaron diciendo que solamente era para un análisis estadístico", contó Samuel.
 

Ante esta denuncia, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) enfatizó que toda persona usuaria de los servicios de salud, tiene derecho a ser atendido con pleno respeto de su dignidad e intimidad, con la garantía de la confidencialidad y protección de los datos referidos a su atención, lo cual se extiende incluso al momento del deceso y manejo del cadáver.

Por ello, el Superintendente Nacional de Salud, Carlos Acosta, invocó a los directores de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS), a que identifiquen y sancionen los actos de captación de imágenes (fotografías y vídeos) realizados dentro de sus establecimientos y la difusión de las mismas, así como que denuncien estos hechos y a sus responsables.

Agregó que, los directores de los establecimientos de salud donde se hubiera cometido la infracción están obligados a investigar y sancionar a los responsables de la falta, sin perjuicio de la intervención que pueda tener el Ministerio Público u otras entidades tales como la Contraloría General de la República, los colegios profesionales o los procuradores públicos del sector.

"La divulgación de los datos relacionados a la salud de los pacientes constituye una falta grave, lo que conlleva a la aplicación por parte de SUSALUD de una sanción administrativa de multa de hasta 300 UIT, equivalente a 1’290,000 soles", enfatizó el superintendente Acosta.

Además, el comunicado de dicha institución advierte que el profesional de la salud, el técnico o el auxiliar que proporciona o divulga, por cualquier medio, información relacionada al acto médico, incurre en responsabilidad civil o penal, según el caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en aplicación de los respectivos Códigos de Ética Profesional.

Los familiares de André Rivero Gonzales, de 21 años, también denunciaron que agentes no identificados de la Policía acudieron al Hospital Arzobispo Loayza y los amenazaron con llevarse detenidos a los heridos cuando los dieran de alta.

"El mismo sábado, dos o tres policías, a mi señora le dijeron que todas las personas que habían llegado acá iban a ser detenidas y llevadas a la comisaría, apenas salieran", relató a Convoca.pe Mario Rivero Hernández, padre del herido.

El viernes pasado, los familiares de Luis Aguilar Rodríguez denunciaron que la Policía intentó ocultar que el joven de 22 años recibió un impacto de bala. internado en el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, tras haber sido herido de bala durante las protestas del jueves 12 de noviembre, en el cruce del jirón Ayacucho con la avenida Abancay, en el centro de Lima.

Según contó Giancarlo Aguilar, primo de la víctima, los policías estaban en el hospital y no querían que nadie sepa lo ocurrido ni dar información de nada. Estaban difundiendo que había recibido un perdigón cuando, en realidad, tenía una bala alojada en el pulmón.

Alejandro Suárez, hermano de Lucio Suárez, uno de los heridos, contó a RPP Noticias que policías acudieron al Hospital Casimiro Ulloa y querían conversar con el afectado. Contó que hizo público el caso para exigir una investigación imparcial.

PNP pide establecer responsabilidades individuales

En la mañana de este martes, el general Víctor Zanabria, jefe de la Séptima Región Policial de Lima, dio una conferencia de prensa en la que pidió que se espere el resultado de las investigaciones del Ministerio Público y puso énfasis en que se establezcan responsabilidades individuales y no como  institución policial.

“Lo que no se ha determinado aún, no lo arroguemos como una verdad posible, porque lo único que estamos haciendo es generar culpables en 130 mil policías, que no tienen nada que ver con un hecho que aún está en investigación y que ahora está generando una repulsa muy grave contra la Policía. Esa repulsa, podría generar mayor violencia”, advirtió.

Ante la insistencia de los periodistas sobre el inicio de una investigación para determinar responsabilidades en la Policía, Zanabria dijo que en el espacio donde se registraron los heridos, entre las avenidas Nicolás Piérola y Abancay, deben haber 100 efectivos, y que, seis u ocho de ellos tenían escopetas y había un responsable del operativo.

“Alguien anoche dijo que hubo brutalidad policial, que hubo exceso de gases, que se han utilizado armas que pueden causar la muerte. No hay detenciones, no hay ejecuciones extrajudiciales, no hay desaparecidos”, dijo Zanabria, pese a que los periodistas le hicieron un recuento de los casos de abusos policiales.

Foto principal: Agencia Andina