Actualización: 27 de agosto de 2021
El ex presidente Manuel Merino, el ex premier Ántero Flores-Aráoz y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez intentan lavarse las manos sobre los actos de violencia que protagonizaron agentes de la Policía Nacional del Perú contra manifestantes que se oponían a la asunción de Merino a la presidencia de la República, en noviembre de 2020, y que provocó la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, por el impacto de perdigones de plomo.
Nueve meses después de estas muertes, Antero Flores-Áraoz, Gastón Rodríguez y Manuel Merino acudieron, por primera vez, a la sede del Ministerio Público para brindar sus declaraciones por la investigación que les abrió la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio.
Gastón Rodríguez acudió a la Fiscalía el miércoles pasado. Según relató Dante Morales, abogado de la familia de Bryan Pintado, el ex ministro del Interior señaló que no conocía los operativos que realizó la Policía, pese a que es el responsable del sector.
Ántero Flores-Aráoz declaró el jueves pasado. Al igual que el ex ministro del Interior, atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido a los altos mandos de la Policía. Afirmó que no conocía nada acerca de los operativos policiales y que exhortó a los efectivos a que respetaran los derechos humanos de los manifestantes.
El último viernes fue a declarar Manuel Merino. El abogado de la familia de Bryan Pintado, Ronald Gamarra, relató que el investigado aseguró que los mandos policiales estaban a cargo del control de las manifestaciones y que no revisaba los reportes que le hacía llegar el servicio de inteligencia sobre las protestas.
Respecto a la declaraciones de los tres investigados, Pacha Sotelo, hermano de Inti Sotelo, señaló durante una emisión del programa Convoca en Vivo que él y su familia consideran que se está tratando de desviar las responsabilidades hacia los altos mandos de la Policía.
"Nadie jala el gatillo porque le da la gana", advirtió Pacha Sotelo. El hermano de Inti Sotelo afirmó que durante las protestas de noviembre pasado se ejerció una política de represión policial que no vio en ninguna otra marcha a la que él asistió y que esta disposición tuvo que ser dada desde los rangos más altos del gobierno.
Además, Pacha Sotelo señaló que, durante las diligencias por la investigación que se sigue a cuatro oficiales de la Policía, se tomó conocimiento que los altos mandos de la PNP acudieron a Palacio de Gobierno y se reunieron con ministros durante las protestas, en noviembre de 2020.
Pacha Sotelo indicó que aunque los exministros y Merino traten de ocultar su participación en la represión de las protestas, el Ministerio Público cuenta con el registro de las visitas a Palacio de Gobierno, donde figuran los altos mandos policiales.
Sobre este punto también se refirió el abogado Ronald Gamarra, quien indicó que, durante el interrogatorio, Manuel Merino no supo explicar por qué el director de Inteligencia de la Marina acudió al Palacio de Gobierno el 14 de noviembre de 2021.
Merino tampoco pudo explicar sus reuniones con el general Jorge Lam Almonte y Carlos Villafuerte Salas. Ambos son investigados por el Ministerio Público por la muerte de Bryan e Inti, ya que eran jefes policiales a cargo de los operativos de disuasión de los manifestantes. El 14 de noviembre también se produjo una reunión entre Gastón Rodríguez y el comandante general de la Policía.
Actualización: 20 de julio de 2021
Fiscalía incluyó como imputados por asesinatos a otros dos oficiales
La Primera Fiscalía Supraprovincial de Lima dispuso que dos oficiales, que eran considerados como testigos en el caso de la muerte de los jóvenes manifestantes Brian Pintado e Inti Sotelo, sean incluidos como investigados. Se trata del coronel Carlos Villafuerte Salas, de la Unidad de Servicios Especiales (USE), y Percy Tenorio Gamonal, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú.
Con los dos agentes, ya son cuatro los investigados por la muerte de los jóvenes durante la represión policial en noviembre de 2020. La Fiscalía investigaba previamente al general Jorge Lam Almonte y al exjefe de la Séptima Región Policial Lima, Jorge Cayas Medina.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), informó a Convoca.pe que la Fiscalía encontró indicios de que estos dos oficiales dirigieron las operaciones que acabaron con la vida de Brian Pintado e Inti Sotelo y ocasionaron serias heridas a otros cientos de manifestantes. Villafuerte y Tenorio estaban a cargo de las operaciones en los sectores donde los jóvenes fallecidos fueron impactados por perdigones.
En cuanto a la investigación, Rivera manifestó que el 15 de julio se venció el plazo de ocho meses de investigación preliminar que dispuso el Ministerio Público. Sin embargo, aún quedan testimonios policiales por recoger.
Pacha Sotelo, hermano de uno de los jóvenes asesinados, escribió en sus redes sociales que su familia venía exigiendo que se amplíe el número de investigados.
Publicación original: 16 de noviembre de 2020
La otra investigación seguida contra Merino
Por el presunto delito de homicidio dolosodoloso de Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, fallecidos durante la marcha de protesta del sábado último, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el expresidente Manuel Merino de Lama, el expremier Ántero Flores-Aráoz y el saliente ministro del Interior, Gastón Rodríguez.
Las evidencias apuntan a que Brian Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años, fueron asesinados cuando efectivos policiales reprimieron las manifestaciones de rechazo a la vacancia de Martín Vizcarra y al gobierno de Merino.
"Mi despacho ha dispuesto iniciar investigación preliminar contra Manuel Merino de Lama, Ántero Flórez-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso (...), así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de personas a determinar”, dijo la fiscal de la Nación, Zoraidad Ávalos, en un video difundido en redes sociales oficiales.
La titular del Ministerio Público añadió que la investigación implica “los delitos cometidos en el contexto de violación de derechos humanos”.
Refirió que diferentes fiscalías han iniciado las pesquisas para determinar las responsabilidades en el fallecimiento de Brian Pintado e Inti Sotelo. “Estas muertes no quedarán impunes”, manifestó la fiscal suprema.
Comentó que una fiscalía provincial abrió una investigación preliminar contra “los que resulten responsables por el delito de desaparición forzada, ordenándose diversas diligencias, las mismas que están a cargo exclusivamente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público”.
Explicó que las pericias se realizarán con información de las cámaras de seguridad de las zonas donde se produjeron los hechos. Añadió que también se realizarán los peritajes de la escena del crimen.
En relación a manifestantes considerados desaparecidos, la magistrada dijo que el fiscal responsable de los casos ha solicitado la geolocalización de cada uno de de ellos, lo que incluye “ubicar a los familiares para solicitar la información de los números telefónicos”.
Primeras diligencias
Como parte de sus pesquisas, la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima ha requerido a la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional el plan operativo para el control de los disturbios, diseñado para afrontar las movilizaciones realizadas del 10 al 15 de noviembre último, con la lista completa de los agentes participantes en las acciones, por turnos y fechas, así como los nombres de los jefes operativos, según informó el Ministerio Público.
Además, el fiscal Yony Soto Jiménez, a cargo de la investigación por delito de homicidio en el contexto de graves violaciones de derechos humanos, realiza la búsqueda de posibles testigos presenciales de los hechos e imágenes y videos relacionados a los hechos del fin de semana último, relacionado a la actuación policial en contra de los manifestantes.
En tal sentido, para obtener registros fílmicos de lo ocurrido en las calles y avenidas del centro de Lima de los días de las marchas de protesta, se ha efectuado diligencias en la central de monitoreo de video vigilancia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la Central 105, de la Policía Nacional.
El domingo último, el fiscal tomó la declaración del hermano menor de Inti Sotelo, quien, además, entregó cuatro videos en formato DVD que fueron visualizados en su presencia y la del abogado de la familia. Luego, fueron lacrados con la firma de todos los participantes con la debida cadena de custodia, de acuerdo con la información oficial.
En el Fuero Militar Policial
En tanto, el Fuero Militar Policial inició una investigación contra los que resulten responsables de algún delito cometido por el personal de la Policía Nacional en las jornadas de protesta desarrolladas tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino como mandatario, se informó mediante un comunicado.
"A través de sus fiscalías militares policiales pertinentes y competentes en la ciudad de Lima, el Fuero Militar Policial tomó conocimiento de los hechos ocurridos durante las manifestaciones y ha iniciado investigación contra los que resulten responsables de infracción al Código Penal Militar Policial, que sanciona los delitos de función cometidos por el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en acto del servicio o con ocasión de él", se indicó.
Nota original: 16 de noviembre del 2020
Diversas organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia penal contra el expresidente Manuel Merino, su premier Ántero Flores-Aráoz, el exministro de Interior, Gastón Rodríguez y altos mandos policiales por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones leves.
La demanda elevada a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue firmada por ocho organizaciones: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Comisión Episcopal de Acción Social, Paz y Esperanza, APRODEH, DEMUS, IDL, Comisedh y Fedepaz.
En el documento, estas organizaciones solicitan que los denunciados sean considerados como autores mediatos de los delitos, ya que se advertiría una estrategia destinada a reprimir las manifestaciones contra Manuel Merino. Esta orden tuvo que ser emitida por una persona de alto rango.
A causa de esta represión dos jóvenes perdieron la vida. El estudiante de Turismo, Inti Soleto Camargo, quien falleció producto del impacto de un proyectil lanzado por un arma de fuego, a la altura de su corazón. Mientras que Brian Pintado Sánchez recibió múltiples impactos de perdigones en la cabeza y el tórax.
La demanda además incluye como víctimas a manifestantes y periodistas que fueron agredidos por la Policía desde el 11 de noviembre, fecha en la que empezaron las movilizaciones.
Los jefes policiales que estarían al tanto de la estrategia de disuasión de los manifestantes fueron incluidos en la denuncia: el jefe de la Región Policial Lima, Jorge Luis Cayas Medina y el Comandante General de la Policía Nacional, Orlando Velasco Mujica.
El requerimiento indica que en el caso de los fallecidos, estos fueron asesinados "con alevosía" y se dan los tres presupuestos exigidos por la ley peruana que son: "a) ocultamiento del sujeto activo o de la agresión misma, b) falta de riesgo del sujeto al ejecutar la acción homicida y c) estado de indefensión de la víctima".
También se hizo conocer a la Fiscal de la Nación que se tomó conocimiento de la agresión sexual a dos jóvenes mujeres detenidas en una imprenta la noche del 14 de noviembre.